Milei avanza en el despido de miles de empleados estatales y los gremios preparan plan de luchaSPUTNIK
El presidente argentino anunció que 'van a caer 70.000 contratos' de trabajadores del Estado, en medio del drástico ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. Los sindicatos encienden las alarmas y preparan medidas de fuerza. El testimonio del despido masivo, en primera persona.
La motosierra arrasa en el Estado argentino. El presidente Javier Milei dispuso la ejecución de un masivo recorte en la planta de trabajadores de la administración pública nacional, que incluso pone en riesgo el funcionamiento mismo de áreas del aparato estatal. La noticia, que distintos funcionarios dejaron trascender días antes, anticipa tensiones y una posible nueva huelga general.
Si bien la ola de despidos inició paulatinamente hacia el 21 de marzo -días después de la salida del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, quien renunció para evitar hacerse cargo del costo político de la decisión-, fue recién el martes 26 cuando el propio Milei hizo pública la drástica medida.
En el cierre del Foro Económico Internacional de las Américas, el mandatario afirmó: "echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".
La cifra, que remite al total de contratos renovables mediante las modalidades de "planta transitoria" o "asistencia técnica profesional" -equivalentes a la mitad de todos los empleados de la administración pública-, fue desmentida por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, al día siguiente en conferencia de prensa.
Adorni aclaró que "hubo bastante confusión. El universo de contratos analizados es algo más de 70.000. Del universo analizado hay 15 mil que se va a proceder a las bajas al 31 de marzo. Al resto, vamos a renovarlo por seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno".
"El objetivo es llegar a lo que corresponda. Si son 70.000, que sean 70.000. Si nos quedamos en 15.000, que sean 15.000. Es extremadamente quirúrgico el trabajo para no cometer errores y que nadie pierda su trabajo que no lo merezca", aclaró el vocero.
La decisión alcanza a dependencias de lo más diversas. Un claro ejemplo que refleja el impacto de la medida ocurre en el Servicio Meteorológico Nacional, que transcurridos tres meses de Gobierno aún no tiene un director oficializado que pueda firmar la renovación de los 670 contratos pendientes. Aerolíneas privadas alertaron sobre los riesgos que conlleva la virtual parálisis para la actividad aeronáutica.
Los rostros detrás del número
La noticia cayó como un balde de agua fría en las distintas esferas de la administración pública. Uno de los casos paradigmáticos ocurrió en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se ejecutaron más de 1.400 despidos.
"El viernes 22 estábamos trabajando normalmente y de repente llegaron 17 telegramas. Muchos que trabajamos hace años teníamos contrato firmado hasta diciembre de 2024 y nos informaban que lo finalizarían antes", dijo a Sputnik Nadia Gómez, trabajadora despedida de la entidad.
Gómez contó que en su dependencia, ubicada en un barrio popular en la localidad de Quilmes -a unos 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires- "ahora quedan solo cinco compañeros trabajando, así que probablemente cierren la oficina, lo cual es grave porque la ANSES es un organismo muy presente en la vida de las personas, desde el embarazo hasta el fallecimiento".
"El impacto no es solo sobre los trabajadores sino sobre los vecinos: atendíamos a más de 500 personas todos los días. Son derechos de las personas y nosotros nos ocupábamos de garantizar que pudieran acceder a ellos", remarcó.
Su caso es apenas uno entre miles, y se replica en la estructura misma del gabinete nacional. Soledad Santillán, secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo en la Asociación de Trabajadores del Estado, dijo a Sputnik que "hubo más de 150 despidos en el ministerio de Economía y 56 en el de Interior. En otras dependencias el recorte promedio fue de 20 o 30 empleados. Todavía seguimos haciendo la radiografía de cada sector".
"Tenemos mucho dolor. Detrás de cada trabajador hay una familia que deben sostener: todos vivimos de nuestro sueldo y por eso exigimos que puedan volver a su puesto de trabajo. En el Estado no sobra nadie", advirtió la dirigente gremial.
