Apuntes sobre el Chubutazo y el Mendozazo de cara a un nuevo avance extractivistaPor Federico Hauscarriaga
La llegada de un gobierno ultraliberal promete un nuevo avance de los proyectos extractivistas. El lobby minero programa sus negocios, amenazando los territorios y nuestros bienes comunes naturales. Los intentos de bloqueo de la protesta social se auguran violentos. Sin embargo, dos experiencias históricas recientes, el Chubutazo y el Mendozazo, que frenaron reformas pro mineras durante el gobierno de Alberto Fernández, sirven como mapa estratégico para doblegar las fuerzas represivas con las que intentarán imponer la megaminería y el fracking.
El domingo 19 de noviembre se impuso en el ballotage presidencial el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El ultraliberalismo venció al candidato del peronismo unido, Sergio Massa, que al mismo tiempo era el ministro de Economía de un país con índices de pobreza por encima del 40 por ciento. El eslogan victorioso resultó ser el de "terminar con la casta", una suerte de revival del "que se vayan todos", pero por derecha. Por lo tanto, un sentido común de que "una nueva Argentina no se puede hacer con los mismos de siempre", apuntando los cañones al Estado "parasitario" y a "la política", como fuente de todos los males.
Desde el lado opuesto se apeló al miedo. Una derrota en estas elecciones significaba perder "los derechos adquiridos" y abrir las puertas a la violencia, con el supuesto de que una estrategia de campaña basada en el temor a lo desconocido inclinaría la balanza a favor del candidato oficialista, a pesar de gobernar en una crisis galopante con un arrastre inflacionario por encima del 100 por ciento, con salarios en caída y un empobrecimiento generalizado.
El resultado es conocido. La victoria con casi 12 puntos de ventaja castigó al oficialismo y mostró que el peronismo, sin números positivos en la economía, no pudo ganar la elección. A pesar de que contó con el aparato, la territorialidad y un amplio apoyo institucional, la bronca pudo más.
Pero para analizar la derrota del oficialismo en manos de una fuerza que se conformó en escasos dos años queremos señalar dos episodios fundamentales de resistencia ambiental que comenzó a deteriorar la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández. Primero, la rebelión en Mendoza en diciembre de 2019 y, en diciembre del 2021, el Chubutazo o ChubutAguazo.
Dos gestas populares que detuvieron los intentos de forzar la megaminería sin consenso social, en dos provincias donde tanto el oficialismo como la oposición, salvo excepciones (la izquierda y legisladores aislados), combinaron ir contra aquel consenso social.
Dos provincias en donde las principales fuerzas políticas fueron derrotadas por el sufragio en este ballotage. En Chubut, Milei ganó con un 55,7 por ciento de los votos. Y en Mendoza fue todavía más arrollador: el candidato libertario sumó 71,4 por ciento, contra el 28,8 por ciento de Massa.
La organización por abajo, la combinación entre distintos sectores, la movilización en magnitud provincial y la experiencia acumulada en otras luchas fueron las características que tuvo la protesta social, a la que el nuevo gobierno deberá enfrentarse para poder cumplir los compromisos adquiridos en su búsqueda de ingresos de capitales.
Como viene adelantando Milei, un camino para ingresar dólares al país para pagar deudas o para terminar con las leliqs y lograr "equilibrio fiscal", es volver a tomar deuda. Pero esta vez, poniendo de garantía cerros, ríos y tierras codiciadas por el gran capital.
Chubutazo y Mendozazo: la organización fue desde abajo
El 15 de diciembre de 2021 fue votado en Chubut el proyecto de Ley de Zonificación, que propiciaba el establecimiento de la actividad minera metalífera en la provincia. El proyecto era un artilugio para saltearse la Ley 5001 y así evitar la prohibición de la megaminería. Fue aprobado con 14 votos a favor entre el oficialismo, las variantes del peronismo y el PRO. La sesión tuvo una aprobación exprés y fue convocada apenas una hora antes para evitar las protestas.
Pero en apenas unos minutos, la Legislatura en Rawson comenzó a colmarse de gente, lo que dio cuenta de que la población vigilaba los movimientos del gobierno. Fue lo que posibilitó una reacción popular inmediata. La ciudadanía había tejido una red de comunicación fortalecida desde hacía años. El activismo se repartía a lo largo y a lo ancho de la provincia. Las asambleas por pueblo y por ciudad -que acordaron la creación de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCh)-, y las comunidades indígenas fueron clave, pero también lo fueron la articulación con las organizaciones sociales y políticas.
