Comunidades diaguitas denuncian atropellos de minerasEn el proyecto Alto El Mulato, de explotación de oro. El yacimiento está ubicado en una de las mayores reservas de la Biósfera de Argentina.
El lunes, representantes de comunidades que integran la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Tinogasta, denunciarán, una vez más ante al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el "desconocimiento y violación" de derechos básicos por parte del gobierno de la provincia de Catamarca, "la Fiscalía de Belén y la Empresa Minera Elevado Gold S.A", para implementar un sitio de explotación minera de oro con el proyecto Alto El Mulato.
Hasta ahora, el INAI actualmente a cargo de Alejandro Marmoni, no respondió ninguno de los pedidos realizados por las comunidades. Para este nuevo intento, varios de los integrantes de las comunidades diaguitas caminaron dos días hasta llegar a puestos donde conectarse con movilidad vehicular; de ahí se trasladaron hasta la ciudad de Belén en Catamarca, y recién así pudieron emprender viaje a Buenos Aires.
En diálogo con Catamarca/12, la abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la Unión dijo que "el principal problema es que el gobierno provincial está determinado a llevar a cabo un proyecto minero en territorio de la Comunidad Indígena de Peñas Negras no sólo sin el consentimiento de la comunidad, sino sin que haya tenido lugar una consulta previa, libre e informada conforme a los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
La comitiva está encabezada por el cacique Sebastián Gutiérrez de la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la Cacica Mabel Gutiérrez de la Comunidad Indígena de Laguna Blanca, ambas comunidades pertenecientes a la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, junto a otros referentes de comunidades vecinas.
La comunidad de Peñas Negras se encuentra dentro de la extensión de Laguna Blanca, protegida como Reserva de la Biosfera por la Unesco y como Sitio Ramsar, por la Convencion de Protección de Humedales, que aplica el gobierno nacional tras la adhesión a protocolos de protección ambiental internacionales.
Morales resaltó que el gobierno provincial "no sólo ha otorgado la concesión y permisos de exploración a las empresas Millaray S.A. y Elevado Gold S.A. sin la consulta previa a la comunidad, sino que ha permitido y apoyado incluso la acción violenta de los representantes de estas empresas, que pretendían entrar al territorio de la comunidad por la fuerza, acompañados por la policía de la provincia, y que llegaron a montar incluso un campamento minero en el límite del territorio comunitario, por lo que durante meses los comuneros tuvieron que organizar rondas comunitarias para cuidar sus cerros".
A todo esto, los comuneros "fueran imputados penalmente por defender su territorio según sus derechos constitucionalmente reconocidos (llegando incluso a la detención del propio Cacique)", señaló.
La abogada indicó: "El daño social que han producido el Gobierno y la empresa, en estos dos años, en el tejido social de la región es terrible, perturbando la vida en comunidad y desatando el conflicto entre las comunidades y al interior de ellas".
"Lo que la Comunidad le está solicitando al gobernador -afirmó- es que cumplan con la legislaciones vigentes; que se realice la Consulta prevista por ley; y que el INAI intervenga en este asunto y deje de ser cómplice de esta situación que significa un retraso respecto a los avances conseguidos en materia de reconocimiento indígena que ha venido teniendo la Argentina".
La concesión y los permisos fueron otorgados a las empresas mineras Millaray S.A. (concesionaria) y Elevado Gold (operador minero) "que pareciera ser la misma empresa que antes tenía la concesión, Buena Vista Gold S.A., sólo que con otro nombre, y que también había generado situaciones de conflicto territorial", explicó Morales.
Con respecto a estas empresas, "mucho no sabemos, excepto por las denuncias hechas por sus en contra de los comuneros indígenas, y son personas domiciliadas la provincia de San Juan y otros de nacionalidad chilena".
La reserva de la Biósfera es una de las pocas en el mundo, ya que su rango reconoce e impulsa la protección ambiental y del patrimonio socio-cultural únicos que alberga.
A esto, Morales explicó que la región de Laguna Blanca conforma una cuenca hídrica cerrada "en el que los cursos de agua están conectados y desembocan en la laguna del mismo nombre, con lo que una explotación de oro y cobre en Alto El Mulato a la escala de Minera Alumbrera acarrearía un gravísimo daño a la vida en la región".
Esta situación ya había sido evaluada por el exjuez provincial de Minas, Raúl Cerda, cuando en el año 2007 resolvió prohibir todo permiso y concesión minera en el área de la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca.
Para Morales "un emprendimiento de estas características afectaría, además, las comunidades de Jasimaná y Pampa Llana, en Salta, que limitan con el territorio de la Comunidad de Peñas Negras".
Para la extracción del oro y cobre, se deberían "dinamitar los cerros en los que habitan las familias comuneras con su hacienda, además del gigantesco consumo de agua que ello supondría, secando las vegas, vertientes y cursos de agua", explicó.
"De ninguna manera se trata de una minería ‘compatible' con el modo de vida tradicional campesino", como expresa el Gobierno, señaló.
Por otro lado, Morales enfatizó: "Si en la etapa misma del estudio de impacto socioambiental, el Gobierno ha intervenido en forma tan violenta, desconociendo y vulnerando los derechos indígenas y produciendo un conflicto social entre las comunidades, ¿que garantías podemos tener de que, una vez instalada la empresa, se busque resguardar los derechos ambientales?".