En casa de herrero, cuchillo de palo
Que el recorte caiga, sobre todo, entre los trabajadores contratados -cuyos acuerdos se renuevan semestral o anualmente- no es casualidad. En el país que registra más de un 45% de informalidad laboral, las condiciones precarias de trabajo llegan incluso a la estructura del Estado.
Santillán lo expresó sin eufemismos: "en muchos casos existe una relación laboral encubierta. Desde hace años el Estado precariza a cientos de trabajadores. En otros casos, las autoridades despidieron a compañeros que todavía estaban en su período de prueba. Prácticamente, cortaron por lo más fino", denunció la sindicalista.
Aquel "gris" legal -manifestado en modalidades heterodoxas de contratación como el monotributo, que concibe al trabajador como el "prestador de un servicio"- es la llave para la puesta en marcha del recorte. Según la referente, "en algunos organismos lo que ocurrió fue que la renovación de los contratos no fuera por un año, sino por apenas dos meses, hasta que dejaron de renovarles: tenemos 400 compañeros en esa situación".
"En la administración pública hay distintas modalidades de contratación. La mayoría que están siendo dados de baja quizás están hace 10 o 20 años, pero como su renovación es anual, ahora el Gobierno decidió suspenderlo y por eso es prácticamente un despido. Vamos a iniciar acciones legales", apuntó Santillán.
¿Vuelta a las calles?
La sucesión de despidos de la administración pública se inscribe en un marco de recesión generalizada a nivel nacional. A la luz de la caída del poder adquisitivo de los salarios tras una inflación que entre diciembre y febrero acumuló un 71%, todas las miradas apuntan al accionar de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central gremial del país.
Si bien la entidad realizó una huelga general el 24 de enero -constituyendo la más temprana contra un Gobierno recién asumido-, sus principales dirigentes deslizaron la presión que pesa sobre ellos para desplegar una nueva medida de fuerza.
Consultada al respecto, Santillán afirmó: "exigimos que haya un paro general. Estamos trabajando para que haya una rápida respuesta. Más temprano que tarde habrá una huelga. Pero más allá de esa fecha puntual, debemos tener un plan de lucha general para visibilizar lo que está pasando".
SPUTNIK
El presidente argentino anunció que 'van a caer 70.000 contratos' de trabajadores del Estado, en medio del drástico ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. Los sindicatos encienden las alarmas y preparan medidas de fuerza. El testimonio del despido masivo, en primera persona.
La motosierra arrasa en el Estado argentino. El presidente Javier Milei dispuso la ejecución de un masivo recorte en la planta de trabajadores de la administración pública nacional, que incluso pone en riesgo el funcionamiento mismo de áreas del aparato estatal. La noticia, que distintos funcionarios dejaron trascender días antes, anticipa tensiones y una posible nueva huelga general.
Si bien la ola de despidos inició paulatinamente hacia el 21 de marzo -días después de la salida del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, quien renunció para evitar hacerse cargo del costo político de la decisión-, fue recién el martes 26 cuando el propio Milei hizo pública la drástica medida.
En el cierre del Foro Económico Internacional de las Américas, el mandatario afirmó: "echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".
La cifra, que remite al total de contratos renovables mediante las modalidades de "planta transitoria" o "asistencia técnica profesional" -equivalentes a la mitad de todos los empleados de la administración pública-, fue desmentida por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, al día siguiente en conferencia de prensa.
Adorni aclaró que "hubo bastante confusión. El universo de contratos analizados es algo más de 70.000. Del universo analizado hay 15 mil que se va a proceder a las bajas al 31 de marzo. Al resto, vamos a renovarlo por seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno".
"El objetivo es llegar a lo que corresponda. Si son 70.000, que sean 70.000. Si nos quedamos en 15.000, que sean 15.000. Es extremadamente quirúrgico el trabajo para no cometer errores y que nadie pierda su trabajo que no lo merezca", aclaró el vocero.
La decisión alcanza a dependencias de lo más diversas. Un claro ejemplo que refleja el impacto de la medida ocurre en el Servicio Meteorológico Nacional, que transcurridos tres meses de Gobierno aún no tiene un director oficializado que pueda firmar la renovación de los 670 contratos pendientes. Aerolíneas privadas alertaron sobre los riesgos que conlleva la virtual parálisis para la actividad aeronáutica.