La participación fue trasversal. Alguien podía ser auxiliar, docente, trabajador de la pesca y, a la vez, participar en una asamblea o en su comunidad. También se destacó la comunicación alternativa gestada desde estos espacios: radios, portales, comunicadores y colectivos de comunicación ayudaron a romper el cerco mediático en los primeros días.
La resistencia ambiental dio pelea en todos los planos. Desde amparos judiciales hasta proyectos para prohibir la zonificación, como fue el caso de las dos "iniciativas populares" que fueron desestimadas en dos ocasiones por el Gobierno. La última, presentada un año antes, había juntado más de 30.000 firmas en plena pandemia. El rechazo provocó indignación en la población y movilizaciones en toda la provincia; y la posterior represión con decenas de procesados. Cinco días después, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogaría la reforma.
En Mendoza, la organización asamblearia en toda la provincia también fue la clave para la rápida reacción del pueblo cuando se enteró aquel 20 de diciembre de 2019 que se estaba aprobando la modificación a la Ley 7722, abriéndole las puertas a la megaminería, a través de la habilitación del uso del cianuro y otras sustancias. Al mismo tiempo, Alberto Fernández proponía una baja en las retenciones a las mineras, para que estas pasen del doce por ciento al ocho.
Tres días después, se produjo la histórica marcha del 23 de diciembre que se inició con una caravana que partió desde varios puntos de la provincia. La gesta comenzó a las 8 de la mañana y en cada pueblo se sumaba más gente. En 24 horas, la muchedumbre llegó al Nudo Vial de la ciudad de Mendoza, en donde otra multitud recibió a los más de diez kilómetros de vehículos movilizados. Desde allí marcharon hasta la Casa de Gobierno, en donde la Policía desató una brutal represión pero no logró doblegar la voluntad popular, que obligó a retroceder a todas las fuerzas políticas. Apenas diez días después de su aprobación, la reforma de la Ley 7722, "Guardiana del agua", estaba liquidada.
Un largo camino defendiendo el agua y el ambiente
La sanción de la Ley 7722 fue, también, producto de la lucha de los pueblos. El 25 de mayo de 2005 el pueblo de San Carlos (de donde años después partió la marcha histórica que terminó en el Mendozazo), salió a la calle ante la amenaza de la instalación de la minera canadiense Tenke, que había anunciado la intención de extraer oro y cobre en una zona lindera al arroyo Papagayos. Las y los pobladores marcharon contra el entonces gobernador, Julio Cobos, con consignas que rechazaban la minería a cielo abierto. El proyecto fue frenado y los vecinos lograron proteger el área bajo la denominación de "reserva natural".
Año tras año volvieron los intentos de extractivismo en una provincia que también fue amenazada por el fracking. En el 2006, miles de personas rechazaron otro proyecto minero en General Alvear. La reacción se extendió a otras localidades y, a fines de ese mismo año, miles de personas se movilizaron hasta la Legislatura para exigir la promulgación de la Ley 7.627, que terminaba con los otorgamientos de derechos mineros. Se logró promulgar, pero días después el gobernador Cobos vetó la ley. Desde ese hecho, la bronca popular se acrecentó aún más.
En una disputa sobre volver a la Ley 7627, el Gobernador volvió a vetar la discusión, pero debido a la presión social suspendió por 90 días los proyectos mineros. Eso no logró detener las movilizaciones que nuevamente encabezaban las asambleas y que incluyeron cortes de ruta, concentraciones y escraches. En este escenario, el 19 de junio de 2007 la Cámara de Senadores aprobó la media sanción y el 20 de junio se completó la aprobación de la Ley 7722.
Por su parte, Chubut es una provincia con una notoria tradición histórica en defensa del ambiente, con varios antecedentes y más de veinte años de defensa del territorio. Podemos nombrar algunos ejemplos: las manifestaciones contra el intento de realizar un basurero nuclear en 1996 o las recuperaciones del Pueblo Tehuelche-Mapuche, como la realizada en el 2007 por la comunidad mapuche de Santa Rosa de Leleque en 625 hectáreas apropiadas por el Grupo Benetton.
