Patagonia

Comodorenses sin casa ni tierra: la crisis histórica exige planes del Estado y de las petroleras que dejaron 2800 pozos sin sellar

Las tomas y ocupaciones de tierras volvieron a dominar la escena comodorense, aunque los estallidos vienen desde finales del año pasado. Se optó por la represión policial a los ocupantes y el uso de topadoras para derribar las casillas precarias, pero la crisis de acceso a la tierra y la vivienda viene agravándose desde hace décadas en Comodoro. Aumentos superiores al 100% ponen a los alquileres fuera del alcance de la sociedad, y existen más de 20 mil pedidos sumados de viviendas y lotes. Funcionarios municipales destacan que "sobran" tierras públicas, pero son de muy difícil y costosa urbanización. Casi un tercio de los comodorenses sufre graves dificultades habitacionales, y existen al menos 14 villas y 20 asentamientos. Las compañías petroleras tienen una responsabilidad significativa en esta situación límite, que excede la capacidad del propio municipio, ya que dejaron más de 2800 pozos sin sellar. El intendente Luque remarcó que para urbanizar 10 mil lotes "hacen falta $30 mil millones, que representan seis o siete veces el presupuesto anual de Obras Públicas".

La crisis habitacional en Comodoro Rivadavia no es nueva. Comenzó a profundizarse con el boom petrolero de principios de los '60 hasta volver a explotar con virulencia a mediados de la primera década de este siglo. Ahora vuelve a exponerse como una de las problemáticas más complejas que tiene una ciudad que creció de manera desorganizada en torno de los yacimientos petroleros.

Esta situación no se resolverá con desalojos violentos, órdenes judiciales y topadoras. La situación demanda soluciones estructurales e implica el involucramiento del Estado provincial -incluyendo el controvertido y poco eficiente IPV- y de las compañías petroleras que dejaron un mapa perforado. Eso debe ocurrir antes de que la desesperación de muchos pobladores encienda la mecha de una conflictividad aún mayor.

Hoy en Comodoro Rivadavia existen 11.543 trámites iniciados con el objetivo de acceder una vivienda del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut). En el sector de tierras de la Municipalidad se acumulan más de 10.000 pedidos de lotes.

Aunque parte de estas demandas seguramente están entrecruzadas, puede estimarse que unas 20.000 familias necesitan un pedazo de tierra o un techo. Representan 25% de todas las viviendas existentes en la ciudad -que son 80.728 según el Censo de 2022- y promedia 23% de toda la población existente en el Departamento Escalante -con 219.235 habitantes-.

El propio intendente Juan Pablo Luque reconoció esta semana en declaraciones a LU4, que "Tenemos un problema de tierras y también de plata. Urbanizar un lote sale cerca de 3 millones de pesos y la demanda de tierras es cerca de 10 mil lotes, por lo que necesitamos cerca de 30 mil millones de pesos que representan seis o siete veces el presupuesto anual de Obras Públicas. El IPV tiene no menos de 7.800 pedidos de viviendas solamente en Comodoro Rivadavia, lo que se combina con los pedidos de tierra en el Municipio; lo que muestra que somos una ciudad en pleno crecimiento".

El jefe comunal sostuvo que "en tres años de gestión llevamos entregadas más de 90 viviendas sociales de calidad, con inversión municipal. Nos enorgullece brindar soluciones y mejorar notablemente la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos que falta mucho, pero vamos a continuar trabajando en este tema".

Muchos de esos inscriptos para acceder a una vivienda del IPV o un lote con servicios del Municipio llevan largos años esperando que la fortuna o la diosa política se digne a tocarlos con la varita mágica del techo propio. No son pocos a los que se les pasa la vida esperando.

Alquileres descontrolados

Con la actual disparada inflacionaria que atraviesa el país, la región y en particular Comodoro Rivadavia, alquilar se ha vuelto casi imposible. Más allá de la de la Ley de Alquileres que parecen querer voltear tanto los propietarios como el sector inmobiliario, los precios para ingresar a una vivienda se han vuelto inaccesibles para demasiada gente.

Con la fórmula que establece la normativa legal un alquiler de 50.000 pesos en la ciudad debería ajustarse a no menos de 97.000 pesos, lo que representa un incremento del 94% interanual.

No todos los propietarios se basan en dicha fórmula y muchísimos inquilinos se desesperan frente a incrementos en que superan ampliamente esos porcentajes de tres dígitos inalcanzables.

Según el Sindicato de Inquilinos de Chubut que depende de la CTA Autónoma, los alquileres no bajan de los 60.000 pesos en la provincia y pueden llegar a los 150.000 para un grupo familiar de cuatro integrantes.

