Carriqueo: "Ni Cristina ni Bullrich quieren frenar el extractivismo; solo lo pueden hacer los pueblos indígenas"Entrevista de Lola Sánchez
Orlando Carriqueo, quien fue hasta principios de este año el Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, advirtió en diálogo con El Extremo Sur que seguirán recrudeciendo las violencias en el marco de las demandas territoriales indígenas ante la necesidad imperiosa de apelar al diálogo como herramienta política.
Si bien el conflicto más visible es el de Villa Mascardi, Carriqueo explica que hay más de 140 conflictos en la provincia de Río Negro. "Si bien en Río Negro la línea de Alberto Weretilneck tiene la continuidad, en la cuestión extractiva, el litio, el uranio, el hidrógeno verde, todos los sectores políticos están juntos. Están en tensión los territorios en Argentina", apunta Carriqueo.
De hecho, el gobernador nuevamente electo, Alberto Weretilneck, forma parte del grupo rionegrino que en 2021 apuntó contra el Pueblo Mapuche como autor de los incendios que devastaron la Comarca, en un intento de descalificación de los reclamos que encabezaban.
Desde 2015 se discute la idea de consolidar un Partido Mapuche, pero a la luz de los conflictos no es una prioridad sino un "horizonte". "Ni Cristina ni Bullrich quieren frenar el extractivismo, ni ningún presidente que asuma el 10 de diciembre. Si hay alguna posibilidad de frenar el extractivismo descarado, que implica una discusión social también, va a ser mediante plataformas políticas ligadas a pueblos indígenas", sostiene Carriqueo, quien apuesta al diálogo como herramienta política: "Es necesario hablar de otros conflictos que pueden ser muy graves en términos de vidas".
¿De qué manera han escalado los conflictos territoriales en la provincia? ¿Hay posibilidades de negociación?
El conflicto más visible -aunque no es el único- es el de Mascardi, con la situación de la prisión preventiva de 4 mujeres con sus hijos e hijas, ya habiendo cumplido el mínimo de pena para el delito que se le acusa. Venimos denunciando la situación ante organismos de Derechos Humanos, organismos internacionales. Esto marca claramente el racismo estructural de la Justicia y la violencia institucional. En diciembre tuvimos diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos, INADI, Parques Nacionales, el Ministerio de Seguridad para resolver ese conflicto puntual, pero se ha extendido la discusión. Es una discusión política, no le llamaría "mesa de negociación", porque en realidad nosotros no negociamos nada, estamos discutiendo una demanda historica de un genocidio que el Estado no ha reconocido.
¿Hay dimensión y visibilización de la discusión territorial que llevan adelante?
La discusión territorial, que es una de las principales problemáticas de la provincia de Río Negro y la Patagonia, no tiene visibilidad. Eso viene con una responsabilidad de un genocidio que no está reconocido, entonces no se puede reparar. Por eso las discusiones territoriales llevan tanta intervención de sectores de la derecha, y de sectores más progresistas, en algunos casos, que todavía no entienden cuál es la discusión que estamos dando. La situación es compleja y se puede complejizar más porque no sólo hay un conflicto. Tenemos el conflicto de Quemquemtrew, con el juicio pronto a iniciar, el caso del Lof Antual Albornoz, Calafquen, tenemos conflicto con las mineras, con el proyecto de hidrógeno verde. Hay más de 140 conflictos en la provincia de Río Negro, algunos en la Justicia, esperando que se termine el relevamiento, otros en proceso, frenados por el poder político. Hay muchos conflictos, poca información y mucha tergiversación. Es difícil la situación hoy y puede ser más difícil en los próximos tiempos.
Ahora que se consolida la continuidad de Juntos Somos Río Negro, ¿qué alternativas se plantean en el plano político? ¿Hay plataformas electorales que representen los intereses de los Pueblos Indígenas?
