La criminalización de la protesta en Chubut: "La Justicia funciona en connivencia con el Ejecutivo" "El mensaje es ése: si salen a la calle a reclamar por sus derechos, los vamos a judicializar", expresa a El Extremo Sur Andrea Leonett, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh) y una de las 16 personas procesadas por participar en un corte de ruta en repudio al rechazo de la Iniciativa Popular en 2021. El procesamiento se produjo en un contexto que profundizó la represión a medida que crecían las movilizaciones en contra de la megaminería en toda la provincia, con otros reclamos contra la violencia de género, el abuso policial y la complicidad política.
Las tensiones revelan la puja entre la movilización popular y un poder político-empresarial que negocia por debajo de la mesa. Mientras esperan la decisión de la Cámara de Apelaciones, los vecinos y vecinas se mantienen en alerta tras la reciente condena a la docente Estela Juárez, y reconocen en la movilización colectiva la salida. El poder político, por su parte, aparece como un claro actor a favor de los intereses de las multinacionales extractivas. El voto a favor de la zonificación de muchos legisladores que se identificaban hipócritamente con el movimiento ambiental terminó de dinamitar la confianza en la acción legislativa.
Una sesión vergonzosa
El 5 de mayo del 2021, la Legislatura llevó adelante un rechazo exprés al proyecto de la Iniciativa Popular -con un respaldo de 30.000 firmas- para frenar la zonificación minera impulsada por Mariano Arcioni.
La iniciativa fue rechazada por 13 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. Tras la votación, distintas movilizaciones se fueron desplegando en la provincia, junto a acciones políticas por parte de los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo, Trevelin y Esquel, quienes enviaron notas al gobernador para que retire el proyecto.
Los votos a favor se leyeron como una "traición al pueblo", tras la ardua labor de los activistas por la junta de firmas en plena pandemia, por la vía institucional y con el mismo espíritu que en 2002 rechazó la megaminería.
Los "traidores"
Los "traidores" eran Miguel Agustín Antin, María Magdalena Cativa, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucia, Carlos Eliceche, Xenia Adriana Gabella, Carlos Gómez, Roddy Ingram, Sebastián López, Emiliano Mongilardi, Pablo Sebastián Nouveau, Juan Horacio Pais y Claudia Mariela Williams. Las abstenciones de María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, de la UCR. Los doce votos restantes votaron a favor de la Iniciativa Popular.
"No nos escucharon, no nos permitieron ni siquiera debatir y terminaron rechazando esta iniciativa que obviamente produce mucha indignación", dijo a Télam Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh).
La rápida decisión, la indiferencia ante las 30.000 voces provinciales y la falta de convocatoria a las asambleas, motivó cortes de Ruta en Trelew, sobre la ruta nacional 3, y en El Hoyo, en la ruta 40. En Esquel y Trevelin se produjeron tomas pacíficas de los edificios municipales. Incluso hubo movilizaciones en Comodoro Rivadavia.
Los incidentes no terminaron ese día: cinco días después, el Juez Gustavo Lleral -que luego procesaría a los vecinos- ordenó un desalojo ilegal a los manifestantes en la Ruta Nacional Nº 3. "Tienen 15 minutos para desalojar la ruta o procederemos al uso de la fuerza", fueron las palabras del oficial de la Policía provincial, Paulino Gómez.
Los hechos eran apenas una muestra de la capacidad de movilización popular que meses después estallaría en el Chubutazo, que logró que los poderes dieran marcha atrás con el proyecto de zonificación.
El proceso judicial
En este marco los 23 vecinos y vecinas -de Trelew, Rawson y Puerto Madryn- fueron procesados por el recordado y escandaloso juez Gustavo Lleral el 27 de abril de este año.
El fallo es el mismo aplicado por la jueza correccional Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados.
Los asambleístas y vecinos procesados, que hoy son 16, llevan adelante el proceso judicial desde hace dos años. Apenas la semana pasada se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se discutieron las defensas y la Fiscalía presentó las razones para confirmar el procesamiento. En los próximos días la Cámara de Apelaciones deberá resolver lo que sucede con los 16 vecinos procesados por "entorpecimiento de los servicios públicos".