Pero hay un hecho fundacional para las asambleas ciudadanas que se da en el 2003, con la creación de la "Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina", que dio lugar a las movilizaciones para evitar que se desarrolle la megaminería a cielo abierto en la ciudad de Esquel. El resultado de la protesta posibilitó que se realizara un plebiscito con la participación de todo el pueblo, que arrojó un contundente rechazo a la megaminería, con un 81 por ciento de votos en contra. El acontecimiento fue la base para la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia. Pero el triunfo también fue inspirador para que en el 2006 surgiera la Unión de Asambleas de las Comunidades (UAC), que nucleó a distintas asambleas socioambientales del país.
Dos hitos para pensar lo que se viene
Ningún "analista político" ni ningún medio hegemónico ha abordado estos dos sucesos protagonizados por las fuerzas populares, más allá de la coyuntura. La penosa gestión de Alberto Fernández tuvo muchas limitaciones, errores y dificultades, pero en ningún balance se menciona las dos sublevaciones provinciales en gobiernos de diferentes signos políticos, pero con acuerdos para avanzar con la megaminería.
El caso en Mendoza es sorprendente porque el levantamiento popular se dio apenas asumido el gobierno. En lo que llaman la "luna de miel" política, que supuestamente otorga la opinión pública a un presidente recién victorioso. La masividad de la protesta dejó mal parado a más de uno. La evidencia de esto fue el total cerco informativo con que blindaron los grandes medios de comunicación lo que estaba sucediendo durante los primeros días. Hasta que el desborde social fue imposible de invisibilizar. En este caso, la comunicación alternativa fue clave, como en todo conflicto que tiene por detrás los intereses del lobby minero internacional, donde no existen grietas entre las fuerzas políticas principales.
En ambos casos, la alianza entre diferentes sectores fue otra característica de la lucha social. La megaminería también amenazó otras actividades de la economía provincial, lo que movilizó a los trabajadores a defender su fuente laboral y, con ello, arrastró a parte del empresariado que veía peligrar sus negocios.
En Mendoza fue el malestar de la industria vitivinícola que permanecía intranquila ante el extractivismo minero, no sólo en la disputa del escaso recurso hídrico, sino también ante la posibilidad de un desastre ambiental. En Chubut, los trabajadores de la alimentación, del puerto y del amplio sector de la industria de la pesca también se involucraron de lleno en la lucha que amenazaba con contaminar el único río que posee la provincia, condición que afectaría la zona apta para la pesca.
Estos dos históricos episodios golpearon al gobierno de Alberto Fernández, que desde el inicio de su gestión se mostró decidido a apoyar el frente minero. Hoy, este apoyo se mantiene indiscutido: hay un consenso general entre las fuerzas políticas que disputaron el último ballotage. El presidente electo no concibe que el daño ambiental detenga a la propiedad privada y "el derecho de obtener ganancias". Por eso no titubeó en consentir que las empresas contaminen los ríos libremente ("una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera"), y el motivo es que el agua tiene valor "cero", según su concepción ultraliberal y, por eso, propuso la apropiación de esos cauces en manos de privados.
Una de las diferencias en esta etapa es que hay una mayor disposición a reprimir la protesta social. Milei ganó con un discurso punitivo que propone hasta la libre portación de armas para combatir la "delincuencia". De esta manera, el nuevo Gobierno se está conformando con un fuerte perfil represivo. Basta detenerse en algunos de los principales funcionarios en lugares sensibles, como el Ministerio de Seguridad ocupado por Patricia Bullrich o la vicepresidencia en manos de una defensora de genocidas, como Victoria Villarruel.
Pero otro punto a tener en cuenta es la debilidad con la que llega Milei al poder, con una escuálida representación en ambas Cámaras y sin estructura territorial. El brutal ajuste que anuncia para "equilibrar la economía" va a requerir de una nueva alianza con "la vieja casta". El nuevo gobierno está dispuesto a volver a tomar deuda y ofrecer como garantía los territorios y el agua.
Más allá de los resultados electorales y las fuerzas que conformen el eventual Gobierno, el lobby minero volverá a intentar quebrar la resistencia popular. Las y los defensores del agua han mostrado cuáles son las formas para organizarse y no dejar pasar los embates del extractivismo. Por ello, y más que nunca, los pueblos tienen que tener su propia memoria: el ChubutAguazo y el Mendozazo fueron posibles por muchas otras experiencias.
Producción colaborativa entre ANRed, Ancap, Citríca y Agencia Tierra Viva en el Día de los DD.HH.
