Se aprobó la Emergencia Tarifaria pero no hay soluciones de fondo ante la embestida de Nación contra los subsidios El pasado 5 de septiembre del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la Emergencia Tarifaria en la ciudad, lo que habilita la protección de usuarios con ciertos consumos y establece la abstención de la Sociedad Cooperativa de efectuar cortes de suministros, en un escenario en el que las boletas impagables se vuelven una postal repetida. Hasta el momento, las tarifas registran aumentos de más del 400% en los últimos meses, con subas que superan este número sólo de un mes a otro, tal como sucede con el gas. En el medio, se discuten otros problemas de fondo que aún no se resuelven, se critica a la medida por ser un "parche" más en materia de servicios públicos y los vecinos continúan movilizándose en el marco de una situación económica extrema.
Tras un intenso debate y diálogos previos con sectores gremiales -que acordaron apoyar la ordenanza-, el 5 de septiembre el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó la Emergencia Tarifaria en la ciudad, lo que implica que se buscará proteger a los usuarios con consumos superiores a 800 KW, de los segmentos N2 y N3 o categorizados como Electrointensivos.
Por otro lado, la ordenanza prevé que la SCPL se abstenga de efectuar cortes de suministro y que restituya el servicio a quienes se lo hayan interrumpido. Además, el organismo deberá entregar notas de crédito a quienes completen el pago de facturas, que deberán garantizar la devolución de los intereses por mora.
La medida fue aprobada por unanimidad y estará vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Además se autoriza al Ejecutivo Municipal "a gestionar ante las autoridades provinciales y nacionales la implementación de medidas complementarias que alivien la situación tarifaria de los usuarios de servicios públicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia".
Al reclamo de los "electrointensivos" se sumó el reclamo de algunos gremios como Camioneros y UOCRA, junto a la demanda ciudadana por parte de familias y vecinos de ciertos sectores sin acceso al gas que debieron afrontar elevadas facturas de energía este invierno, con montos que superan los 600 mil pesos.
La ordenanza se sitúa en el marco de la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada en 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Al respecto, el proyecto local expresa que "la declaración de emergencia en el sector energético a nivel nacional refleja la gravedad de la situación en cuanto al suministro y costos de los servicios públicos esenciales, los cuales impactan directamente en la economía de los hogares y empresas de todo el país, incluida la ciudad de Comodoro Rivadavia".
En ese sentido, sostienen que "que es imperativo alinear las políticas locales con las medidas nacionales para asegurar la protección de los usuarios y la sostenibilidad de los servicios públicos en nuestra ciudad, evitando la interrupción del acceso a servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural, agua potable, y otros".
Durante la sesión, también se presentaron otras medidas por fuera del bloque oficialista destinadas a aliviar la situación de servicios públicos. Con los votos de ACh y el bloque unipersonal de Omar Lattanzio, se impulsó el pedido para que el Gobierno provincial reitere los reclamos a Nación por la quita de subsidios a la energía.
En esta línea, en relación al servicio de Camuzzi, se pidió la reapertura para la atención al público de modo presencial y espontáneo en la única oficina que la prestadora tiene en la ciudad; atención que se suspendió durante la pandemia COVID y nunca volvió a la normalidad.
Un "parche" más
Durante la discusión sobre la Emergencia Tarifaria surgieron distintos planteamientos por parte de algunos legisladores, sobre todo cuando se planteó el tratamiento sobre tablas del proyecto del concejal oficialista Marcos Panquilto.
Martín Gómez (PRO) fue uno de los concejales que decidió no acompañar el tratamiento sobre tablas y exigir el trabajo en Comisión. "No tuvimos tiempo de leer el proyecto completo, apenas manejábamos un borrador", señaló, aunque finalmente apoyó la medida en solidaridad con los vecinos afectados, según precisó más tarde en diálogo con medios locales.
"El oficialismo, haciendo honor a la sistemática desprolijidad e irresponsabilidad que lo caracteriza presentó sobre tablas, sin tratamiento previo, un proyecto de Emergencia Tarifaria. Es decir: un servicio concesionado que el propio oficialismo tiene que controlar a través del Encosep y Poder Ejecutivo. Lo insólito y vergonzoso es que los propios concejales del oficialismo se niegan a debatir y tratar tarifas, como lo establece la Carta Orgánica", agregó.
