Racismo y misoginia profunda en las Universidades: la vulnerabilidad de las mujeres ante acosos y violenciasPor Lola Sánchez
2015, año del primer "Ni una Menos", generó cambios en todos los espacios sociales. En el ámbito universitario, la aplicación de políticas públicas de género se profundizó en 2018 con la creación de RUGE (Red Universitaria por la Igualdad de Género y contras las Violencias). Hoy varias de las universidades más importantes del país tienen protocolos reglamentados, pero esto no asegura que haya momentos en los que el poder, la misoginia y el racismo se crucen violentamente. La reciente denuncia de Moira Millán contra el prestigioso intelectual Boaventura de Sousa Santos puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres frente a las figuras destacadas de la Academia, y la doble vulnerabilidad de las mujeres indígenas en este sistema, cuya presencia y aporte son invisibilizados. Docentes, no docentes y estudiantes erigen sus demandas y se preguntan sobre qué prejuicios está cimentado el prestigio académico.
Las propuestas en materia de género son relativamente nuevas en cuanto a su instrumentalización sistemática, pero son parte de un camino iniciado a principios del siglo XX con las primeras universitarias.
De las redes feministas a los protocolos
Los orígenes de la formación universitaria descansan sobre una política que durante años excluyó a las mujeres, quienes debieron incorporarse lentamente. En la última década, de la mano con la movilización de mujeres y diversidades, se institucionalizaron las políticas de género y el feminismo se convirtió en objeto de debate académico.
La construcción de redes universitarias y feministas en la región, junto a proyectos de investigación, extensión y gestión, y el avance de docentes y estudiantes, permitió que las instituciones universitarias comenzaron a adquirir espacios para afrontar las violencias de género y garantizar la participación de mujeres y disidencias.
Estas acciones no revierten, de manera mágica, el rol de las instituciones en una sociedad profundamente patriarcal, que todavía expresa violentas reacciones ante el movimiento feminista. Tanto las investigaciones como los testimonios de las mujeres señalan la persistencia de roles y espacios delimitados por género, violencias físicas, psicológicas y simbólicas, asimetría de poder y obstáculos para el ascenso laboral/académico.
La violencia no se ejerce sólo contra estudiantes, ya que también son víctimas mujeres que mantienen puestos educativos jerárquicos, docentes y no docentes. La situación se agrava cuando la violencia es ejercida hacia una mujer con menor posición jerárquica. Sin embargo, se registraron casos de violencia hacia docentes o autoridades de mayor jerarquía, escenarios signados por la violencia simbólica y política.
¿Dónde están los protocolos?
Los protocolos contra la violencia de género establecen pautas para prevenir y sancionar administrativamente los casos de violencia en el ámbito universitario. Su incorporación es relativamente reciente: la primera universidad en incorporar esta herramienta fue la Universidad Nacional del Comahue en 2014. Le siguieron otras, con un aumento exponencial entre 2017 y el 2019, con un crecimiento de 30% en la creación de protocolos. En la actualidad, 70% del sistema universitario dispone de esta herramienta, según una sistematización de RUGE (2014-2020). Algunas universidades están en proceso de aprobar protocolos, mientras que otras no tienen ningún tipo de política de género en sus facultades.
2017 fue el año con más protocolos aprobados, un proceso que da cuenta de la masividad del movimiento feminista a partir 2015 con el primer "Ni Una Menos", que paulatinamente fue impulsando cambios institucionales. La presencia de un protocolo es tan sólo una herramienta del sistema, y hoy los reclamos también apuntan a políticas universitarias diagramadas con perspectiva de género. Según datos de RUGE, 75% de los programas de género universitarios no cuenta con presupuesto propio, lo que evidencia la presencia de políticas de género como un espacio secundario.
Y si bien el 81% de las instituciones relevadas adhirieron a la Ley Micaela, sólo el 50% realizó capacitaciones.
