Un fiscal santacruceño pidió que cuatro procesados por protestar sean acusados de "intento de femicidio"Por Máximo Paz
Luego del discurso en la casa de la gobernación, Cristina Fernández, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, participó del acto-evento por las mejoras del Hospital Regional de Río Gallegos, inaugurado en 1995 cuando Néstor Kirchner era gobernador y Carlos Menem presidente. Mientras, por un lado, los flashes del diario oficialista «La Opinión Austral» no descansaban un segundo en el acting estatal, el medio lanzó en su portal una noticia en carácter de exclusiva: «Ataque a la residencia oficial en Río Gallegos: pidieron cambiar la carátula por intento de femicidio contra Cristina y Alicia Kirchner», lo tituló.
La primicia periodística daba cuenta de que la causa por la protesta ocurrida en abril del 2017, que derivó en una pueblada en la residencia gubernamental, se encuentra en instancias de dar un decisivo vuelco. Es que según el portal «se habría pedido una nueva calificación legal del delito como tentativa de femicidio calificado, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas«.
Se trata del proceso en que se hallan imputadas cuatro personas: Juan Manuel Valentín, referente del Partido Obrero y excandidato a gobernador; Gabriela Ance, la ex secretaria de Derechos Humanos de la CTA Santa Cruz (aunque en este caso el cambio de calificación legal, por su condición de género, sería a tentativa de homicidio); Claudio Wasquin, exsecretario adjunto de la CTA Santa Cruz; y el exreferente del gremio docente ADOSAC, Diego Barrionuevo. Hasta el momento, la calificación de las y los inculpados es por "violación de domicilio".
El cambio de carátula fue a petición del Fiscal de Cámara subrogante Federico Heinz. El funcionario arguye que hubo una premeditación de algunos de los protagonistas de la pueblada ocurrida entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril del 2017. También indica que estos tenían pleno conocimiento por medios nacionales y provinciales que en esos momentos se hallaban en aquél domicilio la gobernadora Alicia Kirchner y la expresidenta.
También argumenta que la mayoría de los manifestantes presentes aquella noche lo realizó sobre la vereda, desde afuera, mientras que, entre otros, los ahora acusados de intento de femicidio llegaron a entrar al jardín del domicilio gubernamental.
Aquella jornada de abril fue coronada por una represión ejercida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos a los docentes, jubilados y trabajadores que protestaban. Como resultado de la represión hubo varios heridos y, subsiguientemente, los cuatro referentes sociales imputados y procesados.
La reciente medida legal se da en momentos donde el conflicto por mejoras salariales, edilicias y de contenido pedagógico entre trabajadores de la educación y mandatarios provinciales se encuentra en plena escalada. Dentro del ciclo lectivo 2023, iniciado hace tres meses, las y los docentes llevan más de 50 días de huelga.
Ese mismo día, teñido por la visita de Cristina, las y los trabajadores de la educación santacruceños se habían plegado a la Jornada Nacional de Lucha convocada por sindicatos combativos, seccionales de base y colectivos de docentes autoconvocados tales como la mismísima Adosac, Ademys (CABA), ATECh (Chubut), la asamblea provincial de docentes autoconvocados de Salta, FND, la Federación Sitech, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) (Misiones), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) y la Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM), entre otras.
La medida de protesta visibilizó los distintos conflictos que suceden en muchas de las provincias que abarcan el territorio nacional. Las y los docentes patagónicos optaron por enviar una comitiva al acto central de la jornada realizado en las puertas del Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia, también se movilizaron.
"La cuestión salarial es fundamental, sobre todo con una canasta básica total que en la provincia está rondando los 120 mil pesos, inicialmente. Pero estamos muy preocupados también por la cuestión edilicia, sobre la cuestión laboral y sobre todo la cuestión pedagógica. Creo que la repitencia (en referencia a la disposición educativa de la provincia donde se permite que un alumno pase de año a pesar de que las bajas calificaciones no lo permitan) no es la solución en lo absoluto. Ese ha sido el objetivo concreto del gobierno de Alicia Kirchner, de nublar o tapar la realidad", aseguró el titular del gremio en declaraciones a Cadena 3.
