Minería

Nuevo foco de conflicto social tras aprobación minera en Río Negro

Por Christian Masello

Minería sí o no. Ese parecería ser en el fondo el asunto a discutir. No sólo en la provincia de Río Negro, sino en la Argentina toda. Es un tema que puede abordarse de diversas formas y, según el punto de vista de quien hable sobre la cuestión, los conceptos que se obtienen están a años luz unos de otros.

Básicamente, un análisis rápido respaldaría la teoría de que la obtención de riquezas mediante la explotación minera entra indefectiblemente en conflicto con el cuidado de la naturaleza. Pero, a la vez, también son muchas las voces que afirman que eso no siempre es así.

Y, en este devenir de información y desinformación, además, aparece la cuestión indígena. Porque gran parte de las acciones mineras apuntan a territorios donde se ubican miembros de los pueblos originarios. Así, se suma la temática de la consulta previa para poder incursionar en esos terrenos.

Los intereses en materia minera son muchos.

No cabe duda de que se trata de un tema que genera conflicto.

Cabe recordar lo que sucedió este año en Jujuy, con la violencia desatada a partir de una reforma constitucional donde los puntos más candentes, justamente, se vinculaban a tópicos ambientales y decisiones en relación al trato con las comunidades originarias.

En Río Negro, en tanto, los proyectos mineros son observados con preocupación por los mapuches desde hace tiempo.

Precisamente, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche provincial, Orlando Carriqueo, consideró que decisiones judiciales recientes pueden generar "conflicto social".

Puntualmente, habló de la reciente medida del Superior Tribunal de Justicia rionegrino de revocar un fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón que paralizaba trabajos exploratorios ligados a la minería en la zona andina.

Carriqueo recordó que todo comenzó con "comunidades que les cerraron las tranqueras a las mineras en 2021".

Así, detalló que, al año siguiente, siete comunidades (Ancalao, Mariano Solo, Lofche Pulam Lafken, Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay y Ragiñ Plang Curra Meu) "presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Multifueros de El Bolsón".

"Hubo una primera determinación que hizo lugar a la medida cautelar, para que las empresas no ingresaran en los territorios", evocó el werken, quien también expuso que hubo un par de audiencias con áreas gubernamentales en donde "no se llegó a un acuerdo en relación a los planteos".

De esa manera, el referente mapuche contó que se arribó "al fallo del 23 de julio a favor de las comunidades, exigiéndole al Gobierno provincial un protocolo de consulta".

Pero, como ya se dijo, el Superior Tribunal de Justicia lo revocó.

Para Carriqueo, la determinación recae en "el prevaricato" (cuando se dicta a sabiendas una resolución injusta).

"Es una sentencia autoritaria que desconoce los derechos indígenas, la Constitución Nacional y los convenios internacionales", afirmó, para luego sumar: "Se enmarca dentro de las políticas extractivas del Gobierno y es un fallo a medida de las empresas mineras".

"Nos parece una irresponsabilidad porque lleva a un mayor conflicto social", sumó, a la vez que consideró que, con esta decisión, "el Superior Tribunal de Justicia desconoce su propia jurisprudencia, porque en 2005 dictó un fallo a favor de las comunidades, marcando claramente que no sólo hay que hacer un informe ambiental, sino también uno de impacto cultural, porque quienes habitan el territorio son familias mapuches".

Además, criticó que los estudios ambientales "los hacen empresas a pedido de las firmas mineras, con lo cual, en diferentes partes del mundo, hay evidencias de que después esos informes no se condicen con la realidad".

"Lo que hay acá es una sentencia de claro tinte antimapuche y racista, en un marco de política extractiva en desmedro de los derechos comunitarios y de las obligaciones que tienen los Estados de resguardar a las comunidades, sus modos de vivir y sus decisiones colectivas", sostuvo Carriqueo, quien informó que "se está preparando la apelación".

Fuente: El Cordillerano