Los chubutenses, mendigos del agua: el desmanejo del Estado en otro verano crítico con sedientos y privilegiados Por Lola Sánchez
En 2021, un informe de El Extremo Sur describía el panorama de la crisis hídrica en Chubut a meses de que se declarara la Emergencia Hídrica, que prometía paliar la problemática. Más de un año más tarde, con la Emergencia vencida y sin prórroga, la situación sigue siendo igual o aún peor. Persisten la ausencia de transparencia por parte de las autoridades, el sacrificio interminable de los ciudadanos y los constantes privilegios que disfrutan las petroleras para conformar un escenario de crisis que incidirá fuertemente en las campañas electorales de este 2023; con una sociedad hastiada. "El deterioro ambiental es muy grande ya y hay que pararlo. Tenemos que plantearlo seriamente y este es un año para hacerlo si esta es una zona de sacrificio o de oportunidades", dijo Guillermo Gettig, miembro de Vecinos Autoconvocados por la Cuenca del Senguer.
Políticas deficientes a la vista
En septiembre de 2021 la Legislatura provincial sancionó la Ley de Emergencia Hídrica, proyecto impulsado por el Gobierno de Mariano Arcioni, que contemplaba la creación de un fondo especial de 500 millones de pesos para atender la crisis, distribuidos entre el Instituto Provincial del Agua (IPA) y el Ministerio de Infraestructura. También se estableció un fondo de 76 millones de pesos para colocar combas flotantes en el acueducto del Lago Musters.
Pese a que fue aprobada, recibió varias críticas, especialmente hacia la facultad otorgada a los organismos responsables de su ejecución. La diputada Tatiana Goic se refirió a los casos de corrupción en otros proyectos de emergencia y expresó "nos estamos llevando puesta la Ley de Administración Financiera y Control del Gasto Público, y creo que necesitamos lo contrario, más control, ya que aquí el Ejecutivo no necesitaría autorizaciones por montos de 1,9 millones".
Andrea Aguilera, por su parte, dijo que "lamentablemente la política desarrollada por el IPA ha sido ineficiente en estos años, y cuando se declara la emergencia lo que tenemos a la vista es la falta de políticas públicas oportunas", aunque remarcó que "no podemos perder de vista que hoy hay ciudadanos que sufren esta falta de agua, y por eso vamos a acompañar". Además, subrayó que eran soluciones "en lo inmediato" y que era necesario trabajar de fondo la problemática.
"Mantuvimos una reunión con el presidente del IPA, y en general quedamos disconformes, y si se está tratando este proyecto, tiene que ver con un pedido puntual de quienes tienen el problema en sus manos, que son los intendentes de las zonas afectadas" expresó, por su parte, Manuel Pagliarioni. "Hubiéramos esperado que el control y la medición de este recurso hubiera sido la práctica habitual, porque los problemas climáticos vienen de hace décadas. Hay miles de regantes que no están registrados por el IPA y no saben cuánta agua usan, porque no hay sistema de medición, sino que informan a través de una declaración jurada", agregó.
En mayo del 2022, la Legislatura pidió informes a las autoridades responsables para que den cuenta del trabajo que se llevaba a cabo en relación a la Emergencia. Varios días más tarde, fueron convocados el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini para presentar informes e información de avances.
Aguilera señaló que "estamos avanzando con el financiamiento de acuerdo a lo solicitado por las Cooperativas de Servicios Públicos que exhiben problemas en la captación, producción y transporte de agua. En ese marco, nos elevaron sus proyectos para ser financiados dentro de dicha ley", con el objetivo de "mitigar los problemas que trae la sequía de varios años".
Detalló que desde su cartera se estaba trabajando en paralelo a la Emergencia en un plan de obras financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con una inversión superior a los 5000 millones de pesos. Enumeró las obras en ejecución, entre las que se destacan las plantas potabilizadoras de Trelew y Rawson, la Conducción de agua en Arroyo Corbata-Las Golondrinas, la repotenciación del acueducto de Comodoro Rivadavia, la nueva distribución de agua en Sarmiento y tres etapas de la repotenciación del acueducto de Puerto Madryn y las obras en Arroyo Buitrera de Esquel.
En el informe se indicaron las obras ejecutadas por la Dirección General de Servicios Públicos en las distintas localidades de la provincia.
