La Corte Suprema suspende las elecciones en San Juan y TucumánCuatro personas que no votó la población deciden restringir el voto de cientos de miles. La decisión es una clara intervención en la política de las provincias. Le plantea un límite a los intentos reeleccionistas de Sergio Uñac y Jaldo-Manzur. Sin embargo, los fallos no cuestionan enormes aspectos antidemocráticos de esos regímenes políticos feudales, como las leyes de lemas y la existencia del sistema de acoples.
Este martes por la tarde, en una decisión completamente arbitraria, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan. La decisión implica restringir el derecho a votar de cientos de miles de personas. Una decisión completamente antidemocrática.
Al mismo tiempo, estas resoluciones solo se refieren a las fórmulas de gobernador y vice. Pero no tocan las estructurales completamente feudales y antidemocráticas que existen en esos mismos distritos y que son utilizados para mantener una estructura política completamente antidemocrática.
En el caso de Tucumán, el tribunal suspendió las elecciones y pidió al gobierno presentar un informe en un plazo máximo a cinco días. La decisión se basa en haber hecho lugar a una medida cautelar presentada por el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, German Alfaro, el pasado 19 de abril. En la misma se objetaba que Juan Manzur pudiera presentarse para el cargo de vicegobernador, dado que ya cumplió dos mandatos como gobernador y no existe la re-reelección en la provincia.
La arbitrariedad de la resolución judicial es tan evidente que la Corte decide suspender la convocatoria a elección hasta tanto "se dicte un pronunciamiento definitivo". Es decir, lo hace sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
Sin embargo, la resolución no afecta a otros múltiples mecanismos antidemocráticos existente en la provincia. Por ejemplo, el sistema de acoples que tiene carácter constitucional y permite la presentación masiva de candidatos a nivel legislativo que se "acoplan" a la candidatura al cargo ejecutivo provincial. Este armado, completamente fraudulento, llevó a la insólita situación de que esa provincia tuviera 18.000 candidatos en las elecciones provinciales de 2019.
Ese esquema es completamente avalado por todos los partidos patronales de la provincia. De hecho, Juntos por el Cambio también lo utiliza, siendo parte de este entramado antidemocrático.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad se ha denunciando esta situación. Recientemente, Alejandra Arreguez, candidata por ese espacio, señaló que luego de la presentación de listas se descubrió que había 105 partidos. Pero en la categoría de gobernador y vice solo se enfrentaron 8 fórmulas. El resto corresponde a la elección de los legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales. En ese marco, el peronismo llevaba 61 acoples y Juntos por el Cambio, por su parte, presentaba varias decenas de acoples. Como se ve, se trata de un sistema electoral completamente fraudulento que indigna mucho a la población.
En el caso de San Juan, la resolución judicial también ataca la re-reeleción del peronista Sergio Uñac. La Constitución de esa provincia también impide la re-reelección. El actual mandatario fue elegido para el cargo de vicegobernador en 2011-2015 y luego fue gobernador entre 2015-2019 y, nuevamente, en 2019-2023. La nueva presentación fue denunciada desde la oposición.
En esta provincia también existe mecanismos completamente fraudulentos. Desde 2022 existe una ley de lemas que también permite enganchar las distintas listas. De esta forma, puede ocurrir que un elector o electora quiera elegir a un candidato y termine aportando con su voto a otro distinto. Este mecanismo, además, permite una proliferación absurda de candidaturas por las mismas fuerzas. Por ejemplo, en distintas localidades sanjuaninas se registran entre 25 y 32 candidaturas a intendente.
Sobre estas cuestiones, la resolución de la Corte Suprema no dice absolutamente nada. Es decir, deja sin cuestionar mecanismos completamente antidemocráticos, que terminan siendo utilizados para burlar la voluntad de la población al votar.
Fuente: La Izquierda Díario
Cuatro personas que no votó la población deciden restringir el voto de cientos de miles. La decisión es una clara intervención en la política de las provincias. Le plantea un límite a los intentos reeleccionistas de Sergio Uñac y Jaldo-Manzur. Sin embargo, los fallos no cuestionan enormes aspectos antidemocráticos de esos regímenes políticos feudales, como las leyes de lemas y la existencia del sistema de acoples.
Este martes por la tarde, en una decisión completamente arbitraria, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan. La decisión implica restringir el derecho a votar de cientos de miles de personas. Una decisión completamente antidemocrática.
Al mismo tiempo, estas resoluciones solo se refieren a las fórmulas de gobernador y vice. Pero no tocan las estructurales completamente feudales y antidemocráticas que existen en esos mismos distritos y que son utilizados para mantener una estructura política completamente antidemocrática.
En el caso de Tucumán, el tribunal suspendió las elecciones y pidió al gobierno presentar un informe en un plazo máximo a cinco días. La decisión se basa en haber hecho lugar a una medida cautelar presentada por el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, German Alfaro, el pasado 19 de abril. En la misma se objetaba que Juan Manzur pudiera presentarse para el cargo de vicegobernador, dado que ya cumplió dos mandatos como gobernador y no existe la re-reelección en la provincia.
La arbitrariedad de la resolución judicial es tan evidente que la Corte decide suspender la convocatoria a elección hasta tanto "se dicte un pronunciamiento definitivo". Es decir, lo hace sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
Sin embargo, la resolución no afecta a otros múltiples mecanismos antidemocráticos existente en la provincia. Por ejemplo, el sistema de acoples que tiene carácter constitucional y permite la presentación masiva de candidatos a nivel legislativo que se "acoplan" a la candidatura al cargo ejecutivo provincial. Este armado, completamente fraudulento, llevó a la insólita situación de que esa provincia tuviera 18.000 candidatos en las elecciones provinciales de 2019.
Ese esquema es completamente avalado por todos los partidos patronales de la provincia. De hecho, Juntos por el Cambio también lo utiliza, siendo parte de este entramado antidemocrático.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad se ha denunciando esta situación. Recientemente, Alejandra Arreguez, candidata por ese espacio, señaló que luego de la presentación de listas se descubrió que había 105 partidos. Pero en la categoría de gobernador y vice solo se enfrentaron 8 fórmulas. El resto corresponde a la elección de los legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales. En ese marco, el peronismo llevaba 61 acoples y Juntos por el Cambio, por su parte, presentaba varias decenas de acoples. Como se ve, se trata de un sistema electoral completamente fraudulento que indigna mucho a la población.
En el caso de San Juan, la resolución judicial también ataca la re-reeleción del peronista Sergio Uñac. La Constitución de esa provincia también impide la re-reelección. El actual mandatario fue elegido para el cargo de vicegobernador en 2011-2015 y luego fue gobernador entre 2015-2019 y, nuevamente, en 2019-2023. La nueva presentación fue denunciada desde la oposición.
En esta provincia también existe mecanismos completamente fraudulentos. Desde 2022 existe una ley de lemas que también permite enganchar las distintas listas. De esta forma, puede ocurrir que un elector o electora quiera elegir a un candidato y termine aportando con su voto a otro distinto. Este mecanismo, además, permite una proliferación absurda de candidaturas por las mismas fuerzas. Por ejemplo, en distintas localidades sanjuaninas se registran entre 25 y 32 candidaturas a intendente.
Sobre estas cuestiones, la resolución de la Corte Suprema no dice absolutamente nada. Es decir, deja sin cuestionar mecanismos completamente antidemocráticos, que terminan siendo utilizados para burlar la voluntad de la población al votar.
Fuente: La Izquierda Díario
