Un despojo que no tiene fin: juzgan por usurpación a miembros de la Comunidad Nahuelpan Por Pablo Quintana
El historial de la Comunidad Nahuelpán está marcado por la persecución y el arrebato de las tierras que ocupan, en lo que actualmente se conoce como el Boquete Nahuelpán. Desde que Francisco Nahuelpán, una vez que terminó la resistencia indígena y se refugió en estas tierras donde el Estado argentino creara la reserva, muchos despojos sucedieron. A pesar del decreto presidencial de 1908 que les otorgó a los mapuches más de 19 mil hectáreas, el territorio se fue desgranando a partir de intervenciones de privados. Sólo basta recordar cuando los hermanos Amaya y otros ganaderos promovieron el violento desalojo en 1937 con la anuencia del poder político.
De aquella restitución, sólo serían devueltas 7.500 hectáreas y desde entonces los intentos por continuar desmenuzando el territorio mapuche es una constante.
En pleno 2023, cinco integrantes de la comunidad irán a juicio penal por la disputa de un predio de 750 hectáreas, al entender la Fiscalía que sería propiedad de Carlos Aguado. Los hechos están denunciados como violentos y clandestinos y se habrían registrado en noviembre del año 2021 en lo que serían tierras fiscales que están circunscriptas por la comunidad Nahuelpan.
En la audiencia preliminar para determinar si se reunían los requisitos para ir a juicio, al cederle la palabra, el propio lonko Ángel Quilaqueo inquirió: "Yo quería preguntar, ¿por qué podríamos ir preso? -para luego agregar- porque yo la palabra usurpar no la sé. Ni se tampoco el hecho de usurpar. Porque tengo entendido que los abuelos y el bisabuelo de mi señora llegaron en 1908, por ahí, en el lugar que reclama el señor Aguado, que es La Tapera. Ahí construyó su primera casa. Por eso digo yo, ¿por qué usurpación?".
Esa audiencia preliminar estuvo presidida por el juez juez Martín O' Connor, quien fue el que decidió que finalmente se avanzara con la causa judicial contra los cinco mapuches, el lonko, tres de sus hijos Héctor, Hugo y Hernán y su yerno Gabriel Nahuelquir.
La disputa es sobre un lote de tierras fiscales, lindante con la reserva Nahuelpan. Es un territorio que está pendientes de una resolución administrativa en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, suspendida por una medida cautelar que deberá emitir el Superior Tribunal de Justicia.
Durante la audiencia Ivannoff aclaró que "doña Catalina Llancaqueo de Quilaqueo, esposa de Angel Quilaqueo, madre y suegra de los imputados, es integrantes de la comunidad Nahuelpan, reconocida por el gobierno provincial y nacional". Una de las comunidades más emblemáticas de Chubut.
La Comisión
Durante la audiencia preliminar, Ivanoff hizo hincapié en que lo que está en discusión es el destino de tierras fiscales y no tierras con títulos de propiedad. "La ley en nuestra provincia es muy clara, cuando se trata de tierras ocupadas por familias aborígenes debe previamente emitir dictamen la Comisión de Tierras Indígenas situación que el IAC no regularizó hasta el 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni emitió un decreto, el 112 para crear esta comisión".
Las comunidades mapuches tehuelches presentaron una medida cautelar ante la falta de consulta previa y participación en la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas del IAC. A pesar que la ley del propio Instituto, regulada hace 12 años, establece que debe haber una comisión nombrada exclusivamente por las comunidades el gobernador Mariano Arcioni sacó un decreto que la pone en funcionamiento designando sólo un presidente, hombre de su confianza.
La resolución definitiva de esa controversia está en manos del STJ tras suspender la ejecución del Decreto N° 112. Lo cierto es que la Comisión de Tierras Indígenas debió haberse conformado en 1991 para que el IAC pudiera dictaminar de manera transparente la posesión de tierras fiscales, cuando al menos una de las partes en conflicto fuera indígena. Sin embargo, 32 años después se intenta conformar por decreto y sin la participación de las propias comunidades. En el camino diversos derechos indígenas fueron ninguneados.