Por Federico Hauscarriaga
La llegada de un gobierno ultraliberal promete un nuevo avance de los proyectos extractivistas. El lobby minero programa sus negocios, amenazando los territorios y nuestros bienes comunes naturales. Los intentos de bloqueo de la protesta social se auguran violentos. Sin embargo, dos experiencias históricas recientes, el Chubutazo y el Mendozazo, que frenaron reformas pro mineras durante el gobierno de Alberto Fernández, sirven como mapa estratégico para doblegar las fuerzas represivas con las que intentarán imponer la megaminería y el fracking.
El domingo 19 de noviembre se impuso en el ballotage presidencial el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El ultraliberalismo venció al candidato del peronismo unido, Sergio Massa, que al mismo tiempo era el ministro de Economía de un país con índices de pobreza por encima del 40 por ciento. El eslogan victorioso resultó ser el de "terminar con la casta", una suerte de revival del "que se vayan todos", pero por derecha. Por lo tanto, un sentido común de que "una nueva Argentina no se puede hacer con los mismos de siempre", apuntando los cañones al Estado "parasitario" y a "la política", como fuente de todos los males.
Desde el lado opuesto se apeló al miedo. Una derrota en estas elecciones significaba perder "los derechos adquiridos" y abrir las puertas a la violencia, con el supuesto de que una estrategia de campaña basada en el temor a lo desconocido inclinaría la balanza a favor del candidato oficialista, a pesar de gobernar en una crisis galopante con un arrastre inflacionario por encima del 100 por ciento, con salarios en caída y un empobrecimiento generalizado.
El resultado es conocido. La victoria con casi 12 puntos de ventaja castigó al oficialismo y mostró que el peronismo, sin números positivos en la economía, no pudo ganar la elección. A pesar de que contó con el aparato, la territorialidad y un amplio apoyo institucional, la bronca pudo más.
Pero para analizar la derrota del oficialismo en manos de una fuerza que se conformó en escasos dos años queremos señalar dos episodios fundamentales de resistencia ambiental que comenzó a deteriorar la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández. Primero, la rebelión en Mendoza en diciembre de 2019 y, en diciembre del 2021, el Chubutazo o ChubutAguazo.
Dos gestas populares que detuvieron los intentos de forzar la megaminería sin consenso social, en dos provincias donde tanto el oficialismo como la oposición, salvo excepciones (la izquierda y legisladores aislados), combinaron ir contra aquel consenso social.
Dos provincias en donde las principales fuerzas políticas fueron derrotadas por el sufragio en este ballotage. En Chubut, Milei ganó con un 55,7 por ciento de los votos. Y en Mendoza fue todavía más arrollador: el candidato libertario sumó 71,4 por ciento, contra el 28,8 por ciento de Massa.
La organización por abajo, la combinación entre distintos sectores, la movilización en magnitud provincial y la experiencia acumulada en otras luchas fueron las características que tuvo la protesta social, a la que el nuevo gobierno deberá enfrentarse para poder cumplir los compromisos adquiridos en su búsqueda de ingresos de capitales.
Como viene adelantando Milei, un camino para ingresar dólares al país para pagar deudas o para terminar con las leliqs y lograr "equilibrio fiscal", es volver a tomar deuda. Pero esta vez, poniendo de garantía cerros, ríos y tierras codiciadas por el gran capital.
Chubutazo y Mendozazo: la organización fue desde abajo
El 15 de diciembre de 2021 fue votado en Chubut el proyecto de Ley de Zonificación, que propiciaba el establecimiento de la actividad minera metalífera en la provincia. El proyecto era un artilugio para saltearse la Ley 5001 y así evitar la prohibición de la megaminería. Fue aprobado con 14 votos a favor entre el oficialismo, las variantes del peronismo y el PRO. La sesión tuvo una aprobación exprés y fue convocada apenas una hora antes para evitar las protestas.
Pero en apenas unos minutos, la Legislatura en Rawson comenzó a colmarse de gente, lo que dio cuenta de que la población vigilaba los movimientos del gobierno. Fue lo que posibilitó una reacción popular inmediata. La ciudadanía había tejido una red de comunicación fortalecida desde hacía años. El activismo se repartía a lo largo y a lo ancho de la provincia. Las asambleas por pueblo y por ciudad -que acordaron la creación de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCh)-, y las comunidades indígenas fueron clave, pero también lo fueron la articulación con las organizaciones sociales y políticas.