Sin embargo, la comunidad y las asambleas continúan reclamando por la falta de obras de fondo, la marcada presión contra ciudadanos frente a la impunidad de las empresas petroleras respecto al uso del agua y la falta de transparencia de los organismos responsables. A un año de la sanción de la Emergencia, aparentemente "cumplida", vencida y sin prórroga, la crisis sigue siendo palpable.
Peligro por el caudal de los principales ríos de Chubut
Según el último informe técnico del grupo técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut, la provincia no sólo se enfrenta a la baja histórica de caudales de los principales ríos, sino a una gestión deficiente del recurso hídrico. Se registran estrategias frente a la coyuntura, pero de manera fragmentada y sin soluciones de fondo.
De acuerdo a los estudios, las principales cuencas hídricas superficiales de la provincia, el Río Chubut y el Río Senguer (que abastecen de agua a más del 70% de la población provincial), registran en los últimos años precipitaciones y caudales por debajo de los valores medios históricos. Por otra parte, existen índices de precipitaciones que tienden a la disminución, "situación agravada por un contexto climático global preocupante". Para los expertos, es urgente "incorporar el eje de cambio climático y sus consecuencias en las políticas hídricas y en el ordenamiento territorial".
Pero la problemática central es que "en ninguna de las dos cuencas existen registros públicos y abiertos de parámetros bioquímicos que permitan realizar análisis cuantitativos, estimar tendencias y realizar proyecciones".
Respecto a la situación actual de los ríos, el estudio indica que "los ríos Chubut y Senguer registran caudales anuales inferiores al promedio en la última década", al igual que los caudales de ingreso al Dique Ameghino y el nivel del lago Musters, por debajo de los valores mensuales medios históricos.
Además, señalan que "no hay una gestión adecuada que regule la dinámica natural entre los lagos, reduzca las pérdidas por evaporación y que garantice el abastecimiento poblacional". Es decir, el escenario normal de la variabilidad natural del sistema se profundiza con el panorama global de crisis climática y la evidente falta de políticas que gestionen el recurso.
Actualmente no hay bases de datos ni estudios de fondo, como tampoco existen "registros públicos y abiertos de parámetros de calidad del agua que permitan realizar análisis cuantitativos, estimar tendencias y realizar proyecciones". Así lo índica el informe técnico, en línea con los reclamos de sectores políticos, ciudadanos y ambientales. Para los expertos de la Cuenca, hace falta "avanzar en la planificación conjunta y coordinada de sistemas de monitoreo de calidad del agua y en la construcción de bases de datos compartidas y abiertas que permitan realizar diagnósticos, análisis y proyecciones de calidad del agua y definición de caudales ambientales".
Escasas respuestas políticas y de gestión
Si bien la problemática del agua no es novedad, se ha deteriorado durante los últimos años, en especial debido al crecimiento demográfico de la provincia, lo que pone en riesgo los escenarios de disponibilidad. La respuesta, al menos para los expertos de la Cuenca, es la creación de espacios de "coordinación, colaboración y comunicación" entre comunidades y organismos responsables.
En este aspecto se avanzó a medias. La creación de comités, precisamente, responde a la necesidad de trabajo conjunto. Fue una decisión tomada en la Ley Provincial XVII N° 74 (2013). Sin embargo, "han sido un mecanismo de coordinación limitada. En la práctica, su funcionamiento no se ha mantenido en el tiempo y la participación ha sido escasa", señalan en el informe, y destacan la falta de funcionamiento periódico para dar respuestas satisfactorias.
"Esto representa una limitación para la consolidación de una gobernanza colaborativa y anticipatoria, y en consecuencia para que la gestión del agua en la provincia integre los diferentes usos, miradas y conocimientos que tienen los diferentes grupos de interés", agregan en el documento.
Algunos grupos lograron conformar equipos sólidos para el análisis de los escenarios de disponibilidad y la elaboración de estrategias para el abastecimiento. Sin embargo, no es la norma.
La crítica principal es la misma de siempre: las soluciones no trascienden la coyuntura.
"El problema de fondo no se resuelve"
Guillermo Gettig, vecino autoconvocado por el agua de la cuenca del Senguer, fue consultado por El Extremo Sur sobre la situación actual de la crisis hídrica y los reclamos colectivos que se vienen sosteniendo.
En principio, se refirió a los cortes programados y de emergencia durante todo el verano en Comodoro y Sarmiento. "Esto muestra que el problema de fondo, la reparación del acueducto en los tramos críticos, no se hizo, tampoco la ampliación de reservas para Comodoro.
