Con millones de niños en la pobreza, el Gobierno sigue recortando el presupuesto para las infancias Crece la preocupación por la pobreza infantil y los recortes presupuestarios que recrudecen la situación de las infancias. Según un informe reciente de UNICEF, 7 de cada 10 niñas y niños experimentan carencias monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos básicos. "De no ampliarse las partidas presupuestarias, existe un riesgo de disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país", advirtió el organismo.
El Día de la Niñez 2024 llegó con preocupación y con un aumento desproporcionado de la pobreza de chicos y chicas en Argentina, al tiempo que crece el desfinanciamiento del Estado hacia ese sector de la población.
El informe "Situación de niñez y adolescencia:2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos", elaborado y publicado recientemente por UNICEF contempla tres ejes: el análisis de la situación actual de la pobreza y las privaciones no monetarias de niños, niñas y adolescentes (a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC); el análisis del presupuesto 2023-2024 destinado a este sector; y el análisis de "la capacidad de protección del sistema de protección de ingresos", sumado a algunas recomendaciones para su fortalecimiento.
La encuesta forma parte de una serie de mediciones e informes que realiza UNICEF sobre las condiciones de vida de las infancias en el país.
En cumplimiento con los acuerdos con el Gobierno nacional y en base a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, el organismo realiza monitoreos de la situación de la niñez y la adolescencia desde 2016, que incluyen: la prevalencia y el análisis de los determinantes de la pobreza monetaria y multidimensional, los esfuerzos presupuestarios realizados por el Gobierno nacional y las provincias en políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y la cobertura y capacidad de protección de las principales políticas de protección de ingresos dirigidas a hogares con niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad social.
El dato duro
Unicef da cuenta de un panorama preocupante, pero que no es nuevo: de acuerdo con el informe 2016-2023 existen más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza monetaria. Y alrededor de 2 millones en la pobreza monetaria extrema.
Entre las principales problemáticas, señalan el aumento de precios y el estancamiento económico que desde hace más de una década inciden en los aumentos del valor de las canastas y la fuerte caída del poder adquisitivo.
El informe indica además quienes son los más pobres entre los pobres, lo que muestra que las infancias están atravesadas por otros condicionamientos que las vuelven aún más vulnerables, sobre todo los que tienen que ver con sus cuidadores y se relacionan directamente con las brechas de género, la falta de acceso al mercado laboral formal y a oportunidades educativas. Entre las distintas variables, muestra que los mayores índices se encuentran entre las niñas, en los climas educativos del hogar muy bajos, en hogares monomarentales, en barrios populares y con progenitores o cuidadores asalariados no formales.
El organismo analiza el fenómeno de la pobreza como multidimensional, y además de medir la falta de recursos económicos, mide también la forma en que viven niños, niñas y adolescentes y su acceso a derechos básicos como el hábitat, la salud o la educación. Es decir, se trata de una problemática que no sólo se expresa en términos de pobreza monetaria sino que en la mayoría de las veces implica vulneración.
En Argentina, 7 de cada 10 niñas y niños (cerca del 70%) experimentan carencias ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de los derechos considerados en este análisis. En total, son cerca de 8,6 millones de chicas y chicos. Además, casi 4 millones de ese total (31%) experimentan privaciones en ambas dimensiones.
En el período 2016-2023 se registra un 42,6% (5,4 millones) de niños, niñas y adolescentes que sufren privaciones no monetarias; de ese total, un 16,7% (2,1 millones) sufre privaciones severas.
Recortes en compra de alimentos y medicamentos
Las condiciones de precarización, los salarios desajustados y el desempleo recaen directamente sobre los niños y niñas del hogar. El informe 2023-2024 de Unicef subraya que ya ni siquiera el trabajo formal logra combatir la pobreza: en el último año, la pobreza subió más de 6 puntos entre los niños y niñas que viven en hogares liderados por asalariados formales.
Por otro lado, creció la brecha de pobreza entre hogares formales e informales en unos 7 puntos a lo largo de todo el período.
En un informe publicado en junio, la organización detalla que unos 10 millones de niñas y niños en Argentina "comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero". A su vez, se redujo también el consumo de frutas y verduras y sólo aumentó la ingesta de fideos y harinas.
