Géneros

Observatorio semanal de género: cuando la Justicia, la política y la Iglesia van de la mano

Por Lola Sánchez

Esta semana en Chubut se recordó el femicidio de Leonela Aguirre, la niña de 10 años víctima de femicidio en Puerto Madryn en 2010, un crimen que todavía espera justicia. Pero, a más de una década del hecho y con variados avances en materia normativa, todavía se siguen produciendo actos de violencia machista en toda la región. Precisamente en la misma ciudad que Leonela fue asesinada, una joven fue abusada el pasado lunes, delito por el cual quedó detenido su tío.

Por otra parte, un informe mundial posicionó a Argentina como uno de los países que menos respuesta ha dado a la violencia y al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La situación es preocupante, y los expertos insisten en que se fortalezcan los organismos institucionales y se reconozca a los niños como sujetos de derecho.

Mientras tanto, las organizaciones feministas y la familia de Lucía Pérez esperan que se dicten las sentencias contra los femicidas, mientras se reclama la lentitud judicial.

Otros hechos revelan las relaciones profundas entre política, religión y violencia machista: en Entre Ríos un ex intendente fue condenado por tres denuncias de acoso y abuso, mientras que en la provincia de Bueno Aires una orden judicial dictó que un cura acusado de violación y abuso sexual, vuelva a vivir a la institución en donde cometió los delitos.

A la espera de la sentencia de los femicidas de Lucía Pérez: una dilatación "inaceptable"

A días de la sentencia del segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata - Batán, publicó un comunicado de prensa para ratificar las exigencias del caso, que a siete años del hecho aún no cuenta con una sentencia firme. La fecha para conocer la sentencia fue pospuesta y movida al día 23 de marzo, en una acción que la organización considera "inaceptable".

"¿Dimensionan lxs jueces lo que significa la espera para la familia? Pareciera que no. Debieran alguna vez considerar los derechos que asisten a las víctimas", cuestionan.

También señalan a "quienes manifiestan que la ‘presión popular y mediática' pone en riesgo la independencia del poder judicial que debieran repasar seriamente sobre sus actuaciones profesionales, alejadas de la normativa nacional e internacional. La movilización popular es un derecho que nos asiste sea para exigir o para repudiar actos contrarios a la ley".

"Cabe preguntarse si ante otro tipo de ‘presiones' se manifiestan tan preocupadxs. No lxs hemos escuchado alzar su voz cuando son presionados por el poder político, económico y/o otros poderes. La "independencia" del poder judicial debe ser garantizada por todxs, incluso quienes trabajan en dicho poder. Exigimos una sentencia condenatoria, fundada en ley y con perspectiva de género", finaliza.

Pese a las dilaciones y los intentos de la defensa de anular el juicio, la sentencia contra Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías será determinada este próximo jueves, a la espera de que se establezca un cierre para la espera de casi una década de la familia de Lucía Pérez Montero.

Un año más sin justicia para Leonela Aguirre

Como cada año, este 16 de marzo se recordó a Leonela Aguirre, la niña de 10 años víctima de femicidio en Puerto Madryn en 2010. El crimen conmovió a la ciudad y los familiares sostienen hasta la actualidad que "no hubo justicia".

El cuerpo de la niña fue hallado durante la mañana del 17 de marzo, con una bolsa de nylon en la cabeza y signos de abuso. Había salido el día anterior del colegio y nunca más volvió a su casa. Hasta la fecha, no hay detenidos ni certezas por el crimen.

En principio, fue detenido un peón rural, a quien se buscó inculpar, pero resultó ser inocente. Más tarde, una huella de ADN en un cable telefónico que el femicida utilizó como arma determinó que el culpable era un menor de 15 años, que por la legislación vigente resultó inimputable. Se decidió que fuese internado en una institución de recuperación de menores, pero vecinos sostienen que lo vieron en reiteradas ocasiones moviéndose en libertad por Comodoro Rivadavia.

Violación en Puerto Madryn

Un hombre (38) fue acusado de abusar de su sobrina (22) este lunes a la noche en una playa alejada de Puerto Madryn. El jueves se conoció que permanecerá dos meses en prisión preventiva. La joven es de una localidad de Buenos Aires y desde enero se encontraba de visita en la ciudad patagónica.

En este marco, fueron a la playa cerca de la medianoche, tomaron bebidas alcohólicas, y el acusado le manifestó que quería tener relaciones sexuales. La joven se negó y él amenazó con matarla; luego, abusó de ella. La joven volvió a la casa donde se estaba quedando, le contó lo sucedido a sus familiares y radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

El fiscal de la causa, Jorge Burgueño, precisión que el hombre está imputado bajo el delito de "abuso sexual agravado por el acceso carnal", por el cual podrían caberle de 6 a 15 años.

Bugueño señaló que la víctima puede quedarse en la zona o regresar a su casa en Buenos Aires, si ella prefiere mientras que la investigación avanza. Explicó que las medidas procesales se pueden llevar a cabo a través de los medios tecnológicos disponibles.

La Iglesia y el patriarcado de la mano: habilitan a un cura violador a volver al predio donde cometió los abusos

Se trata del sacerdote Manuel Fernando Pascual, quien recibió la pena de 12 años de prisión en diciembre pasado en un juicio al que llegó libre. Había sido condenado por violar a dos monjas durante cuatro años, entre 2012 y 2016. El mismo tribunal que lo sentenció avaló el nuevo beneficio, por lo que volverá a vivir al campo el partido de Capitán Sarmiento donde cometió los abusos.