Carla Fernández, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Ruge, advirtió que "Las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento". Además, sostuvo que "no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes". Igualmente se refiere a muchos obstáculos "en circuitos administrativo-jurídicos", un panorama conocido para las mujeres que denuncian violencia en cualquier ámbito. En este sentido, subrayó que "los protocolos deben estar acompañados por acciones que transformen la cultura institucional y las prácticas de convivencia".
Otro indicador central en el relevamiento de RUGE es el grado de jerarquización que vienen adquiriendo los espacios de género en las universidades. En los últimos años, el 75% creó un espacio de gestión de políticas de género: más de la mitad son de dirección, Programa, Coordinación o Consejería (55,8%), es decir, un grado de institucionalización medio; el 37,2% son Observatorios, Comisiones, Comités y Mesas de trabajo, lo que marca un grado de institucionalización bajo; y, en menor medida, el 7% son espacios de mayor jerarquía tales como Secretarías, Subsecretarías y áreas específicas.
Acoso y violencia simbólica
La tipología de los tipos de violencia contemplada en los protocolos es la misma que en la Ley 26.485, que contempla la violencia física, sexual, económica y simbólica, y de las modalidades en que estas violencias pueden presentarse, para los protocolos es especialmente relevante la modalidad institucional y laboral.
En general, en las universidades prevalecen las descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación al cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género y los comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades.
A nivel general, los valores más altos de violencia y acoso sexual grave se encuentran en el grupo de personal no-docente, mientras que son las estudiantes quienes padecen en mayor medida situaciones de violencia simbólica y psicológica.
Pese a que la Ley 26.485 brinda un marco jurídico para reconocer y sancionar cada tipo de violencia, algunas modalidades en concreto todavía se encuentran en un estado de fronteras conceptuales borrosas, lo que dificulta enormemente su reconocimiento.
Por ejemplo, el acoso sexual (Art. 5, inciso 3) establece una definición sobre violencia de tipo sexual y no aclara nada al respecto de otras conductas que se entenderían por acoso. Por otra parte, y al menos en Argentina, escasean las investigaciones sobre la noción de acoso dentro del ámbito universitario. No sólo es una forma de violencia muy común en estos espacios, sino que es una de las categorías menos centralizadas en materia normativa, ya que existen regulaciones locales y para determinados sectores de trabajo. El único instrumento son los protocolos que, dependiendo de la institución, van incorporando el acoso y otras acciones como hechos de violencia.
El caso de Moira Millán: raíces misóginas y racistas de la Academia
Hace un mes, la weychafe y activista mapuche Moira Millán expresó públicamente que en 2010 había sufrido una violación por parte de Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués y "gurú" académico de la izquierda. A su testimonio se sumaron otros relatos de jóvenes investigadoras de la universidad portuguesa de Coimbra -donde el acusado se desempeñaba- que lo acusaban de abuso de poder y maltrato institucional. La denuncia de Millán -que adelantó que seguirá su curso por la vía penal cuando pueda viajar a Portugal-revivió un debate sobre el rol de los académicos -mayoritariamente varones y blancos- en las instituciones y su consiguiente impunidad ante hechos como éste. De hecho, Millán reveló que algunas organizaciones y personalidades de la Academia tomaron conocimiento del abuso y prefirieron mantenerlo en silencio.
Millán relató que su primer encuentro con De Sousa Santos se produjo en 2010 en Portugal, en ocasión de un Conversatorio de la Universidad Lusófona. Tras una conferencia en Coimbra, de Sousa Santos la invitó a cenar a uno de los restaurantes de su familia.
"Comenzó a beber mucho y a decir cosas desubicadas para ‘coquetear'", recuerda Millán. Al día siguiente le dijo que fuese a su casa para darle unos libros.
