Derechos de las infancias en un mundo hiperconectado: Los debates periodísticos que genera el "caso Loan" Cuál es el rol de los medios y qué pasa con los Derechos de las Infancias en tiempos en que sus rostros pueden viralizarse. El "caso Loan" y su "aparición" en Comodoro Rivadavia dio cuenta de la magnitud de las coberturas periodísticas, que permitieron que la ciudadanía tuviese presente todos los días el rostro del niño y que mostró a una comunidad comprometida e hiperconectada capaz de reconocer a un menor que desapareció en la otra punta del país.
Durante el último mes las pantallas se llenaron con la foto de Loan, en el marco de la intensa búsqueda del niño desaparecido en Corrientes, de la cual han surgido múltiples y variadas hipótesis, sosteniéndose sobre todo la que apunta a la trata de personas. Las fuerzas policiales llegaron incluso a Comodoro Rivadavia, donde un vecino dijo haber visto al niño, y desplegaron un operativo de seguridad en las rutas más importantes. Si bien se comprobó que no era Loan, el testimonio activó el tema territorialmente y dio cuenta de la magnitud de las coberturas periodísticas, que permitieron que la ciudadanía tuviese presente todos los días el rostro del niño.
Por un lado, se criticó la "imprudencia" del testigo que provocó interrupciones a quienes transitaban por la ruta y llevó a la investigación a un lugar que nada tenía que ver con el paradero de Loan. Sin embargo, por otro lado, mostró a una comunidad comprometida e hiperconectada capaz de reconocer a un menor que desapareció en la otra punta del país. Cuál es el rol de los medios en estos casos, y qué pasa con los Derechos de las Infancias en tiempos en que sus rostros pueden viralizarse.
¿Difundir es suficiente?
Desde hace más de una década, y cada vez con más fuerza, distintos organismos se han abocado a la tarea de llevar adelante campañas de concientización y capacitación sobre delitos sensibles como la trata de personas, el femicidio o el abuso sexual contra las infancias. La capacitación de periodistas y medios es uno de los objetivos centrales en este proceso; los cambios en las prácticas periodísticas del 2015 a la fecha dan cuenta de la forma en que los medios son interpelados por los feminismos y los movimientos de mujeres, muchas veces impulsados por las propias periodistas, como es el caso del Ni Una Menos.
El rol de los medios masivos de comunicación en casos de trata es fundamental, sobre todo al brindar información clara sobre el modus operandi de las redes de trata y los derechos de las víctimas.
Poseen un importante rol preventivo: la difusión de información para la prevención ayuda a la sociedad a estar más informada. "(...) El delito suele comenzar con el ofrecimiento y la captación, y se llama ofrecimiento al momento en el que el entregador intercambia o cede la víctima al explotador. Los medios de comunicación ayudan a prevenir el delito cuando difunden esta información", explica la Guía de Recomendaciones para la cobertura periodística del delito de trata de personas, elaborado por la Defensoría del Público.
Especialmente en los últimos años se profundizó en la información sobre las modalidades de captación vía redes sociales, cada vez más frecuentes: "Se recomienda brindar información del uso de las plataformas y redes digitales como una nueva modalidad de captación y explotación a través de ofertas engañosas o perfiles falsos. Las organizaciones criminales adecuaron su estructura y modus operandi a estas tecnologías. Incluso se registran casos de explotación a través de plataformas virtuales sin que haya contacto entre víctima y victimario", detalla la Guía.
En términos más generales, se recomienda "incorporar el tema en la agenda informativa de manera permanente" y brindar una comprensión integral del fenómeno, más allá de un caso en particular, como el de Loan, que toma un lugar nodal en la agenda periodística.
La problemática de la trata de personas y la vulneración de los Derechos de las infancias parece ser hoy un tema prioritario, pero se trata de un delito constante.
En este sentido, la Guía de la Defensoría señala que "la cobertura periodística integral del delito no comienza ni termina con el allanamiento de un sitio de explotación laboral o sexual (...) producida la intervención estatal, se sugiere cubrir avances o retrocesos de la causa judicial, la consulta a especialistas, el funcionamiento de los programas de asistencia a las víctimas, la reinserción en los ámbitos a los que pertenecen y la evolución efectiva hacia la recuperación plena de sus derechos".