La pobreza intelectual de la Fiscalía
Leonett advierte que hay una tendencia a la criminalización, y que la presentación de la Fiscalía fue "muy pobre": "No tiene nada que pruebe que nosotres estábamos cometiendo un delito, como quieren endilgarnos, en cuanto a los hechos, y a pruebas -y consta en el expediente- no hay material para que se nos confirmen los procesamientos". Sin embargo, "siguen con esta intención querer judicializarnos", explica Leonett.
Los vecinos están en alerta desde la reciente condena a Estela Juárez, que da cuenta del avance de la criminalización de la protesta, "que es lo que sabemos que va a primar en ese tribunal". Las opciones giran entre remitirse a los hechos, que no los hay o son pobres, o la inclinación política por "amedrentar a quienes luchan".
"Sabemos a lo que estamos expuestos"
La respuesta de los vecinos es colectiva: "Nunca es fácil recibir una notificación y encima de la Policía Federal, nunca es agradable que te notifiquen que estás imputado por un supuesto delito. Lo que venimos haciendo es llevarlo de la manera más colectiva posible", en principio los 24 y ahora los 16 vecinos que aún están procesados, la mayoría de la militancia más activa. Pero también fueron acusados "vecinos que fueron al corte de ruta porque realmente entendían que lo que estaba sucediendo era motivo por el cual movilizarse, no querían la megaminería, y esos vecinos y vecinas de los barrios ahora están este procesamiento individualmente".
"Estamos generando instancias colectivas y de movilización para no quedarnos aislados en Chubut, esto que está sucediendo sucede en todas las provincias, tiene que ver con un disciplinamiento y con corrernos de la calle", agrega, en línea con las instancias de criminalización que se vislumbran en todo el país, en algunas regiones con un gran recrudecimiento de la violencia institucional.
Leonett explica que no hubo tanta sorpresa al recibir la notificación: "Nosotros lo estábamos esperando porque sabemos a lo que estamos expuestos cuando salimos a luchar. Sabemos que tiene consecuencias poner en el espacio público la denuncia contra el gobierno, sabíamos que en algún momento iba a llegar algún tipo de medida. Sobre todo, porque era un corte en una ruta nacional. Se abre una causa y un expediente, más allá si se decide avanzar o no después en las imputaciones".
La judicialización como disciplinamiento
"Claramente no pueden judicializar a todo el pueblo, y menos en cuestiones tan transversales como esta; por eso buscan hacerlo con compañeros como nosotros, de las asambleas, o que somos referencias, aunque también con vecinos, para meter miedo", analiza Leonett.
"De todos los sectores -docencia, salud, organizaciones sociales, ambientalistas- hay compañeros judicializados. El mensaje es ese: si salen a la calle a reclamar por sus derechos, los vamos a judicializar", sintetiza, en lo que interpreta como un intento de fragmentación del movimiento. La fórmula fue repetida hasta el hartazgo en la provincia con todos los sectores que, de distintas formas, se movilizaron por los derechos.
La activista reconoció la gran movilización en apoyo a la causa: "Es un logro muy grande, venimos hace dos años con esto".
El último año fue especialmente feroz contra la criminalización: "Cuando vimos el caso de Estela Juárez, vimos que están determinados. La Justicia está funcionando en convivencia con el Ejecutivo, avanzando con todas las causas", explica Leonett.
"Visibilizamos la criminalización de la protesta, entendemos que lo que hacen es ir al seno del derecho primero que tenemos que es el de protestar y expresarnos cuando las cosas no están bien para el pueblo. Se generaron movilizaciones en toda la provincia y en Buenos Aires. Fue muy conmovedor saber que hubo distintas manifestaciones para repudiar esto. Ahora somos nosotros, pero no estamos aislados. Poner en el tapete la criminalización de la protesta y luchar todos los sectores contra esto", agregó.
"Los políticos son muy predecibles"
El tema electoral es ineludible en un contexto en el que muchos de los que votaron a favor de la minería -luego de expresar un rotundo rechazo- y de espaldas al pueblo hoy se candidatean y erigen el extractivismo como la única salida posible.
"Es lamentable pero son muy precedibles", analiza Leonett: "Con la cuestión de la megaminería, tuvimos diputados que en su momento estaban con nosotros, que firmaron la iniciativa popular, y después vimos como adentro de la Legislatura se inclinaron por las multinacionales que claramente estaban metiendo mucha presión, con mucho dinero en juego.