"Entramos en el apartamento, se puso cómodo y comenzó a beber whisky. Me quise ir, pero me pidió que me sentara. Lo hice, pero frente a él. Al hacerlo, él se abalanzó sobre mí y comenzó a manosearme, a querer besarme y yo le empujé e indignada le dije "¡No! Me enfadé, me quedé quieta, pero él volvió a lanzarse sobre mí y ahí yo, muy enfadada le empujé con más fuerza: tuve claro de que no me iba a dejar violar aunque fuera Boaventura", expresó Millán, quien interpeló al académico por su postura que no sólo denotaba un machismo recalcitrante, sino un racismo profundo: "Le pregunté si él se comportaba de esa manera con todas las académicas blancas o si esto solo lo había hecho conmigo, porque no era académica y era indígena. Nosotros habíamos hablado mucho de Blanca Chancoso y le dije: ‘¿También le hiciste esto a Blanca Chancoso?'"
"Que no, que por supuesto que no. Entonces le respondí: ‘¿Por qué a mí sí? ¿Por qué soy pobre?' Entonces me puse a llorar, aunque nunca lloro porque soy implacable. Soy de las que siempre digo que al enemigo ni una lágrima. Al momento, él me pidió perdón y me fui del apartamento", agrega.
Por otra parte, remarcó que le advirtieron que, si denunciaba, "este hecho lo iba a instrumentalizar la derecha porque él era el gurú de la izquierda en un momento muy delicado en Portugal. ¿Acaso un violador de izquierdas comete menos daño que si es un violador de derechas?".
El relato de Millán volvió a poner en el centro del debate feminista la necesidad de interseccionalidad en todos los ámbitos en que las mujeres y disidencias participan, demostrando que las políticas públicas de género han sido un avance, pero son apenas el inicio del camino.
"En Argentina, en general, tanto la Academia como muchas feministas argentinas han mirado para otro lado, de hecho, una académica me dijo que él hizo lo mismo en África. Y pienso, si a mí que soy mapuche, escritora y activista con cierto reconocimiento y con todas las herramientas para poder denunciar no me han brindado solidaridad, ¿qué actitud van a tener con las hermanas africanas que han sido víctimas de este señor?", cuestionó Millán.
Para la activista, se trata de una violencia sistemática que sigue siendo naturalizada: "Si no hay justicia, no hay cura. Es la falta de autoestima que tuve en ese momento y de la que siguen careciendo muchísimas mujeres indígenas porque llegamos a normalizar que nos pueden pasar estas cosas porque, como no les importamos a nadie, somos violables y asesinables. Y estamos cansadas. Eso ocurrió en 2010 y estaba sola, no pertenecía a ningún espacio colectivo indígena, ni en ningún espacio feminista. Hoy no me callaría porque pertenezco al movimiento por el buen vivir y me siento amorosamente acompañada. Ya no quiero abrazar ningún dogma, ninguna bandera nacionalista que permita el maltrato y las opresiones, el mal vivir".
Las relaciones de poder y las expresiones de violencia hacia el interior de las instituciones universitarias reflejan una trama compleja. Casi siempre confluyen distintos tipos de violencia de forma simultánea, y en la mayoría de los casos actúan de manera conjunta la violencia simbólica y psicológica, con dimensiones racistas cuando se trata de mujeres indígenas. La visibilización, erradicación y reparación de cada uno de estos actos depende de la institución, pero las mujeres están ante un escenario universitario que aún no se desprende por completo de la matriz patriarcal.
La modalidad de violencia laboral también está presente, con sobrecarga de tareas para las mujeres, la desvalorización en los espacios de intercambio y gestión y la persistencia del techo de cristal.
Para las mujeres indígenas, la violencia de las trayectorias académicas se suma a otras trayectorias sociales donde ven reforzados estereotipos culturales de género y racismo. Muchas han sufrido la exclusión histórica de espacios institucionales o servicios públicos, incluida la educación.
En este sentido, también son víctimas de violencia psicológica y simbólica -como los tipos de violencia más registrados en las universidades-, pero con componentes raciales y discursos que violentan sus identidades.
Si los protocolos son insuficientes para erradicar la violencia de género, para las mujeres indígenas la situación es peor, ya que no se registran intentos sistemáticos de reconocer la doble e incluso triple violencia que demanda la mirada interseccional de los feminismos. Es la voz que le dijo a Millán que no tenía sentido denunciar, pero institucionalizada.
