Pueblos originarios

A 8 años de la más notable recuperación territorial Mapuche, que desató violencia estatal, acoso judicial y muerte

Por Pablo Quintana

El hecho fue trascendente por todo lo que generó. Violencia estatal, desaparición, espionaje, intento por parte de la justicia de declarar a los mapuches como terroristas y desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Persecución y posterior extradición a Chile del lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala. ¿Qué exponen las tomas de territorio por parte de los indígenas? Lo obsoleto de la enmienda constitucional que garantiza "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".

El comienzo

Un 13 de marzo, pero del 2015, un grupo de hombres, mujeres y niños de distintas comunidades cruzaron y cortaron los alambrados en cercanía a la nacional Ruta Nº 40. Más precisamente en el sector Leleque Ranguilhauo -Vuelta del Rio. Ocho años se acaban de cumplir de aquella recuperación de lo que se consideran tierras ancestrales mapuche y que hoy se identifica como la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Territorio que estaba cercado por la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. de Benetton.

En el corazón de la extensa propiedad que el magnate italiano Luciano Benetton posee en gran parte de la Patagonia con sus casi 900 mil hectáreas, se producía así el segundo hecho político indigenista más resonante que registran estas latitudes. No sólo porque era la segunda recuperación territorial ante el mayor propietario privado superficiario de Argentina, sino porque los hechos por venir en esa porción de la Patagonia marcarían un antes y un después a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Un hecho político, si se entiende al accionar político como el conjunto de actividades orientadas de forma ideológica a la toma de decisiones para alcanzar determinados objetivos.

Estas maniobras pueden interpretarse, quizás, por la ineficacia que el proceso institucional tuvo por parte del Estado. A pesar de que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitarias, no hay acciones que se hayan desarrollado en ese sentido.

El marco legal

La ley 23.302, sancionada en 1985, ordena que el Estado debería transferir a las comunidades indígenas tierras fiscales y otorgar títulos de propiedad. Nada de ello ocurrió.

Ni siquiera la ley 26.160, sancionada en el 2006, que tenía como propósito frenar los desalojos y realizar un relevamiento territorial de las comunidades en sus territorios. Esa normativa tampoco tuvo un cumplimiento efectivo en su totalidad. Hoy más de la mitad de las comunidades en todo el país espera por ese anunciado relevamiento.

Pero también está la imposibilidad de contar en el presente con una ley de propiedad comunitaria indígena que posibilite a las comunidades acceder a un título más acorde a la relación que mantienen con el territorio. De nada valió que en el 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenara al Estado argentino sancionarla. La norma como tal no existe.

Quizás, entonces, sólo por este contexto pueda entenderse que el avance en operaciones como la recuperación de territorios es la consecuencia frente a una deuda histórica que no tuvo avances importantes por vías administrativas en 40 años de democracia.

En ese 2015, entre ese puñado de mapuches, estaba Facundo Jones Huala. Otro hecho político que marcaría la relación del Estado argentino con las comunidades indígenas. Por ese entonces no había pedido de captura alguna y su imagen no tenía la repercusión mediática que poco tiempo después comenzó a desplegar la prensa nacional e internacional.

El antecedente inmediato a esa acción en la zona fue la recuperación de la lof Santa Rosa-Leleque. En ese caso la conquista de las tierras fue realizado en el 2002 y, tras un intento de expulsión, volvieron al territorio en el 2007. Para la multinacional, aquel desafío indígena fue inadmisible. Si hasta el propio Luciano Benetton recibió una comitiva mapuche en Roma para negociar lo que por entonces ya se presentaba como un incipiente conflicto. Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco acompañado por el abogado Gustavo Macayo y Mauro Millán por la Organización 11 de Octubre, acompañados por el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, viajaron al viejo continente.

De esas gestiones quedó el gesto filántropo del empresario italiano y la negativa de los mapuches a recibir como donación lo que entendían por derecho propio. Después vinieron los frustrados intentos de desalojo y cómo la Compañía intensificó la violencia junto con el Estado y su brazo armado. Fue la antesala de la agresividad que se desplegó en torno al Pu Lof en Resistencia Cushamen.

A lo mejor esto pueda explicar, cómo al poco de llegar ese puñado de mapuches hace ocho años atrás, mientras acondicionaban el lugar, hubo un intento de desalojo por parte de policías que agredieron al conjunto de hombres, mujeres y niños con disparos de arma de fuego. Fue el primero de unos tantos que, en un futuro no muy lejano, terminaría con personas gravemente heridas y hasta la desaparición y luego muerte de un joven, Santiago Maldonado.

El delirio judicial

El 18 de abril se intentó el primer desalojo con la presencia de un número importante de la policía del Chubut y la asistencia del fiscal provincial Oscar Oro. Casi dos meses después se inició la causa judicial. Una instancia que tiene los más diversos dislates, no sólo por la gravedad sino por cómo los aparatos del Estado intentaron desarticular esa recuperación mapuche.

El 2 de julio, el polémico fiscal Fernando Rivarola (junto a Bottini y Révori) pidió la aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuches y el Juez Martín Zacchino aceptó el criterio de los fiscales y por lo tanto solicitó que la causa pasara al fuero Federal. Desde esa órbita se planteó que los hechos no se encuadraban dentro de la definición prevista en la Convención contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. Y fue el máximo órgano judicial de la Nación que, tiempo después, descartó aplicar la "ley antiterrorista" en el reclamo indígena por la posesión de tierras.