A ello se suma que "más de un millón de niñas y niños deja de comer alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero". En siete de cada diez hogares donde esto sucede, la persona a cargo se encuentra ocupada y, dentro de ellas, más de un 60%, de manera informal.
Tres de cada diez familias tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado para comprar comida y más de la mitad de los hogares -donde viven casi 7 millones de chicas y chicos- debieron dejar de comprar algún alimento por falta de dinero.
Las subas constantes de la canasta básica y la poca pelea que pueden darle los salarios de empleos formales e informales da como resultado un panorama que incide directamente en la garantización de derechos básicos para las infancias: en este contexto, un 23% de los hogares se dejaron de comprar medicamentos; en un 32%, se redujeron los controles médicos y odontológicos; y en un 41%, se utilizan ahorros para gastos corrientes.
Además, en los sectores medios, un 9% de las familias tuvo que desafiliarse de la prepaga o cambiar a los niños de escuela, y aumentó el uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.
Estas restricciones se producen en un contexto en el que más de la mitad de los hogares accede a alguna política de transferencias de ingresos. En esta línea, el 93% de las personas encuestadas cree que los programas de protección social que brinda el Estado son necesarios, pero en el 68% de los hogares que reciben estas prestaciones, el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos.
Sin presupuesto no hay políticas públicas
Además de los registros sobre carencias económicas y de derechos, UNICEF analiza también el presupuesto destinado a la niñez y brinda recomendaciones y predicciones a corto plazo. Señalan que el recorte presupuestario actual incide de manera directa en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y prevén un panorama más complejo si se sigue registrando una caída en las partidas.
"Los datos de la encuesta muestran las dificultades que tienen los hogares con niñas y niños para generar ingresos suficientes y, de esta forma, acceder a alimentos y afrontar gastos corrientes básicos. Esto se produce en un contexto donde las partidas presupuestarias de la Administración Nacional dirigidas a la niñez y adolescencia muestran una caída del 25% en términos reales en los primeros 5 meses de 2024 con relación al mismo período de 2023", indicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de UNICEF Argentina.
De acuerdo al análisis, en 2023 el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) se redujo 9,2% en términos reales en relación con 2022, representando una caída de 1,8 pp del PIB. El presupuesto transversal de niñez también experimentó un proceso contractivo significativo durante 2023, con una contracción mayor a la de la APN, de 17% en términos reales.
El Presupuesto 2024, por su parte, implica algunas particularidades, sobre todo por el cambio de gestión de gobierno y la decisión de que el Proyecto de Ley de Presupuesto de este año no tenga tratamiento legislativo, por lo que se prorrogaron las cifras, congelando los presupuestos en los valores del 2023.
"El presupuesto 2024 asigna $3,66 billones a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con una estructura programática similar a la de 2023, pero adecuada a la nueva estructura ministerial", destaca el análisis.
Sin embargo, en este marco, para el 2024 se proyecta una caída del 75% en términos reales del presupuesto transversal de niños, niñas y adolescentes. Y subrayan que "la magnitud de la caída se reproduce para cada uno de los programas y actividades del presupuesto transversal de niñez, con pequeñas diferencias que se explican por los niveles de ejecución del Presupuesto 2023".
Se subraya que en los primeros cinco meses del año, se protegió particularmente la Asignación Universal por Hijo con un incremento del 15% en relación al año pasado. Sin embargo, el resto de las partidas que integran el presupuesto transversal de la niñez indican caídas interanuales, y en algunos casos, significativas.
En general, se vieron afectadas distintas asignaciones familiares, políticas alimentarias y proyectos específicos como el Plan Nacional de Primera Infancia, SENNAF, Apoyo para la construcción de CDI, Fortalecimiento de Jardines Infantiles, Infraestructura y equipamiento educativo, entre otras.
Otras partidas presentan niveles de ejecución nulos o casi nulos, como las destinadas a comedores escolares, las políticas socioeducativas, Infantes, Conectar Igualdad, Transferencias al Hospital Garrahan y Acciones de Nutrición.