De la Reforma a la tercera ola
El boom del feminismo contemporáneo apenas está por alcanzar la década, si se toma el primer Ni una Menos como "inicio". Todavía no se indaga profundamente sobre las violencias machistas en las universidades. Se visibilizan hitos en cada casa de estudios que resuenan y, en ocasiones, motivan a otras denuncias que estaban ocultas o bien a la aplicación de protocolos dormidos.
Muchos de los interrogantes, avances y debates están en la misma producción académica de las mujeres. Producción que también es cuestionada por otras tramas e intersecciones.
En 1918 Argentina fue un espejo para la educación universitaria latinoamericana, impulsando la Reforma Universitaria, que marcaría un hito para las y los estudiantes venideros, marcando un claro camino democrático. La incorporación de mujeres y su consiguiente participación activa en la producción y reproducción de conocimiento fue paulatina, y requirió revisar los cimientos sobre los cuales se constituyeron las universidades y sus respectivas reformas.
Para las integrantes de RUGE, así como para muchas colectivas feministas, estamos ante una "segunda gran reforma del sistema universitario", que deberá ser capaz de incorporar la mirada de género interseccional, los discursos y la praxis feminista que desde hace varios años copan las calles.
En el marco de la celebración del centenario de la Reforma, RUGE recuperó el histórico Manifiesto de los estudiantes, pero en clave feminista, y expresó: "una universidad más libre y democrática tiene por objetivo insoslayable sostener la igualdad de género como principio rector de los vínculos que se dan en el seno de su comunidad.
Remarcaron que "las investigadoras, las trabajadoras docentes y trabajadoras no docentes venimos sosteniendo una lucha incansable porque en la educación superior haya un reconocimiento pleno de los derechos de todas las identidades sexo-genéricas".
Parafraseando el manifiesto, "las feministas de las universidades, por intermedio de su red, saludamos a los compañeros y las compañeras de la América toda y les incitamos a colaborar en la obra de libertad que inicia".
Por Lola Sánchez
2015, año del primer "Ni una Menos", generó cambios en todos los espacios sociales. En el ámbito universitario, la aplicación de políticas públicas de género se profundizó en 2018 con la creación de RUGE (Red Universitaria por la Igualdad de Género y contras las Violencias). Hoy varias de las universidades más importantes del país tienen protocolos reglamentados, pero esto no asegura que haya momentos en los que el poder, la misoginia y el racismo se crucen violentamente. La reciente denuncia de Moira Millán contra el prestigioso intelectual Boaventura de Sousa Santos puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres frente a las figuras destacadas de la Academia, y la doble vulnerabilidad de las mujeres indígenas en este sistema, cuya presencia y aporte son invisibilizados. Docentes, no docentes y estudiantes erigen sus demandas y se preguntan sobre qué prejuicios está cimentado el prestigio académico.
Las propuestas en materia de género son relativamente nuevas en cuanto a su instrumentalización sistemática, pero son parte de un camino iniciado a principios del siglo XX con las primeras universitarias.
De las redes feministas a los protocolos
Los orígenes de la formación universitaria descansan sobre una política que durante años excluyó a las mujeres, quienes debieron incorporarse lentamente. En la última década, de la mano con la movilización de mujeres y diversidades, se institucionalizaron las políticas de género y el feminismo se convirtió en objeto de debate académico.
La construcción de redes universitarias y feministas en la región, junto a proyectos de investigación, extensión y gestión, y el avance de docentes y estudiantes, permitió que las instituciones universitarias comenzaron a adquirir espacios para afrontar las violencias de género y garantizar la participación de mujeres y disidencias.
Estas acciones no revierten, de manera mágica, el rol de las instituciones en una sociedad profundamente patriarcal, que todavía expresa violentas reacciones ante el movimiento feminista. Tanto las investigaciones como los testimonios de las mujeres señalan la persistencia de roles y espacios delimitados por género, violencias físicas, psicológicas y simbólicas, asimetría de poder y obstáculos para el ascenso laboral/académico.