Si a eso se le suma que la Canasta Básica Total, según el Observatorio de Economía de la UNPSJB, rondó los 177.000 pesos en el mes de marzo. Para poder llegar a fin de mes alquilando se necesitan no menos de 230 a 330.000 pesos de ingresos mensuales. Una suma de la que dispone una minoría.

Las negociaciones entre ambas partes son asimétricas. O el inquilino paga lo que le impone el propietario o debe comenzar a buscar un camión de mudanza con un destino incierto, porque el sueldo no le alcanza para pagar el aumento.

Frente a este panorama desesperante la toma de un terreno abandonado o sin dueño a la vista se convierte en una alternativa no legal pero cercana para miles de familias que quedan a la deriva porque los sueldos no alcanzan para comer y alquilar, los aumentos salariales casi siempre quedan por debajo de la inflación y las opciones son más que escasas.

Ocupaciones y motivaciones

Las ocupaciones de tierras no surgen de manera frecuente en la capital nacional del petróleo y se producen especialmente en dos momentos históricos particulares.

Uno se vincula al boom petrolero que se genera cuando la actividad ingresa en una corriente expansiva, que hace que la demanda ahorque a la oferta habitacional existente. Una segunda opción se suscita cuando la crisis, ya sea inflacionaria, económica o laboral, pone la oferta a niveles inalcanzables para los demandantes de un lugar para vivir.

La actual situación está directamente vinculada a la segunda opción. La actividad petrolera está en retroceso como producto del desplazamiento de las inversiones hacia Vaca Muerta, pero los desquiciados niveles inflacionarios de tres dígitos ponen a los inquilinos en una lucha completamente desigual frente a valores de las propiedades que imponen propietarios e inmobiliarias.

Migrantes, periferias y toma de tierras

Otro elemento clave presiona sobre las ocupaciones: el movimiento interno y el de los migrantes de países limítrofes y también de aquellos que llegan de naciones más alejadas.

Los estudios encarados por los investigadores universitarios dan cuenta de cómo se incrementa la presión y la demanda habitacional con los migrantes. Como suelen formar parte de los más desclasados, terminan edificando sus casas precariamente en la periferia de la supuestamente opulenta capital petrolera.

Santiago Bachiller, investigador del CONICET-UNPA, detalló en su trabajo del año 2015 que "Buscando realizar una caracterización del estado actual del fenómeno de la toma de tierras en la ciudad, haré un recorte temporal de los últimos 15 años con especial énfasis en el último boom petrolero de mediados de la década del 2000, el cual derivó en la masificación de las tomas primero en 2005 y luego entre fines de 2008 y principios de 2009. Numerosos espacios urbanos que surgieron a partir de ocupaciones no serán contemplados; no pretendo ser exhaustivo, sino retratar al fenómeno a partir de casos emblemáticos que ilustran las características centrales que adquirió la ocupación de tierras durante los últimos años en Comodoro".

La lógica de los hechos consumados

En su ponencia "Etnografiando las últimas tomas de tierras en Comodoro Rivadavia", Bachiller puso el acento en que "El peso de las tomas en la espacialidad urbana ha sido enorme: la mayor parte de los actuales barrios populares, especialmente en la zona sur y oeste, crecieron mediante las dinámicas de autopromoción de la vivienda y la toma de tierras. Tal es así que hoy en día, el 75% de la población reside en dicha área".

Resumiendo, Bachiller sentenció que "Los booms petroleros determinan la llegada de miles de migrantes que buscan una oportunidad laboral. Muchos de tales migrantes terminan residiendo en un asentamiento.

La explicación del proceso de ocupación reside en el modo en que se combina un mercado inmobiliario que impone precios prohibitivos sin ningún tipo de regulación estatal, con ordenanzas municipales que restringen el acceso a la tierra a los argentinos que llevan años afincados en la zona.

"No obstante, los ejemplos etnográficos presentados en la ponencia me permitieron refutar el sentido común local: las ocupaciones no se restringen a los migrantes, sino que miles de argentinos, muchos de ellos comodorenses, también tomaron terrenos. Los sectores populares, más allá de su lugar de procedencia, comparten las mismas restricciones impuestas por un mercado inmobiliario moldeado por los salarios del mundo petrolero. Asimismo, la existencia de tomas protagonizadas o fomentadas por empresarios condujo a desmitificar otro tópico, el cual restringe las responsabilidades a quienes padecen una situación de pobreza", explica.