Y agrega: "En el caso de Sarmiento (y se infiere las demás ciudades) cuando el Musters presenta movimiento en la sedimentación se producen los cortes, esto es debido a que la planta de potabilización no tiene una amplia capacidad. Con lo cual, se trabaja y anuncia la repotenciación, mal llamada ‘optimización'".
Respecto a la aprobación de la obra de repotenciación en Sarmiento consideró que es "vergonzoso": "Meses antes todos se oponían. Recordemos que en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante del año 2022 [Sebastián] Balochi dedicó una extensa alocución a esta obra y una frase que dijo, que quedó pintada en un paredón de Sarmiento, fue ‘el agua es de todos, el pasivo ambiental de los sarmientinos'. ¿Qué pasó para qué cambien de opinión? Yo no lo sé y tampoco dieron cuentas a los habitantes de Sarmiento, así entienden la democracia, de una manera que no tienen que rendir explicaciones".
Proyectos perdidos en "el camino de la burocracia"
Desde la Asamblea realizaron pedidos de informes en reiteradas ocasiones, pero la información nunca llega: "Los proyectos de ley de emergencia se perdieron en los caminos de la burocracia, no ejecutaron los fondos o los sub-ejecutaron", indica Gettig.
"Algo básico que debían hacer, las compuertas y el control de regantes quedó en la nada. Y en esto cabe la responsabilidad del IPA, con Cittadini a la Cabeza, de Obras Públicas de la Provincia con el Ministro Aguilera y el máximo responsable es Arcioni. También hay que decir que las autoridades de la Cuenca, Intendentes o Concejos no hacen un seguimiento de esto", agregó y remató: "Si no es así, que me desmientan".
Gettig ya había expresado su postura y los reclamos de la Asamblea hace más de un año en entrevista con este medio. Consultado sobre indicios de mejora, sostuvo que "todo sigue igual".
Nota relacionada: Chubut no ataca a fondo la crisis del agua: ley "electoral" y pacto secreto que privilegia a las petroleras
"Hace poco se anunció la licitación de la presa en el Fontana. Haciendo un seguimiento histórico esto fue anunciado varias veces. Pero ahora costará mucho más y en el camino -si es que se hace- vamos a ver en cuánto aumenta el presupuesto. Esta obra se cuestionó porque los estudios de impacto ambiental estaban flojos de papeles, las respuestas del gobierno a los cuestionamientos no respondían a nada".
Y agrega: "Esto se planteó a nivel provincial y local, uno de los que dijo que iba a analizar lo presentado fue el Senador Nacho Torres y la Diputada Ana Clara Romero, en una reunión a la que fuimos invitados los autoconvocados, en la misma había más funcionarios, ¿la respuesta? Ninguna. En esto son todos iguales, el tema de las obras no les preocupa u ocupa lo suficiente".
Enumeró las situaciones básicas que ya tendrían que estar resueltas: "la eficiencia del riego, el control del agua de los superficiarios, la reutilización del agua por parte de las petroleras", pero explica que Sarmiento sigue inundado, que en el Senguer el agua va hacia los campos sin control por compuertas y que las petroleras continúan usando el agua del acueducto. "Es decir, no cambió nada", resume.
Gettig considera que, en parte, todo se debe a una vergonzosa falta de cumplimiento de las obligaciones de los poderes: "La visión de los poderes de Gobierno sobre lo que ocurre es a muy corto plazo. Personalmente, les pediría que cumplieran lo escrito en las cartas orgánicas, la Ley del Agua o la Constitución, pero ni eso cumplen".
La crisis no es igual para todos
Otra de las preocupaciones es el impacto desigual de la crisis sobre la población, un tema que va en línea con el uso desmedido de agua de las empresas mientras aumentan las multas por el uso ciudadano.
"Hace un tiempo decía, medio en broma, medio en serio, que en unas décadas Comodoro va estar bajo un domo para evitar las consecuencias de las arenas del Colhue Huapi y claro que en ese domo va a estar sólo una selecta minoría", dijo Gettig.
Considera que la crisis ambiental ya se experimenta de manera desigual en la población: "La sufren más aquellos que no pueden tener un tanque o dos de agua. La arena del Colhue Huapi, llena de partículas que dañan el organismo, va a dañar más los pulmones de quienes están a la intemperie o cuyas viviendas sean precarias".