El beneficio fue por el tribunal presidido por el juez Gabriel Vega. Pascual cumplió los tres años de prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, llegó libre al juicio y fue condenado, pero aún la pena no está firme.

Pascual era el pastor y confesor de sus víctimas. Durante cuatro años, cometió abusos en el campo La Ermita -al que pretende volver-, en otra obra a cargo de las Hermanas, en el barrio porteño de Núñez y en el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle.

El fiscal Andrés Madrea, junto a la querella, habían pedido 15 años de prisión

Parte de los beneficios de Pascual provinieron de los trámites del cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, quien se presentó el 30 de abril de 2020 en el Tribunal N° 3 con un documento firmado por él mismo, para pedir que la prisión domiciliaria del cura sea cumplida en su propio domicilio del Arzobispado.

Pascual llegó excarcelado a su condena gracias a una decisión judicial, pero esa decisión no le pertenece al TOC N°3, sino al juez de instrucción de otro expediente. Además, sumó una nueva imputación por acceso carnal en octubre de 2022, cuya víctima también es una monja.

Argentina, entre los países con menor compromiso en la protección de las infancias

De acuerdo a un informe de The Economist, Argentina está entre los países con peor capacidad para hacer frente a los delitos de abuso sexual y explotación contra niños, niñas y adolescencia. El ranking evaluó la capacidad de 60 países: Argentina quedó situado como el peor de la región latinoamericana, detrás de Venezuela, Sri Lanka y Burkina Faso. En el otro extremo, Reino Unido (1), Francia (2) y Suecia (3) lograron la mejor puntuación. Brasil (11), fue el mejor puntuado de la región.

Los datos fueron recopilados y sistematizados por el índice Out of the Shadows 2023 (Fuera de las Sombras), que compara la forma en que 60 países ensayan respuestas de prevención y atención a la explotación y el abuso contra las infancias. El programa fue desarrollado por la Unidad de Inteligencia del medio británico The Economist, a pedido del fondo Ignite Philanthropy y con la colaboración de la organización Child Rights International Network (CRIN).

El puntaje va de 0 al 100 (Argentina obtuvo 41,5) y contempla diversas variables: la existencia de legislación para proteger a las infancias, programas de prevención, compromisos de los gobiernos, servicios de apoyo y recuperación, calidad de los servicios judiciales, entre otros.

Victor Sand-Aneiros, integrante de CRIN, habló con medios nacionales y explicó que la Argentina tiene "notables defectos" y "baches" a nivel legislativo. Detalló que no hay planes de acción vigentes para abordar la violencia en las infancias, no tiene un organismo estatal especializado para dar seguimiento a los casos y garantizar que las investigaciones se adapten a las necesidades de las víctimas, no eliminó los plazos de prescripción en casos de violencia sexual y no tipifica de la misma forma al abuso contra un menor de cualquier edad, sino que va variando dependiendo la edad.

Nota relacionada: Sonia Almada: "El patriarcado pega primero en la infancia; los niños no se miran como sujetos de derecho"

Por otra parte, el informe rescata el hecho de que en la Argentina se registra una buena atención médica a víctimas de abuso sexuales y se destaca que es uno de los dos países de la región que garantiza el derecho a la interrupción del embarazo a niñas y adolescentes.

Un intendente condenado por triple abuso sexual: "Existía miedo a declarar"

El intendente Ángel Fabian Constantino, quien gobernó Gilbert (Entre Ríos) hasta principios de 2022, fue condenado a 14 años y 6 meses de cárcel por tres casos de abuso sexual.

El pasado lunes, el exintendente de Gilbert (Entre Ríos), Fabián Constantino, fue declarado culpable y condenado a 14 años y seis meses de cárcel por tres casos de abuso sexual agravado por acceso carnal y otro delito por lesiones leves en contexto de violencia laboral y de género.

Sus únicas palabras al respecto fueron: "No me arrepiento de nada, gracias a Dios", al descender del vehículo de su abogado defensor, Mario Arcusin. Hasta ese momento, cumplía prisión domiciliaria hasta determinarse su responsabilidad penal por los hechos. Tras diez audiencias, se llegó a un veredicto unánime que lo encuentra culpable. Permanecerá recluido en su domicilio hasta que la sentencia quede firme.

Constantino fue intendente del pueblo hasta principios del 2022. Fue detenido y separado de su cargo antes de terminar el mandato por la aparición de varias denuncias que empezaron a tomar relevancia.

Las primeras denuncias se conocieron en agosto del 2021, y el juicio por éstas inició el 13 de febrero de este año. Durante las audiencias, estuvieron presentes las tres víctimas: María Luján Aguirre, Verónica Portillo y Norma Santos.

Norma fue la primera víctima que se conoció públicamente. Había ido a buscar un vestido para el Día de la Tradición al local de Constantino, cuando todavía era intendente. Allí, abusó de ella.

María Lujan -que pertenecía al sector de Prensa de la Municipalidad y era la secretaria del intendente- fue hostigada, forzada y abusada sexualmente por Constantino, mientras trabajaba en la oficina contigua.

Verónica -casada con el sobrino de Constantino-, fue abusada cuando el jefe comunal se ofreció a llevarla a su lugar de trabajo, pero se desvió en el camino para cometer el delito. Su marido decidió guardar silencio.

La fiscal del caso remarcó la vulneración de las víctimas frente a la desigualdad de poderes del jefe comunal, que además gobernó un pueblo relativamente chico, con alrededor de mil pobladores: "Es un pueblo chico. Es una figura importante, hay gente que depende de las ayudas de la municipalidad y existió ese miedo a declarar"