Comienza un nuevo conflicto territorial tras la orden de desalojo a la comunidad mapuche Lof Coronado Inalef
En el marco de un nuevo conflicto territorial la comunidad mapuche de la Lof Coronado Inalef podría ser desalojada en las próximas horas por una orden del fiscal Francisco Arrien, quien habría advertido en dos instancias previas a la comunidad que se retirara del lugar para evitar el desalojo forzoso.
Las tierras se ubican entre El Bolsón y Bariloche y son un total de siete hectáreas, las cuales la Lof asegura que son ancestrales y que pertenecen a su comunidad desde hace más de 70 años. Pero del otro, hay un grupo de personas que dicen ser los propietarios de la tierra y tener documentación que los acredite.
La comunidad que reside en esos campos es una familia compuesta por cuatro mujeres, que serían madre, hija y nietas.
Por parte de la comunidad mapuche comenzó una resistencia al desalojo y un reclamo ante el posible incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. En este sentido, otras comunidades se congregan en el lugar para acompañar a la Lof Coronado Inalef en el reclamo e impedir el desalojo. Varias organizaciones sociales vinculadas a los pueblos originarios se pronunciaron en contra del desalojo y mostraron su apoyo a la comunidad.
Previo a esto, sumado a las denuncias de usurpación, varias personas que se han presentado en el lugar para dialogar con la familia denunciaron posteriormente haber recibido amenazas y agresiones físicas y verbales.
Finalmente, habiendo agotado las instancias previas a la orden de desalojo, la justicia de Río Negro ya comenzó a delinear el proceso para el desalojo forzoso de las tierras tras vencerse ayer lunes el último plazo otorgado. Ahora el juez de garantías Juan Pablo Laurence ordenó el desalojo y el magistrado de la instancia superior, Juan Martín Arroyo la ratificó.
Odarda pide frenar el desalojo
La legisladora Magdalena Odarda, quien presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante gran parte del mandato de Alberto Fernández, envió una nota al procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, por la que solicitó la suspensión del inminente desalojo de la lof Coronado Inalef en Mallín Ahogado.
Odarda indicó que la acción que se pretende realizar "significa una clara vulneración de derechos constitucionales y supralegales", tanto de la comunidad en cuestión como del pueblo mapuche tehuelche rionegrino en general.
La legisladora basó su presentación principalmente en la ley 26160, de emergencia territorial indígena.
Asimismo, aludió a la existencia de un hostigamiento contra la lof que vulnera la Constitución Nacional y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, así como también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Pero, como ya se indicó, la expresidenta del INAI se fundamentó especialmente en la suspensión de desalojos de comunidades indígenas que figura en el articulado de la ley 26160, que fue prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2025.
En el marco de un nuevo conflicto territorial la comunidad mapuche de la Lof Coronado Inalef podría ser desalojada en las próximas horas por una orden del fiscal Francisco Arrien, quien habría advertido en dos instancias previas a la comunidad que se retirara del lugar para evitar el desalojo forzoso.
Las tierras se ubican entre El Bolsón y Bariloche y son un total de siete hectáreas, las cuales la Lof asegura que son ancestrales y que pertenecen a su comunidad desde hace más de 70 años. Pero del otro, hay un grupo de personas que dicen ser los propietarios de la tierra y tener documentación que los acredite.
La comunidad que reside en esos campos es una familia compuesta por cuatro mujeres, que serían madre, hija y nietas.
Por parte de la comunidad mapuche comenzó una resistencia al desalojo y un reclamo ante el posible incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas. En este sentido, otras comunidades se congregan en el lugar para acompañar a la Lof Coronado Inalef en el reclamo e impedir el desalojo. Varias organizaciones sociales vinculadas a los pueblos originarios se pronunciaron en contra del desalojo y mostraron su apoyo a la comunidad.
Previo a esto, sumado a las denuncias de usurpación, varias personas que se han presentado en el lugar para dialogar con la familia denunciaron posteriormente haber recibido amenazas y agresiones físicas y verbales.
Finalmente, habiendo agotado las instancias previas a la orden de desalojo, la justicia de Río Negro ya comenzó a delinear el proceso para el desalojo forzoso de las tierras tras vencerse ayer lunes el último plazo otorgado. Ahora el juez de garantías Juan Pablo Laurence ordenó el desalojo y el magistrado de la instancia superior, Juan Martín Arroyo la ratificó.
Odarda pide frenar el desalojo
La legisladora Magdalena Odarda, quien presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante gran parte del mandato de Alberto Fernández, envió una nota al procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, por la que solicitó la suspensión del inminente desalojo de la lof Coronado Inalef en Mallín Ahogado.
Odarda indicó que la acción que se pretende realizar "significa una clara vulneración de derechos constitucionales y supralegales", tanto de la comunidad en cuestión como del pueblo mapuche tehuelche rionegrino en general.
La legisladora basó su presentación principalmente en la ley 26160, de emergencia territorial indígena.
Asimismo, aludió a la existencia de un hostigamiento contra la lof que vulnera la Constitución Nacional y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, así como también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Pero, como ya se indicó, la expresidenta del INAI se fundamentó especialmente en la suspensión de desalojos de comunidades indígenas que figura en el articulado de la ley 26160, que fue prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2025.
