Solicitan impugnación de fallo contra miembros de comunidad NahuelpanEl pasado 11 de abril, en los tribunales de Esquel, Chubut, se desarrolló la audiencia de impugnación a la sentencia del Juez Jorge Novarino quien en noviembre del 2023 condenó a dos miembros de la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan por el delito de usurpación. La solicitó la Dra. Sonia Ivanoff por falta de certeza de la autoría, vulneración del principio de presunción de inocencia y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El territorio en cuestión es ocupado tradicionalmente por la familia Llancaqueo. Allí se encuentra "La tapera de Llancaqueo", construcción hace referencia al lugar donde Mauricio LLancaqueo, construyó su hogar a principios del 1900. Hector Quilaqueo, bisnieto por parte materna, había relatado ante el Juez Novarino "Si estaba en el lugar es porque es una posesión de mis abuelos. Le corresponde a mi madre, estamos y estuvimos ahí, es algo que nos dejaron los abuelos". No obstante estas palabras, más que el reconocimiento de la posesión indìgena sobre estas tierras, fue uno de los argumentos definitorios para condenarlo a un año de prisión de ejecución condicional e imponerle ciertas reglas de conducta como "adoptar o mantener trabajo acorde a capacidad y formación".
En la misma línea, Gabriel Nahuelquir señaló ante el Tribunal durante la audiencia de impugnación: "Me acusaron porque mencioné ser parte del CPI, el Consejo de Participación Indígena. Soy interlocutor, mi participación es entre el Estado y la comunidad, donde llevo la palabra de más de 40 comunidades de la zona." Y detalló su función como autoridad: "Mi participación es para acompañar el proceso que se viene llevando adelante donde han habido muchos despojos del territorio. Simplemente acompaño y, si es necesario, tengo que intervenir con el gobierno, tengo esa autorización de parte de la comunidad."
El denunciante fue el fallecido Carlos Aguado, hoy representado por sus hijos, quien habría adquirido en el año 2010, 750 hectáreas con la anuencia del IAC. La familia mapuche y los testigos de la comunidad de Nahuelpan, señalan que esta venta fue sin el consentimiento de la familia, y que esas operaciones comerciales se hicieron en plena vigencia de la Constituciòn Nacional, Convenio 169 OIT y del relevamiento territorial.
"Nunca Catalina Llancaqueo firmó y dejó de reclamar ante el ente autárquico de tierras de Chubut. El IAC está notificado de que debe cumplir con las normas sobre consulta y participación indígena antes de aprobar cesiones de tierras en posesión indìgena."
"Esas tierras están pendientes de conformación de la Comisión de tierras Indígenas (CTI), en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC), la cual debe intervenir cuando una de las partes sea indígena", Indicó Sonia Ivanoff, defensora de Héctor Quilaqueo y Gabriel Nahuelquir en referencia a la Comisión que debería haberse conformado en 1992 para dictaminar en forma obligatoria, cuando al menos una de las partes fuera Indígena.
Cabe destacar que en noviembre del 2023 donde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) exhortó a la provincia para que, en el menor tiempo posible, ponga en funcionamiento la CTI. No obstante, el Estado de Chubut continúa incumpliendo el fallo. Esto fomenta y agrava la venta ilegal de tierras de posesión comunitaria, generando nuevos conflictos territoriales.
"Aguado nunca pudo haber comprado derechos de posesión indígena, ni menos aún tener por reconocidos derechos con aval del IAC, toda vez que con ello atentaba contra la seguridad jurídica de las comunidades y personas indígenas de Chubut ocupantes de tierras fiscales", subrayó la abogada.
Entre otros argumentos, Ivanoff mencionó la falta de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, indicó la falta de certeza de la autoría para fundar una condena, vulnerando el principio de presunción de inocencia. También indicó la falta de prueba de la posesión de Aguado y la errónea interpretación de la posesión indígena diferente a la posesión civil.