La participación fue trasversal. Alguien podía ser auxiliar, docente, trabajador de la pesca y, a la vez, participar en una asamblea o en su comunidad. También se destacó la comunicación alternativa gestada desde estos espacios: radios, portales, comunicadores y colectivos de comunicación ayudaron a romper el cerco mediático en los primeros días.
La resistencia ambiental dio pelea en todos los planos. Desde amparos judiciales hasta proyectos para prohibir la zonificación, como fue el caso de las dos "iniciativas populares" que fueron desestimadas en dos ocasiones por el Gobierno. La última, presentada un año antes, había juntado más de 30.000 firmas en plena pandemia. El rechazo provocó indignación en la población y movilizaciones en toda la provincia; y la posterior represión con decenas de procesados. Cinco días después, el gobernador Mariano Arcioni anunció que derogaría la reforma.
En Mendoza, la organización asamblearia en toda la provincia también fue la clave para la rápida reacción del pueblo cuando se enteró aquel 20 de diciembre de 2019 que se estaba aprobando la modificación a la Ley 7722, abriéndole las puertas a la megaminería, a través de la habilitación del uso del cianuro y otras sustancias. Al mismo tiempo, Alberto Fernández proponía una baja en las retenciones a las mineras, para que estas pasen del doce por ciento al ocho.
Tres días después, se produjo la histórica marcha del 23 de diciembre que se inició con una caravana que partió desde varios puntos de la provincia. La gesta comenzó a las 8 de la mañana y en cada pueblo se sumaba más gente. En 24 horas, la muchedumbre llegó al Nudo Vial de la ciudad de Mendoza, en donde otra multitud recibió a los más de diez kilómetros de vehículos movilizados. Desde allí marcharon hasta la Casa de Gobierno, en donde la Policía desató una brutal represión pero no logró doblegar la voluntad popular, que obligó a retroceder a todas las fuerzas políticas. Apenas diez días después de su aprobación, la reforma de la Ley 7722, "Guardiana del agua", estaba liquidada.
Un largo camino defendiendo el agua y el ambiente
La sanción de la Ley 7722 fue, también, producto de la lucha de los pueblos. El 25 de mayo de 2005 el pueblo de San Carlos (de donde años después partió la marcha histórica que terminó en el Mendozazo), salió a la calle ante la amenaza de la instalación de la minera canadiense Tenke, que había anunciado la intención de extraer oro y cobre en una zona lindera al arroyo Papagayos. Las y los pobladores marcharon contra el entonces gobernador, Julio Cobos, con consignas que rechazaban la minería a cielo abierto. El proyecto fue frenado y los vecinos lograron proteger el área bajo la denominación de "reserva natural".
Año tras año volvieron los intentos de extractivismo en una provincia que también fue amenazada por el fracking. En el 2006, miles de personas rechazaron otro proyecto minero en General Alvear. La reacción se extendió a otras localidades y, a fines de ese mismo año, miles de personas se movilizaron hasta la Legislatura para exigir la promulgación de la Ley 7.627, que terminaba con los otorgamientos de derechos mineros. Se logró promulgar, pero días después el gobernador Cobos vetó la ley. Desde ese hecho, la bronca popular se acrecentó aún más.
En una disputa sobre volver a la Ley 7627, el Gobernador volvió a vetar la discusión, pero debido a la presión social suspendió por 90 días los proyectos mineros. Eso no logró detener las movilizaciones que nuevamente encabezaban las asambleas y que incluyeron cortes de ruta, concentraciones y escraches. En este escenario, el 19 de junio de 2007 la Cámara de Senadores aprobó la media sanción y el 20 de junio se completó la aprobación de la Ley 7722.
Por su parte, Chubut es una provincia con una notoria tradición histórica en defensa del ambiente, con varios antecedentes y más de veinte años de defensa del territorio. Podemos nombrar algunos ejemplos: las manifestaciones contra el intento de realizar un basurero nuclear en 1996 o las recuperaciones del Pueblo Tehuelche-Mapuche, como la realizada en el 2007 por la comunidad mapuche de Santa Rosa de Leleque en 625 hectáreas apropiadas por el Grupo Benetton.