Se destacan algunas políticas nacionales de protección para la niñez que han registrado niveles relativamente elevados hacia principios de año, como la Asignación Universal por Hijo -con una ejecución del 22% hacia febrero-, la Prestación Alimentar -con ejecución del 19% y un aumento del 8%-, y los incrementos al Apoyo Alimentario del Plan Mil Días -de 41,5%- pero no son la norma. El informe señala que el principal desafío es ampliar esas partidas para "garantizar y mejorar la cobertura y suficiencia".
Desde principios de año, organizaciones por los derechos de las infancias advierten el retroceso en esta materia y exigen que se respeten las cláusulas mínimas de las convenciones internacionales relativas a niños y niñas.
Vulneran derechos
En enero, la Mesa de Articulación de Niñez articuló junto a otras organizaciones una convocatoria en el Congreso Nacional para exigir la eliminación de distintos puntos que "vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes" dentro del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que impulsó el Gobierno nacional.
El artículo 332 de la Ley Omnibus, por ejemplo, buscaba reubicar a los niños como objetos de tutela del Estado, reinstalando así el criterio del Patronato: "Esto es grave porque desde la ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) no se hablaba de los chicos como objeto de tutela", explicó a Pagina12 Santiago Morales, sociólogo y educador de "Ternura Revelde".
Si bien la normativa no fue aprobada, esta concepción sobre las infancias -sumada a los recortes en materia presupuestaria- conforman parte de la visión política del actual gobierno. Lejos de considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho, este tipo de decisiones buscan implementar una mirada restrictiva y de control sobre la infancia.
"Resulta clave maximizar los esfuerzos presupuestarios para garantizar niveles de financiamiento que permitan mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones. Proteger la inversión en la niñez y la adolescencia es también una condición necesaria para sentar las bases de un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina", expresa el organismo.
UNICEF advierte que, de no ampliarse las partidas del presupuesto transversal, "se observará una pronunciada disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país". Se incumplirá además la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley No 26.061), que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.
Sin el financiamiento de los programas para las infancias, la previsión es que alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes.
Crece la preocupación por la pobreza infantil y los recortes presupuestarios que recrudecen la situación de las infancias. Según un informe reciente de UNICEF, 7 de cada 10 niñas y niños experimentan carencias monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos básicos. "De no ampliarse las partidas presupuestarias, existe un riesgo de disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país", advirtió el organismo.
El Día de la Niñez 2024 llegó con preocupación y con un aumento desproporcionado de la pobreza de chicos y chicas en Argentina, al tiempo que crece el desfinanciamiento del Estado hacia ese sector de la población.
El informe "Situación de niñez y adolescencia:2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos", elaborado y publicado recientemente por UNICEF contempla tres ejes: el análisis de la situación actual de la pobreza y las privaciones no monetarias de niños, niñas y adolescentes (a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC); el análisis del presupuesto 2023-2024 destinado a este sector; y el análisis de "la capacidad de protección del sistema de protección de ingresos", sumado a algunas recomendaciones para su fortalecimiento.
La encuesta forma parte de una serie de mediciones e informes que realiza UNICEF sobre las condiciones de vida de las infancias en el país.
En cumplimiento con los acuerdos con el Gobierno nacional y en base a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, el organismo realiza monitoreos de la situación de la niñez y la adolescencia desde 2016, que incluyen: la prevalencia y el análisis de los determinantes de la pobreza monetaria y multidimensional, los esfuerzos presupuestarios realizados por el Gobierno nacional y las provincias en políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y la cobertura y capacidad de protección de las principales políticas de protección de ingresos dirigidas a hogares con niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad social.
El dato duro
Unicef da cuenta de un panorama preocupante, pero que no es nuevo: de acuerdo con el informe 2016-2023 existen más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en la pobreza monetaria. Y alrededor de 2 millones en la pobreza monetaria extrema.
Entre las principales problemáticas, señalan el aumento de precios y el estancamiento económico que desde hace más de una década inciden en los aumentos del valor de las canastas y la fuerte caída del poder adquisitivo.
