Todos terroristas Por Guillermo Cieza
Se está haciendo costumbre que cualquier acto que cuestione al poder político, sea un reclamo salarial, un pedido de justicia, o la denuncia de un hecho de corrupción, sea calificado como terrorista. Al principio, estas calificaciones absurdas daban risa, pero la repetición y naturalización de este tipo de acusaciones ha empezado a preocupar. ¿Los que nos oponemos a las políticas del gobierno somos terroristas?
Esta vez le tocó a los aeroportuarios que trabajan en la empresa Intercargo que realizaron una asamblea sorpresiva por el despido de un trabajador y aumentos salariales. El Ministerio de Seguridad denunció a los trabajadores y representantes gremiales por "secuestro de personas", dado que pasajeros que fueron afectados por las demoras y cancelaciones tuvieron que esperar en los salones de Ezeiza y algunos arriba de los aviones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que: "Hay personas de rehén por culpa del delirio terrorista sindical, que para no perder sus privilegios desde hace meses pretende poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina". La medida de fuerza ni siquiera había sido presentada como paro, sino como una asamblea de trabajadores que duró dos horas y donde los servicios fueron interrumpidos por falta de personal.
La calificación de terrorista a cualquier medida o reclamo sindical tiene el sello de la última dictadura, y tiene el mismo mensaje pedagógico: el que reclama por sus derechos termina preso o despedido.
Hay varios antecedentes, la ministra de Seguridad acusó de terroristas a manifestantes que se oponían a la aprobación de la Ley Bases. También lo hace habitualmente con comunidades mapuches que reclaman la posesión de territorios ancestrales, y denuncia supuestas vinculaciones con las FARC colombianas, grupos armados kurdos y la ETA, una organización vasca que hace años fue disuelta.
Sin apelar a la caracterización de "terroristas" pero sí a la de "delincuentes", se ha denunciado y encarcelado a quienes hacen reclamos judiciales. En el caso Loan, un niño desaparecido en Corrientes, distintos actores que denunciaron la posible injerencia de poderes políticos provinciales en la consumación y posterior encubrimiento de la desaparición del menor, terminaron acusados entorpecer la investigación, asociación ilícita y falso testimonio. Sucedió esto con miembros de la Fundación Dupuy y posteriormente con Gustavo Vera, dirigente de "La Alameda", asociación que investiga la trata de personas.
Para completar la disparatada utilización de la palabra "terrorista", Bullrich ha mencionado la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas para erradicar el "narcoterrorismo". Esta línea de acción está promovida por el Departamento de Estados Unidos, que buscó un reemplazo de la ya perimida "batalla contra el comunismo", usada durante la guerra fría. Lo concreto es que gracias al debilitamiento de las organizaciones territoriales, provocado por el actual gobierno, el poder narco está creciendo en las barriadas populares e influencia cada vez más en la política argentina.
Como dato de color habría que recordar que hace no más de un año, el actual presidente Javier Milei denunció a su actual Ministra de Seguridad por su supuesto pasado "terrorista". Y que esta le inició una causa Judicial por esa acusación. Eran tiempos en que competían en las elecciones presidenciales y cualquier agravio parecía estar permitido. Hoy gobiernan juntos y fabrican en serie miles de carteles de "terroristas", y otras tantas causas judiciales, para frenar o demonizar a quienes reclaman por sus derechos.
Fuente: Tramas
Por Guillermo Cieza
Se está haciendo costumbre que cualquier acto que cuestione al poder político, sea un reclamo salarial, un pedido de justicia, o la denuncia de un hecho de corrupción, sea calificado como terrorista. Al principio, estas calificaciones absurdas daban risa, pero la repetición y naturalización de este tipo de acusaciones ha empezado a preocupar. ¿Los que nos oponemos a las políticas del gobierno somos terroristas?
Esta vez le tocó a los aeroportuarios que trabajan en la empresa Intercargo que realizaron una asamblea sorpresiva por el despido de un trabajador y aumentos salariales. El Ministerio de Seguridad denunció a los trabajadores y representantes gremiales por "secuestro de personas", dado que pasajeros que fueron afectados por las demoras y cancelaciones tuvieron que esperar en los salones de Ezeiza y algunos arriba de los aviones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que: "Hay personas de rehén por culpa del delirio terrorista sindical, que para no perder sus privilegios desde hace meses pretende poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina". La medida de fuerza ni siquiera había sido presentada como paro, sino como una asamblea de trabajadores que duró dos horas y donde los servicios fueron interrumpidos por falta de personal.
La calificación de terrorista a cualquier medida o reclamo sindical tiene el sello de la última dictadura, y tiene el mismo mensaje pedagógico: el que reclama por sus derechos termina preso o despedido.
Hay varios antecedentes, la ministra de Seguridad acusó de terroristas a manifestantes que se oponían a la aprobación de la Ley Bases. También lo hace habitualmente con comunidades mapuches que reclaman la posesión de territorios ancestrales, y denuncia supuestas vinculaciones con las FARC colombianas, grupos armados kurdos y la ETA, una organización vasca que hace años fue disuelta.
Sin apelar a la caracterización de "terroristas" pero sí a la de "delincuentes", se ha denunciado y encarcelado a quienes hacen reclamos judiciales. En el caso Loan, un niño desaparecido en Corrientes, distintos actores que denunciaron la posible injerencia de poderes políticos provinciales en la consumación y posterior encubrimiento de la desaparición del menor, terminaron acusados entorpecer la investigación, asociación ilícita y falso testimonio. Sucedió esto con miembros de la Fundación Dupuy y posteriormente con Gustavo Vera, dirigente de "La Alameda", asociación que investiga la trata de personas.
Para completar la disparatada utilización de la palabra "terrorista", Bullrich ha mencionado la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas para erradicar el "narcoterrorismo". Esta línea de acción está promovida por el Departamento de Estados Unidos, que buscó un reemplazo de la ya perimida "batalla contra el comunismo", usada durante la guerra fría. Lo concreto es que gracias al debilitamiento de las organizaciones territoriales, provocado por el actual gobierno, el poder narco está creciendo en las barriadas populares e influencia cada vez más en la política argentina.
Como dato de color habría que recordar que hace no más de un año, el actual presidente Javier Milei denunció a su actual Ministra de Seguridad por su supuesto pasado "terrorista". Y que esta le inició una causa Judicial por esa acusación. Eran tiempos en que competían en las elecciones presidenciales y cualquier agravio parecía estar permitido. Hoy gobiernan juntos y fabrican en serie miles de carteles de "terroristas", y otras tantas causas judiciales, para frenar o demonizar a quienes reclaman por sus derechos.
Fuente: Tramas