Por otro lado insta a comprender que "la cobertura centrada en un ‘caso' o la trayectoria biográfica de una persona sirve como punto de partida para comprender el problema y prevenirlo, pero se recomienda abordarlo de manera integral, sin hacer eje en detalles espectacularizantes".
Pero ese peso que tienen los medios también puede, precisamente, resultar perjudicial: coberturas exclusivamente policiales (que dejen de lado el enfoque de Derechos y sólo consulten fuentes de las Fuerzas de Seguridad o la Justicia), que desarrollen con detalles experiencias de violencia sufridas por las víctimas, que compartan datos no comprobados o que expongan, sobre todo, información sensible sobre niños, niñas y adolescentes, resultan profundamente revictimizantes, y dejan de lado el rol activo y comprometido que puede tomar el periodismo (y el lugar que invitan a tomar a sus audiencias).
La trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, suele estar cargada de mitos y de conceptos jurídicos que no siempre son especificados con claridad. Parte del trabajo de los medios es ampliar las fuentes y mostrar -más allá de una condena o un rescate- las tramas sociales de apoyo que sostienen la lucha contra este delito.
Parte de este enfoque de Derechos Humanos, orientado a la capacitación constante, se prevía en el eje de Prevención del Plan Bienal contra la Trata de Personas 2022-2024 (elaborado por el Comité de Lucha contra la Trata, que actualmente fue puesto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y desfinanciado).
En este eje se plantearon 6 medidas y 23 acciones "que apuntan a intervenir específicamente en dos dimensiones centrales: la formación (capacitación y sensibilización de distintos organismos y actores) y la detección temprana (mecanismos y estrategias para fortalecer la identificación del delito en diversos ámbitos)".
En este sentido, se proyectaron acciones de diseño y desarrollo de "acciones masivas de información destinadas a la población en general" (campañas de sensibilización, en la que los medios ocupan un lugar central para reproducir esa información) y de "espacios de información
y sensibilización presenciales y virtuales" (talleres, jornadas y cursos destinados a distintas áreas gubernamentales y civiles).
La estructura federal del plan incluía capacitaciones en todo el país, así como campañas y eventos construidos específicamente para ciertas regiones. Es el caso de los "Encuentros de sensibilización para la identificación de situaciones de trata y explotación de mujeres y LGBTI+ en la Ruta del Petróleo", que se llevaron a cabo en varias localidades patagónicas en 2023.
Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho
En este marco, es fundamental también indagar sobre lo que pueden y lo que deben hacer los medios y sus audiencias en casos que involucren la vulneración de los Derechos de las infancias, ya sea por abuso sexual, violencia o desaparición. La visibilización de estas problemáticas resulta crucial para dar cuenta de la frecuencia y la permanencia de prácticas que vulneran a las infancias (no como casos aislados sino estructurales), aunque una mala cobertura puede también obstaculizar el camino de la justicia, alimentar sentimientos colectivos de punitivismo o revictimizar.
En entrevista con El Extremo Sur, la psicoanalista y activista por los Derechos de las infancias, Sonia Almada, analizaba la cobertura mediática del caso de Lucio Dupuy, y explicaba que "tiene una historia muy cruel de torturas, abusos y malos tratos, que se conocieron justamente porque las asesinas son mujeres. La inmensa mayoría de los infanticidios tiene un derrotero parecido, malos tratos, negligencia, y torturas hasta que se llega a la violencia extrema".
"Me parece que el enfoque es incorrecto en muchos casos porque falta la perspectiva en infancia. Respetar los derechos de los niños y niñas es también reconocerlos como sujetos de derechos y deseos. Contar su intimidad, mostrar su imagen, detallar los detalles macabros del crimen es violar su dignidad de sujeto. Creo que los medios deben capacitarse en infancias de manera urgente", enfatizó.
El caso de Lucio -víctima fatal de los maltratos de su madre y su pareja- o de la niña M. -que en 2021 fue secuestrada durante tres días por un hombre que intentó abusar de ella- dan cuenta del nivel de morbosidad que pueden suscitar este tipo de casos, que parecieran ser prioritarios en la agenda -al menos durante algunas semanas- precisamente por eso.
En estos días, los medios especulan sobre el destino fatal que pudo haber sufrido Loan, posible víctima de abuso sexual intrafamiliar o de una red de trata de personas, aunque judicialmente se investigan varias hipótesis, sin nada definido todavía.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes brindan algunas recomendaciones sobre el tratamiento informativo que debe otorgarse a este sector de la población, enfocado principalmente en el cuidado de su intimidad, imagen, integridad física y psicológica.