El informe indica además quienes son los más pobres entre los pobres, lo que muestra que las infancias están atravesadas por otros condicionamientos que las vuelven aún más vulnerables, sobre todo los que tienen que ver con sus cuidadores y se relacionan directamente con las brechas de género, la falta de acceso al mercado laboral formal y a oportunidades educativas. Entre las distintas variables, muestra que los mayores índices se encuentran entre las niñas, en los climas educativos del hogar muy bajos, en hogares monomarentales, en barrios populares y con progenitores o cuidadores asalariados no formales.
El organismo analiza el fenómeno de la pobreza como multidimensional, y además de medir la falta de recursos económicos, mide también la forma en que viven niños, niñas y adolescentes y su acceso a derechos básicos como el hábitat, la salud o la educación. Es decir, se trata de una problemática que no sólo se expresa en términos de pobreza monetaria sino que en la mayoría de las veces implica vulneración.
En Argentina, 7 de cada 10 niñas y niños (cerca del 70%) experimentan carencias ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de los derechos considerados en este análisis. En total, son cerca de 8,6 millones de chicas y chicos. Además, casi 4 millones de ese total (31%) experimentan privaciones en ambas dimensiones.
En el período 2016-2023 se registra un 42,6% (5,4 millones) de niños, niñas y adolescentes que sufren privaciones no monetarias; de ese total, un 16,7% (2,1 millones) sufre privaciones severas.
Recortes en compra de alimentos y medicamentos
Las condiciones de precarización, los salarios desajustados y el desempleo recaen directamente sobre los niños y niñas del hogar. El informe 2023-2024 de Unicef subraya que ya ni siquiera el trabajo formal logra combatir la pobreza: en el último año, la pobreza subió más de 6 puntos entre los niños y niñas que viven en hogares liderados por asalariados formales.
Por otro lado, creció la brecha de pobreza entre hogares formales e informales en unos 7 puntos a lo largo de todo el período.
En un informe publicado en junio, la organización detalla que unos 10 millones de niñas y niños en Argentina "comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero". A su vez, se redujo también el consumo de frutas y verduras y sólo aumentó la ingesta de fideos y harinas.
A ello se suma que "más de un millón de niñas y niños deja de comer alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero". En siete de cada diez hogares donde esto sucede, la persona a cargo se encuentra ocupada y, dentro de ellas, más de un 60%, de manera informal.
Tres de cada diez familias tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado para comprar comida y más de la mitad de los hogares -donde viven casi 7 millones de chicas y chicos- debieron dejar de comprar algún alimento por falta de dinero.
Las subas constantes de la canasta básica y la poca pelea que pueden darle los salarios de empleos formales e informales da como resultado un panorama que incide directamente en la garantización de derechos básicos para las infancias: en este contexto, un 23% de los hogares se dejaron de comprar medicamentos; en un 32%, se redujeron los controles médicos y odontológicos; y en un 41%, se utilizan ahorros para gastos corrientes.
Además, en los sectores medios, un 9% de las familias tuvo que desafiliarse de la prepaga o cambiar a los niños de escuela, y aumentó el uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.
Estas restricciones se producen en un contexto en el que más de la mitad de los hogares accede a alguna política de transferencias de ingresos. En esta línea, el 93% de las personas encuestadas cree que los programas de protección social que brinda el Estado son necesarios, pero en el 68% de los hogares que reciben estas prestaciones, el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos.
Sin presupuesto no hay políticas públicas
Además de los registros sobre carencias económicas y de derechos, UNICEF analiza también el presupuesto destinado a la niñez y brinda recomendaciones y predicciones a corto plazo. Señalan que el recorte presupuestario actual incide de manera directa en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y prevén un panorama más complejo si se sigue registrando una caída en las partidas.
"Los datos de la encuesta muestran las dificultades que tienen los hogares con niñas y niños para generar ingresos suficientes y, de esta forma, acceder a alimentos y afrontar gastos corrientes básicos. Esto se produce en un contexto donde las partidas presupuestarias de la Administración Nacional dirigidas a la niñez y adolescencia muestran una caída del 25% en términos reales en los primeros 5 meses de 2024 con relación al mismo período de 2023", indicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de UNICEF Argentina.