En relación a la ordenanza, dijo que es sólo un "parche" a una problemática más compleja, y advirtió: "Alguien tendrá que pagar el costo de esta emergencia, ya sea el usuario o la Cooperativa, pero aún no está claro cómo se financiará esta medida".
Además, volvió a estar en el centro del debate el regreso de la Resolución 6050 que habilita a los concejales la facultad de fijar las tarifas de servicios públicos. En este sentido, la concejal Ximena González del bloque Despierta Comodoro precisó: "Somos los representantes de la ciudadanía que actualmente está pasando un muy mal momento. Hay que tener una mirada más social y menos contable".
"Los concejales tienen la facultad de fijar la tarifa, eso se quitó el año pasado con la Resolución 6050. Desde que empezó el 2024 estamos tratando de que esto se restablezca", agregó.
La concejal Gimena Bórquez, el tercer voto negativo ante la propuesta de tratar sobre tablas, sostuvo: "Esto no es más que una muestra del resultado del desorden que vienen arrastrando durante años, a lo largo de los años esta ciudad creció improvisadamente, sin planificación urbana".
"A esas familias, ¿les dieron una solución o les sumaron un problema? Hoy esa familia está analizando si compra para comer o paga el servicio de la luz, ahora quieren mostrar su falsa empatía con los vecinos trayendo un proyecto sobre tablas para declarar la emergencia, a los señores concejales del oficialismo les digo que tienen voz y voto para volver a la 6050 y ustedes parar la pelota de los aumentos, pero no quieren dar el debate y patean la pelota fuera de la cancha", cuestionó, en relación a los vecinos electrointensivos o a las familias que residen en terrenos a los que no llega el servicio de gas.
"Y acá radica la paradoja: los mismos que se sacaron de encima una de las responsabilidades centrales para la que fueron elegidos (legislar sobre los servicios públicos) ayer se presentaban ante la sociedad como mártires de los pobres y afectados por el incremento de las tarifas", subrayó Gómez, y aunque enfatizó la necesidad de tratar la emergencia señaló que debe hacerse con "seriedad" y con soluciones a los problemas de fondo.
La acción de los vecinos
En este escenario, un grupo de vecinos del barrio Laprida, encabezado por el vecinalista Roberto Romero, decidió presentar un amparo con el apoyo de la defensora del pueblo de Chubut, Claudia Vázquez. Esta decisión surge ante las facturas impagables que superan con creces los ingresos de las familias.
"Nosotros habíamos presentado una acción de amparo hace un par de años por vecinos del barrio debido al aumento de la energía eléctrica y los cortes interpretativos de los servicios. Tuvimos buena repercusión, y en esta oportunidad, con la acción de amparo realizada por la defensora del pueblo y aceptada por la justicia, vamos a volver a hacer una presentación, esta vez con el gas", explicó Romero.
Debido a la quita de tarifas del Gobierno nacional, el servicio de gas sufrió un severo aumento en los últimos meses. En julio se registraron aumentos de hasta 800% sólo de un mes a otro.
"Estamos invitando a los vecinos a que se acerquen a la sede de la vecinal, donde tendremos una planilla de adhesión y un escrito preparado con la ayuda de un abogado de nuestra ciudad para presentar a la defensoría del pueblo", explicó Romero. La medida busca frenar los aumentos y garantizar el servicio para unas 70 familias del barrio Laprida que no cuentan con suministro de gas y son electrodependientes.
"No podemos dejar que nos den a elegir entre pagar los servicios o darles de comer a nuestros hijos", enfatizó Romero.
"Históricamente, el pago de los servicios en Argentina representaba cerca del 10% del salario. Hoy en día, significa una jubilación mínima y más. ¿Cómo hace un jubilado para pagar los servicios?", cuestionó el vecinalista.
Parte de estos reclamos fueron expresados en las distintas audiencias públicas que se llevaron adelante este año frente a los pedidos de aumento de la SCPL. La mayoría de trabajadores y jubilados explica que sus ingresos están lejos de alcanzar los incrementos simultáneos que ascienden a un 500% en los distintos servicios. En este sentido, la organización vecinal es cada vez más visible ante un escenario económico crítico.
Por su parte, el Gobierno nacional sigue apostando por la quita de subsidios, lo que lleva a aumentos desmedidos para los ciudadanos. A nivel local, la SCPL repite el argumento de la histórica deuda con CAMESSA y el incremento del precio de la energía mayorista. En el medio, los vecinos tienen que elegir entre pagar una factura o comer, y no hay certezas sobre cómo podría evolucionar la situación una vez que finalice la Emergencia Tarifaria.
