Le dieron la domiciliaria por razones humanitarias, pero Olivera hace lo que quiere. La fiscalía le pidió al TOF de San Juan que investigue los pormenores del evento en el que festejó la familia militar. Entre los invitados estuvo Cecilia Pando.
Jorge Antonio Olivera no quiso reparar gastos a la hora de celebrar los 50 años de casados con su esposa, Marta Ravasi. Cantó incluso un ícono de la música popular de aquellos años en los que se conocieron, Ramón "Palito" Ortega. Hubo alrededor de 60 invitados que bailaron y cantaron con la feliz pareja. Y hasta hubo algún que otro brindis por la libertad. No es curioso porque Olivera -aunque la festichola no lo evidencia-está preso. Condenado, a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero en domiciliaria -a la que accedió por cuestiones humanitarias - a pesar de haber estado prófugo durante casi cuatro años-.
La fiesta tuvo lugar, por lo que pudo saber Página/12, en su casa de Vicente López. Tuvo, entre otros invitados, a Cecilia Pando y a su marido Pedro Mercado. Pando y Ravasi suelen firmar juntas solicitadas por la libertad de los genocidas.
Después de que se conociera, a través de las redes sociales, que el evento se había realizado-y que no habría sido informado a los jueces-, el fiscal general Dante Vega -titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Mendoza-y el fiscal general de San Juan Francisco Maldonado pidieron al Tribunal Oral Federal de esa provincia que investigue las circunstancias de la fiesta.
En esa línea, los fiscales solicitaron se le imponga a futuro a Olivera la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales "que supongan la concurrencia de un número considerable personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering, o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social".
Olivera tiene un largo historial de elusión a la justicia, pese a que él mismo es abogado. En 2000, a Olivera lo detuvieron en Italia por el secuestro y la tortura de la modelo francesa Marie Anne Erize. Logró escabullirse presentando un certificado de defunción falso de su víctima. En 2007, después de la reapertura de los procesos en la Argentina, la Justicia Federal de San Juan ordenó su captura. Tardaron más de un año en encontrarlo, pero la Policía Federal lo halló caminando por Vicente López. Fue condenado a prisión perpetua.
Después de la condena, logró que lo trasladaran del penal de Chimbas a Marcos Paz y que le dieran autorización para ir a una consulta al Hospital Militar Central con su consorte de causa, Gustavo de Marchi. La consulta había sido gestionada por la esposa de Olivera, una psicóloga con grado militar. Desde allí se fugaron. A Olivera recién lo recapturaron en 2017. Fue por una investigación del fiscal Franco Picardi, que logró ubicarlo a través de escuchas telefónicas. Lo encontraron escondido en el baúl de un auto de su familia en San Isidro.
Pese a tener esos antecedentes, consiguió que le dieran la prisión domiciliaria al tiempo. La concesión se produjo en 2021 en la Cámara de Casación. La decisión la adoptaron Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. Se la otorgaron porque tenía más de 70 años y por "cuestiones humanitarias".
En diciembre del año pasado, mientras estaba en domiciliaria, Olivera urdió otra maniobra para salir de su casa. Presentó un certificado médico sin fecha que había firmado Mario Caponetto. El cardiólogo es uno de los exponentes del nacionalismo católico argentino, ligado tanto él como su hermano a la ultraderechista revista Cabildo. La fiscalía y el tribunal de San Juan advirtieron que era un nuevo acto de mala fe procesal y los jueces, por mayoría, decidieron revocarle la domiciliaria. Pero Casación optó por mantenérsela.