Ivanoff planteó que existe una controversia ya que el fallecido Carlos Aguado compró esas tierras cuando estaba en vigencia la Constitución Nacional los derechos que reconocen la posesión y la propiedad comunitaria indígena, la ley 23.302 y la ley 26.160 que impide los desalojos y la emisión de actos procesales y administrativos.
A su vez, enfatizó que no existe título de propiedad en estas tierras en conflicto ya que son tierras fiscales administradas por el IAC y que este ente emitió actos administrativos que estaban invalidados y violaban este marco jurídico de referencia. En este sentido, Sonia Ivanoff solicitó que se anule el fallo y se absuelva a sus defendidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal a cargo del Fiscal General Ezequiel Forti y la Funcionaria de Fiscalía Mónica Caveri se rechazó todos los fundamentos de la defensa y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.
El Fiscal Forti negó que se hayan afectados los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo minutos después afirmó que "los imputados están echando mano de su pertenencia de un pueblo indígena para buscar alguna justificación que los ubique en un lugar cuando están en una situación totalmente ilegal".
Gabriel Nahuelquir sostuvo: "En estos tiempos, donde hay muchas discriminaciones, se sigue discriminando a nuestro pueblo. Si somos o no somos...pareciera que tenemos un termómetro, para ver quien pertenece al pueblo mapuche y quien a otro pueblo (...) Siento la discriminación en mi piel y me mortifica mucho, sobre todo a mi familia y mi hijos. Porque parte de nosostros, muchos, no nos hemos identificado como Mapuche porque hemos vivido la discriminación desde muy chicos. La verdad es que me duele mucho". Dicen que somos mapuches y nos queremos aprovechar. La verdad es que no pasa por ahí. Tengo sangre que corre por mis venas del pueblo mapuche tehuelche "
El 25 de abril a las 12 hs será la audiencia en la que el tribunal integrado por los jueces de la Cámara de Apelaciones, Dra. Carina Paola Estefanía, Dr. Hernán Dal Verme y Dr. Martín Zacchino, darán a conocer la resolución.
Fuente: Infoterritorial
El pasado 11 de abril, en los tribunales de Esquel, Chubut, se desarrolló la audiencia de impugnación a la sentencia del Juez Jorge Novarino quien en noviembre del 2023 condenó a dos miembros de la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan por el delito de usurpación. La solicitó la Dra. Sonia Ivanoff por falta de certeza de la autoría, vulneración del principio de presunción de inocencia y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El territorio en cuestión es ocupado tradicionalmente por la familia Llancaqueo. Allí se encuentra "La tapera de Llancaqueo", construcción hace referencia al lugar donde Mauricio LLancaqueo, construyó su hogar a principios del 1900. Hector Quilaqueo, bisnieto por parte materna, había relatado ante el Juez Novarino "Si estaba en el lugar es porque es una posesión de mis abuelos. Le corresponde a mi madre, estamos y estuvimos ahí, es algo que nos dejaron los abuelos". No obstante estas palabras, más que el reconocimiento de la posesión indìgena sobre estas tierras, fue uno de los argumentos definitorios para condenarlo a un año de prisión de ejecución condicional e imponerle ciertas reglas de conducta como "adoptar o mantener trabajo acorde a capacidad y formación".
En la misma línea, Gabriel Nahuelquir señaló ante el Tribunal durante la audiencia de impugnación: "Me acusaron porque mencioné ser parte del CPI, el Consejo de Participación Indígena. Soy interlocutor, mi participación es entre el Estado y la comunidad, donde llevo la palabra de más de 40 comunidades de la zona." Y detalló su función como autoridad: "Mi participación es para acompañar el proceso que se viene llevando adelante donde han habido muchos despojos del territorio. Simplemente acompaño y, si es necesario, tengo que intervenir con el gobierno, tengo esa autorización de parte de la comunidad."