La izquierda puede tener un acercamiento, pero tampoco es la política que nosotros planteamos, no está representada por ningún partido político. Si bien Somos Río Negro tiene la continuidad, en la cuestión extractiva, el litio, el uranio, el hidrógeno verde, están todos juntos. Están en tensión los territorios en Argentina. En Rio Negro uno puede ver que los conflictos se manifiestan porque hay una organización como la Coordinadora Mapuche Tehuelche y comunidades que no son de la organización en la misma línea, estamos en una misma idea política de defender el territorio.
¿Creés que hoy es urgente una discusión más profunda sobre las políticas que sostienen al país?
La necesidad de una discusión política más amplia tiene que ver con el hecho de que los territorios están en tensión por parte del extractivismo, por la idea política de pagar una deuda externa claramente fraudulenta, y si uno lo analiza en otros términos, es colonialismo. Nosotros estamos discutiendo el territorio, no solo para el pueblo mapuche, sino para una sociedad que puede ser no mapuche pero necesita un territorio sano, que le permita proyectarse para los próximos años. Si uno analiza lo que está pasando en otros países del Abya Yala como Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, hay gran protagonismo de organizaciones indígenas. En los países más adelantados en este tema, como Guatemala, las organizaciones construyen sus herramientas propias de representación política. Yo no creo que ni Cristina ni Bullrich quieran frenar el extractivismo, ni ningún presidente que asuma el 10 de diciembre. Evidentemente si hay alguna posibilidad de frenar el extractivismo descarado, que implica una discusión social también, va a ser mediante plataformas políticas ligadas a pueblos indígenas.
Se viene discutiendo la necesidad de consolidar un Partido Mapuche. ¿En qué estado se encuentra esa discusión? ¿Hay posibilidades de plantearlo en esta coyuntura?
Hoy no es una prioridad, creo que estamos en un momento de discusión territorial, pero es un horizonte. Por más que nosotros nos enfrentemos, que paguemos costos en vidas, la única posibilidad de salir de esta situación y de reparar, es ir a buscar la representación política. Es algo que se viene discutiendo desde 2015 pero que no ha tenido el carácter y la fortaleza que puede tomar en los próximos tiempos. Va a ser siempre una decisión colectiva. Implica una responsabilidad frente a la sociedad. Lo que no se habla en este recambio de la matriz energética en el mundo, es que si las sociedades tienen el grado de consumo que tienen hoy, no hay recambio que aguante. Eso va de la mano de la discusión territorial, en las ciudades, si uno no tiene trabajo para vivir y sustentarse, la única posibilidad de combatir eso es estar en el territorio y tener algo de sustento propio.
En 2021 anunciaste que la provincia de Río Negro sería denunciada ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se agotaron todos los recursos en el plano nacional?
Nosotros como organización nos planteamos internacionalizar el conflicto, hemos llegado a la comisión por varios casos, hemos hecho esas presentaciones al relator de Naciones Unidas de Cuestiones Indígenas, Francisco Caly Tzaí. Todos los organismos internacionales están al tanto de lo que está pasando. Ir a juicio es cuestión de tener los elementos y tener un abogado capaz de hacer un armado con el suficiente peso para presentar una demanda a la Corte Interamericana por incumplimiento del derecho indigena, por desconocer el Convenio 169 y la Constitución. Tenemos muchos conflictos territoriales y estamos tratando de buscar herramientas para sostener eso. A veces la prioridad no es presentar una denuncia en la Corte que va a estar 10 años dando vueltas. Y también hay que hacer crítica a organismos internacionales, porque te reciben la denuncia y no tienen elementos de presión. Lo más difícil es tener que entender y aceptar que si no hay un canal de diálogo posible con los pueblos indígenas, en Latinoamérica, se va a pasar a la violencia muy rápidamente. Después de la violencia es muy difícil retornar, deja cicatrices, por más que uno no quiera van a estar. Hay que buscar la discusión social. La realidad es que hace 140 años se produjo un genocidio, una ocupación territorial por parte del Estado, y eso ha generado los problemas que hoy tenemos. Si eso no se discute, es difícil abrir otras discusiones.