El pasado 5 de septiembre del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la Emergencia Tarifaria en la ciudad, lo que habilita la protección de usuarios con ciertos consumos y establece la abstención de la Sociedad Cooperativa de efectuar cortes de suministros, en un escenario en el que las boletas impagables se vuelven una postal repetida. Hasta el momento, las tarifas registran aumentos de más del 400% en los últimos meses, con subas que superan este número sólo de un mes a otro, tal como sucede con el gas. En el medio, se discuten otros problemas de fondo que aún no se resuelven, se critica a la medida por ser un "parche" más en materia de servicios públicos y los vecinos continúan movilizándose en el marco de una situación económica extrema.
Tras un intenso debate y diálogos previos con sectores gremiales -que acordaron apoyar la ordenanza-, el 5 de septiembre el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó la Emergencia Tarifaria en la ciudad, lo que implica que se buscará proteger a los usuarios con consumos superiores a 800 KW, de los segmentos N2 y N3 o categorizados como Electrointensivos.
Por otro lado, la ordenanza prevé que la SCPL se abstenga de efectuar cortes de suministro y que restituya el servicio a quienes se lo hayan interrumpido. Además, el organismo deberá entregar notas de crédito a quienes completen el pago de facturas, que deberán garantizar la devolución de los intereses por mora.
La medida fue aprobada por unanimidad y estará vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Además se autoriza al Ejecutivo Municipal "a gestionar ante las autoridades provinciales y nacionales la implementación de medidas complementarias que alivien la situación tarifaria de los usuarios de servicios públicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia".
Al reclamo de los "electrointensivos" se sumó el reclamo de algunos gremios como Camioneros y UOCRA, junto a la demanda ciudadana por parte de familias y vecinos de ciertos sectores sin acceso al gas que debieron afrontar elevadas facturas de energía este invierno, con montos que superan los 600 mil pesos.
La ordenanza se sitúa en el marco de la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada en 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Al respecto, el proyecto local expresa que "la declaración de emergencia en el sector energético a nivel nacional refleja la gravedad de la situación en cuanto al suministro y costos de los servicios públicos esenciales, los cuales impactan directamente en la economía de los hogares y empresas de todo el país, incluida la ciudad de Comodoro Rivadavia".
En ese sentido, sostienen que "que es imperativo alinear las políticas locales con las medidas nacionales para asegurar la protección de los usuarios y la sostenibilidad de los servicios públicos en nuestra ciudad, evitando la interrupción del acceso a servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural, agua potable, y otros".
Durante la sesión, también se presentaron otras medidas por fuera del bloque oficialista destinadas a aliviar la situación de servicios públicos. Con los votos de ACh y el bloque unipersonal de Omar Lattanzio, se impulsó el pedido para que el Gobierno provincial reitere los reclamos a Nación por la quita de subsidios a la energía.
En esta línea, en relación al servicio de Camuzzi, se pidió la reapertura para la atención al público de modo presencial y espontáneo en la única oficina que la prestadora tiene en la ciudad; atención que se suspendió durante la pandemia COVID y nunca volvió a la normalidad.
Un "parche" más
Durante la discusión sobre la Emergencia Tarifaria surgieron distintos planteamientos por parte de algunos legisladores, sobre todo cuando se planteó el tratamiento sobre tablas del proyecto del concejal oficialista Marcos Panquilto.
Martín Gómez (PRO) fue uno de los concejales que decidió no acompañar el tratamiento sobre tablas y exigir el trabajo en Comisión. "No tuvimos tiempo de leer el proyecto completo, apenas manejábamos un borrador", señaló, aunque finalmente apoyó la medida en solidaridad con los vecinos afectados, según precisó más tarde en diálogo con medios locales.
"El oficialismo, haciendo honor a la sistemática desprolijidad e irresponsabilidad que lo caracteriza presentó sobre tablas, sin tratamiento previo, un proyecto de Emergencia Tarifaria. Es decir: un servicio concesionado que el propio oficialismo tiene que controlar a través del Encosep y Poder Ejecutivo. Lo insólito y vergonzoso es que los propios concejales del oficialismo se niegan a debatir y tratar tarifas, como lo establece la Carta Orgánica", agregó.
En relación a la ordenanza, dijo que es sólo un "parche" a una problemática más compleja, y advirtió: "Alguien tendrá que pagar el costo de esta emergencia, ya sea el usuario o la Cooperativa, pero aún no está claro cómo se financiará esta medida".