Para la abogada defensora de los mapuches, Sonia Ivanoff, resulta necesario establecer la posesión ya que la fiscalía señala al señor Aguado como el ocupante, poseedor y tenedor de la tierra. "Esto está siendo materia de debate para ser sentencia en el STJ", advirtió. Por eso sostiene que la propiedad de la tierra en cuestión estaría por devenir de un proceso de sentencia que podría ser contradictoria con lo que se pretenda resolver en el juicio penal que se pondrá en marcha.
Política punitiva contra mapuches
Ivanoff advirtió que el Estado argentino podría ser nuevamente sancionado por criminalizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. En ese sentido destacó que la fiscalía no instrumentó ninguna medida alternativa para encontrar solución al conflicto. Así, subrayó que la solicitud de dos años de prisión marca la política punitiva que impulsa ese ministerio. "No se puede llevar al fuero penal, lo que no es penal", señaló.
La abogada sostuvo que la Fiscalía violenta las garantías constitucionales y tratados internacionales que amparan a comunidades indígenas en contra de toda discriminación racial y responsabilizó a ese ministerio judicial de ignorar la identidad de los pobladores originarios.
En ese sentido, la letrada sostuvo que la política de la Fiscalía apunta solamente a disciplinar. "No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel, acusa de usurpadores a indígenas", reprochó Ivanoff.
Critico fuertemente la intención de judicializar el conflicto en el fuero penal y en ese sentido, recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2008 en el caso Kimel vs Argentina.
"La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado".
De aquel desalojo algunas familias peregrinaron por la región entre Lago Rosario, conformaron lo que hoy se conoce como barrio Ceferino en Esquel y otros erraron por la meseta. Los menos regresaron al territorio. Nada fue sencillo. Desde entonces el litigio fue uno de los obstáculos, la contaminación que arrastró en parte del territorio la Planta de Residuos Sólidos y hasta el bloqueo de uno de los caminos vecinales que una empresaria realizó. Nada ha sido sencillo desde entonces para la comunidad Nahuelpan.
Por Pablo Quintana
El historial de la Comunidad Nahuelpán está marcado por la persecución y el arrebato de las tierras que ocupan, en lo que actualmente se conoce como el Boquete Nahuelpán. Desde que Francisco Nahuelpán, una vez que terminó la resistencia indígena y se refugió en estas tierras donde el Estado argentino creara la reserva, muchos despojos sucedieron. A pesar del decreto presidencial de 1908 que les otorgó a los mapuches más de 19 mil hectáreas, el territorio se fue desgranando a partir de intervenciones de privados. Sólo basta recordar cuando los hermanos Amaya y otros ganaderos promovieron el violento desalojo en 1937 con la anuencia del poder político.
De aquella restitución, sólo serían devueltas 7.500 hectáreas y desde entonces los intentos por continuar desmenuzando el territorio mapuche es una constante.
En pleno 2023, cinco integrantes de la comunidad irán a juicio penal por la disputa de un predio de 750 hectáreas, al entender la Fiscalía que sería propiedad de Carlos Aguado. Los hechos están denunciados como violentos y clandestinos y se habrían registrado en noviembre del año 2021 en lo que serían tierras fiscales que están circunscriptas por la comunidad Nahuelpan.
En la audiencia preliminar para determinar si se reunían los requisitos para ir a juicio, al cederle la palabra, el propio lonko Ángel Quilaqueo inquirió: "Yo quería preguntar, ¿por qué podríamos ir preso? -para luego agregar- porque yo la palabra usurpar no la sé. Ni se tampoco el hecho de usurpar. Porque tengo entendido que los abuelos y el bisabuelo de mi señora llegaron en 1908, por ahí, en el lugar que reclama el señor Aguado, que es La Tapera. Ahí construyó su primera casa. Por eso digo yo, ¿por qué usurpación?".
Esa audiencia preliminar estuvo presidida por el juez juez Martín O' Connor, quien fue el que decidió que finalmente se avanzara con la causa judicial contra los cinco mapuches, el lonko, tres de sus hijos Héctor, Hugo y Hernán y su yerno Gabriel Nahuelquir.