Otros puntos reivindicativos que engordan el conflicto se trata del faltante de alimentos en los comedores escolares y los autoritarios descuentos salariales, multas y sanciones legales de la gobernadora ante el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
A caballo de la protesta, y desayunados de la primicia periodística, Adosac rechazó de lleno la publicación del diario a través de un comunicado.
Allí la asociación docente denunció que «justo hoy (por anteayer) donde nuestros compañeros participan de una Jornada Nacional de Lucha, el diario oficialista saca en tapa ‘Ataque a la residencia oficial en Río Gallegos: pidieron cambiar la carátula por intento de femicidio contra Cristina y Alicia Kirchner'», para agregar que "más allá de los aspectos legales que desarrollan en la nota, repudiamos este intento de querer profundizar la criminalización de la protesta social".
A su vez, el comunicado evidenció lo que ellos entienden como una operación política, al revelar que "con esta forma pretenden silenciar el conflicto docente por aumento salarial que viene aconteciendo semana a semana y donde no aparece ninguna solución a nuestros planteos como organización sindical".
Además, el gremio comparó a la titular gubernamental con su par jujeño, Gerardo Morales, al asegurar que "los gobiernos de Santa Cruz y Jujuy quieren coartar los reclamos sociales y salariales mediante una justicia adicta, criminalizando las protestas".
En ese sentido, el comunicado expresó que "esa misma justicia que tiene hace siete años procesados a nuestros compañeros hoy con plena intencionalidad política cuando la vicepresidenta se presenta en un acto en Río Gallegos pretenden sin ningún sustento fáctico cambiar la carátula como femicidio. Cuando son los sectores de poder que están sospechados de este tipo de crímenes como sucede en Chaco".
El gremio agregó luego que "cuando los gobiernos son de derecha, reprimen de diferentes formas", a través de las fuerzas policiales o de reformas legislativa para "doblegar a través de leyes, decretos y todo lo que esté a su alcance para oprimir y disciplinar".
Finalmente, la asociación reclamó el cese del hostigamiento y que se deje de "criminalizar la protesta social". Por ello, en el comunicado demandó la "absolución de Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentin y Gabriela Ance".
Fuente: ANRed
Por Máximo Paz
Luego del discurso en la casa de la gobernación, Cristina Fernández, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, participó del acto-evento por las mejoras del Hospital Regional de Río Gallegos, inaugurado en 1995 cuando Néstor Kirchner era gobernador y Carlos Menem presidente. Mientras, por un lado, los flashes del diario oficialista «La Opinión Austral» no descansaban un segundo en el acting estatal, el medio lanzó en su portal una noticia en carácter de exclusiva: «Ataque a la residencia oficial en Río Gallegos: pidieron cambiar la carátula por intento de femicidio contra Cristina y Alicia Kirchner», lo tituló.
La primicia periodística daba cuenta de que la causa por la protesta ocurrida en abril del 2017, que derivó en una pueblada en la residencia gubernamental, se encuentra en instancias de dar un decisivo vuelco. Es que según el portal «se habría pedido una nueva calificación legal del delito como tentativa de femicidio calificado, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas«.
Se trata del proceso en que se hallan imputadas cuatro personas: Juan Manuel Valentín, referente del Partido Obrero y excandidato a gobernador; Gabriela Ance, la ex secretaria de Derechos Humanos de la CTA Santa Cruz (aunque en este caso el cambio de calificación legal, por su condición de género, sería a tentativa de homicidio); Claudio Wasquin, exsecretario adjunto de la CTA Santa Cruz; y el exreferente del gremio docente ADOSAC, Diego Barrionuevo. Hasta el momento, la calificación de las y los inculpados es por "violación de domicilio".
El cambio de carátula fue a petición del Fiscal de Cámara subrogante Federico Heinz. El funcionario arguye que hubo una premeditación de algunos de los protagonistas de la pueblada ocurrida entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril del 2017. También indica que estos tenían pleno conocimiento por medios nacionales y provinciales que en esos momentos se hallaban en aquél domicilio la gobernadora Alicia Kirchner y la expresidenta.
También argumenta que la mayoría de los manifestantes presentes aquella noche lo realizó sobre la vereda, desde afuera, mientras que, entre otros, los ahora acusados de intento de femicidio llegaron a entrar al jardín del domicilio gubernamental.