"Entendemos que tanto los políticos de turno como la oposición se manejan de esa manera al armar listas, no vamos a esperar la solución, no vamos a esperar que realmente piensen en el pueblo y en nuestras urgencias. Están pensando en perpetuarse en el poder para poder seguir viviendo de los negociados con las multinacionales", analizó Leonett.
Y agregó: "Todos los proyectos extractivistas tienen que ver con eso, con mucha plata, con empresas que vienen a destruir ambiental y socialmente a nuestras comunidades. En el medio están todas estas personas, los que están en el poder, los que pretenden serlo, los que se llevan su tajada. La salida no es por ahí, sabemos muy claramente quiénes son, qué hicieron y que van a hacer. Es un llamado a la conciencia de la gente".
El Chubutazo como hito
Consultada sobre la influencia del Chubutazo en la movilización reciente y el rechazo masivo a la zonificación minera impulsada por Arcioni, Leonett sostuvo que "claramente marcó un antes y un después. Fue algo inmenso en la historia de la provincia".
Leonett elabora una doble interpretación del Chubutazo, como un llamado a la clase política y otro al pueblo mismo: "Cuando el pueblo se levanta y sale no hay forma de pasarlo por arriba, y eso el poder político lo vio y también le temen a esto, por eso vienen las criminalizaciones. Pero también fue un mensaje para el pueblo en sí mismo, para decir que luchar sirve, que cuando estamos en la calle y realmente vamos encaminados, que tiene que ver con nuestros derechos, se puede y lo logramos".
"Vale la pena estar en la calle, juntarse con otres a pensar cómo seguir adelante. Somos nosotres los que tenemos que encargarnos de transformar nuestra realidad. El poder político de turno no lo va a hacer. Fue un antes y un después para el gobierno y para nosotros. Nos seguimos sentando a pensar cómo vamos a seguir", concluyó la asambleista.
Ahora, los 16 vecinos y vecinas esperan la decisión de la Cámara de Apelaciones, conscientes de lo que puede la justicia en una provincia que busca nombrarse extractiva pero que contiene la huella de la movilización popular.
"El mensaje es ése: si salen a la calle a reclamar por sus derechos, los vamos a judicializar", expresa a El Extremo Sur Andrea Leonett, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh) y una de las 16 personas procesadas por participar en un corte de ruta en repudio al rechazo de la Iniciativa Popular en 2021. El procesamiento se produjo en un contexto que profundizó la represión a medida que crecían las movilizaciones en contra de la megaminería en toda la provincia, con otros reclamos contra la violencia de género, el abuso policial y la complicidad política.
Las tensiones revelan la puja entre la movilización popular y un poder político-empresarial que negocia por debajo de la mesa. Mientras esperan la decisión de la Cámara de Apelaciones, los vecinos y vecinas se mantienen en alerta tras la reciente condena a la docente Estela Juárez, y reconocen en la movilización colectiva la salida. El poder político, por su parte, aparece como un claro actor a favor de los intereses de las multinacionales extractivas. El voto a favor de la zonificación de muchos legisladores que se identificaban hipócritamente con el movimiento ambiental terminó de dinamitar la confianza en la acción legislativa.
Una sesión vergonzosa
El 5 de mayo del 2021, la Legislatura llevó adelante un rechazo exprés al proyecto de la Iniciativa Popular -con un respaldo de 30.000 firmas- para frenar la zonificación minera impulsada por Mariano Arcioni.
La iniciativa fue rechazada por 13 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. Tras la votación, distintas movilizaciones se fueron desplegando en la provincia, junto a acciones políticas por parte de los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo, Trevelin y Esquel, quienes enviaron notas al gobernador para que retire el proyecto.
Los votos a favor se leyeron como una "traición al pueblo", tras la ardua labor de los activistas por la junta de firmas en plena pandemia, por la vía institucional y con el mismo espíritu que en 2002 rechazó la megaminería.
Los "traidores"
Los "traidores" eran Miguel Agustín Antin, María Magdalena Cativa, Graciela Cigudosa, Gabriela De Lucia, Carlos Eliceche, Xenia Adriana Gabella, Carlos Gómez, Roddy Ingram, Sebastián López, Emiliano Mongilardi, Pablo Sebastián Nouveau, Juan Horacio Pais y Claudia Mariela Williams. Las abstenciones de María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, de la UCR. Los doce votos restantes votaron a favor de la Iniciativa Popular.