La violencia no se ejerce sólo contra estudiantes, ya que también son víctimas mujeres que mantienen puestos educativos jerárquicos, docentes y no docentes. La situación se agrava cuando la violencia es ejercida hacia una mujer con menor posición jerárquica. Sin embargo, se registraron casos de violencia hacia docentes o autoridades de mayor jerarquía, escenarios signados por la violencia simbólica y política.
¿Dónde están los protocolos?
Los protocolos contra la violencia de género establecen pautas para prevenir y sancionar administrativamente los casos de violencia en el ámbito universitario. Su incorporación es relativamente reciente: la primera universidad en incorporar esta herramienta fue la Universidad Nacional del Comahue en 2014. Le siguieron otras, con un aumento exponencial entre 2017 y el 2019, con un crecimiento de 30% en la creación de protocolos. En la actualidad, 70% del sistema universitario dispone de esta herramienta, según una sistematización de RUGE (2014-2020). Algunas universidades están en proceso de aprobar protocolos, mientras que otras no tienen ningún tipo de política de género en sus facultades.
2017 fue el año con más protocolos aprobados, un proceso que da cuenta de la masividad del movimiento feminista a partir 2015 con el primer "Ni Una Menos", que paulatinamente fue impulsando cambios institucionales. La presencia de un protocolo es tan sólo una herramienta del sistema, y hoy los reclamos también apuntan a políticas universitarias diagramadas con perspectiva de género. Según datos de RUGE, 75% de los programas de género universitarios no cuenta con presupuesto propio, lo que evidencia la presencia de políticas de género como un espacio secundario.
Y si bien el 81% de las instituciones relevadas adhirieron a la Ley Micaela, sólo el 50% realizó capacitaciones.
Carla Fernández, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Ruge, advirtió que "Las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento". Además, sostuvo que "no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes". Igualmente se refiere a muchos obstáculos "en circuitos administrativo-jurídicos", un panorama conocido para las mujeres que denuncian violencia en cualquier ámbito. En este sentido, subrayó que "los protocolos deben estar acompañados por acciones que transformen la cultura institucional y las prácticas de convivencia".
Otro indicador central en el relevamiento de RUGE es el grado de jerarquización que vienen adquiriendo los espacios de género en las universidades. En los últimos años, el 75% creó un espacio de gestión de políticas de género: más de la mitad son de dirección, Programa, Coordinación o Consejería (55,8%), es decir, un grado de institucionalización medio; el 37,2% son Observatorios, Comisiones, Comités y Mesas de trabajo, lo que marca un grado de institucionalización bajo; y, en menor medida, el 7% son espacios de mayor jerarquía tales como Secretarías, Subsecretarías y áreas específicas.
Acoso y violencia simbólica
La tipología de los tipos de violencia contemplada en los protocolos es la misma que en la Ley 26.485, que contempla la violencia física, sexual, económica y simbólica, y de las modalidades en que estas violencias pueden presentarse, para los protocolos es especialmente relevante la modalidad institucional y laboral.
En general, en las universidades prevalecen las descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación al cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género y los comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades.
A nivel general, los valores más altos de violencia y acoso sexual grave se encuentran en el grupo de personal no-docente, mientras que son las estudiantes quienes padecen en mayor medida situaciones de violencia simbólica y psicológica.
Pese a que la Ley 26.485 brinda un marco jurídico para reconocer y sancionar cada tipo de violencia, algunas modalidades en concreto todavía se encuentran en un estado de fronteras conceptuales borrosas, lo que dificulta enormemente su reconocimiento.
Por ejemplo, el acoso sexual (Art. 5, inciso 3) establece una definición sobre violencia de tipo sexual y no aclara nada al respecto de otras conductas que se entenderían por acoso. Por otra parte, y al menos en Argentina, escasean las investigaciones sobre la noción de acoso dentro del ámbito universitario. No sólo es una forma de violencia muy común en estos espacios, sino que es una de las categorías menos centralizadas en materia normativa, ya que existen regulaciones locales y para determinados sectores de trabajo. El único instrumento son los protocolos que, dependiendo de la institución, van incorporando el acoso y otras acciones como hechos de violencia.