Respecto al Colhue Huapi, las posibilidades de recuperación son casi nulas: "Incluso se anunció la apertura de un área de extracción de gas y petróleo en lo que era el lecho del lago". Anticipó que "si viene una crecida furiosa y repentina como la del 2017 eso va a impactar en la zona del valle y el Río Chubut. Nadie está analizando esto, el río Chubut contaminado con petróleo, se paró la megaminería".
"Como siempre el afectado es el vecino que no puede comprar los bidones de agua", sostuvo, pero dijo que "a la larga terminará impactando en todos y en todo, el medio ambiente primero con el daño que es visible a la flora y fauna nativa y después en las personas".
"El deterioro ambiental es muy grande ya y hay que pararlo. Tenemos que plantear seriamente y este es un año para hacerlo si esta es una zona de sacrificio o de oportunidades. Pregúntense y pregunten a los políticos que ya empezaron su campaña", aclaró.
La pregunta sin respuesta
Desde sectores sociales, ambientales e incluso políticos, hay una pregunta que todavía no tiene una respuesta contundente: ¿cuánta agua usan las empresas? Desde el sector petrolero hasta el agrícola-ganadero, se estima que realizan un uso desmedido del recurso, sin control, autorización ni sanciones. Por supuesto, no hay cifras exactas en la materia.
Los vecinos de Sarmiento que se organizan en defensa del agua sostienen que gran parte del recurso de la zona se desperdicia a manos del sector agrícola-ganadero por "riego por inundación".
"Las empresas y los regantes deben tener una responsabilidad social con el uso del agua", consideró Gettig, "no puede ser que se siga tirando agua dulce al mar en las ciudades costeras o en Sarmiento a los cauces de agua, me refiero a los líquidos cloacales. No es concebible que el petróleo se extraiga con agua del acueducto o para forestar para la producción de viñedos se tome agua del río y que el mismo no llegue al Colhue Huapi".
"Lamentablemente hay una mentalidad extractiva capitalista que impide aplicar políticas ambientales de seriamente. Todo lo que se ve de preservación ambiental de las empresas es propaganda y en estos procesos hay una cara oculta que está causando un daño irreversible a esta parte del planeta, justamente la que habitamos", concluyó el vecino.
Por Lola Sánchez
En 2021, un informe de El Extremo Sur describía el panorama de la crisis hídrica en Chubut a meses de que se declarara la Emergencia Hídrica, que prometía paliar la problemática. Más de un año más tarde, con la Emergencia vencida y sin prórroga, la situación sigue siendo igual o aún peor. Persisten la ausencia de transparencia por parte de las autoridades, el sacrificio interminable de los ciudadanos y los constantes privilegios que disfrutan las petroleras para conformar un escenario de crisis que incidirá fuertemente en las campañas electorales de este 2023; con una sociedad hastiada. "El deterioro ambiental es muy grande ya y hay que pararlo. Tenemos que plantearlo seriamente y este es un año para hacerlo si esta es una zona de sacrificio o de oportunidades", dijo Guillermo Gettig, miembro de Vecinos Autoconvocados por la Cuenca del Senguer.
Políticas deficientes a la vista
En septiembre de 2021 la Legislatura provincial sancionó la Ley de Emergencia Hídrica, proyecto impulsado por el Gobierno de Mariano Arcioni, que contemplaba la creación de un fondo especial de 500 millones de pesos para atender la crisis, distribuidos entre el Instituto Provincial del Agua (IPA) y el Ministerio de Infraestructura. También se estableció un fondo de 76 millones de pesos para colocar combas flotantes en el acueducto del Lago Musters.
Pese a que fue aprobada, recibió varias críticas, especialmente hacia la facultad otorgada a los organismos responsables de su ejecución. La diputada Tatiana Goic se refirió a los casos de corrupción en otros proyectos de emergencia y expresó "nos estamos llevando puesta la Ley de Administración Financiera y Control del Gasto Público, y creo que necesitamos lo contrario, más control, ya que aquí el Ejecutivo no necesitaría autorizaciones por montos de 1,9 millones".
Andrea Aguilera, por su parte, dijo que "lamentablemente la política desarrollada por el IPA ha sido ineficiente en estos años, y cuando se declara la emergencia lo que tenemos a la vista es la falta de políticas públicas oportunas", aunque remarcó que "no podemos perder de vista que hoy hay ciudadanos que sufren esta falta de agua, y por eso vamos a acompañar". Además, subrayó que eran soluciones "en lo inmediato" y que era necesario trabajar de fondo la problemática.