¿Cómo analizás la situación a corto y mediano plazo? ¿Podría haber un freno institucional o jurídico de las violencias contra los Pueblos Originarios?
La verdad es que hoy, a la luz de lo que pasa en Latinoamérica, lo veo cada vez más difícil. Mientras Fortescue recibe 600 mil hectáreas para el Parque de hidrógeno, nosotros estamos discutiendo 10 hectáreas. Es incomprensible, enoja mucho, la opresión siempre tiene su contestación, más tarde, más temprano, esa situación va a llegar a la Argentina y es lamentable. Hoy la decisión la tienen que tomar los gobiernos. Es muy difícil lamentar víctimas, hoy estamos lamentando víctimas, en 2017 Rafael Nahuel, el año pasado Elías Garay. Es necesario hablar de otros conflictos que pueden ser muy graves en términos de vidas.
¿Lo necesario sería, entonces, volver a la posibilidad de un diálogo político?
Hay que ser más proactivos en defensa de la paz social, en defensa de una identidad que hay en la Argentina que ha construido el Frente de Todos que respeta los Derechos Humanos, hoy está fuera de la realidad, por lo menos para nosotros, no hay ningún pueblo en la Argentina que se sienta respetado por el Estado, nosotros tenemos que interpelar al Estado y la sociedad sobre los caminos a seguir. Siempre hemos tenido la palabra y el diálogo como una herramienta política que hace al entendimiento de los pueblos. No estamos pidiendo que nos devuelvan toda la Patagonia, que hace 140 años era territorio comunitario, donde vivían mis abuelos. Porque eso también hay que ponerlo en términos familiares, muchos de los abuelos de los referentes de las organizaciones vivieron la Campaña del Desierto o vivieron la Década Infame, donde la Policía Fronteriza asesinaba, violaba, se llevaba gente y niños. En términos familiares es muy cercano para nosotros.
Entrevista de Lola Sánchez
Orlando Carriqueo, quien fue hasta principios de este año el Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, advirtió en diálogo con El Extremo Sur que seguirán recrudeciendo las violencias en el marco de las demandas territoriales indígenas ante la necesidad imperiosa de apelar al diálogo como herramienta política.
Si bien el conflicto más visible es el de Villa Mascardi, Carriqueo explica que hay más de 140 conflictos en la provincia de Río Negro. "Si bien en Río Negro la línea de Alberto Weretilneck tiene la continuidad, en la cuestión extractiva, el litio, el uranio, el hidrógeno verde, todos los sectores políticos están juntos. Están en tensión los territorios en Argentina", apunta Carriqueo.
De hecho, el gobernador nuevamente electo, Alberto Weretilneck, forma parte del grupo rionegrino que en 2021 apuntó contra el Pueblo Mapuche como autor de los incendios que devastaron la Comarca, en un intento de descalificación de los reclamos que encabezaban.
Desde 2015 se discute la idea de consolidar un Partido Mapuche, pero a la luz de los conflictos no es una prioridad sino un "horizonte". "Ni Cristina ni Bullrich quieren frenar el extractivismo, ni ningún presidente que asuma el 10 de diciembre. Si hay alguna posibilidad de frenar el extractivismo descarado, que implica una discusión social también, va a ser mediante plataformas políticas ligadas a pueblos indígenas", sostiene Carriqueo, quien apuesta al diálogo como herramienta política: "Es necesario hablar de otros conflictos que pueden ser muy graves en términos de vidas".
¿De qué manera han escalado los conflictos territoriales en la provincia? ¿Hay posibilidades de negociación?