El artículo 17 de la Convención reconoce "la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental". Es por ello que alienta a los Estados Partes a difundir información de interés social y cultural para el niño, así como a protegerlo de información y material perjudicial para su bienestar.
Este artículo se complementa con el Artículo 13 sobre la libertad de expresión de los niños para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio; el Artículo 16 sobre el derecho a la privacidad, incluso en relación con sus padres; y el Artículo 12 sobre el derecho de todo niño a ser escuchado y participar.
La Ley N° 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé en su artículo 10 el derecho de todo niño a preservar su intimidad y vida privada, y que el mismo no sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales, y en el Artículo 22 el derecho a ser respetados en su dignidad.
"Lo que se considera relevante como noticia por parte de los medios de comunicación tiene a menudo elementos de sensacionalismo o de discriminación contra las personas y los niños en situaciones especialmente vulnerables o que son diferentes. Sin embargo, los medios de comunicación pueden contribuir a una visión positiva y constructiva de los niños en la sociedad, siguiendo el principio general de dar el mismo trato a todos los niños, independientemente de su condición u origen, y evitando el sensacionalismo y los prejuicios", expresa el informe "Derechos del Niño y Medios de Comunicación" del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile.
Sea cual sea el motivo por el cual un niño o niña se convierte en noticia, no deja de ser un sujeto de derecho: "Los medios de comunicación pueden y deben ver y representar al niño como niños, independientemente de las circunstancias especiales en las que éste pueda estar involucrado: los crímenes cometidos por sus padres, sus propios actos en conflicto con la ley, el estado de embarazo de una niña, la orientación sexual, el país de residencia o de origen, u otros".
Toda la información que se produzca o reproduzca debería tener como eje transversal la protección de niños, niñas y adolescentes, no solo aquellos como Loan, o en su momento Lucio o Guadalupe Lucero -la niña de San Luis desaparecida desde el 2021- encarna un caso particular sino de todos los que día a día representan las preocupantes cifras de trata de personas, abuso sexual y violencias. Uno de los principales desafíos es mantener al tema en agenda aún cuando parece que deja de ser noticia o cuando el caso se cierra.
Más allá de los casos testigo que por su magnitud o gravedad aparecen en la escena mediática, ni la trata ni las vulneraciones de los derechos de las infancias como problemas sistemáticos suelen ser tema prioritario en las agendas hegemónicas. Cuando lo son, tienden a ser fuertemente individualizados -como si se tratara sólo de Loan, sólo de Guadalupe- que representan solo los casos que pueden ser identificados y denunciados- y muestran que este tipo de situaciones tienen que ver con un paradigma cultural adultocéntrico y con normativas de Derechos de las infancias que no se cumplen.
A poco más de un mes de la desaparición de Loan, el 29 de junio, una familia correntina denunció la desaparición de su hija Ámbar, una niña de 5 años que acompañó a su mamá a comprar al kiosco y, al separarse unos segundos, desapareció. La madre cree que se la llevó una camioneta que circulaba por la zona.
Miles de menores desaparecidos
Por un lado, la presencia de Loan en los medios permitió ampliar la visibilidad de este tipo de problemáticas y situar en un lugar central de la agenda los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el caso de Ámbar no recibió ni la mitad de atención mediática, sin mencionar siquiera el sinfín de casos que no llegan a los medios.
De acuerdo a los últimos datos del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME), que datan del 2022, se registraban un total de 1935 búsquedas, de las cuales 488 estaban en trámite y 1447 paralizadas. Y esos son los casos que llegan a denunciarse.
Los casos que involucran a niños como víctimas no tienen soluciones mágicas ni se agotan en el cierre de una causa; son procesos estructurales -muchas veces resistidos- que contemplan el papel activo del Estado y las sociedades para garantizar los derechos de las infancias.
El trabajo periodístico, sin embargo, no está exento de los problemas propios del oficio y la crisis estructural que sufre la profesión en Argentina, sumado a la falta de entes de control y las pujas internas de cada medio.
La pregunta central es qué pasará con la mediatización de los derechos de los niños cuando uno de ellos deje de ser noticia.
Aunque no son obligaciones, los distintos organismos recomiendan, ante todo, mantenerlos visibles, no de manera espectacularizante ni morbosa y cuidando la frontera entre ser visible y viralizado al punto de la vulneración; en resumen, como sujetos de derecho.
