La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en la encrucijada libertariaPor Sebastián Sayago
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra encrucijada tiene tres acepciones:
1. Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos.
2. Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, asechanza.
3. Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como el resto de las universidades nacionales, está en un momento crítico, que puede ser interpretado como tres escenarios posibles, tal como está delineado en los significados de esta expresión.
1. Una circunstancia en la que debe optar entre varias posibilidades. Al menos, podemos apuntar tres: a) seguir como está, sin modificar nada, b) adaptarse a las demandas del nuevo gobierno nacional o c) revisar críticamente su situación y sus posibilidades, para planificar un fortalecimiento integral en todas sus áreas.
2. Una circunstancia en la que alguien con autoridad (en este caso, el gobierno nacional) pretende imponer a las universidades un cambio que las perjudica, en tanto deteriora el desarrollo de sus funciones esenciales: enseñanza y producción de conocimiento.
3. Una circunstancia compleja, en la que no se sabe qué hacer, pero se asume que es inevitable y urgente tomar una decisión.
No es forzado ver que estos tres escenarios, que no son incompatibles entre sí, permiten entender la situación de la UNPSJB.
El contexto del recorte presupuestario
Como el resto de las universidades nacionales, la UNPSJB sufre un enorme recorte presupuestario y, si el gobierno no adecúa pronto el monto de las partidas, no podrá mantener sus edificios habilitados el resto del año. Más allá de las propuestas de virtualización forzada, esto tendría un impacto negativo en muchos aspectos. Por un lado, provocaría el incremento de abandono en los primeros años (como ocurrió durante la pandemia). Por otro, al no haber actividades presenciales en los edificios, la universidad dejaría de ser un ámbito de realización de reuniones, jornadas, talleres y cursos destinados a miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Prácticamente, pasaría a tener una entidad virtual y remota, como esas universidades que, localizadas en diferentes partes del país, difunden su oferta educativa virtual por Internet. Sería un modo desterritorialización.
El brutal recorte presupuestario es ejecutado en un clima discursivo en el que se pretende cuestionar todo lo estatal, asociándolo a ineficiencia y prácticas corruptas. De hecho, el presidente ha realizado afirmaciones tales como "El Estado es una organización criminal", "El Estado no es la solución, es la base de todos los problemas", "El Estado es el enemigo". Durante su campaña electoral, reivindicó la educación privada frente a la pública y esbozó un modelo de vouchers para que se pueda decidir libremente a qué institución educativa concurrir. Aseguró que las escuelas y universidades deben funcionar como cualquier empresa: si tienen muchos alumnos (clientes), podrán expandirse y, si tienen pocos alumnos, deberán quebrar. En referencia a las universidades públicas, durante su campaña usó la calificación "centros de adoctrinamiento". Hace poco criticó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, porque consideró que allí no se enseña con la debida profundidad las teorías académicas que él más valora y, en cambio, se enseñan autores que, según su criterio, son "nefastos".
Entonces, el ajuste a las universidades y al sistema científico-tecnológico nacional general no está desligado de la opinión que Milei tiene de la educación pública, de la universidad pública o de la ciencia sostenida por el Estado. Es difícil esperar que desarrolle una política de fortalecimiento de aquello que él cree que debe desaparecer.
Una universidad de los trabajadores
El discurso orientado a la deslegitimación de la universidad pública se alimenta de prejuicios e ignorancia. Olvida, por ejemplo, que el surgimiento y la institucionalización de la UNPSJB fue el producto de un movimiento ciudadano que, tanto en la zona del Valle como en la de Comodoro Rivadavia, buscó ofrecer a los jóvenes de la región la posibilidad de acceder a estudios universitarios, para que no se vean obligados a emigrar a otras provincias. Y, en este proceso, la calidad académica fue uno de los ejes de las demandas. De hecho, en 1972, los estudiantes de la universidad salesiana Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y confesional) realizaron una huelga para exigir una formación mejor de la que entonces recibían.
Y, desde su fundación oficial en 1980, la UNPSJB ha cumplido con creces esta misión. No solo su nivel de formación de pregrado y grado es muy buena, sino que, además, ha consolidado el nivel de posgrado y la producción científica en cada área es reconocida en la escala nacional (y, en muchos casos, en la internacional, también).
