Demoledora pérdida salarial de los jubilados en la Patagonia durante la era Milei
La grave situación actual de los jubilados patagónicos en materia de ingresos no difiere sustancialmente de la que padecen los del resto del país. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que es preciso señalar. Trataremos de desarrollar ese análisis para la Provincia de Río Negro en particular.
En 2008 se implementó la primera ley de movilidad jubilatoria, procurando mejorar la forma de actualización de los haberes. Hasta ese momento los ingresos guardaban una cierta proporción con los salarios medios de los activos en la misma categoría de origen del jubilado. Pero había variaciones significativas entre los gremios. La aplicación de la ley tuvo como uno de sus objetivos desconectar esa relación, independizando los aumentos jubilatorios de los distintos acuerdos paritarios. Se determinó que los haberes se aumentaran cada seis meses (marzo y setiembre), con base en los promedios del trimestre ante anterior (octubre-diciembre y abril-junio), basado en una fórmula de 50% de evolución de los salarios y 50% de la recaudación impositiva. Pero para tener una referencia, los porcentajes de incremento mensuales del IPC (índice de precios al consumidor) eran menores al 1%, llegando a veces a ser negativos.
En ese marco la actualización anduvo muy bien, creciendo por encima de la inflación hasta 2013. Una observación negativa es que en ese periodo hubo cierta manipulación de los datos estadísticos del INDEC, pero ello no altera significativamente la tendencia general. En 2014 el poder de compra tuvo una fuerte caída y volvió a crecer un poco en 2015, aunque por debajo de lo del 2013. En los dos años siguientes la fórmula expuso sus debilidades. En la medida que los salarios se fueron retrasando y la recaudación disminuía se empezaron a dar las condiciones negativas que también tuvo la fórmula vigente hasta principios de este año, lo que detallaré más adelante. En esos dos años la pérdida de poder adquisitivo fue de 5% acumulado en cada uno de ellos.
En diciembre de 2017 se cambió la fórmula, pasándose a actualizaciones trimestrales, en base a una fórmula que contemplaba el 70% del incremento inflacionario y el 30% de la evolución salarial del sector privado. El cálculo se hacía con seis meses de atraso, o sea, la actualización de diciembre contemplaba los datos del trimestre julio-setiembre y así sucesivamente. El establecimiento de la nueva fórmula se comió un trimestre completo, con una
inflación anual que ya se situaba en el 30%. En la Patagonia la pérdida de ese trimestre fue de 4,57%, inferior al índice nacional que se situó en el 5,08%.
Entre 2015 y 2019 la caída global fue de aproximadamente 19,5%.
En marzo de 2021 el gobierno suspendió la norma que estaba en aplicación y, con aprobación del Congreso, implementó la que estuvo vigente hasta la modificación introducida en virtud del DNU 70/2023. Ella contemplaba el promedio del 50% del RIPTE (variación salarial del trabajo registrado) y 50% de la recaudación de ANSES. Esa fórmula podría haber sido altamente positiva si los salarios hubieran subido por encima de la inflación, se incrementará la población con empleos en blanco (aumentos de la recaudación) y hubiera habido crecimiento de la actividad económica. Pero se aplicó en un marco exactamente inverso: los salarios se atrasaron notablemente, el poco aumento de la ocupación se dio muy mayoritariamente en el sector informal y la actividad económica retrocedió.
Es un poco complicado calcular la pérdida generada para el conjunto de los jubilados en esta etapa, porque a partir de setiembre de 2022 se comenzaron a implementar bonos suplementarios, que daban la falsa idea que los salarios mínimos superaban la inflación, cosa que no es cierta. Hasta fin del año pasado, con bonos incluidos, la caída de la categoría más baja fue de alrededor del 8,6% entre diciembre 2019 e igual mes de 2023. Una distorsión importante que no está incluida en ese número es que los suplementos con bonos no se incorporan en el cálculo del aguinaldo. Pero donde aparece claramente la pérdida de poder adquisitivo es en las categorías intermedias y altas, que se redujeron en aproximadamente un 39,6%. El panorama es más confuso en las jubilaciones más altas, porque la eliminación del impuesto a las ganancias disminuyó esa caída.
