Falta menos de un mes para el comienzo del ciclo lectivo 2024. Para que el próximo 4 de marzo los alumnos y los docentes vuelvan efectivamente a las aulas -después de seis años en los que se vivió la peor crisis educativa de la historia de Chubut- deberán cerrarse múltiples acuerdos entre los gremios educativos y el gobierno de Ignacio Torres; particularmente en materia salarial. Los trabajadores de la educación se encuentran arrastrados a la pobreza y su sueldo cubre apenas el 30% de la canasta familiar. Docentes, padres, funcionarios y la sociedad entera están pendientes de una situación que llegó a niveles de catástrofe e involucra a miles de estudiantes que necesitan un futuro educativo.
El trabajador docente ha sido el más perjudicado dentro del Estado. Solamente en 2023 perdió 38,4% del poder adquisitivo de sus ingresos y desde 2019 la depreciación asciende al 55,1%. Con la inflación galopante de diciembre y enero el sueldo de una maestra ingresante solo alcanza para cubrir un tercio del costo de la canasta familiar porque el salario inicial es de apenas 194 mil pesos. Con docentes hundidos en la pobreza, inclusive trabajando en dos cargos, uno de los desafíos de la nueva administración es recomponer los ingresos del sector y cumplir con su compromiso de garantizar los 184 días de clases proyectados.
Si habrá o no clases es una pregunta que aún no tiene respuesta final, ya que a las circunstancias específicas de la provincia se suman los recortes brutales del gobierno de Milei.
La incógnita se irá develando durante las próximas semanas porque el gobierno de Chubut y los gremios educativos deberán sentarse a negociar paritarias específicas para el sector, buscando recomponer los salarios del sector más afectado entre los trabajadores estatales de la provincia.
A 20 días de que se inicie el clico escolar 2024 la mayoría de los gremios del sector han expresado su descontento con el aumento del 33% en tres cuotas (10% en enero, 10% en febrero y 10% en marzo) que otorgó la administración de Torres al conjunto de los estatales para el primer trimestre del año.
Ese porcentaje les resulta insuficiente para cubrir la pérdida salarial de diciembre y enero, lo que obviamente deja sin resolver el deterioro del poder de compra docente que fue de 38,4% en todo 2023 y más del 55,1% en los últimos cuatro años.
La propuesta gubernamental fue aceptada a medias por el SiTraEd, uno de los tres gremios del sector, al que se le deben sumar la ATECh -que agrupa a la mayoría de los docentes estatales- y SADOP -nuclea a los de la educación privada-. También se debe considerar a UDA, que engloba a un sector minoritario en la provincia.
El lunes 19 de febrero se volverán a ver las caras los funcionarios gubernamentales y los sindicatos docentes. Supuestamente estarían presentes todos los gremios del sector.
Docentes pobres, los más afectados
La Canasta Básica Total para un grupo familiar de cuatro personas en Comodoro Rivadavia fue de 550.718 pesos en diciembre y las proyecciones la ubicarían en los 660.000 pesos en enero reflejando un aumento cercano al 20%; una estimación que aún no fue confirmada por el Observatorio de Economía de la UNPSJB pero es coincidente con la inflación del 21,7% relevada en CABA, con un acumulado interanual del 238,5%.
En enero de este año y con el 10% del primer tramo del aumento otorgado por Torres el salario de bolsillo de una maestra de grado ingresante llegó a 194.618 pesos. Ese sueldo alcanzó para cubrir solamente el 29,4% de una canasta familiar de 660.000 pesos. Si el docente posee dos cargos -como sucede en la mayoría de los casos- lograría cubrir apenas el 58,9% de la CBT.
Así las cosas, un docente chubutense con dos cargos es técnicamente pobre y está lejos de alcanzar la línea que lo sacaría de esa condición.
Este panorama se viene dando desde hace muchos años, pero se profundizó en 2023 cuando el sueldo docente solamente sirvió para satisfacer el 31,8% de la canasta familiar.
Tras los conflictos y las mejoras registradas en 2018 y 2019, obteniendo recomposiciones y la cláusula gatillo de ajuste por inflación, el sueldo del sector cubrió el 74,5% durante 2019. Ése fue su punto de mayor cobertura durante los últimos años.
Con la irrupción del Covid y la instrumentación de la pandemia los sueldos docentes de la provincia se deterioraron notablemente cubriendo apenas el 57,6% de la CBT en 2020 y el 49% en 2021. Durante 2022 se consiguieron mejoras para llegar al 54,4% de la canasta familiar, pero jamás se alcanzaron los niveles den2019.
La disparada inflacionaria de todo 2023 y la falta de actualizaciones salariales acordes llevaron a que el salario del educador solamente pudiera cubrir el 31,8% de la canasta familiar, para de esa manera hundir en la pobreza a los docentes, incluyendo a quienes trabajan en dos cargos.
Consecuencias del Caputazo
Con la asunción del presidente Javier Milei y la devaluación del 118% impuesta por su ministro Luis "Toto" Caputo, la inflación se disparó en diciembre al 24,3% según el IPC Patagonia y es de esperar que en enero haya rondado en no menos del 20%.
A partir de esos datos -que oficialmente se conocerán el miércoles cuando los publique el INDEC- el salario docente solamente cubriría el 29,4% de la canasta familiar y mostraría otro achicamiento de su poder de compra a pesar del aumento dado por la gestión de Torres. En este escenario, con dos cargos a una maestra ingresante no le alcanza para solventar ni el 60% de lo que cuesta la CBT de 660.000 pesos.
La era Arcioni fue una catástrofe para el sector docente. En 2020 los docentes perdieron un 15,1% frente a la inflación; en 2021 la caída fue del 22,1%; en 2022 consiguieron ganarle a la suba de los precios en apenas 10,7% y en el pasado 2023 terminaron perdiendo 38,4%.