En estos tiempos, es frecuente escuchar cuestionamientos al carácter gratuito de la enseñanza estatal. Se repiten clichés como "Nada es gratis en la vida", "Alguien la paga", "Lo gratuito se sostiene con nuestros impuestos", "Es con la nuestra". Es cierto que la gratuidad de la enseñanza (para quienes cursan) requiere un apoyo económico que proviene de variados impuestos y otros ingresos del Estado, pero también es cierto que "con la nuestra" se enriquecen los dueños de las grandes empresas que mantienen sus ganancias a pesar de todas las crisis macroeconómicas. ¿O acaso las grandes fortunas de los empresarios mineros, petroleros, agrícolas y supermercadistas no depende del uso de nuestro territorio, de nuestros bienes naturales, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra necesidad de subsistencia y de las exageradas ventajas que les dan nuestros gobiernos? Si me dan a elegir, con los impuestos que pago (como cualquier ciudadano), prefiero que se financie la educación pública antes que la riqueza de un multimillonario. Al fin de cuentas, la educación pública es un beneficio para el pueblo y lo otro, claramente no.
Hay dos aspectos que resaltan la vocación popular de la universidad. El primero es que aproximadamente el 80% de los egresados constituyen la primera generación de universitarios en sus respectivas familias (es decir, son hijos e hijas de padres que no tienen un título universitario). Sin dudas, un logro maravilloso y contundente, que ratifica la importancia de la institución en la zona.
El otro aspecto es un hecho que suele ser expuesto públicamente de manera distorsionada. Se refiere a la duración real de las carreras. Es cierto que, en promedio, el tiempo de cursado de una carrera supera la duración estimada en cada plan de estudio. En el contexto de acusaciones a la universidad pública, se enfatiza que, en muchos casos, la duración real es el doble de la prevista. Sin embargo, lo que no se dice es que la gran mayoría de los estudiantes que se demoran el doble son trabajadores y padres y madres de familia. Es lógico que su cursada se prolongue varios años, porque tienen menos tiempo de estudio y la universidad mantiene sus estándares de exigencia. Entonces, en vez de cursar y aprobar cinco o seis materias por año, cursan y aprueban dos o tres. Y la universidad no los expulsa por esta demora. Tampoco les facilita la aprobación, como sucede en muchas instituciones privadas que funcionan como empresas que venden titulaciones en cuotas.
Esto no significa que el apoyo a los y las estudiantes de la clase trabajadora sea todo lo fuerte que debería. Es mucho más lo que se podría hacer para contenerlos (por ejemplo, abrir jardines maternales para que puedan llevar a sus hijos mientras cursan).
La reforma curricular como mecanismo de ajuste
En octubre de 2023, ya en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Políticas Universitarias difundió un documento con siete ejes para revisar los diseños curriculares. De manera general, apuntaban a: incorporar la educación virtual, revisar la relación entre la duración real y la duración prevista en los planes de estudio, incentivar la creación de certificaciones intermedias o tecnicaturas, promover la internacionalización de los estudios, institucionalizar un sistema de certificación de calidad, fortalecer los vínculos entre universidad y sociedad y desarrollar la carrera de investigador.
Al mes siguiente, el Ministerio de Educación, dirigido por Jaime Perczyk, aprobó una serie de resoluciones que, retomando el espíritu de esos siete ejes, especificaban criterios para la reformulación de los planes de estudio vigentes y la aprobación de nuevas carreras. Con el fin manifiesto de hacer coincidir el tiempo real de cursado y el tiempo previsto en cada plan, obligan a reducir la cantidad de materias y tomar en cuenta el tiempo de estudio estimado como carga horaria pautada. Además, establecen la necesidad de acortar las carreras y de incluir la modalidad virtual. Este marco normativo, en el contexto político ya caracterizado, no deja de ser preocupante porque puede constituir una vía para aplicar la motosierra libertaria en el corazón de la formación pedagógica universitaria.
Sin dudas, siempre es positiva la revisión del diseño de los trayectos pedagógicos y de los procesos de formación en investigación. La autoevaluación y las acciones de reformulación y actualización de los planes deben ser un proceso continuo, que atienda a los cambios en el contexto científico y profesional y a las particularidades de cada población estudiantil.
En nuestro caso, como docentes, sabemos que muchos de los alumnos que ingresan a la universidad manifiestan dificultades para la lectura y la escritura de textos académicos y estas falencias obstaculizan sus procesos de aprendizaje. En muchos casos, a pesar del acompañamiento de los docentes, determina el abandono. El acortamiento de las carreras y la reducción de asignaturas no parecen medidas acertadas para superar estos problemas.
Esta normativa (elaborada durante el gobierno anterior, no hay que olvidarlo) tiene un carácter casi extorsivo, ya que plantea programas de financiamiento sujetos a la aceptación de estos criterios. Lo que fue propuesto como una invitación a pensar críticamente a partir de siete puntos terminó siendo una amenaza sin muchas chances de discusión.
Pero la universidad pública tiene autonomía y, más allá de los lineamientos de los gobiernos de turno y de los exabruptos de los mandatarios que circunstancialmente ocupen el sillón de Rivadavia, posee un profundo compromiso con el pueblo y con la excelencia académica. Ahí está la principal base para su defensa y la fuerza de su estrategia para salir de la encrucijada en la que se encuentra.