El caso de Moira Millán: raíces misóginas y racistas de la Academia
Hace un mes, la weychafe y activista mapuche Moira Millán expresó públicamente que en 2010 había sufrido una violación por parte de Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués y "gurú" académico de la izquierda. A su testimonio se sumaron otros relatos de jóvenes investigadoras de la universidad portuguesa de Coimbra -donde el acusado se desempeñaba- que lo acusaban de abuso de poder y maltrato institucional. La denuncia de Millán -que adelantó que seguirá su curso por la vía penal cuando pueda viajar a Portugal-revivió un debate sobre el rol de los académicos -mayoritariamente varones y blancos- en las instituciones y su consiguiente impunidad ante hechos como éste. De hecho, Millán reveló que algunas organizaciones y personalidades de la Academia tomaron conocimiento del abuso y prefirieron mantenerlo en silencio.
Millán relató que su primer encuentro con De Sousa Santos se produjo en 2010 en Portugal, en ocasión de un Conversatorio de la Universidad Lusófona. Tras una conferencia en Coimbra, de Sousa Santos la invitó a cenar a uno de los restaurantes de su familia.
"Comenzó a beber mucho y a decir cosas desubicadas para ‘coquetear'", recuerda Millán. Al día siguiente le dijo que fuese a su casa para darle unos libros.
"Entramos en el apartamento, se puso cómodo y comenzó a beber whisky. Me quise ir, pero me pidió que me sentara. Lo hice, pero frente a él. Al hacerlo, él se abalanzó sobre mí y comenzó a manosearme, a querer besarme y yo le empujé e indignada le dije "¡No! Me enfadé, me quedé quieta, pero él volvió a lanzarse sobre mí y ahí yo, muy enfadada le empujé con más fuerza: tuve claro de que no me iba a dejar violar aunque fuera Boaventura", expresó Millán, quien interpeló al académico por su postura que no sólo denotaba un machismo recalcitrante, sino un racismo profundo: "Le pregunté si él se comportaba de esa manera con todas las académicas blancas o si esto solo lo había hecho conmigo, porque no era académica y era indígena. Nosotros habíamos hablado mucho de Blanca Chancoso y le dije: ‘¿También le hiciste esto a Blanca Chancoso?'"
"Que no, que por supuesto que no. Entonces le respondí: ‘¿Por qué a mí sí? ¿Por qué soy pobre?' Entonces me puse a llorar, aunque nunca lloro porque soy implacable. Soy de las que siempre digo que al enemigo ni una lágrima. Al momento, él me pidió perdón y me fui del apartamento", agrega.
Por otra parte, remarcó que le advirtieron que, si denunciaba, "este hecho lo iba a instrumentalizar la derecha porque él era el gurú de la izquierda en un momento muy delicado en Portugal. ¿Acaso un violador de izquierdas comete menos daño que si es un violador de derechas?".
El relato de Millán volvió a poner en el centro del debate feminista la necesidad de interseccionalidad en todos los ámbitos en que las mujeres y disidencias participan, demostrando que las políticas públicas de género han sido un avance, pero son apenas el inicio del camino.
"En Argentina, en general, tanto la Academia como muchas feministas argentinas han mirado para otro lado, de hecho, una académica me dijo que él hizo lo mismo en África. Y pienso, si a mí que soy mapuche, escritora y activista con cierto reconocimiento y con todas las herramientas para poder denunciar no me han brindado solidaridad, ¿qué actitud van a tener con las hermanas africanas que han sido víctimas de este señor?", cuestionó Millán.