Fuente: Página/12
En el proyecto Alto El Mulato, de explotación de oro. El yacimiento está ubicado en una de las mayores reservas de la Biósfera de Argentina.
El lunes, representantes de comunidades que integran la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Tinogasta, denunciarán, una vez más ante al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el "desconocimiento y violación" de derechos básicos por parte del gobierno de la provincia de Catamarca, "la Fiscalía de Belén y la Empresa Minera Elevado Gold S.A", para implementar un sitio de explotación minera de oro con el proyecto Alto El Mulato.
Hasta ahora, el INAI actualmente a cargo de Alejandro Marmoni, no respondió ninguno de los pedidos realizados por las comunidades. Para este nuevo intento, varios de los integrantes de las comunidades diaguitas caminaron dos días hasta llegar a puestos donde conectarse con movilidad vehicular; de ahí se trasladaron hasta la ciudad de Belén en Catamarca, y recién así pudieron emprender viaje a Buenos Aires.
En diálogo con Catamarca/12, la abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la Unión dijo que "el principal problema es que el gobierno provincial está determinado a llevar a cabo un proyecto minero en territorio de la Comunidad Indígena de Peñas Negras no sólo sin el consentimiento de la comunidad, sino sin que haya tenido lugar una consulta previa, libre e informada conforme a los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
La comitiva está encabezada por el cacique Sebastián Gutiérrez de la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la Cacica Mabel Gutiérrez de la Comunidad Indígena de Laguna Blanca, ambas comunidades pertenecientes a la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, junto a otros referentes de comunidades vecinas.
La comunidad de Peñas Negras se encuentra dentro de la extensión de Laguna Blanca, protegida como Reserva de la Biosfera por la Unesco y como Sitio Ramsar, por la Convencion de Protección de Humedales, que aplica el gobierno nacional tras la adhesión a protocolos de protección ambiental internacionales.
Morales resaltó que el gobierno provincial "no sólo ha otorgado la concesión y permisos de exploración a las empresas Millaray S.A. y Elevado Gold S.A. sin la consulta previa a la comunidad, sino que ha permitido y apoyado incluso la acción violenta de los representantes de estas empresas, que pretendían entrar al territorio de la comunidad por la fuerza, acompañados por la policía de la provincia, y que llegaron a montar incluso un campamento minero en el límite del territorio comunitario, por lo que durante meses los comuneros tuvieron que organizar rondas comunitarias para cuidar sus cerros".
A todo esto, los comuneros "fueran imputados penalmente por defender su territorio según sus derechos constitucionalmente reconocidos (llegando incluso a la detención del propio Cacique)", señaló.
La abogada indicó: "El daño social que han producido el Gobierno y la empresa, en estos dos años, en el tejido social de la región es terrible, perturbando la vida en comunidad y desatando el conflicto entre las comunidades y al interior de ellas".
"Lo que la Comunidad le está solicitando al gobernador -afirmó- es que cumplan con la legislaciones vigentes; que se realice la Consulta prevista por ley; y que el INAI intervenga en este asunto y deje de ser cómplice de esta situación que significa un retraso respecto a los avances conseguidos en materia de reconocimiento indígena que ha venido teniendo la Argentina".
La concesión y los permisos fueron otorgados a las empresas mineras Millaray S.A. (concesionaria) y Elevado Gold (operador minero) "que pareciera ser la misma empresa que antes tenía la concesión, Buena Vista Gold S.A., sólo que con otro nombre, y que también había generado situaciones de conflicto territorial", explicó Morales.
Con respecto a estas empresas, "mucho no sabemos, excepto por las denuncias hechas por sus en contra de los comuneros indígenas, y son personas domiciliadas la provincia de San Juan y otros de nacionalidad chilena".
La reserva de la Biósfera es una de las pocas en el mundo, ya que su rango reconoce e impulsa la protección ambiental y del patrimonio socio-cultural únicos que alberga.
A esto, Morales explicó que la región de Laguna Blanca conforma una cuenca hídrica cerrada "en el que los cursos de agua están conectados y desembocan en la laguna del mismo nombre, con lo que una explotación de oro y cobre en Alto El Mulato a la escala de Minera Alumbrera acarrearía un gravísimo daño a la vida en la región".
Esta situación ya había sido evaluada por el exjuez provincial de Minas, Raúl Cerda, cuando en el año 2007 resolvió prohibir todo permiso y concesión minera en el área de la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca.
Para Morales "un emprendimiento de estas características afectaría, además, las comunidades de Jasimaná y Pampa Llana, en Salta, que limitan con el territorio de la Comunidad de Peñas Negras".
Para la extracción del oro y cobre, se deberían "dinamitar los cerros en los que habitan las familias comuneras con su hacienda, además del gigantesco consumo de agua que ello supondría, secando las vegas, vertientes y cursos de agua", explicó.
"De ninguna manera se trata de una minería ‘compatible' con el modo de vida tradicional campesino", como expresa el Gobierno, señaló.
Por otro lado, Morales enfatizó: "Si en la etapa misma del estudio de impacto socioambiental, el Gobierno ha intervenido en forma tan violenta, desconociendo y vulnerando los derechos indígenas y produciendo un conflicto social entre las comunidades, ¿que garantías podemos tener de que, una vez instalada la empresa, se busque resguardar los derechos ambientales?".
Fuente: Página/12