Pero el punto álgido, al menos en el proceso judicial, se vivió el 15 de agosto del 2015. En plena audiencia judicial por la causa del conflicto con la comunidad mapuche uno de los defensores oficiales dio a conocer la existencia de un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades de 26 personas. Tres meses atrás, el 28 de mayo, esos archivos habían sido entregados por una agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a los Fiscales Rivarola, Bottini y Révori. Es decir, el turbio episodio se había producido cuando la fiscalía intentaba por todos los medios aplicar la Ley Antiterrorista.

Por ese espionaje ilegal, en un principio fueron procesados fiscales, efectivos de la policía y agentes de inteligencia. La causa todavía deambula por los corrillos de tribunales.

Violencia estatal y acoso judicial

Mientras en el terreno judicial la avanzada contra los mapuches no conseguía importantes logros, en el terreno, la acción violenta se incrementó. El 29 de junio del 2016 se produjo otro allanamiento en el territorio mapuche. Un presunto robo de ganado de los Benetton activó el mecanismo. Esta vez la orden judicial había corrido por cuenta del juez penal Ricardo Rolón y el fiscal Oro. La GEOP, la Guardia de Infantería de la Policía de Chubut y la Unidad de Abigeato protagonizaron al amanecer de esa jornada un accionar feroz que no dejó víctima fatal por milagro. El saldo fue la detención de siete mapuches, entre ellos Facundo Jones Huala, sobre quien no pesaba aún orden de captura internacional.

En ese desmedido procedimiento realizado en una zona donde había mujeres,l y niños se recuperaron luego del asalto policial 242 cartuchos de color verde calibre 12/70 con la inscripción "anti-tumulto". La desproporción del accionar de las fuerzas iba in crescendo.

Sin embargo, no todo era turbio. Por ese entonces se instrumentó un proceso de mediación por iniciativa del Juez Federal Guido Otranto y bajo la supervisión del Servicio de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La instancia tenía como propósito lograr que el Viejo Expreso Patagónico La Trochita pudiera transitar por la zona de conflicto sin inconvenientes. Sólo dos audiencias lograron sostenerse. La mesa de diálogo tuvo punto final cuando el gobierno provincial, encabezado en ese entonces por el extinto Mario Das Neves, decidió suspender las negociaciones.

Otranto no tenía nada de garantista

Otranto, que se presentaba como un juez garantista, pronto se acomodaría a los lineamientos del aparato judicial de este país. El polémico magistrado fue el mismo que tiempo después daría las órdenes de allanamientos en el que las fuerzas de seguridad cobraron protagonismo. El mismo que fue apartado de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

La persecución a Jones Huala

Esto acontecía, casi en concordancia, cuando comenzaron las gestiones para lograr la extradición de Facundo Jones Huala hacia Chile. Y quizás sea este el otro hito de los dislates ocurridos desde que los mapuches se atrevieron avanzar nuevamente contra Benetton.

El juicio oral y público se desarrolló en el Escuadrón 36 de Esquel de Gendarmería Nacional, teniendo como telón de fondo a una ciudad fuertemente militarizada como nunca había estado antes. Uniformes de Gendarmería Nacional, la GEOP y personal policial dominaban el escenario. Helicópteros y drones patrullaban el espacio aéreo.

La militarización urbana fue la nota destacada en el terreno. En el interior, durante la audiencia otro episodio voluble quedó escrito. El único testigo que daba fe de haberlo visto al lonko Jones Huala antes de ser detenido, declaraba en pleno juicio que había sido sometido a torturas en una comisaría de Gualjaina. La sola mención de este episodio hizo caer toda la causa y el líder mapuche recuperó así su libertad.

Pero meses más tarde volvió a ser detenido.

Desaparición de Maldonado

Ese nuevo encarcelamiento de Jones Huala desató varias protestas y en una de ellas Santiago Maldonado fue desaparecido. La extradición fue un trámite exprés. A pesar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tiene jerarquía constitucional, requirió al Estado argentino "suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala mientras su caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité". Una mañana de febrero del 2018 un helicóptero perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego aterrizó en la Unidad 14 y se llevó al lonko, para luego ser deportado a Chile. Había que apagar el incendio.

El líder mapuche era requerido por la justicia chilena desde el año 2013 en la investigación por el atentado en el fundo Pisu Pisué. Una causa en la que, a posteriori, fue condenado a seis años de prisión efectiva por el incendio de una vivienda y a tres años por la tenencia ilegal de armas. Lo curioso es que los cinco mapuches restantes que habían sido imputados e imputadas en esa causa, además de Jones Huala, fueron absueltos. Sólo la machi Millaray Hichalaf recibió una condena a dos meses de prisión.

La historia larga

De los distintos ngtram, que en mapuzüngün sería algo así como "las historias verdaderas que conversaban los antiguos", surge que "la recuperación territorial llevada a cabo por Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen debe ser comprendida en una historia de larga

duración que se inicia al menos en el siglo XIX en esa misma región, cuando los antepasados de muchas familias mapuche del noroeste de Chubut eran nombrados como manzaneros. Continúa con la violencia estatal de las campañas militares y los campos de concentración y prosigue con las historias de regreso que relatan la reconstrucción de los vínculos sociales en contextos de muerte y de dispersión de familias".

Así reza la pericia antropológica Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen de las antropólogas Ana Margarita Ramos y Fabiana Nahuelquir.