Los rostros detrás del número
La noticia cayó como un balde de agua fría en las distintas esferas de la administración pública. Uno de los casos paradigmáticos ocurrió en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se ejecutaron más de 1.400 despidos.
"El viernes 22 estábamos trabajando normalmente y de repente llegaron 17 telegramas. Muchos que trabajamos hace años teníamos contrato firmado hasta diciembre de 2024 y nos informaban que lo finalizarían antes", dijo a Sputnik Nadia Gómez, trabajadora despedida de la entidad.
Gómez contó que en su dependencia, ubicada en un barrio popular en la localidad de Quilmes -a unos 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires- "ahora quedan solo cinco compañeros trabajando, así que probablemente cierren la oficina, lo cual es grave porque la ANSES es un organismo muy presente en la vida de las personas, desde el embarazo hasta el fallecimiento".
"El impacto no es solo sobre los trabajadores sino sobre los vecinos: atendíamos a más de 500 personas todos los días. Son derechos de las personas y nosotros nos ocupábamos de garantizar que pudieran acceder a ellos", remarcó.
Su caso es apenas uno entre miles, y se replica en la estructura misma del gabinete nacional. Soledad Santillán, secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo en la Asociación de Trabajadores del Estado, dijo a Sputnik que "hubo más de 150 despidos en el ministerio de Economía y 56 en el de Interior. En otras dependencias el recorte promedio fue de 20 o 30 empleados. Todavía seguimos haciendo la radiografía de cada sector".
"Tenemos mucho dolor. Detrás de cada trabajador hay una familia que deben sostener: todos vivimos de nuestro sueldo y por eso exigimos que puedan volver a su puesto de trabajo. En el Estado no sobra nadie", advirtió la dirigente gremial.
En casa de herrero, cuchillo de palo
Que el recorte caiga, sobre todo, entre los trabajadores contratados -cuyos acuerdos se renuevan semestral o anualmente- no es casualidad. En el país que registra más de un 45% de informalidad laboral, las condiciones precarias de trabajo llegan incluso a la estructura del Estado.
Santillán lo expresó sin eufemismos: "en muchos casos existe una relación laboral encubierta. Desde hace años el Estado precariza a cientos de trabajadores. En otros casos, las autoridades despidieron a compañeros que todavía estaban en su período de prueba. Prácticamente, cortaron por lo más fino", denunció la sindicalista.
Aquel "gris" legal -manifestado en modalidades heterodoxas de contratación como el monotributo, que concibe al trabajador como el "prestador de un servicio"- es la llave para la puesta en marcha del recorte. Según la referente, "en algunos organismos lo que ocurrió fue que la renovación de los contratos no fuera por un año, sino por apenas dos meses, hasta que dejaron de renovarles: tenemos 400 compañeros en esa situación".
"En la administración pública hay distintas modalidades de contratación. La mayoría que están siendo dados de baja quizás están hace 10 o 20 años, pero como su renovación es anual, ahora el Gobierno decidió suspenderlo y por eso es prácticamente un despido. Vamos a iniciar acciones legales", apuntó Santillán.
¿Vuelta a las calles?
La sucesión de despidos de la administración pública se inscribe en un marco de recesión generalizada a nivel nacional. A la luz de la caída del poder adquisitivo de los salarios tras una inflación que entre diciembre y febrero acumuló un 71%, todas las miradas apuntan al accionar de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central gremial del país.
Si bien la entidad realizó una huelga general el 24 de enero -constituyendo la más temprana contra un Gobierno recién asumido-, sus principales dirigentes deslizaron la presión que pesa sobre ellos para desplegar una nueva medida de fuerza.
Consultada al respecto, Santillán afirmó: "exigimos que haya un paro general. Estamos trabajando para que haya una rápida respuesta. Más temprano que tarde habrá una huelga. Pero más allá de esa fecha puntual, debemos tener un plan de lucha general para visibilizar lo que está pasando".