En ese marco de conclusiones agregó que "En todos los casos, asistimos al incremento de los conflictos entre grupos sociales por la apropiación de un espacio cada vez más limitado. Las propuestas de expulsión de los ocupantes alegando excusas ambientales o la peligrosidad de residir cerca de ductos, los discursos que resaltan la necesidad de priorizar a los hijos del barrio", o las peleas cotidianas entre vecinos por el colapso de los servicios y la infraestructura urbana apuntan a un mismo responsable: el Estado y la ausencia total de planificación y regulación del espacio urbano, así como las definiciones estatales del suelo urbano como una simple mercancía".

Leer la investigación completa aquí: Etnografiando las últimas tomas de tierras en Comodoro Rivadavia - Santiago Bachiller (2015)

Intransigencia política y la Justicia metiendo la cola

Más allá que muchas tomas fueron repelidas hasta con topadoras, en Comodoro existen en la actualidad 14 villas y 20 asentamientos, según reconoció la concejal Liliana Carnevale, en base a datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

"Tenemos una profunda preocupación por estas situaciones que no se daba en la ciudad desde hace mucho tiempo, pero además por el nivel de organización y conflictividad", manifestó el intendente sobre el final de semana y agregó que "Debemos seguir el estado de Derecho y tenemos que fijar las reglas juego para un ordenamiento para crecer de la manera más ordenada posible, más allá de los problemas históricos que tenemos en este tema".

Luque indicó que "Le solicitamos a la Justicia actuar rápidamente para evitar que cualquiera piense que puede hacer lo que quiere. Tuvimos un revés judicial inicial rechazando la medida cautelar, apelamos a la Cámara y obtuvimos un fallo ejemplar para el desalojo, donde nos comprometimos a intervenir y buscar soluciones a los reclamos más graves y la policía cumplió un trabajo muy adecuado".
La Justicia le dio un revés al pedido del intendente cuando en primera instancia la magistrada Natalia Venter se negó a ordenar el desalojo de los ocupantes argumentando la "mutilación de derechos" para los niños y mujeres embarazas que se encontraban en el lugar. La decisión judicial originaria encendió la ira mediática y política de aquellos que dicen defender las instituciones y la ley.

Luque quedó entrampado en esa lógica y apeló la decisión de la jueza Venter hasta que obtuvo un falló de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia -conformada por los jueces María Marta Nieto, Verónica Daniela Robert y Fernando Nahuelanca- que habilitó a concretar el desalojo con el apoyo logístico de la Policía de Chubut, obviamente al mando del gobernador Mariano Arcioni.

Es llamativo el argumento que se pretende instalar desde fuentes judiciales y políticas en el sentido de que "Lo que estaba en juego era si en materia de tierras también puede haber justicia por mano propia".

Esa postura ante una ocupación de tierra no soporta ningún debate, porque la desesperación con la que vive la gente que alquila no puede ser comparada bajo ninguna circunstancia con un hecho de "justicia por mano propia".

Sí existe una histórica "injusticia del Estado" a la hora de resolver problemas a quienes sin alternativa terminan eligiendo vivir en una casilla de nylon, chapa y madera a la espera de poder transformar esa pocilga en una vivienda digna.

La responsabilidad que eluden las petroleras

El problema habitacional no es de ninguna manera responsabilidad exclusiva del Estado, sino también de las operadoras petroleras -tanto estatales como privadas- que a luego de varias décadas de explotación han dejado más de 2.800 pozos sin sellar dentro del ejido municipal, a los que se deben sumar los ductos de crudo, las cigüeñas a la vuelta de muchas esquinas. Lo que es peor todavía: gracias a la desidia de las petroleras, sobre muchos de esos pozos abandonados se construyeron escuelas, hospitales y otras edificaciones de las que las poderosas compañías se desentienden.

Ese pasivo ambiental debe ser dimensionado y reclamado en forma de pago a las compañías que se siguen beneficiando con las multimillonarias ganancias, actuales e históricas, que obtienen de las entrañas de Comodoro Rivadavia.

El Estado debe controlar esa remediación y a la par debe planificar una urbanización seria y a largo plazo, para que los comodorenses dejen de ser rehenes de los alquileres y puedan contar con un techo digno.

Se ha demostrado que la urbanización de las villas y asentamientos es efectiva en materia de seguridad, porque evita que la gente más humilde se someta sin protección a la delincuencia y tenga que poner en riesgo su vida con ocupaciones desesperadas que buscan acercarlos a un futuro mejor, que parece cada vez más lejano y casi inalcanzable.

Etnografiando las últimas tomas de tierras en Comodoro Rivadavia PDF