Cuál es el rol de los medios y qué pasa con los Derechos de las Infancias en tiempos en que sus rostros pueden viralizarse. El "caso Loan" y su "aparición" en Comodoro Rivadavia dio cuenta de la magnitud de las coberturas periodísticas, que permitieron que la ciudadanía tuviese presente todos los días el rostro del niño y que mostró a una comunidad comprometida e hiperconectada capaz de reconocer a un menor que desapareció en la otra punta del país.
Durante el último mes las pantallas se llenaron con la foto de Loan, en el marco de la intensa búsqueda del niño desaparecido en Corrientes, de la cual han surgido múltiples y variadas hipótesis, sosteniéndose sobre todo la que apunta a la trata de personas. Las fuerzas policiales llegaron incluso a Comodoro Rivadavia, donde un vecino dijo haber visto al niño, y desplegaron un operativo de seguridad en las rutas más importantes. Si bien se comprobó que no era Loan, el testimonio activó el tema territorialmente y dio cuenta de la magnitud de las coberturas periodísticas, que permitieron que la ciudadanía tuviese presente todos los días el rostro del niño.
Por un lado, se criticó la "imprudencia" del testigo que provocó interrupciones a quienes transitaban por la ruta y llevó a la investigación a un lugar que nada tenía que ver con el paradero de Loan. Sin embargo, por otro lado, mostró a una comunidad comprometida e hiperconectada capaz de reconocer a un menor que desapareció en la otra punta del país. Cuál es el rol de los medios en estos casos, y qué pasa con los Derechos de las Infancias en tiempos en que sus rostros pueden viralizarse.
¿Difundir es suficiente?
Desde hace más de una década, y cada vez con más fuerza, distintos organismos se han abocado a la tarea de llevar adelante campañas de concientización y capacitación sobre delitos sensibles como la trata de personas, el femicidio o el abuso sexual contra las infancias. La capacitación de periodistas y medios es uno de los objetivos centrales en este proceso; los cambios en las prácticas periodísticas del 2015 a la fecha dan cuenta de la forma en que los medios son interpelados por los feminismos y los movimientos de mujeres, muchas veces impulsados por las propias periodistas, como es el caso del Ni Una Menos.
El rol de los medios masivos de comunicación en casos de trata es fundamental, sobre todo al brindar información clara sobre el modus operandi de las redes de trata y los derechos de las víctimas.
Poseen un importante rol preventivo: la difusión de información para la prevención ayuda a la sociedad a estar más informada. "(...) El delito suele comenzar con el ofrecimiento y la captación, y se llama ofrecimiento al momento en el que el entregador intercambia o cede la víctima al explotador. Los medios de comunicación ayudan a prevenir el delito cuando difunden esta información", explica la Guía de Recomendaciones para la cobertura periodística del delito de trata de personas, elaborado por la Defensoría del Público.
Especialmente en los últimos años se profundizó en la información sobre las modalidades de captación vía redes sociales, cada vez más frecuentes: "Se recomienda brindar información del uso de las plataformas y redes digitales como una nueva modalidad de captación y explotación a través de ofertas engañosas o perfiles falsos. Las organizaciones criminales adecuaron su estructura y modus operandi a estas tecnologías. Incluso se registran casos de explotación a través de plataformas virtuales sin que haya contacto entre víctima y victimario", detalla la Guía.
En términos más generales, se recomienda "incorporar el tema en la agenda informativa de manera permanente" y brindar una comprensión integral del fenómeno, más allá de un caso en particular, como el de Loan, que toma un lugar nodal en la agenda periodística.
La problemática de la trata de personas y la vulneración de los Derechos de las infancias parece ser hoy un tema prioritario, pero se trata de un delito constante.
En este sentido, la Guía de la Defensoría señala que "la cobertura periodística integral del delito no comienza ni termina con el allanamiento de un sitio de explotación laboral o sexual (...) producida la intervención estatal, se sugiere cubrir avances o retrocesos de la causa judicial, la consulta a especialistas, el funcionamiento de los programas de asistencia a las víctimas, la reinserción en los ámbitos a los que pertenecen y la evolución efectiva hacia la recuperación plena de sus derechos".
Por otro lado insta a comprender que "la cobertura centrada en un ‘caso' o la trayectoria biográfica de una persona sirve como punto de partida para comprender el problema y prevenirlo, pero se recomienda abordarlo de manera integral, sin hacer eje en detalles espectacularizantes".