Para la activista, se trata de una violencia sistemática que sigue siendo naturalizada: "Si no hay justicia, no hay cura. Es la falta de autoestima que tuve en ese momento y de la que siguen careciendo muchísimas mujeres indígenas porque llegamos a normalizar que nos pueden pasar estas cosas porque, como no les importamos a nadie, somos violables y asesinables. Y estamos cansadas. Eso ocurrió en 2010 y estaba sola, no pertenecía a ningún espacio colectivo indígena, ni en ningún espacio feminista. Hoy no me callaría porque pertenezco al movimiento por el buen vivir y me siento amorosamente acompañada. Ya no quiero abrazar ningún dogma, ninguna bandera nacionalista que permita el maltrato y las opresiones, el mal vivir".
Las relaciones de poder y las expresiones de violencia hacia el interior de las instituciones universitarias reflejan una trama compleja. Casi siempre confluyen distintos tipos de violencia de forma simultánea, y en la mayoría de los casos actúan de manera conjunta la violencia simbólica y psicológica, con dimensiones racistas cuando se trata de mujeres indígenas. La visibilización, erradicación y reparación de cada uno de estos actos depende de la institución, pero las mujeres están ante un escenario universitario que aún no se desprende por completo de la matriz patriarcal.
La modalidad de violencia laboral también está presente, con sobrecarga de tareas para las mujeres, la desvalorización en los espacios de intercambio y gestión y la persistencia del techo de cristal.
Para las mujeres indígenas, la violencia de las trayectorias académicas se suma a otras trayectorias sociales donde ven reforzados estereotipos culturales de género y racismo. Muchas han sufrido la exclusión histórica de espacios institucionales o servicios públicos, incluida la educación.
En este sentido, también son víctimas de violencia psicológica y simbólica -como los tipos de violencia más registrados en las universidades-, pero con componentes raciales y discursos que violentan sus identidades.
Si los protocolos son insuficientes para erradicar la violencia de género, para las mujeres indígenas la situación es peor, ya que no se registran intentos sistemáticos de reconocer la doble e incluso triple violencia que demanda la mirada interseccional de los feminismos. Es la voz que le dijo a Millán que no tenía sentido denunciar, pero institucionalizada.
De la Reforma a la tercera ola
El boom del feminismo contemporáneo apenas está por alcanzar la década, si se toma el primer Ni una Menos como "inicio". Todavía no se indaga profundamente sobre las violencias machistas en las universidades. Se visibilizan hitos en cada casa de estudios que resuenan y, en ocasiones, motivan a otras denuncias que estaban ocultas o bien a la aplicación de protocolos dormidos.
Muchos de los interrogantes, avances y debates están en la misma producción académica de las mujeres. Producción que también es cuestionada por otras tramas e intersecciones.
En 1918 Argentina fue un espejo para la educación universitaria latinoamericana, impulsando la Reforma Universitaria, que marcaría un hito para las y los estudiantes venideros, marcando un claro camino democrático. La incorporación de mujeres y su consiguiente participación activa en la producción y reproducción de conocimiento fue paulatina, y requirió revisar los cimientos sobre los cuales se constituyeron las universidades y sus respectivas reformas.
Para las integrantes de RUGE, así como para muchas colectivas feministas, estamos ante una "segunda gran reforma del sistema universitario", que deberá ser capaz de incorporar la mirada de género interseccional, los discursos y la praxis feminista que desde hace varios años copan las calles.
En el marco de la celebración del centenario de la Reforma, RUGE recuperó el histórico Manifiesto de los estudiantes, pero en clave feminista, y expresó: "una universidad más libre y democrática tiene por objetivo insoslayable sostener la igualdad de género como principio rector de los vínculos que se dan en el seno de su comunidad.
Remarcaron que "las investigadoras, las trabajadoras docentes y trabajadoras no docentes venimos sosteniendo una lucha incansable porque en la educación superior haya un reconocimiento pleno de los derechos de todas las identidades sexo-genéricas".
Parafraseando el manifiesto, "las feministas de las universidades, por intermedio de su red, saludamos a los compañeros y las compañeras de la América toda y les incitamos a colaborar en la obra de libertad que inicia".