El denunciante fue el fallecido Carlos Aguado, hoy representado por sus hijos, quien habría adquirido en el año 2010, 750 hectáreas con la anuencia del IAC. La familia mapuche y los testigos de la comunidad de Nahuelpan, señalan que esta venta fue sin el consentimiento de la familia, y que esas operaciones comerciales se hicieron en plena vigencia de la Constituciòn Nacional, Convenio 169 OIT y del relevamiento territorial.
"Nunca Catalina Llancaqueo firmó y dejó de reclamar ante el ente autárquico de tierras de Chubut. El IAC está notificado de que debe cumplir con las normas sobre consulta y participación indígena antes de aprobar cesiones de tierras en posesión indìgena."
"Esas tierras están pendientes de conformación de la Comisión de tierras Indígenas (CTI), en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC), la cual debe intervenir cuando una de las partes sea indígena", Indicó Sonia Ivanoff, defensora de Héctor Quilaqueo y Gabriel Nahuelquir en referencia a la Comisión que debería haberse conformado en 1992 para dictaminar en forma obligatoria, cuando al menos una de las partes fuera Indígena.
Cabe destacar que en noviembre del 2023 donde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) exhortó a la provincia para que, en el menor tiempo posible, ponga en funcionamiento la CTI. No obstante, el Estado de Chubut continúa incumpliendo el fallo. Esto fomenta y agrava la venta ilegal de tierras de posesión comunitaria, generando nuevos conflictos territoriales.
"Aguado nunca pudo haber comprado derechos de posesión indígena, ni menos aún tener por reconocidos derechos con aval del IAC, toda vez que con ello atentaba contra la seguridad jurídica de las comunidades y personas indígenas de Chubut ocupantes de tierras fiscales", subrayó la abogada.
Entre otros argumentos, Ivanoff mencionó la falta de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, indicó la falta de certeza de la autoría para fundar una condena, vulnerando el principio de presunción de inocencia. También indicó la falta de prueba de la posesión de Aguado y la errónea interpretación de la posesión indígena diferente a la posesión civil.
Ivanoff planteó que existe una controversia ya que el fallecido Carlos Aguado compró esas tierras cuando estaba en vigencia la Constitución Nacional los derechos que reconocen la posesión y la propiedad comunitaria indígena, la ley 23.302 y la ley 26.160 que impide los desalojos y la emisión de actos procesales y administrativos.
A su vez, enfatizó que no existe título de propiedad en estas tierras en conflicto ya que son tierras fiscales administradas por el IAC y que este ente emitió actos administrativos que estaban invalidados y violaban este marco jurídico de referencia. En este sentido, Sonia Ivanoff solicitó que se anule el fallo y se absuelva a sus defendidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal a cargo del Fiscal General Ezequiel Forti y la Funcionaria de Fiscalía Mónica Caveri se rechazó todos los fundamentos de la defensa y solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.
El Fiscal Forti negó que se hayan afectados los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo minutos después afirmó que "los imputados están echando mano de su pertenencia de un pueblo indígena para buscar alguna justificación que los ubique en un lugar cuando están en una situación totalmente ilegal".
Gabriel Nahuelquir sostuvo: "En estos tiempos, donde hay muchas discriminaciones, se sigue discriminando a nuestro pueblo. Si somos o no somos...pareciera que tenemos un termómetro, para ver quien pertenece al pueblo mapuche y quien a otro pueblo (...) Siento la discriminación en mi piel y me mortifica mucho, sobre todo a mi familia y mi hijos. Porque parte de nosostros, muchos, no nos hemos identificado como Mapuche porque hemos vivido la discriminación desde muy chicos. La verdad es que me duele mucho". Dicen que somos mapuches y nos queremos aprovechar. La verdad es que no pasa por ahí. Tengo sangre que corre por mis venas del pueblo mapuche tehuelche "
El 25 de abril a las 12 hs será la audiencia en la que el tribunal integrado por los jueces de la Cámara de Apelaciones, Dra. Carina Paola Estefanía, Dr. Hernán Dal Verme y Dr. Martín Zacchino, darán a conocer la resolución.
Fuente: Infoterritorial