"No nos escucharon, no nos permitieron ni siquiera debatir y terminaron rechazando esta iniciativa que obviamente produce mucha indignación", dijo a Télam Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Chubut (UACCh).
La rápida decisión, la indiferencia ante las 30.000 voces provinciales y la falta de convocatoria a las asambleas, motivó cortes de Ruta en Trelew, sobre la ruta nacional 3, y en El Hoyo, en la ruta 40. En Esquel y Trevelin se produjeron tomas pacíficas de los edificios municipales. Incluso hubo movilizaciones en Comodoro Rivadavia.
Los incidentes no terminaron ese día: cinco días después, el Juez Gustavo Lleral -que luego procesaría a los vecinos- ordenó un desalojo ilegal a los manifestantes en la Ruta Nacional Nº 3. "Tienen 15 minutos para desalojar la ruta o procederemos al uso de la fuerza", fueron las palabras del oficial de la Policía provincial, Paulino Gómez.
Los hechos eran apenas una muestra de la capacidad de movilización popular que meses después estallaría en el Chubutazo, que logró que los poderes dieran marcha atrás con el proyecto de zonificación.
El proceso judicial
En este marco los 23 vecinos y vecinas -de Trelew, Rawson y Puerto Madryn- fueron procesados por el recordado y escandaloso juez Gustavo Lleral el 27 de abril de este año.
El fallo es el mismo aplicado por la jueza correccional Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados.
Los asambleístas y vecinos procesados, que hoy son 16, llevan adelante el proceso judicial desde hace dos años. Apenas la semana pasada se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se discutieron las defensas y la Fiscalía presentó las razones para confirmar el procesamiento. En los próximos días la Cámara de Apelaciones deberá resolver lo que sucede con los 16 vecinos procesados por "entorpecimiento de los servicios públicos".
La pobreza intelectual de la Fiscalía
Leonett advierte que hay una tendencia a la criminalización, y que la presentación de la Fiscalía fue "muy pobre": "No tiene nada que pruebe que nosotres estábamos cometiendo un delito, como quieren endilgarnos, en cuanto a los hechos, y a pruebas -y consta en el expediente- no hay material para que se nos confirmen los procesamientos". Sin embargo, "siguen con esta intención querer judicializarnos", explica Leonett.
Los vecinos están en alerta desde la reciente condena a Estela Juárez, que da cuenta del avance de la criminalización de la protesta, "que es lo que sabemos que va a primar en ese tribunal". Las opciones giran entre remitirse a los hechos, que no los hay o son pobres, o la inclinación política por "amedrentar a quienes luchan".
"Sabemos a lo que estamos expuestos"
La respuesta de los vecinos es colectiva: "Nunca es fácil recibir una notificación y encima de la Policía Federal, nunca es agradable que te notifiquen que estás imputado por un supuesto delito. Lo que venimos haciendo es llevarlo de la manera más colectiva posible", en principio los 24 y ahora los 16 vecinos que aún están procesados, la mayoría de la militancia más activa. Pero también fueron acusados "vecinos que fueron al corte de ruta porque realmente entendían que lo que estaba sucediendo era motivo por el cual movilizarse, no querían la megaminería, y esos vecinos y vecinas de los barrios ahora están este procesamiento individualmente".
"Estamos generando instancias colectivas y de movilización para no quedarnos aislados en Chubut, esto que está sucediendo sucede en todas las provincias, tiene que ver con un disciplinamiento y con corrernos de la calle", agrega, en línea con las instancias de criminalización que se vislumbran en todo el país, en algunas regiones con un gran recrudecimiento de la violencia institucional.
Leonett explica que no hubo tanta sorpresa al recibir la notificación: "Nosotros lo estábamos esperando porque sabemos a lo que estamos expuestos cuando salimos a luchar. Sabemos que tiene consecuencias poner en el espacio público la denuncia contra el gobierno, sabíamos que en algún momento iba a llegar algún tipo de medida. Sobre todo, porque era un corte en una ruta nacional. Se abre una causa y un expediente, más allá si se decide avanzar o no después en las imputaciones".