El conflicto más visible -aunque no es el único- es el de Mascardi, con la situación de la prisión preventiva de 4 mujeres con sus hijos e hijas, ya habiendo cumplido el mínimo de pena para el delito que se le acusa. Venimos denunciando la situación ante organismos de Derechos Humanos, organismos internacionales. Esto marca claramente el racismo estructural de la Justicia y la violencia institucional. En diciembre tuvimos diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos, INADI, Parques Nacionales, el Ministerio de Seguridad para resolver ese conflicto puntual, pero se ha extendido la discusión. Es una discusión política, no le llamaría "mesa de negociación", porque en realidad nosotros no negociamos nada, estamos discutiendo una demanda historica de un genocidio que el Estado no ha reconocido.
¿Hay dimensión y visibilización de la discusión territorial que llevan adelante?
La discusión territorial, que es una de las principales problemáticas de la provincia de Río Negro y la Patagonia, no tiene visibilidad. Eso viene con una responsabilidad de un genocidio que no está reconocido, entonces no se puede reparar. Por eso las discusiones territoriales llevan tanta intervención de sectores de la derecha, y de sectores más progresistas, en algunos casos, que todavía no entienden cuál es la discusión que estamos dando. La situación es compleja y se puede complejizar más porque no sólo hay un conflicto. Tenemos el conflicto de Quemquemtrew, con el juicio pronto a iniciar, el caso del Lof Antual Albornoz, Calafquen, tenemos conflicto con las mineras, con el proyecto de hidrógeno verde. Hay más de 140 conflictos en la provincia de Río Negro, algunos en la Justicia, esperando que se termine el relevamiento, otros en proceso, frenados por el poder político. Hay muchos conflictos, poca información y mucha tergiversación. Es difícil la situación hoy y puede ser más difícil en los próximos tiempos.
Ahora que se consolida la continuidad de Juntos Somos Río Negro, ¿qué alternativas se plantean en el plano político? ¿Hay plataformas electorales que representen los intereses de los Pueblos Indígenas?
La izquierda puede tener un acercamiento, pero tampoco es la política que nosotros planteamos, no está representada por ningún partido político. Si bien Somos Río Negro tiene la continuidad, en la cuestión extractiva, el litio, el uranio, el hidrógeno verde, están todos juntos. Están en tensión los territorios en Argentina. En Rio Negro uno puede ver que los conflictos se manifiestan porque hay una organización como la Coordinadora Mapuche Tehuelche y comunidades que no son de la organización en la misma línea, estamos en una misma idea política de defender el territorio.
¿Creés que hoy es urgente una discusión más profunda sobre las políticas que sostienen al país?
La necesidad de una discusión política más amplia tiene que ver con el hecho de que los territorios están en tensión por parte del extractivismo, por la idea política de pagar una deuda externa claramente fraudulenta, y si uno lo analiza en otros términos, es colonialismo. Nosotros estamos discutiendo el territorio, no solo para el pueblo mapuche, sino para una sociedad que puede ser no mapuche pero necesita un territorio sano, que le permita proyectarse para los próximos años. Si uno analiza lo que está pasando en otros países del Abya Yala como Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, hay gran protagonismo de organizaciones indígenas. En los países más adelantados en este tema, como Guatemala, las organizaciones construyen sus herramientas propias de representación política. Yo no creo que ni Cristina ni Bullrich quieran frenar el extractivismo, ni ningún presidente que asuma el 10 de diciembre. Evidentemente si hay alguna posibilidad de frenar el extractivismo descarado, que implica una discusión social también, va a ser mediante plataformas políticas ligadas a pueblos indígenas.
Se viene discutiendo la necesidad de consolidar un Partido Mapuche. ¿En qué estado se encuentra esa discusión? ¿Hay posibilidades de plantearlo en esta coyuntura?