"Mantuvimos una reunión con el presidente del IPA, y en general quedamos disconformes, y si se está tratando este proyecto, tiene que ver con un pedido puntual de quienes tienen el problema en sus manos, que son los intendentes de las zonas afectadas" expresó, por su parte, Manuel Pagliarioni. "Hubiéramos esperado que el control y la medición de este recurso hubiera sido la práctica habitual, porque los problemas climáticos vienen de hace décadas. Hay miles de regantes que no están registrados por el IPA y no saben cuánta agua usan, porque no hay sistema de medición, sino que informan a través de una declaración jurada", agregó.
En mayo del 2022, la Legislatura pidió informes a las autoridades responsables para que den cuenta del trabajo que se llevaba a cabo en relación a la Emergencia. Varios días más tarde, fueron convocados el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini para presentar informes e información de avances.
Aguilera señaló que "estamos avanzando con el financiamiento de acuerdo a lo solicitado por las Cooperativas de Servicios Públicos que exhiben problemas en la captación, producción y transporte de agua. En ese marco, nos elevaron sus proyectos para ser financiados dentro de dicha ley", con el objetivo de "mitigar los problemas que trae la sequía de varios años".
Detalló que desde su cartera se estaba trabajando en paralelo a la Emergencia en un plan de obras financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con una inversión superior a los 5000 millones de pesos. Enumeró las obras en ejecución, entre las que se destacan las plantas potabilizadoras de Trelew y Rawson, la Conducción de agua en Arroyo Corbata-Las Golondrinas, la repotenciación del acueducto de Comodoro Rivadavia, la nueva distribución de agua en Sarmiento y tres etapas de la repotenciación del acueducto de Puerto Madryn y las obras en Arroyo Buitrera de Esquel.
En el informe se indicaron las obras ejecutadas por la Dirección General de Servicios Públicos en las distintas localidades de la provincia.
Sin embargo, la comunidad y las asambleas continúan reclamando por la falta de obras de fondo, la marcada presión contra ciudadanos frente a la impunidad de las empresas petroleras respecto al uso del agua y la falta de transparencia de los organismos responsables. A un año de la sanción de la Emergencia, aparentemente "cumplida", vencida y sin prórroga, la crisis sigue siendo palpable.
Peligro por el caudal de los principales ríos de Chubut
Según el último informe técnico del grupo técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut, la provincia no sólo se enfrenta a la baja histórica de caudales de los principales ríos, sino a una gestión deficiente del recurso hídrico. Se registran estrategias frente a la coyuntura, pero de manera fragmentada y sin soluciones de fondo.
De acuerdo a los estudios, las principales cuencas hídricas superficiales de la provincia, el Río Chubut y el Río Senguer (que abastecen de agua a más del 70% de la población provincial), registran en los últimos años precipitaciones y caudales por debajo de los valores medios históricos. Por otra parte, existen índices de precipitaciones que tienden a la disminución, "situación agravada por un contexto climático global preocupante". Para los expertos, es urgente "incorporar el eje de cambio climático y sus consecuencias en las políticas hídricas y en el ordenamiento territorial".
Pero la problemática central es que "en ninguna de las dos cuencas existen registros públicos y abiertos de parámetros bioquímicos que permitan realizar análisis cuantitativos, estimar tendencias y realizar proyecciones".
Respecto a la situación actual de los ríos, el estudio indica que "los ríos Chubut y Senguer registran caudales anuales inferiores al promedio en la última década", al igual que los caudales de ingreso al Dique Ameghino y el nivel del lago Musters, por debajo de los valores mensuales medios históricos.
Además, señalan que "no hay una gestión adecuada que regule la dinámica natural entre los lagos, reduzca las pérdidas por evaporación y que garantice el abastecimiento poblacional". Es decir, el escenario normal de la variabilidad natural del sistema se profundiza con el panorama global de crisis climática y la evidente falta de políticas que gestionen el recurso.