Resumiendo, desde diciembre de 2019 y hasta el mismo mes del año pasado el sueldo docente se depreció 55,1% a lo largo de los últimos cuatro años de la gestión de Mariano Arcioni. El gobernador Torres, que acaba de cumplir dos meses en el cargo, debe asumir un desafío de enorme magnitud en tiempo de vacas flacas, caída de la producción petrolera y con la amenaza constante de la motosierra de Milei.
En función de las evaluaciones efectuadas los docentes son el sector más perjudicado de la administración pública chubutense, ya que por ejemplo el total de la masa salarial abonada por el Estado provincial a los más de 64 mil activos y pasivos quedó 19,1% debajo de la inflación durante 2023 (perdieron 19 puntos porcentuales menos que los educadores) y el acumulado desde 2019 dejó una pérdida del 30,2% para el conjunto de los estatales (25 puntos porcentuales menos que entre los docentes).
Los datos demuestran la disparidad de la pérdida salarial entre los docentes y el resto de los trabajadores estatales chubutenses que se fue consolidando durante el gobierno del massista Arcioni.
Cómo llegar a los 184 días de clases
El gobernador Torres dejó en claro que la educación es su prioridad principal desde el mismo día de su asunción. Ahora tiene por delante la tarea urgente de poner en marcha el ciclo lectivo 2024 y lograr además que desde el 4 de marzo hasta el 19 de diciembre las clases se desarrolle sin paros. Solamente de esa manera se harían realidad los 184 días de clases proyectados para este 2024 y cumpliría una de las principales promesas que efectuó en la campaña electoral.
Sin dudas, de cumplirse ese objetivo en diciembre sería un hecho histórico para una provincia que cayó en el peor lugar dentro de todos los índices de calidad educativa y que puso a varias generaciones de chicos y jóvenes en una zona de frustración y carencia de futuro.
Torres logró el acompañamiento a medias del SiTraEd. En las próximas semanas deberá negociar con eficiencia y poner las cartas sobre la mesa para alcanzar un acuerdo con los docentes en su conjunto. En gran medida se trata de acordar una hoja de ruta creíble que permita a los trabajadores del sector salir del empobrecimiento en que fueron cayendo sin pausa durante la pésima gestión que lideró Arcioni sin responsabilidad ni capacidad estratégica durante seis años.
Torres cuenta con una amplia imagen positiva en Chubut, y su aceptación fue en crecimiento desde que asumió, en contrapartida con la de Javier Milei que retrocedió en la provincia y en todos los demás distritos del país.
Ese capital político acumulado por Torres constituye una fuerte garantía inicial para los compromisos que asuma ante los docentes, cuya dirigencia -en especial la de ATECh- suele mostrarse como la más propensa a la confrontación. Sin embargo, los gremialistas del mayor sindicato docente poseen una sólida formación política, leen agudamente el contexto del país y no incluyen el vidrio dentro de su dieta.
Muchos de los electores que ven a Torres con mejores ojos en los primeros sesenta días de gestión -y que posiblemente lo hayan votado- son parte de los 13 mil educadores chubutenses, por lo que aún no está claro si se sumarían a una precoz medida de fuerza.
Más aún considerando la vigencia de la nueva cláusula de presentismo englobada en la Ley de "Profesionalidad docente" que se votó recientemente la Legislatura, y que al docente podría representarle un 15% más en su deteriorado bolsillo a final de cada mes.
ATECh consideró a ese punto de la ley un "apriete encubierto". Ocurre que además la ley contempla la "capacitación y el compromiso institucional", una última faceta cuestionada por los gremios debido a la "inestabilidad conceptual" y por la posible "arbitrariedad" de los directivos que deban efectuar las evaluaciones.
Más allá que ese 15% no puede ser considerado un aumento directo y permanente del sueldo, es una carta fuerte que Torres juega para medir su acompañamiento social, tanto entre los docentes como entre los padres de los alumnos.
Torres pondrá en juego parte de su capital político frente a la sociedad y ante los propios gremios del sector, pero no es menos cierto que los docentes y el propio Torres se enfrentan al "mal mayor" que implican los recortes, aprietes y vendettas del gobierno de Milei por el fracaso de la Ley Ómnibus y sus políticas de ajuste del gasto público.
Conjugar y equilibrar todas esas variables no será nada fácil para el gobernador chubutense, más aún en una provincia que en los últimos años tuvo como máximo ciclos lectivos de 131 días efectivos de clases y que en el paroxismo del desastre hubo 54 días de clase en 2019 y 73 en 2020 con la pandemia.
En su discurso de asunción el pasado 9 de diciembre, Torres aseveró que "El primer gran desafío es recuperar la única herramienta que les va a permitir a los más chicos defenderse en la vida, que es la educación. Si no recuperamos la educación es imposible construir ciudadanía, no hay espíritu crítico, no tiene sentido que esté hoy acá hablando de proyectos y agendas de desarrollo".
Luego, el 28 de diciembre en una entrevista con Canal 12, manifestó que "me obsesiona la educación... no tenemos margen para perder un día más de clases". "Las clases tiene que empezar y los chicos tienen que poder ir a los comedores en las escuelas. Son los dos objetivos principales... y la negociación la vamos a hacer con los números sobre la mesa... Queremos que además de clases haya calidad académica y edilicia para los docentes que van a dar clases, pero los chicos tienen que estar en las aulas".
Conseguir el ansiado inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo y llegar al 19 de diciembre para que se cumplan los 184 días anunciados demandará como mínimo importantes mejoras salariales y una muñeca política que el gobernador deberá manejar casi a la perfección con convicción y flexibilidad a la vez. Eso lo diferenciaría absolutamente de su malogrado antecesor.