La disputa es sobre un lote de tierras fiscales, lindante con la reserva Nahuelpan. Es un territorio que está pendientes de una resolución administrativa en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, suspendida por una medida cautelar que deberá emitir el Superior Tribunal de Justicia.
Durante la audiencia Ivannoff aclaró que "doña Catalina Llancaqueo de Quilaqueo, esposa de Angel Quilaqueo, madre y suegra de los imputados, es integrantes de la comunidad Nahuelpan, reconocida por el gobierno provincial y nacional". Una de las comunidades más emblemáticas de Chubut.
La Comisión
Durante la audiencia preliminar, Ivanoff hizo hincapié en que lo que está en discusión es el destino de tierras fiscales y no tierras con títulos de propiedad. "La ley en nuestra provincia es muy clara, cuando se trata de tierras ocupadas por familias aborígenes debe previamente emitir dictamen la Comisión de Tierras Indígenas situación que el IAC no regularizó hasta el 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni emitió un decreto, el 112 para crear esta comisión".
Las comunidades mapuches tehuelches presentaron una medida cautelar ante la falta de consulta previa y participación en la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas del IAC. A pesar que la ley del propio Instituto, regulada hace 12 años, establece que debe haber una comisión nombrada exclusivamente por las comunidades el gobernador Mariano Arcioni sacó un decreto que la pone en funcionamiento designando sólo un presidente, hombre de su confianza.
La resolución definitiva de esa controversia está en manos del STJ tras suspender la ejecución del Decreto N° 112. Lo cierto es que la Comisión de Tierras Indígenas debió haberse conformado en 1991 para que el IAC pudiera dictaminar de manera transparente la posesión de tierras fiscales, cuando al menos una de las partes en conflicto fuera indígena. Sin embargo, 32 años después se intenta conformar por decreto y sin la participación de las propias comunidades. En el camino diversos derechos indígenas fueron ninguneados.
Para la abogada defensora de los mapuches, Sonia Ivanoff, resulta necesario establecer la posesión ya que la fiscalía señala al señor Aguado como el ocupante, poseedor y tenedor de la tierra. "Esto está siendo materia de debate para ser sentencia en el STJ", advirtió. Por eso sostiene que la propiedad de la tierra en cuestión estaría por devenir de un proceso de sentencia que podría ser contradictoria con lo que se pretenda resolver en el juicio penal que se pondrá en marcha.
Política punitiva contra mapuches
Ivanoff advirtió que el Estado argentino podría ser nuevamente sancionado por criminalizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. En ese sentido destacó que la fiscalía no instrumentó ninguna medida alternativa para encontrar solución al conflicto. Así, subrayó que la solicitud de dos años de prisión marca la política punitiva que impulsa ese ministerio. "No se puede llevar al fuero penal, lo que no es penal", señaló.
La abogada sostuvo que la Fiscalía violenta las garantías constitucionales y tratados internacionales que amparan a comunidades indígenas en contra de toda discriminación racial y responsabilizó a ese ministerio judicial de ignorar la identidad de los pobladores originarios.
En ese sentido, la letrada sostuvo que la política de la Fiscalía apunta solamente a disciplinar. "No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel, acusa de usurpadores a indígenas", reprochó Ivanoff.
Critico fuertemente la intención de judicializar el conflicto en el fuero penal y en ese sentido, recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2008 en el caso Kimel vs Argentina.
"La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado".
De aquel desalojo algunas familias peregrinaron por la región entre Lago Rosario, conformaron lo que hoy se conoce como barrio Ceferino en Esquel y otros erraron por la meseta. Los menos regresaron al territorio. Nada fue sencillo. Desde entonces el litigio fue uno de los obstáculos, la contaminación que arrastró en parte del territorio la Planta de Residuos Sólidos y hasta el bloqueo de uno de los caminos vecinales que una empresaria realizó. Nada ha sido sencillo desde entonces para la comunidad Nahuelpan.