La judicialización como disciplinamiento
"Claramente no pueden judicializar a todo el pueblo, y menos en cuestiones tan transversales como esta; por eso buscan hacerlo con compañeros como nosotros, de las asambleas, o que somos referencias, aunque también con vecinos, para meter miedo", analiza Leonett.
"De todos los sectores -docencia, salud, organizaciones sociales, ambientalistas- hay compañeros judicializados. El mensaje es ese: si salen a la calle a reclamar por sus derechos, los vamos a judicializar", sintetiza, en lo que interpreta como un intento de fragmentación del movimiento. La fórmula fue repetida hasta el hartazgo en la provincia con todos los sectores que, de distintas formas, se movilizaron por los derechos.
La activista reconoció la gran movilización en apoyo a la causa: "Es un logro muy grande, venimos hace dos años con esto".
El último año fue especialmente feroz contra la criminalización: "Cuando vimos el caso de Estela Juárez, vimos que están determinados. La Justicia está funcionando en convivencia con el Ejecutivo, avanzando con todas las causas", explica Leonett.
"Visibilizamos la criminalización de la protesta, entendemos que lo que hacen es ir al seno del derecho primero que tenemos que es el de protestar y expresarnos cuando las cosas no están bien para el pueblo. Se generaron movilizaciones en toda la provincia y en Buenos Aires. Fue muy conmovedor saber que hubo distintas manifestaciones para repudiar esto. Ahora somos nosotros, pero no estamos aislados. Poner en el tapete la criminalización de la protesta y luchar todos los sectores contra esto", agregó.
"Los políticos son muy predecibles"
El tema electoral es ineludible en un contexto en el que muchos de los que votaron a favor de la minería -luego de expresar un rotundo rechazo- y de espaldas al pueblo hoy se candidatean y erigen el extractivismo como la única salida posible.
"Es lamentable pero son muy precedibles", analiza Leonett: "Con la cuestión de la megaminería, tuvimos diputados que en su momento estaban con nosotros, que firmaron la iniciativa popular, y después vimos como adentro de la Legislatura se inclinaron por las multinacionales que claramente estaban metiendo mucha presión, con mucho dinero en juego.
"Entendemos que tanto los políticos de turno como la oposición se manejan de esa manera al armar listas, no vamos a esperar la solución, no vamos a esperar que realmente piensen en el pueblo y en nuestras urgencias. Están pensando en perpetuarse en el poder para poder seguir viviendo de los negociados con las multinacionales", analizó Leonett.
Y agregó: "Todos los proyectos extractivistas tienen que ver con eso, con mucha plata, con empresas que vienen a destruir ambiental y socialmente a nuestras comunidades. En el medio están todas estas personas, los que están en el poder, los que pretenden serlo, los que se llevan su tajada. La salida no es por ahí, sabemos muy claramente quiénes son, qué hicieron y que van a hacer. Es un llamado a la conciencia de la gente".
El Chubutazo como hito
Consultada sobre la influencia del Chubutazo en la movilización reciente y el rechazo masivo a la zonificación minera impulsada por Arcioni, Leonett sostuvo que "claramente marcó un antes y un después. Fue algo inmenso en la historia de la provincia".
Leonett elabora una doble interpretación del Chubutazo, como un llamado a la clase política y otro al pueblo mismo: "Cuando el pueblo se levanta y sale no hay forma de pasarlo por arriba, y eso el poder político lo vio y también le temen a esto, por eso vienen las criminalizaciones. Pero también fue un mensaje para el pueblo en sí mismo, para decir que luchar sirve, que cuando estamos en la calle y realmente vamos encaminados, que tiene que ver con nuestros derechos, se puede y lo logramos".
"Vale la pena estar en la calle, juntarse con otres a pensar cómo seguir adelante. Somos nosotres los que tenemos que encargarnos de transformar nuestra realidad. El poder político de turno no lo va a hacer. Fue un antes y un después para el gobierno y para nosotros. Nos seguimos sentando a pensar cómo vamos a seguir", concluyó la asambleista.
Ahora, los 16 vecinos y vecinas esperan la decisión de la Cámara de Apelaciones, conscientes de lo que puede la justicia en una provincia que busca nombrarse extractiva pero que contiene la huella de la movilización popular.