Resumiendo hasta aquí, la aplicación de las tres fórmulas han dado malos resultados para los jubilados. Un estudio de proyecciones de las tres variantes desde el principio, realizado por el economista Emmanuel Álvarez Agis, da un margen de diferencia de apenas el 1,5% entre ellas. Es decir, las fórmulas no son intrínsecamente malas, sino que es el marco económico el que las afecta negativamente. Si la economía no se desarrolla y sigue condicionada por la deuda externa, si no se aumenta el empleo registrado, si no se controla el proceso inflacionario y, básicamente, si no se mejora la distribución del ingreso,
todas las fórmulas serán negativas, incluso las que atan el futuro a la evolución del IPC como se explicará más adelante.
La continuidad de la aplicación de la última fórmula vigente hasta la actual modificación implica que la actualización de los haberes jubilatorios en el mes de marzo arrojen un 27,18%, en un marco de crecimiento explosivo de los precios y una caída estrepitosa de la actividad económica que eleva la inflación en cifras cercanas al 72,2% en el trimestre diciembre-febrero. Es insoportable pensar que con ese aumento habría que arreglarse hasta junio, cuando viniera la nueva actualización. La pérdida de poder adquisitivo ha sido feroz.
El Ministro de economía dice que lo compensará con un ajunte parcial de 12,5% para el mes de enero (contra una inflación de 20,6% en ese mes) y, a partir de allí se apliquen actualizaciones de acuerdo al IPC del mes ante anterior (por ejemplo, en abril el de febrero, que fue de 13,2%). Pero hay un detalle que tiene mucha importancia en lo que se expondrá a continuación: transcurridos los trimestres se actualizaba la fórmula, compensando (parcialmente) la pérdida habida en el trimestre anterior. Es así que en diciembre del año 2023 se hizo esa compensación. Sin embargo, a sabiendas y deliberadamente, el Ministro de economía considera esa actualización como un aumento y lo suma al índice combinado de 12,5% y 13,2%. Un pequeño olvido que obvió el mes de diciembre, cuya tasa inflacionaria fue de 25,5%. Dice entonces que está otorgando 62% de aumento contra 72,2% de inflación, es decir, bastante moderado.
No alcanza con estas falsedades y resulta que, al no contemplar el bono de $70.000 en el aumento, el 27,35% resultante de la aplicación del 12,5% y el 13,2%, en el caso de la mínima se hará sobre los $134.000 de marzo, dando $171.000. Sumando el bono no actualizado, antes el jubilado cobraba $204.000 y ahora será $241.000, o sea, apenas 18,16% de aumento.
Cuando se cobre abril estaremos en el piso más bajo del poder de compra de los haberes jubilatorios desde 2013 a la fecha, que según las categorías puede estimarse entre el 27% y 33% de aquellos máximos. Pero todo es más grave cuando se observan los números. La canasta básica para un adulto mayor, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad de la CABA, en el mes de marzo tenía la siguiente composición:
Alimentos 197.610 Vivienda 117.000 Medicamentos 108.717 Farmacia 45.000
Transporte 46.000 Vestimenta 25.000Servicios 26.394 Otros 119.279
Total: $ 685.000Jubil. mínima incluyendo bono: $ 204.000
La agrupación Jubilados en lucha, de Comodoro Rivadavia, en diciembre de 2023 relevó para esa ciudad lo siguiente:
Alimentación 227.082 Vestimenta 56.050 Recreación 59.300
Vivienda 76.000 Salud 22.565 Transporte 64.000 Total $ 504.996
Actualizado por índices patagónicos del INDEC (24,2% en enero, 11,3% en febrero y 10,5% en marzo) esto da $ 771.378.La mínima, incluyendo el 40% de zona y con bono incluido arroja un total de $ 309.400, o sea, mucho menos de la mitad de lo que se necesita.