Aquella jornada de abril fue coronada por una represión ejercida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos a los docentes, jubilados y trabajadores que protestaban. Como resultado de la represión hubo varios heridos y, subsiguientemente, los cuatro referentes sociales imputados y procesados.
La reciente medida legal se da en momentos donde el conflicto por mejoras salariales, edilicias y de contenido pedagógico entre trabajadores de la educación y mandatarios provinciales se encuentra en plena escalada. Dentro del ciclo lectivo 2023, iniciado hace tres meses, las y los docentes llevan más de 50 días de huelga.
Ese mismo día, teñido por la visita de Cristina, las y los trabajadores de la educación santacruceños se habían plegado a la Jornada Nacional de Lucha convocada por sindicatos combativos, seccionales de base y colectivos de docentes autoconvocados tales como la mismísima Adosac, Ademys (CABA), ATECh (Chubut), la asamblea provincial de docentes autoconvocados de Salta, FND, la Federación Sitech, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) (Misiones), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) y la Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM), entre otras.
La medida de protesta visibilizó los distintos conflictos que suceden en muchas de las provincias que abarcan el territorio nacional. Las y los docentes patagónicos optaron por enviar una comitiva al acto central de la jornada realizado en las puertas del Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia, también se movilizaron.
"La cuestión salarial es fundamental, sobre todo con una canasta básica total que en la provincia está rondando los 120 mil pesos, inicialmente. Pero estamos muy preocupados también por la cuestión edilicia, sobre la cuestión laboral y sobre todo la cuestión pedagógica. Creo que la repitencia (en referencia a la disposición educativa de la provincia donde se permite que un alumno pase de año a pesar de que las bajas calificaciones no lo permitan) no es la solución en lo absoluto. Ese ha sido el objetivo concreto del gobierno de Alicia Kirchner, de nublar o tapar la realidad", aseguró el titular del gremio en declaraciones a Cadena 3.
Otros puntos reivindicativos que engordan el conflicto se trata del faltante de alimentos en los comedores escolares y los autoritarios descuentos salariales, multas y sanciones legales de la gobernadora ante el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
A caballo de la protesta, y desayunados de la primicia periodística, Adosac rechazó de lleno la publicación del diario a través de un comunicado.
Allí la asociación docente denunció que «justo hoy (por anteayer) donde nuestros compañeros participan de una Jornada Nacional de Lucha, el diario oficialista saca en tapa ‘Ataque a la residencia oficial en Río Gallegos: pidieron cambiar la carátula por intento de femicidio contra Cristina y Alicia Kirchner'», para agregar que "más allá de los aspectos legales que desarrollan en la nota, repudiamos este intento de querer profundizar la criminalización de la protesta social".
A su vez, el comunicado evidenció lo que ellos entienden como una operación política, al revelar que "con esta forma pretenden silenciar el conflicto docente por aumento salarial que viene aconteciendo semana a semana y donde no aparece ninguna solución a nuestros planteos como organización sindical".
Además, el gremio comparó a la titular gubernamental con su par jujeño, Gerardo Morales, al asegurar que "los gobiernos de Santa Cruz y Jujuy quieren coartar los reclamos sociales y salariales mediante una justicia adicta, criminalizando las protestas".
En ese sentido, el comunicado expresó que "esa misma justicia que tiene hace siete años procesados a nuestros compañeros hoy con plena intencionalidad política cuando la vicepresidenta se presenta en un acto en Río Gallegos pretenden sin ningún sustento fáctico cambiar la carátula como femicidio. Cuando son los sectores de poder que están sospechados de este tipo de crímenes como sucede en Chaco".
El gremio agregó luego que "cuando los gobiernos son de derecha, reprimen de diferentes formas", a través de las fuerzas policiales o de reformas legislativa para "doblegar a través de leyes, decretos y todo lo que esté a su alcance para oprimir y disciplinar".
Finalmente, la asociación reclamó el cese del hostigamiento y que se deje de "criminalizar la protesta social". Por ello, en el comunicado demandó la "absolución de Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentin y Gabriela Ance".
Fuente: ANRed