Actualmente no hay bases de datos ni estudios de fondo, como tampoco existen "registros públicos y abiertos de parámetros de calidad del agua que permitan realizar análisis cuantitativos, estimar tendencias y realizar proyecciones". Así lo índica el informe técnico, en línea con los reclamos de sectores políticos, ciudadanos y ambientales. Para los expertos de la Cuenca, hace falta "avanzar en la planificación conjunta y coordinada de sistemas de monitoreo de calidad del agua y en la construcción de bases de datos compartidas y abiertas que permitan realizar diagnósticos, análisis y proyecciones de calidad del agua y definición de caudales ambientales".
Escasas respuestas políticas y de gestión
Si bien la problemática del agua no es novedad, se ha deteriorado durante los últimos años, en especial debido al crecimiento demográfico de la provincia, lo que pone en riesgo los escenarios de disponibilidad. La respuesta, al menos para los expertos de la Cuenca, es la creación de espacios de "coordinación, colaboración y comunicación" entre comunidades y organismos responsables.
En este aspecto se avanzó a medias. La creación de comités, precisamente, responde a la necesidad de trabajo conjunto. Fue una decisión tomada en la Ley Provincial XVII N° 74 (2013). Sin embargo, "han sido un mecanismo de coordinación limitada. En la práctica, su funcionamiento no se ha mantenido en el tiempo y la participación ha sido escasa", señalan en el informe, y destacan la falta de funcionamiento periódico para dar respuestas satisfactorias.
"Esto representa una limitación para la consolidación de una gobernanza colaborativa y anticipatoria, y en consecuencia para que la gestión del agua en la provincia integre los diferentes usos, miradas y conocimientos que tienen los diferentes grupos de interés", agregan en el documento.
Algunos grupos lograron conformar equipos sólidos para el análisis de los escenarios de disponibilidad y la elaboración de estrategias para el abastecimiento. Sin embargo, no es la norma.
La crítica principal es la misma de siempre: las soluciones no trascienden la coyuntura.
"El problema de fondo no se resuelve"
Guillermo Gettig, vecino autoconvocado por el agua de la cuenca del Senguer, fue consultado por El Extremo Sur sobre la situación actual de la crisis hídrica y los reclamos colectivos que se vienen sosteniendo.
En principio, se refirió a los cortes programados y de emergencia durante todo el verano en Comodoro y Sarmiento. "Esto muestra que el problema de fondo, la reparación del acueducto en los tramos críticos, no se hizo, tampoco la ampliación de reservas para Comodoro.
Y agrega: "En el caso de Sarmiento (y se infiere las demás ciudades) cuando el Musters presenta movimiento en la sedimentación se producen los cortes, esto es debido a que la planta de potabilización no tiene una amplia capacidad. Con lo cual, se trabaja y anuncia la repotenciación, mal llamada ‘optimización'".
Respecto a la aprobación de la obra de repotenciación en Sarmiento consideró que es "vergonzoso": "Meses antes todos se oponían. Recordemos que en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante del año 2022 [Sebastián] Balochi dedicó una extensa alocución a esta obra y una frase que dijo, que quedó pintada en un paredón de Sarmiento, fue ‘el agua es de todos, el pasivo ambiental de los sarmientinos'. ¿Qué pasó para qué cambien de opinión? Yo no lo sé y tampoco dieron cuentas a los habitantes de Sarmiento, así entienden la democracia, de una manera que no tienen que rendir explicaciones".
Proyectos perdidos en "el camino de la burocracia"
Desde la Asamblea realizaron pedidos de informes en reiteradas ocasiones, pero la información nunca llega: "Los proyectos de ley de emergencia se perdieron en los caminos de la burocracia, no ejecutaron los fondos o los sub-ejecutaron", indica Gettig.
"Algo básico que debían hacer, las compuertas y el control de regantes quedó en la nada. Y en esto cabe la responsabilidad del IPA, con Cittadini a la Cabeza, de Obras Públicas de la Provincia con el Ministro Aguilera y el máximo responsable es Arcioni. También hay que decir que las autoridades de la Cuenca, Intendentes o Concejos no hacen un seguimiento de esto", agregó y remató: "Si no es así, que me desmientan".
Gettig ya había expresado su postura y los reclamos de la Asamblea hace más de un año en entrevista con este medio. Consultado sobre indicios de mejora, sostuvo que "todo sigue igual".
Nota relacionada: Chubut no ataca a fondo la crisis del agua: ley "electoral" y pacto secreto que privilegia a las petroleras
"Hace poco se anunció la licitación de la presa en el Fontana. Haciendo un seguimiento histórico esto fue anunciado varias veces. Pero ahora costará mucho más y en el camino -si es que se hace- vamos a ver en cuánto aumenta el presupuesto. Esta obra se cuestionó porque los estudios de impacto ambiental estaban flojos de papeles, las respuestas del gobierno a los cuestionamientos no respondían a nada".