Pero hay un hecho fundacional para las asambleas ciudadanas que se da en el 2003, con la creación de la "Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina", que dio lugar a las movilizaciones para evitar que se desarrolle la megaminería a cielo abierto en la ciudad de Esquel. El resultado de la protesta posibilitó que se realizara un plebiscito con la participación de todo el pueblo, que arrojó un contundente rechazo a la megaminería, con un 81 por ciento de votos en contra. El acontecimiento fue la base para la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia. Pero el triunfo también fue inspirador para que en el 2006 surgiera la Unión de Asambleas de las Comunidades (UAC), que nucleó a distintas asambleas socioambientales del país.
Dos hitos para pensar lo que se viene
Ningún "analista político" ni ningún medio hegemónico ha abordado estos dos sucesos protagonizados por las fuerzas populares, más allá de la coyuntura. La penosa gestión de Alberto Fernández tuvo muchas limitaciones, errores y dificultades, pero en ningún balance se menciona las dos sublevaciones provinciales en gobiernos de diferentes signos políticos, pero con acuerdos para avanzar con la megaminería.
El caso en Mendoza es sorprendente porque el levantamiento popular se dio apenas asumido el gobierno. En lo que llaman la "luna de miel" política, que supuestamente otorga la opinión pública a un presidente recién victorioso. La masividad de la protesta dejó mal parado a más de uno. La evidencia de esto fue el total cerco informativo con que blindaron los grandes medios de comunicación lo que estaba sucediendo durante los primeros días. Hasta que el desborde social fue imposible de invisibilizar. En este caso, la comunicación alternativa fue clave, como en todo conflicto que tiene por detrás los intereses del lobby minero internacional, donde no existen grietas entre las fuerzas políticas principales.
En ambos casos, la alianza entre diferentes sectores fue otra característica de la lucha social. La megaminería también amenazó otras actividades de la economía provincial, lo que movilizó a los trabajadores a defender su fuente laboral y, con ello, arrastró a parte del empresariado que veía peligrar sus negocios.
En Mendoza fue el malestar de la industria vitivinícola que permanecía intranquila ante el extractivismo minero, no sólo en la disputa del escaso recurso hídrico, sino también ante la posibilidad de un desastre ambiental. En Chubut, los trabajadores de la alimentación, del puerto y del amplio sector de la industria de la pesca también se involucraron de lleno en la lucha que amenazaba con contaminar el único río que posee la provincia, condición que afectaría la zona apta para la pesca.
Estos dos históricos episodios golpearon al gobierno de Alberto Fernández, que desde el inicio de su gestión se mostró decidido a apoyar el frente minero. Hoy, este apoyo se mantiene indiscutido: hay un consenso general entre las fuerzas políticas que disputaron el último ballotage. El presidente electo no concibe que el daño ambiental detenga a la propiedad privada y "el derecho de obtener ganancias". Por eso no titubeó en consentir que las empresas contaminen los ríos libremente ("una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera"), y el motivo es que el agua tiene valor "cero", según su concepción ultraliberal y, por eso, propuso la apropiación de esos cauces en manos de privados.
Una de las diferencias en esta etapa es que hay una mayor disposición a reprimir la protesta social. Milei ganó con un discurso punitivo que propone hasta la libre portación de armas para combatir la "delincuencia". De esta manera, el nuevo Gobierno se está conformando con un fuerte perfil represivo. Basta detenerse en algunos de los principales funcionarios en lugares sensibles, como el Ministerio de Seguridad ocupado por Patricia Bullrich o la vicepresidencia en manos de una defensora de genocidas, como Victoria Villarruel.
Pero otro punto a tener en cuenta es la debilidad con la que llega Milei al poder, con una escuálida representación en ambas Cámaras y sin estructura territorial. El brutal ajuste que anuncia para "equilibrar la economía" va a requerir de una nueva alianza con "la vieja casta". El nuevo gobierno está dispuesto a volver a tomar deuda y ofrecer como garantía los territorios y el agua.
Más allá de los resultados electorales y las fuerzas que conformen el eventual Gobierno, el lobby minero volverá a intentar quebrar la resistencia popular. Las y los defensores del agua han mostrado cuáles son las formas para organizarse y no dejar pasar los embates del extractivismo. Por ello, y más que nunca, los pueblos tienen que tener su propia memoria: el ChubutAguazo y el Mendozazo fueron posibles por muchas otras experiencias.
Producción colaborativa entre ANRed, Ancap, Citríca y Agencia Tierra Viva en el Día de los DD.HH.