Pero ese peso que tienen los medios también puede, precisamente, resultar perjudicial: coberturas exclusivamente policiales (que dejen de lado el enfoque de Derechos y sólo consulten fuentes de las Fuerzas de Seguridad o la Justicia), que desarrollen con detalles experiencias de violencia sufridas por las víctimas, que compartan datos no comprobados o que expongan, sobre todo, información sensible sobre niños, niñas y adolescentes, resultan profundamente revictimizantes, y dejan de lado el rol activo y comprometido que puede tomar el periodismo (y el lugar que invitan a tomar a sus audiencias).
La trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, suele estar cargada de mitos y de conceptos jurídicos que no siempre son especificados con claridad. Parte del trabajo de los medios es ampliar las fuentes y mostrar -más allá de una condena o un rescate- las tramas sociales de apoyo que sostienen la lucha contra este delito.
Parte de este enfoque de Derechos Humanos, orientado a la capacitación constante, se prevía en el eje de Prevención del Plan Bienal contra la Trata de Personas 2022-2024 (elaborado por el Comité de Lucha contra la Trata, que actualmente fue puesto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y desfinanciado).
En este eje se plantearon 6 medidas y 23 acciones "que apuntan a intervenir específicamente en dos dimensiones centrales: la formación (capacitación y sensibilización de distintos organismos y actores) y la detección temprana (mecanismos y estrategias para fortalecer la identificación del delito en diversos ámbitos)".
En este sentido, se proyectaron acciones de diseño y desarrollo de "acciones masivas de información destinadas a la población en general" (campañas de sensibilización, en la que los medios ocupan un lugar central para reproducir esa información) y de "espacios de información
y sensibilización presenciales y virtuales" (talleres, jornadas y cursos destinados a distintas áreas gubernamentales y civiles).
La estructura federal del plan incluía capacitaciones en todo el país, así como campañas y eventos construidos específicamente para ciertas regiones. Es el caso de los "Encuentros de sensibilización para la identificación de situaciones de trata y explotación de mujeres y LGBTI+ en la Ruta del Petróleo", que se llevaron a cabo en varias localidades patagónicas en 2023.
Reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho
En este marco, es fundamental también indagar sobre lo que pueden y lo que deben hacer los medios y sus audiencias en casos que involucren la vulneración de los Derechos de las infancias, ya sea por abuso sexual, violencia o desaparición. La visibilización de estas problemáticas resulta crucial para dar cuenta de la frecuencia y la permanencia de prácticas que vulneran a las infancias (no como casos aislados sino estructurales), aunque una mala cobertura puede también obstaculizar el camino de la justicia, alimentar sentimientos colectivos de punitivismo o revictimizar.
En entrevista con El Extremo Sur, la psicoanalista y activista por los Derechos de las infancias, Sonia Almada, analizaba la cobertura mediática del caso de Lucio Dupuy, y explicaba que "tiene una historia muy cruel de torturas, abusos y malos tratos, que se conocieron justamente porque las asesinas son mujeres. La inmensa mayoría de los infanticidios tiene un derrotero parecido, malos tratos, negligencia, y torturas hasta que se llega a la violencia extrema".
"Me parece que el enfoque es incorrecto en muchos casos porque falta la perspectiva en infancia. Respetar los derechos de los niños y niñas es también reconocerlos como sujetos de derechos y deseos. Contar su intimidad, mostrar su imagen, detallar los detalles macabros del crimen es violar su dignidad de sujeto. Creo que los medios deben capacitarse en infancias de manera urgente", enfatizó.
El caso de Lucio -víctima fatal de los maltratos de su madre y su pareja- o de la niña M. -que en 2021 fue secuestrada durante tres días por un hombre que intentó abusar de ella- dan cuenta del nivel de morbosidad que pueden suscitar este tipo de casos, que parecieran ser prioritarios en la agenda -al menos durante algunas semanas- precisamente por eso.
En estos días, los medios especulan sobre el destino fatal que pudo haber sufrido Loan, posible víctima de abuso sexual intrafamiliar o de una red de trata de personas, aunque judicialmente se investigan varias hipótesis, sin nada definido todavía.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes brindan algunas recomendaciones sobre el tratamiento informativo que debe otorgarse a este sector de la población, enfocado principalmente en el cuidado de su intimidad, imagen, integridad física y psicológica.