Y agrega: "Esto se planteó a nivel provincial y local, uno de los que dijo que iba a analizar lo presentado fue el Senador Nacho Torres y la Diputada Ana Clara Romero, en una reunión a la que fuimos invitados los autoconvocados, en la misma había más funcionarios, ¿la respuesta? Ninguna. En esto son todos iguales, el tema de las obras no les preocupa u ocupa lo suficiente".
Enumeró las situaciones básicas que ya tendrían que estar resueltas: "la eficiencia del riego, el control del agua de los superficiarios, la reutilización del agua por parte de las petroleras", pero explica que Sarmiento sigue inundado, que en el Senguer el agua va hacia los campos sin control por compuertas y que las petroleras continúan usando el agua del acueducto. "Es decir, no cambió nada", resume.
Gettig considera que, en parte, todo se debe a una vergonzosa falta de cumplimiento de las obligaciones de los poderes: "La visión de los poderes de Gobierno sobre lo que ocurre es a muy corto plazo. Personalmente, les pediría que cumplieran lo escrito en las cartas orgánicas, la Ley del Agua o la Constitución, pero ni eso cumplen".
La crisis no es igual para todos
Otra de las preocupaciones es el impacto desigual de la crisis sobre la población, un tema que va en línea con el uso desmedido de agua de las empresas mientras aumentan las multas por el uso ciudadano.
"Hace un tiempo decía, medio en broma, medio en serio, que en unas décadas Comodoro va estar bajo un domo para evitar las consecuencias de las arenas del Colhue Huapi y claro que en ese domo va a estar sólo una selecta minoría", dijo Gettig.
Considera que la crisis ambiental ya se experimenta de manera desigual en la población: "La sufren más aquellos que no pueden tener un tanque o dos de agua. La arena del Colhue Huapi, llena de partículas que dañan el organismo, va a dañar más los pulmones de quienes están a la intemperie o cuyas viviendas sean precarias".
Respecto al Colhue Huapi, las posibilidades de recuperación son casi nulas: "Incluso se anunció la apertura de un área de extracción de gas y petróleo en lo que era el lecho del lago". Anticipó que "si viene una crecida furiosa y repentina como la del 2017 eso va a impactar en la zona del valle y el Río Chubut. Nadie está analizando esto, el río Chubut contaminado con petróleo, se paró la megaminería".
"Como siempre el afectado es el vecino que no puede comprar los bidones de agua", sostuvo, pero dijo que "a la larga terminará impactando en todos y en todo, el medio ambiente primero con el daño que es visible a la flora y fauna nativa y después en las personas".
"El deterioro ambiental es muy grande ya y hay que pararlo. Tenemos que plantear seriamente y este es un año para hacerlo si esta es una zona de sacrificio o de oportunidades. Pregúntense y pregunten a los políticos que ya empezaron su campaña", aclaró.
La pregunta sin respuesta
Desde sectores sociales, ambientales e incluso políticos, hay una pregunta que todavía no tiene una respuesta contundente: ¿cuánta agua usan las empresas? Desde el sector petrolero hasta el agrícola-ganadero, se estima que realizan un uso desmedido del recurso, sin control, autorización ni sanciones. Por supuesto, no hay cifras exactas en la materia.
Los vecinos de Sarmiento que se organizan en defensa del agua sostienen que gran parte del recurso de la zona se desperdicia a manos del sector agrícola-ganadero por "riego por inundación".
"Las empresas y los regantes deben tener una responsabilidad social con el uso del agua", consideró Gettig, "no puede ser que se siga tirando agua dulce al mar en las ciudades costeras o en Sarmiento a los cauces de agua, me refiero a los líquidos cloacales. No es concebible que el petróleo se extraiga con agua del acueducto o para forestar para la producción de viñedos se tome agua del río y que el mismo no llegue al Colhue Huapi".
"Lamentablemente hay una mentalidad extractiva capitalista que impide aplicar políticas ambientales de seriamente. Todo lo que se ve de preservación ambiental de las empresas es propaganda y en estos procesos hay una cara oculta que está causando un daño irreversible a esta parte del planeta, justamente la que habitamos", concluyó el vecino.