Además, volvió a estar en el centro del debate el regreso de la Resolución 6050 que habilita a los concejales la facultad de fijar las tarifas de servicios públicos. En este sentido, la concejal Ximena González del bloque Despierta Comodoro precisó: "Somos los representantes de la ciudadanía que actualmente está pasando un muy mal momento. Hay que tener una mirada más social y menos contable".
"Los concejales tienen la facultad de fijar la tarifa, eso se quitó el año pasado con la Resolución 6050. Desde que empezó el 2024 estamos tratando de que esto se restablezca", agregó.
La concejal Gimena Bórquez, el tercer voto negativo ante la propuesta de tratar sobre tablas, sostuvo: "Esto no es más que una muestra del resultado del desorden que vienen arrastrando durante años, a lo largo de los años esta ciudad creció improvisadamente, sin planificación urbana".
"A esas familias, ¿les dieron una solución o les sumaron un problema? Hoy esa familia está analizando si compra para comer o paga el servicio de la luz, ahora quieren mostrar su falsa empatía con los vecinos trayendo un proyecto sobre tablas para declarar la emergencia, a los señores concejales del oficialismo les digo que tienen voz y voto para volver a la 6050 y ustedes parar la pelota de los aumentos, pero no quieren dar el debate y patean la pelota fuera de la cancha", cuestionó, en relación a los vecinos electrointensivos o a las familias que residen en terrenos a los que no llega el servicio de gas.
"Y acá radica la paradoja: los mismos que se sacaron de encima una de las responsabilidades centrales para la que fueron elegidos (legislar sobre los servicios públicos) ayer se presentaban ante la sociedad como mártires de los pobres y afectados por el incremento de las tarifas", subrayó Gómez, y aunque enfatizó la necesidad de tratar la emergencia señaló que debe hacerse con "seriedad" y con soluciones a los problemas de fondo.
La acción de los vecinos
En este escenario, un grupo de vecinos del barrio Laprida, encabezado por el vecinalista Roberto Romero, decidió presentar un amparo con el apoyo de la defensora del pueblo de Chubut, Claudia Vázquez. Esta decisión surge ante las facturas impagables que superan con creces los ingresos de las familias.
"Nosotros habíamos presentado una acción de amparo hace un par de años por vecinos del barrio debido al aumento de la energía eléctrica y los cortes interpretativos de los servicios. Tuvimos buena repercusión, y en esta oportunidad, con la acción de amparo realizada por la defensora del pueblo y aceptada por la justicia, vamos a volver a hacer una presentación, esta vez con el gas", explicó Romero.
Debido a la quita de tarifas del Gobierno nacional, el servicio de gas sufrió un severo aumento en los últimos meses. En julio se registraron aumentos de hasta 800% sólo de un mes a otro.
"Estamos invitando a los vecinos a que se acerquen a la sede de la vecinal, donde tendremos una planilla de adhesión y un escrito preparado con la ayuda de un abogado de nuestra ciudad para presentar a la defensoría del pueblo", explicó Romero. La medida busca frenar los aumentos y garantizar el servicio para unas 70 familias del barrio Laprida que no cuentan con suministro de gas y son electrodependientes.
"No podemos dejar que nos den a elegir entre pagar los servicios o darles de comer a nuestros hijos", enfatizó Romero.
"Históricamente, el pago de los servicios en Argentina representaba cerca del 10% del salario. Hoy en día, significa una jubilación mínima y más. ¿Cómo hace un jubilado para pagar los servicios?", cuestionó el vecinalista.
Parte de estos reclamos fueron expresados en las distintas audiencias públicas que se llevaron adelante este año frente a los pedidos de aumento de la SCPL. La mayoría de trabajadores y jubilados explica que sus ingresos están lejos de alcanzar los incrementos simultáneos que ascienden a un 500% en los distintos servicios. En este sentido, la organización vecinal es cada vez más visible ante un escenario económico crítico.
Por su parte, el Gobierno nacional sigue apostando por la quita de subsidios, lo que lleva a aumentos desmedidos para los ciudadanos. A nivel local, la SCPL repite el argumento de la histórica deuda con CAMESSA y el incremento del precio de la energía mayorista. En el medio, los vecinos tienen que elegir entre pagar una factura o comer, y no hay certezas sobre cómo podría evolucionar la situación una vez que finalice la Emergencia Tarifaria.