Por Sebastián Sayago
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra encrucijada tiene tres acepciones:
1. Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos.
2. Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, asechanza.
3. Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como el resto de las universidades nacionales, está en un momento crítico, que puede ser interpretado como tres escenarios posibles, tal como está delineado en los significados de esta expresión.
1. Una circunstancia en la que debe optar entre varias posibilidades. Al menos, podemos apuntar tres: a) seguir como está, sin modificar nada, b) adaptarse a las demandas del nuevo gobierno nacional o c) revisar críticamente su situación y sus posibilidades, para planificar un fortalecimiento integral en todas sus áreas.
2. Una circunstancia en la que alguien con autoridad (en este caso, el gobierno nacional) pretende imponer a las universidades un cambio que las perjudica, en tanto deteriora el desarrollo de sus funciones esenciales: enseñanza y producción de conocimiento.
3. Una circunstancia compleja, en la que no se sabe qué hacer, pero se asume que es inevitable y urgente tomar una decisión.
No es forzado ver que estos tres escenarios, que no son incompatibles entre sí, permiten entender la situación de la UNPSJB.
El contexto del recorte presupuestario
Como el resto de las universidades nacionales, la UNPSJB sufre un enorme recorte presupuestario y, si el gobierno no adecúa pronto el monto de las partidas, no podrá mantener sus edificios habilitados el resto del año. Más allá de las propuestas de virtualización forzada, esto tendría un impacto negativo en muchos aspectos. Por un lado, provocaría el incremento de abandono en los primeros años (como ocurrió durante la pandemia). Por otro, al no haber actividades presenciales en los edificios, la universidad dejaría de ser un ámbito de realización de reuniones, jornadas, talleres y cursos destinados a miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Prácticamente, pasaría a tener una entidad virtual y remota, como esas universidades que, localizadas en diferentes partes del país, difunden su oferta educativa virtual por Internet. Sería un modo desterritorialización.
El brutal recorte presupuestario es ejecutado en un clima discursivo en el que se pretende cuestionar todo lo estatal, asociándolo a ineficiencia y prácticas corruptas. De hecho, el presidente ha realizado afirmaciones tales como "El Estado es una organización criminal", "El Estado no es la solución, es la base de todos los problemas", "El Estado es el enemigo". Durante su campaña electoral, reivindicó la educación privada frente a la pública y esbozó un modelo de vouchers para que se pueda decidir libremente a qué institución educativa concurrir. Aseguró que las escuelas y universidades deben funcionar como cualquier empresa: si tienen muchos alumnos (clientes), podrán expandirse y, si tienen pocos alumnos, deberán quebrar. En referencia a las universidades públicas, durante su campaña usó la calificación "centros de adoctrinamiento". Hace poco criticó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, porque consideró que allí no se enseña con la debida profundidad las teorías académicas que él más valora y, en cambio, se enseñan autores que, según su criterio, son "nefastos".
Entonces, el ajuste a las universidades y al sistema científico-tecnológico nacional general no está desligado de la opinión que Milei tiene de la educación pública, de la universidad pública o de la ciencia sostenida por el Estado. Es difícil esperar que desarrolle una política de fortalecimiento de aquello que él cree que debe desaparecer.
Una universidad de los trabajadores
El discurso orientado a la deslegitimación de la universidad pública se alimenta de prejuicios e ignorancia. Olvida, por ejemplo, que el surgimiento y la institucionalización de la UNPSJB fue el producto de un movimiento ciudadano que, tanto en la zona del Valle como en la de Comodoro Rivadavia, buscó ofrecer a los jóvenes de la región la posibilidad de acceder a estudios universitarios, para que no se vean obligados a emigrar a otras provincias. Y, en este proceso, la calidad académica fue uno de los ejes de las demandas. De hecho, en 1972, los estudiantes de la universidad salesiana Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y confesional) realizaron una huelga para exigir una formación mejor de la que entonces recibían.
Y, desde su fundación oficial en 1980, la UNPSJB ha cumplido con creces esta misión. No solo su nivel de formación de pregrado y grado es muy buena, sino que, además, ha consolidado el nivel de posgrado y la producción científica en cada área es reconocida en la escala nacional (y, en muchos casos, en la internacional, también).
En estos tiempos, es frecuente escuchar cuestionamientos al carácter gratuito de la enseñanza estatal. Se repiten clichés como "Nada es gratis en la vida", "Alguien la paga", "Lo gratuito se sostiene con nuestros impuestos", "Es con la nuestra". Es cierto que la gratuidad de la enseñanza (para quienes cursan) requiere un apoyo económico que proviene de variados impuestos y otros ingresos del Estado, pero también es cierto que "con la nuestra" se enriquecen los dueños de las grandes empresas que mantienen sus ganancias a pesar de todas las crisis macroeconómicas. ¿O acaso las grandes fortunas de los empresarios mineros, petroleros, agrícolas y supermercadistas no depende del uso de nuestro territorio, de nuestros bienes naturales, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra necesidad de subsistencia y de las exageradas ventajas que les dan nuestros gobiernos? Si me dan a elegir, con los impuestos que pago (como cualquier ciudadano), prefiero que se financie la educación pública antes que la riqueza de un multimillonario. Al fin de cuentas, la educación pública es un beneficio para el pueblo y lo otro, claramente no.