En este sentido, con los escasos ingresos que reciben las categorías más bajas (por efecto de los aumentos con suplementos la segunda categoría ha sido absorbida por la primera, achatando la pirámide global), los jubilados de ellas priorizan los gastos en alimentación, que pese a todo es insuficiente o de menor calidad que la necesaria, y dejan de comprar los medicamentos. El abandono de los tratamientos médicos en un organismo debilitado es el preludio de la muerte. Esto va más allá de la cuestión meramente monetaria.
Con respecto a las actualizaciones mensuales con IPC, se comenzará a aplicar con una base bajísima, como se dijo, la peor desde 2013. Al cristalizarse esa base los ajustes serán, inevitablemente, insuficientes. Pero además, al hacerse la actualización mensual, el ultimo día de cada mes vuelve a recomponer el poder de compra del primer día del mismo, pero en el intervalo los precios seguirán subiendo, con lo cual hay una pérdida constante a lo largo del mes. Esto significa un deterioro progresivo que se repetirá mensualmente desde el inicio del sistema hacia el futuro. En tiempos de inflación baja eso podría ser soportable, pero cuando el aumento de precios es alto las pérdidas pueden ser muy significativas.
Desde la Coordinadora entendemos que, en lo inmediato, debería reformularse la base de actualización, partiendo de una cifra equivalente a la canasta básica del adulto mayor, como mínimo $ 650.000 ó $ 700.000 pesos, y luego recomponer anualmente las pérdidas ocurridas en ese período. Eso permitiría alcanzar un nivel digno de vida para los que aportaron durante su periodo de actividad laboral y merecen pasar los últimos años sin las angustias derivadas de su situación.
Oscar Jorge Lascano
Presidente de CORJUB
Viedma, 16 de abril de 2024
La grave situación actual de los jubilados patagónicos en materia de ingresos no difiere sustancialmente de la que padecen los del resto del país. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que es preciso señalar. Trataremos de desarrollar ese análisis para la Provincia de Río Negro en particular.
En 2008 se implementó la primera ley de movilidad jubilatoria, procurando mejorar la forma de actualización de los haberes. Hasta ese momento los ingresos guardaban una cierta proporción con los salarios medios de los activos en la misma categoría de origen del jubilado. Pero había variaciones significativas entre los gremios. La aplicación de la ley tuvo como uno de sus objetivos desconectar esa relación, independizando los aumentos jubilatorios de los distintos acuerdos paritarios. Se determinó que los haberes se aumentaran cada seis meses (marzo y setiembre), con base en los promedios del trimestre ante anterior (octubre-diciembre y abril-junio), basado en una fórmula de 50% de evolución de los salarios y 50% de la recaudación impositiva. Pero para tener una referencia, los porcentajes de incremento mensuales del IPC (índice de precios al consumidor) eran menores al 1%, llegando a veces a ser negativos.
En ese marco la actualización anduvo muy bien, creciendo por encima de la inflación hasta 2013. Una observación negativa es que en ese periodo hubo cierta manipulación de los datos estadísticos del INDEC, pero ello no altera significativamente la tendencia general. En 2014 el poder de compra tuvo una fuerte caída y volvió a crecer un poco en 2015, aunque por debajo de lo del 2013. En los dos años siguientes la fórmula expuso sus debilidades. En la medida que los salarios se fueron retrasando y la recaudación disminuía se empezaron a dar las condiciones negativas que también tuvo la fórmula vigente hasta principios de este año, lo que detallaré más adelante. En esos dos años la pérdida de poder adquisitivo fue de 5% acumulado en cada uno de ellos.