El artículo 17 de la Convención reconoce "la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental". Es por ello que alienta a los Estados Partes a difundir información de interés social y cultural para el niño, así como a protegerlo de información y material perjudicial para su bienestar.
Este artículo se complementa con el Artículo 13 sobre la libertad de expresión de los niños para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio; el Artículo 16 sobre el derecho a la privacidad, incluso en relación con sus padres; y el Artículo 12 sobre el derecho de todo niño a ser escuchado y participar.
La Ley N° 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé en su artículo 10 el derecho de todo niño a preservar su intimidad y vida privada, y que el mismo no sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales, y en el Artículo 22 el derecho a ser respetados en su dignidad.
"Lo que se considera relevante como noticia por parte de los medios de comunicación tiene a menudo elementos de sensacionalismo o de discriminación contra las personas y los niños en situaciones especialmente vulnerables o que son diferentes. Sin embargo, los medios de comunicación pueden contribuir a una visión positiva y constructiva de los niños en la sociedad, siguiendo el principio general de dar el mismo trato a todos los niños, independientemente de su condición u origen, y evitando el sensacionalismo y los prejuicios", expresa el informe "Derechos del Niño y Medios de Comunicación" del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile.
Sea cual sea el motivo por el cual un niño o niña se convierte en noticia, no deja de ser un sujeto de derecho: "Los medios de comunicación pueden y deben ver y representar al niño como niños, independientemente de las circunstancias especiales en las que éste pueda estar involucrado: los crímenes cometidos por sus padres, sus propios actos en conflicto con la ley, el estado de embarazo de una niña, la orientación sexual, el país de residencia o de origen, u otros".
Toda la información que se produzca o reproduzca debería tener como eje transversal la protección de niños, niñas y adolescentes, no solo aquellos como Loan, o en su momento Lucio o Guadalupe Lucero -la niña de San Luis desaparecida desde el 2021- encarna un caso particular sino de todos los que día a día representan las preocupantes cifras de trata de personas, abuso sexual y violencias. Uno de los principales desafíos es mantener al tema en agenda aún cuando parece que deja de ser noticia o cuando el caso se cierra.
Más allá de los casos testigo que por su magnitud o gravedad aparecen en la escena mediática, ni la trata ni las vulneraciones de los derechos de las infancias como problemas sistemáticos suelen ser tema prioritario en las agendas hegemónicas. Cuando lo son, tienden a ser fuertemente individualizados -como si se tratara sólo de Loan, sólo de Guadalupe- que representan solo los casos que pueden ser identificados y denunciados- y muestran que este tipo de situaciones tienen que ver con un paradigma cultural adultocéntrico y con normativas de Derechos de las infancias que no se cumplen.
A poco más de un mes de la desaparición de Loan, el 29 de junio, una familia correntina denunció la desaparición de su hija Ámbar, una niña de 5 años que acompañó a su mamá a comprar al kiosco y, al separarse unos segundos, desapareció. La madre cree que se la llevó una camioneta que circulaba por la zona.
Miles de menores desaparecidos
Por un lado, la presencia de Loan en los medios permitió ampliar la visibilidad de este tipo de problemáticas y situar en un lugar central de la agenda los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el caso de Ámbar no recibió ni la mitad de atención mediática, sin mencionar siquiera el sinfín de casos que no llegan a los medios.
De acuerdo a los últimos datos del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME), que datan del 2022, se registraban un total de 1935 búsquedas, de las cuales 488 estaban en trámite y 1447 paralizadas. Y esos son los casos que llegan a denunciarse.
Los casos que involucran a niños como víctimas no tienen soluciones mágicas ni se agotan en el cierre de una causa; son procesos estructurales -muchas veces resistidos- que contemplan el papel activo del Estado y las sociedades para garantizar los derechos de las infancias.
El trabajo periodístico, sin embargo, no está exento de los problemas propios del oficio y la crisis estructural que sufre la profesión en Argentina, sumado a la falta de entes de control y las pujas internas de cada medio.
La pregunta central es qué pasará con la mediatización de los derechos de los niños cuando uno de ellos deje de ser noticia.
Aunque no son obligaciones, los distintos organismos recomiendan, ante todo, mantenerlos visibles, no de manera espectacularizante ni morbosa y cuidando la frontera entre ser visible y viralizado al punto de la vulneración; en resumen, como sujetos de derecho.