Militarización en Vaca Muerta: denuncian represión y ecocidio en territorios mapucheLa jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, emitió una orden judicial que permitió la reciente intervención de Gendarmería Nacional y la Policía de Neuquén en el territorio del Lof Campo Maripe, en el corazón de Vaca Muerta. La medida, impulsada tras un amparo de YPF, se da en un contexto de tensión entre las comunidades mapuche y el avance de proyectos extractivistas en la región.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció públicamente que esta acción forma parte de un "ensayo represivo" para facilitar los intereses petroleros. "Bullrich está ensayando la intervención de Gendarmería para el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta", señalaron en un comunicado, advirtiendo que las comunidades de la Zonal Xawvnko se encuentran en estado de alerta y movilización.
Las críticas apuntaron también al Poder Judicial, al que acusan de actuar en favor de las empresas petroleras, y al gobierno provincial, por incumplir el Convenio 169 de la OIT y la Ley 3401, que obligan a realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas antes de avanzar con proyectos que afecten sus territorios.
En paralelo, se denunció la sanción de 100,000 pesos diarios impuesta al Lof Campo Maripe por no permitir el ingreso de YPF a su territorio. A esto se suma la reciente llegada del "Comando Unificado de Seguridad Productiva", un dispositivo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye fuerzas federales y provinciales para reprimir protestas sociales y garantizar la continuidad de proyectos productivos y extractivistas. Según la resolución 893/2024, el comando tiene como objetivo enfrentar bloqueos en zonas clave como Vaca Muerta.
En el plano internacional, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto que condena las actividades desarrolladas en Vaca Muerta por configurarse como crímenes de ecocidio y etnocidio. El fallo responsabiliza al Estado argentino por violaciones graves contra los derechos humanos, indígenas y ambientales, exigiendo el cese inmediato de los proyectos que dañan los ecosistemas y las comunidades locales.
Aunque el veredicto no es vinculante, representa un fuerte llamado de atención hacia un modelo extractivista que, según las comunidades mapuche y organizaciones ambientales, profundiza la represión, el despojo territorial y el deterioro ambiental en nombre del desarrollo económico.
La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, emitió una orden judicial que permitió la reciente intervención de Gendarmería Nacional y la Policía de Neuquén en el territorio del Lof Campo Maripe, en el corazón de Vaca Muerta. La medida, impulsada tras un amparo de YPF, se da en un contexto de tensión entre las comunidades mapuche y el avance de proyectos extractivistas en la región.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció públicamente que esta acción forma parte de un "ensayo represivo" para facilitar los intereses petroleros. "Bullrich está ensayando la intervención de Gendarmería para el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta", señalaron en un comunicado, advirtiendo que las comunidades de la Zonal Xawvnko se encuentran en estado de alerta y movilización.
Las críticas apuntaron también al Poder Judicial, al que acusan de actuar en favor de las empresas petroleras, y al gobierno provincial, por incumplir el Convenio 169 de la OIT y la Ley 3401, que obligan a realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas antes de avanzar con proyectos que afecten sus territorios.
En paralelo, se denunció la sanción de 100,000 pesos diarios impuesta al Lof Campo Maripe por no permitir el ingreso de YPF a su territorio. A esto se suma la reciente llegada del "Comando Unificado de Seguridad Productiva", un dispositivo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye fuerzas federales y provinciales para reprimir protestas sociales y garantizar la continuidad de proyectos productivos y extractivistas. Según la resolución 893/2024, el comando tiene como objetivo enfrentar bloqueos en zonas clave como Vaca Muerta.
En el plano internacional, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto que condena las actividades desarrolladas en Vaca Muerta por configurarse como crímenes de ecocidio y etnocidio. El fallo responsabiliza al Estado argentino por violaciones graves contra los derechos humanos, indígenas y ambientales, exigiendo el cese inmediato de los proyectos que dañan los ecosistemas y las comunidades locales.
Aunque el veredicto no es vinculante, representa un fuerte llamado de atención hacia un modelo extractivista que, según las comunidades mapuche y organizaciones ambientales, profundiza la represión, el despojo territorial y el deterioro ambiental en nombre del desarrollo económico.