En diciembre de 2017 se cambió la fórmula, pasándose a actualizaciones trimestrales, en base a una fórmula que contemplaba el 70% del incremento inflacionario y el 30% de la evolución salarial del sector privado. El cálculo se hacía con seis meses de atraso, o sea, la actualización de diciembre contemplaba los datos del trimestre julio-setiembre y así sucesivamente. El establecimiento de la nueva fórmula se comió un trimestre completo, con una
inflación anual que ya se situaba en el 30%. En la Patagonia la pérdida de ese trimestre fue de 4,57%, inferior al índice nacional que se situó en el 5,08%.
Entre 2015 y 2019 la caída global fue de aproximadamente 19,5%.
En marzo de 2021 el gobierno suspendió la norma que estaba en aplicación y, con aprobación del Congreso, implementó la que estuvo vigente hasta la modificación introducida en virtud del DNU 70/2023. Ella contemplaba el promedio del 50% del RIPTE (variación salarial del trabajo registrado) y 50% de la recaudación de ANSES. Esa fórmula podría haber sido altamente positiva si los salarios hubieran subido por encima de la inflación, se incrementará la población con empleos en blanco (aumentos de la recaudación) y hubiera habido crecimiento de la actividad económica. Pero se aplicó en un marco exactamente inverso: los salarios se atrasaron notablemente, el poco aumento de la ocupación se dio muy mayoritariamente en el sector informal y la actividad económica retrocedió.
Es un poco complicado calcular la pérdida generada para el conjunto de los jubilados en esta etapa, porque a partir de setiembre de 2022 se comenzaron a implementar bonos suplementarios, que daban la falsa idea que los salarios mínimos superaban la inflación, cosa que no es cierta. Hasta fin del año pasado, con bonos incluidos, la caída de la categoría más baja fue de alrededor del 8,6% entre diciembre 2019 e igual mes de 2023. Una distorsión importante que no está incluida en ese número es que los suplementos con bonos no se incorporan en el cálculo del aguinaldo. Pero donde aparece claramente la pérdida de poder adquisitivo es en las categorías intermedias y altas, que se redujeron en aproximadamente un 39,6%. El panorama es más confuso en las jubilaciones más altas, porque la eliminación del impuesto a las ganancias disminuyó esa caída.
Resumiendo hasta aquí, la aplicación de las tres fórmulas han dado malos resultados para los jubilados. Un estudio de proyecciones de las tres variantes desde el principio, realizado por el economista Emmanuel Álvarez Agis, da un margen de diferencia de apenas el 1,5% entre ellas. Es decir, las fórmulas no son intrínsecamente malas, sino que es el marco económico el que las afecta negativamente. Si la economía no se desarrolla y sigue condicionada por la deuda externa, si no se aumenta el empleo registrado, si no se controla el proceso inflacionario y, básicamente, si no se mejora la distribución del ingreso,
todas las fórmulas serán negativas, incluso las que atan el futuro a la evolución del IPC como se explicará más adelante.
La continuidad de la aplicación de la última fórmula vigente hasta la actual modificación implica que la actualización de los haberes jubilatorios en el mes de marzo arrojen un 27,18%, en un marco de crecimiento explosivo de los precios y una caída estrepitosa de la actividad económica que eleva la inflación en cifras cercanas al 72,2% en el trimestre diciembre-febrero. Es insoportable pensar que con ese aumento habría que arreglarse hasta junio, cuando viniera la nueva actualización. La pérdida de poder adquisitivo ha sido feroz.