De acuerdo al análisis, en 2023 el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) se redujo 9,2% en términos reales en relación con 2022, representando una caída de 1,8 pp del PIB. El presupuesto transversal de niñez también experimentó un proceso contractivo significativo durante 2023, con una contracción mayor a la de la APN, de 17% en términos reales.
El Presupuesto 2024, por su parte, implica algunas particularidades, sobre todo por el cambio de gestión de gobierno y la decisión de que el Proyecto de Ley de Presupuesto de este año no tenga tratamiento legislativo, por lo que se prorrogaron las cifras, congelando los presupuestos en los valores del 2023.
"El presupuesto 2024 asigna $3,66 billones a las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con una estructura programática similar a la de 2023, pero adecuada a la nueva estructura ministerial", destaca el análisis.
Sin embargo, en este marco, para el 2024 se proyecta una caída del 75% en términos reales del presupuesto transversal de niños, niñas y adolescentes. Y subrayan que "la magnitud de la caída se reproduce para cada uno de los programas y actividades del presupuesto transversal de niñez, con pequeñas diferencias que se explican por los niveles de ejecución del Presupuesto 2023".
Se subraya que en los primeros cinco meses del año, se protegió particularmente la Asignación Universal por Hijo con un incremento del 15% en relación al año pasado. Sin embargo, el resto de las partidas que integran el presupuesto transversal de la niñez indican caídas interanuales, y en algunos casos, significativas.
En general, se vieron afectadas distintas asignaciones familiares, políticas alimentarias y proyectos específicos como el Plan Nacional de Primera Infancia, SENNAF, Apoyo para la construcción de CDI, Fortalecimiento de Jardines Infantiles, Infraestructura y equipamiento educativo, entre otras.
Otras partidas presentan niveles de ejecución nulos o casi nulos, como las destinadas a comedores escolares, las políticas socioeducativas, Infantes, Conectar Igualdad, Transferencias al Hospital Garrahan y Acciones de Nutrición.
Se destacan algunas políticas nacionales de protección para la niñez que han registrado niveles relativamente elevados hacia principios de año, como la Asignación Universal por Hijo -con una ejecución del 22% hacia febrero-, la Prestación Alimentar -con ejecución del 19% y un aumento del 8%-, y los incrementos al Apoyo Alimentario del Plan Mil Días -de 41,5%- pero no son la norma. El informe señala que el principal desafío es ampliar esas partidas para "garantizar y mejorar la cobertura y suficiencia".
Desde principios de año, organizaciones por los derechos de las infancias advierten el retroceso en esta materia y exigen que se respeten las cláusulas mínimas de las convenciones internacionales relativas a niños y niñas.
Vulneran derechos
En enero, la Mesa de Articulación de Niñez articuló junto a otras organizaciones una convocatoria en el Congreso Nacional para exigir la eliminación de distintos puntos que "vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes" dentro del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que impulsó el Gobierno nacional.
El artículo 332 de la Ley Omnibus, por ejemplo, buscaba reubicar a los niños como objetos de tutela del Estado, reinstalando así el criterio del Patronato: "Esto es grave porque desde la ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) no se hablaba de los chicos como objeto de tutela", explicó a Pagina12 Santiago Morales, sociólogo y educador de "Ternura Revelde".
Si bien la normativa no fue aprobada, esta concepción sobre las infancias -sumada a los recortes en materia presupuestaria- conforman parte de la visión política del actual gobierno. Lejos de considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho, este tipo de decisiones buscan implementar una mirada restrictiva y de control sobre la infancia.
"Resulta clave maximizar los esfuerzos presupuestarios para garantizar niveles de financiamiento que permitan mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones. Proteger la inversión en la niñez y la adolescencia es también una condición necesaria para sentar las bases de un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina", expresa el organismo.
UNICEF advierte que, de no ampliarse las partidas del presupuesto transversal, "se observará una pronunciada disminución en la cobertura y calidad de prestaciones clave para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país". Se incumplirá además la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley No 26.061), que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.
Sin el financiamiento de los programas para las infancias, la previsión es que alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes.