Hoy no es una prioridad, creo que estamos en un momento de discusión territorial, pero es un horizonte. Por más que nosotros nos enfrentemos, que paguemos costos en vidas, la única posibilidad de salir de esta situación y de reparar, es ir a buscar la representación política. Es algo que se viene discutiendo desde 2015 pero que no ha tenido el carácter y la fortaleza que puede tomar en los próximos tiempos. Va a ser siempre una decisión colectiva. Implica una responsabilidad frente a la sociedad. Lo que no se habla en este recambio de la matriz energética en el mundo, es que si las sociedades tienen el grado de consumo que tienen hoy, no hay recambio que aguante. Eso va de la mano de la discusión territorial, en las ciudades, si uno no tiene trabajo para vivir y sustentarse, la única posibilidad de combatir eso es estar en el territorio y tener algo de sustento propio.
En 2021 anunciaste que la provincia de Río Negro sería denunciada ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se agotaron todos los recursos en el plano nacional?
Nosotros como organización nos planteamos internacionalizar el conflicto, hemos llegado a la comisión por varios casos, hemos hecho esas presentaciones al relator de Naciones Unidas de Cuestiones Indígenas, Francisco Caly Tzaí. Todos los organismos internacionales están al tanto de lo que está pasando. Ir a juicio es cuestión de tener los elementos y tener un abogado capaz de hacer un armado con el suficiente peso para presentar una demanda a la Corte Interamericana por incumplimiento del derecho indigena, por desconocer el Convenio 169 y la Constitución. Tenemos muchos conflictos territoriales y estamos tratando de buscar herramientas para sostener eso. A veces la prioridad no es presentar una denuncia en la Corte que va a estar 10 años dando vueltas. Y también hay que hacer crítica a organismos internacionales, porque te reciben la denuncia y no tienen elementos de presión. Lo más difícil es tener que entender y aceptar que si no hay un canal de diálogo posible con los pueblos indígenas, en Latinoamérica, se va a pasar a la violencia muy rápidamente. Después de la violencia es muy difícil retornar, deja cicatrices, por más que uno no quiera van a estar. Hay que buscar la discusión social. La realidad es que hace 140 años se produjo un genocidio, una ocupación territorial por parte del Estado, y eso ha generado los problemas que hoy tenemos. Si eso no se discute, es difícil abrir otras discusiones.
¿Cómo analizás la situación a corto y mediano plazo? ¿Podría haber un freno institucional o jurídico de las violencias contra los Pueblos Originarios?
La verdad es que hoy, a la luz de lo que pasa en Latinoamérica, lo veo cada vez más difícil. Mientras Fortescue recibe 600 mil hectáreas para el Parque de hidrógeno, nosotros estamos discutiendo 10 hectáreas. Es incomprensible, enoja mucho, la opresión siempre tiene su contestación, más tarde, más temprano, esa situación va a llegar a la Argentina y es lamentable. Hoy la decisión la tienen que tomar los gobiernos. Es muy difícil lamentar víctimas, hoy estamos lamentando víctimas, en 2017 Rafael Nahuel, el año pasado Elías Garay. Es necesario hablar de otros conflictos que pueden ser muy graves en términos de vidas.
¿Lo necesario sería, entonces, volver a la posibilidad de un diálogo político?
Hay que ser más proactivos en defensa de la paz social, en defensa de una identidad que hay en la Argentina que ha construido el Frente de Todos que respeta los Derechos Humanos, hoy está fuera de la realidad, por lo menos para nosotros, no hay ningún pueblo en la Argentina que se sienta respetado por el Estado, nosotros tenemos que interpelar al Estado y la sociedad sobre los caminos a seguir. Siempre hemos tenido la palabra y el diálogo como una herramienta política que hace al entendimiento de los pueblos. No estamos pidiendo que nos devuelvan toda la Patagonia, que hace 140 años era territorio comunitario, donde vivían mis abuelos. Porque eso también hay que ponerlo en términos familiares, muchos de los abuelos de los referentes de las organizaciones vivieron la Campaña del Desierto o vivieron la Década Infame, donde la Policía Fronteriza asesinaba, violaba, se llevaba gente y niños. En términos familiares es muy cercano para nosotros.