El Ministro de economía dice que lo compensará con un ajunte parcial de 12,5% para el mes de enero (contra una inflación de 20,6% en ese mes) y, a partir de allí se apliquen actualizaciones de acuerdo al IPC del mes ante anterior (por ejemplo, en abril el de febrero, que fue de 13,2%). Pero hay un detalle que tiene mucha importancia en lo que se expondrá a continuación: transcurridos los trimestres se actualizaba la fórmula, compensando (parcialmente) la pérdida habida en el trimestre anterior. Es así que en diciembre del año 2023 se hizo esa compensación. Sin embargo, a sabiendas y deliberadamente, el Ministro de economía considera esa actualización como un aumento y lo suma al índice combinado de 12,5% y 13,2%. Un pequeño olvido que obvió el mes de diciembre, cuya tasa inflacionaria fue de 25,5%. Dice entonces que está otorgando 62% de aumento contra 72,2% de inflación, es decir, bastante moderado.
No alcanza con estas falsedades y resulta que, al no contemplar el bono de $70.000 en el aumento, el 27,35% resultante de la aplicación del 12,5% y el 13,2%, en el caso de la mínima se hará sobre los $134.000 de marzo, dando $171.000. Sumando el bono no actualizado, antes el jubilado cobraba $204.000 y ahora será $241.000, o sea, apenas 18,16% de aumento.
Cuando se cobre abril estaremos en el piso más bajo del poder de compra de los haberes jubilatorios desde 2013 a la fecha, que según las categorías puede estimarse entre el 27% y 33% de aquellos máximos. Pero todo es más grave cuando se observan los números. La canasta básica para un adulto mayor, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad de la CABA, en el mes de marzo tenía la siguiente composición:
Alimentos 197.610 Vivienda 117.000 Medicamentos 108.717 Farmacia 45.000
Transporte 46.000 Vestimenta 25.000Servicios 26.394 Otros 119.279
Total: $ 685.000Jubil. mínima incluyendo bono: $ 204.000
La agrupación Jubilados en lucha, de Comodoro Rivadavia, en diciembre de 2023 relevó para esa ciudad lo siguiente:
Alimentación 227.082 Vestimenta 56.050 Recreación 59.300
Vivienda 76.000 Salud 22.565 Transporte 64.000 Total $ 504.996
Actualizado por índices patagónicos del INDEC (24,2% en enero, 11,3% en febrero y 10,5% en marzo) esto da $ 771.378.La mínima, incluyendo el 40% de zona y con bono incluido arroja un total de $ 309.400, o sea, mucho menos de la mitad de lo que se necesita.
En este sentido, con los escasos ingresos que reciben las categorías más bajas (por efecto de los aumentos con suplementos la segunda categoría ha sido absorbida por la primera, achatando la pirámide global), los jubilados de ellas priorizan los gastos en alimentación, que pese a todo es insuficiente o de menor calidad que la necesaria, y dejan de comprar los medicamentos. El abandono de los tratamientos médicos en un organismo debilitado es el preludio de la muerte. Esto va más allá de la cuestión meramente monetaria.
Con respecto a las actualizaciones mensuales con IPC, se comenzará a aplicar con una base bajísima, como se dijo, la peor desde 2013. Al cristalizarse esa base los ajustes serán, inevitablemente, insuficientes. Pero además, al hacerse la actualización mensual, el ultimo día de cada mes vuelve a recomponer el poder de compra del primer día del mismo, pero en el intervalo los precios seguirán subiendo, con lo cual hay una pérdida constante a lo largo del mes. Esto significa un deterioro progresivo que se repetirá mensualmente desde el inicio del sistema hacia el futuro. En tiempos de inflación baja eso podría ser soportable, pero cuando el aumento de precios es alto las pérdidas pueden ser muy significativas.
Desde la Coordinadora entendemos que, en lo inmediato, debería reformularse la base de actualización, partiendo de una cifra equivalente a la canasta básica del adulto mayor, como mínimo $ 650.000 ó $ 700.000 pesos, y luego recomponer anualmente las pérdidas ocurridas en ese período. Eso permitiría alcanzar un nivel digno de vida para los que aportaron durante su periodo de actividad laboral y merecen pasar los últimos años sin las angustias derivadas de su situación.
Oscar Jorge Lascano
Presidente de CORJUB
Viedma, 16 de abril de 2024
