Las pesqueras festejan: voltearon el Fondo Ambiental y pagaron una miseria en varios años El Fondo Ambiental Provincial (FAP) fue derrumbado en la Legislatura a pedido de las pesqueras y el Poder Ejecutivo en septiembre de 2022, pero además se aplicó una condonación parcial de la deuda que mantenían los barcos que desembarcaron langostino en los puertos de Chubut. Ahora las compañías están de festejo porque solamente pagaron 136 millones de pesos por los años en que la ley estuvo vigente y no abonaron el FAP.
El Gobierno de Chubut dio a conocer días atrás en el Boletín Oficial una serie de resoluciones emanadas del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable instruyendo a su Dirección de Administración "a efectuar los trámites administrativos necesarios para distribuir lo recaudado en virtud de los convenios suscriptos por la Ley I N° 737".
Revista Puerto publicó que en uno de esos instrumentos se indica que con base en los porcentajes asignados, a la Municipalidad de Camarones le corresponde la suma de diez millones noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 10.091.464); mientras que para la Secretaría de Pesca se asignan dos millones dieciocho mil doscientos noventa y dos pesos ($ 2.0180292), y el incentivo laboral del personal del Ministerio de Ambiente la suma de un millón nueve mil ciento cuarenta y seis pesos ($ 1.009.146). En tanto, se determinó la suma de siete millones sesenta y cuatro mil veinticuatro pesos ($ 7.064.024) de afectación específica para la cartera de Ambiente, el que para su utilización y destino, deberá ser reglamentado previamente», cita la resolución.
En tanto, otra similar instruye a distribuir lo recaudado a la Municipalidad de Rawson por cuarenta y nueve millones dieciséis mil seiscientos cinco pesos ($ 49.016.605), a la Secretaría de Pesca la suma de nueve millones ochocientos tres mil trescientos veintiún pesos ($ 9.803.321), y al incentivo laboral del Ministerio de Ambiente la suma de cuatro millones novecientos un mil seiscientos sesenta pesos ($ 4.901.660), conforme lo previsto en el Artículo 4° y 5° de la Ley I N° 737, y las Leyes 629, 638 y 658.
En esa segunda resolución se determina la suma de treinta y cuatro millones trescientos once mill seiscientos veintitrés pesos ($ 34.311.623) de afectación específica para el Ministerio de Ambiente, con la aclaración que «para su utilización y destino, deberá ser reglamentado previamente».
Como se recordará, en el marco de un fuerte conflicto que paralizó la actividad, en septiembre del año pasado, la Legislatura procedió a derogar el FAP, al tiempo que se autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de pago individuales respecto a las deudas generadas por la aplicación de las Leyes N° 620 y 658. «En los convenios se condonarán los intereses y el 50% de la deuda determinada comprensiva de capital». Así los propietarios de los barcos debieron adherir a la modalidad de pago que fijó esa nueva ley, «renunciando en forma expresa a todo reclamo o acción judicial o administrativa presente o futura que tenga idéntico objeto al del convenio o consecuencias derivadas de su implementación».
Uno de los artículos que descomprimió el clima de conflictividad reinante en ese momento fue que se especificó que «el pago de los convenios no podrá ser trasladado en forma directa o indirecta a los trabajadores de las firmas beneficiadas, debiendo ser soportados en su totalidad por el beneficiario».
Puntualmente, respecto a la distribución se determinó que el monto efectivamente recaudado se reparte en un 50% para la Provincia y el 50% restante se distribuye en función del número de cajones que fuera descargado durante el plazo de vigencia del tributo en cada puerto para el municipio que adhiera a la ley. Y de la parte que le corresponde al Estado Provincial se destinará el 10% al personal del Ministerio de Ambiente y el 20% al personal de la Secretaría de Pesca.
El Fondo Ambiental Provincial (FAP) fue derrumbado en la Legislatura a pedido de las pesqueras y el Poder Ejecutivo en septiembre de 2022, pero además se aplicó una condonación parcial de la deuda que mantenían los barcos que desembarcaron langostino en los puertos de Chubut. Ahora las compañías están de festejo porque solamente pagaron 136 millones de pesos por los años en que la ley estuvo vigente y no abonaron el FAP.
El Gobierno de Chubut dio a conocer días atrás en el Boletín Oficial una serie de resoluciones emanadas del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable instruyendo a su Dirección de Administración "a efectuar los trámites administrativos necesarios para distribuir lo recaudado en virtud de los convenios suscriptos por la Ley I N° 737".
Revista Puerto publicó que en uno de esos instrumentos se indica que con base en los porcentajes asignados, a la Municipalidad de Camarones le corresponde la suma de diez millones noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 10.091.464); mientras que para la Secretaría de Pesca se asignan dos millones dieciocho mil doscientos noventa y dos pesos ($ 2.0180292), y el incentivo laboral del personal del Ministerio de Ambiente la suma de un millón nueve mil ciento cuarenta y seis pesos ($ 1.009.146). En tanto, se determinó la suma de siete millones sesenta y cuatro mil veinticuatro pesos ($ 7.064.024) de afectación específica para la cartera de Ambiente, el que para su utilización y destino, deberá ser reglamentado previamente», cita la resolución.
En tanto, otra similar instruye a distribuir lo recaudado a la Municipalidad de Rawson por cuarenta y nueve millones dieciséis mil seiscientos cinco pesos ($ 49.016.605), a la Secretaría de Pesca la suma de nueve millones ochocientos tres mil trescientos veintiún pesos ($ 9.803.321), y al incentivo laboral del Ministerio de Ambiente la suma de cuatro millones novecientos un mil seiscientos sesenta pesos ($ 4.901.660), conforme lo previsto en el Artículo 4° y 5° de la Ley I N° 737, y las Leyes 629, 638 y 658.
En esa segunda resolución se determina la suma de treinta y cuatro millones trescientos once mill seiscientos veintitrés pesos ($ 34.311.623) de afectación específica para el Ministerio de Ambiente, con la aclaración que «para su utilización y destino, deberá ser reglamentado previamente».
Como se recordará, en el marco de un fuerte conflicto que paralizó la actividad, en septiembre del año pasado, la Legislatura procedió a derogar el FAP, al tiempo que se autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de pago individuales respecto a las deudas generadas por la aplicación de las Leyes N° 620 y 658. «En los convenios se condonarán los intereses y el 50% de la deuda determinada comprensiva de capital». Así los propietarios de los barcos debieron adherir a la modalidad de pago que fijó esa nueva ley, «renunciando en forma expresa a todo reclamo o acción judicial o administrativa presente o futura que tenga idéntico objeto al del convenio o consecuencias derivadas de su implementación».
Uno de los artículos que descomprimió el clima de conflictividad reinante en ese momento fue que se especificó que «el pago de los convenios no podrá ser trasladado en forma directa o indirecta a los trabajadores de las firmas beneficiadas, debiendo ser soportados en su totalidad por el beneficiario».
Puntualmente, respecto a la distribución se determinó que el monto efectivamente recaudado se reparte en un 50% para la Provincia y el 50% restante se distribuye en función del número de cajones que fuera descargado durante el plazo de vigencia del tributo en cada puerto para el municipio que adhiera a la ley. Y de la parte que le corresponde al Estado Provincial se destinará el 10% al personal del Ministerio de Ambiente y el 20% al personal de la Secretaría de Pesca.