Hay dos aspectos que resaltan la vocación popular de la universidad. El primero es que aproximadamente el 80% de los egresados constituyen la primera generación de universitarios en sus respectivas familias (es decir, son hijos e hijas de padres que no tienen un título universitario). Sin dudas, un logro maravilloso y contundente, que ratifica la importancia de la institución en la zona.
El otro aspecto es un hecho que suele ser expuesto públicamente de manera distorsionada. Se refiere a la duración real de las carreras. Es cierto que, en promedio, el tiempo de cursado de una carrera supera la duración estimada en cada plan de estudio. En el contexto de acusaciones a la universidad pública, se enfatiza que, en muchos casos, la duración real es el doble de la prevista. Sin embargo, lo que no se dice es que la gran mayoría de los estudiantes que se demoran el doble son trabajadores y padres y madres de familia. Es lógico que su cursada se prolongue varios años, porque tienen menos tiempo de estudio y la universidad mantiene sus estándares de exigencia. Entonces, en vez de cursar y aprobar cinco o seis materias por año, cursan y aprueban dos o tres. Y la universidad no los expulsa por esta demora. Tampoco les facilita la aprobación, como sucede en muchas instituciones privadas que funcionan como empresas que venden titulaciones en cuotas.
Esto no significa que el apoyo a los y las estudiantes de la clase trabajadora sea todo lo fuerte que debería. Es mucho más lo que se podría hacer para contenerlos (por ejemplo, abrir jardines maternales para que puedan llevar a sus hijos mientras cursan).
La reforma curricular como mecanismo de ajuste
En octubre de 2023, ya en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Políticas Universitarias difundió un documento con siete ejes para revisar los diseños curriculares. De manera general, apuntaban a: incorporar la educación virtual, revisar la relación entre la duración real y la duración prevista en los planes de estudio, incentivar la creación de certificaciones intermedias o tecnicaturas, promover la internacionalización de los estudios, institucionalizar un sistema de certificación de calidad, fortalecer los vínculos entre universidad y sociedad y desarrollar la carrera de investigador.
Al mes siguiente, el Ministerio de Educación, dirigido por Jaime Perczyk, aprobó una serie de resoluciones que, retomando el espíritu de esos siete ejes, especificaban criterios para la reformulación de los planes de estudio vigentes y la aprobación de nuevas carreras. Con el fin manifiesto de hacer coincidir el tiempo real de cursado y el tiempo previsto en cada plan, obligan a reducir la cantidad de materias y tomar en cuenta el tiempo de estudio estimado como carga horaria pautada. Además, establecen la necesidad de acortar las carreras y de incluir la modalidad virtual. Este marco normativo, en el contexto político ya caracterizado, no deja de ser preocupante porque puede constituir una vía para aplicar la motosierra libertaria en el corazón de la formación pedagógica universitaria.
Sin dudas, siempre es positiva la revisión del diseño de los trayectos pedagógicos y de los procesos de formación en investigación. La autoevaluación y las acciones de reformulación y actualización de los planes deben ser un proceso continuo, que atienda a los cambios en el contexto científico y profesional y a las particularidades de cada población estudiantil.
En nuestro caso, como docentes, sabemos que muchos de los alumnos que ingresan a la universidad manifiestan dificultades para la lectura y la escritura de textos académicos y estas falencias obstaculizan sus procesos de aprendizaje. En muchos casos, a pesar del acompañamiento de los docentes, determina el abandono. El acortamiento de las carreras y la reducción de asignaturas no parecen medidas acertadas para superar estos problemas.
Esta normativa (elaborada durante el gobierno anterior, no hay que olvidarlo) tiene un carácter casi extorsivo, ya que plantea programas de financiamiento sujetos a la aceptación de estos criterios. Lo que fue propuesto como una invitación a pensar críticamente a partir de siete puntos terminó siendo una amenaza sin muchas chances de discusión.
Pero la universidad pública tiene autonomía y, más allá de los lineamientos de los gobiernos de turno y de los exabruptos de los mandatarios que circunstancialmente ocupen el sillón de Rivadavia, posee un profundo compromiso con el pueblo y con la excelencia académica. Ahí está la principal base para su defensa y la fuerza de su estrategia para salir de la encrucijada en la que se encuentra.
