Dictan sobreseimiento para un ex decano acusado de abuso: los avances y las deudas de las políticas de género universitariasLuego de tres años de sumarios e investigaciones en la Justicia, el exprofesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNSPJB de Esquel, Augusto Rafael Ferrari, fue sobreseído. Se lo acusaba de abuso sexual y abuso de poder por insinuaciones a una estudiante de 18 años. La acusación había reconocido que, a pesar de tratarse de adultos, el consentimiento estaba viciado por la asimetría de poder. El caso se inscribe en un contexto de reclamos feministas y construcción de espacios de género hacia el interior de las universidades y resuenan otros similares como el de Bruno Sancci, quien fue cesanteado en 2022 por una decena de denuncias y este año intentó, sin éxito, volver a su trabajo.
En mayo del 2022 comenzaron a aparecer denuncias contra dos docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSB Sede Esquel por acoso y abuso sexual. Se trata de Augusto Rafael Ferrari -quien además era exdecano- y Lorenzo Fidel González, quienes rápidamente fueron separados de sus cargos en tanto avanzara la investigación.
El decano de la Facultad, Gustavo Fleitas, indicó que la institución tomó intervención urgente y aclaró que "le damos entidad a la denuncia y valoramos a quienes tienen la valentía de hacerlo", aunque sostuvo que le sorprendió una de las denuncias porque "nunca habíamos recibido una denuncia contra este profesor".
Esta situación, sin embargo, fue un punto de inflexión para los movimientos feministas y estudiantiles que desde hace años reclaman por la prevención de la violencia machista en las universidades. En dicha oportunidad, Fleitas adelantó la voluntad de la institución de crear una Comisión de Género para contener y prevenir estas situaciones.
Ante la violencia, organización feminista y estudiantil
Frente a este panorama, docentes de la Sede Esquel se autoconvocaron para crear una Red de acompañamiento a estudiantes que hayan sufrido hechos de violencia en el establecimiento.
"Expresamos nuestro repudio ante cualquier situación de acoso o discriminación a causa de género, orientación sexual, identidad de género que tenga lugar en el ámbito de nuestra Universidad", remarcan en un comunicado.
"Las abajo firmantes somos profesoras de la Sede Esquel de la UNPSJB de diversas Facultades, que vemos con enojo y tristeza los hechos denunciados y manifestamos públicamente nuestra intención de trabajar en pos de una sociedad y una Universidad más justa, segura, plural e igualitaria, libre de todo tipo violencias", agregan.
Y señalan que "la gravedad de los hechos publicados en los medios de comunicación, dan cuenta que el trabajo por una educación universitaria con perspectiva de género es urgente. La situación de desigualdad aún se evidencia en la vida académica, en actividades compuestas solo por hombres, como así también la conformación de cuerpos docentes, y el acceso a cargos de jerarquía o autoridades, lo que no es más que un reflejo de una realidad que intentamos modificar".
"Consideramos necesario que las y los estudiantes puedan contar con acompañamiento, asesoramiento, contención y resguardo ante situaciones de violencia de género", subrayan.
Creación del protocolo
Poco tiempo más tarde, en septiembre, la recientemente creada Red de Profesoras por la Erradicación de las Violencias de la UNPSJB sede Esquel informó que Ferrari y González fueron suspendidos tras ser denunciados por abuso dentro del ámbito de estudio y trabajo.
Destacaron la resolución y sostuvieron que ello les permitiría a las denunciantes "estudiar en un ambiente seguro". "Se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación; además reafirmar que las denuncias no son en vano", agregaron. Los docentes quedaron separados de sus cargos hasta la culminación del sumario abierto en la Universidad.
"Tras habernos reunido como red; las docentes informamos a la comunidad universitaria y al público en general del estado de situación y acciones de esta red, para el tratamiento de la situación generada por la denuncia de acoso dentro del ámbito de estudio y trabajo de todes", expresaron mediante un comunicado.
En este marco, subrayaron la necesidad de que "las víctimas denunciantes tengan la certeza que pueden estudiar en un ambiente seguro" y adelantaron que "se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación".
Además, dieron a conocer avances de la construcción del Protocolo y Programa para prevenir, detectar, intervenir y erradicar violencias por razones de género en el ámbito de la Universidad.
Según anunciaron, de acuerdo al mencionado Programa, se avanzó en:
*Designar a las personas que integrarán en cada sede las comisiones de dicho programa.
*Aprobar el Plan progresivo de fortalecimiento para prevenir, detectar, intervenir y erradicar, violencias por razones de género en la comunidad universitaria.
*Designar a los equipos de acompañamiento en la temática de género, que recepcionarán denuncias por motivos sexistas, brindarán contención y acompañamiento y derivaran las situaciones a los canales institucionales. En la sede Esquel son María Florencia Santos, Karina Gutiérrez y Patricia Rupallan.
En esta línea, informaron que se estaban llevando a cabo acciones de difusión de información útil como vías de contacto para denuncias, avances del protocolo y tareas de prevención.
Un nuevo capítulo en la causa
A pedido del propio imputado, Augusto Ferrari, y tras casi dos años de investigación, en noviembre de 2023 se planteó el cambio de competencia de la Justicia. De esta forma, el caso pasó al fuero federal; el argumento es su condición de funcionario público de la UNPSJB.
El exvicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas fue imputado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa. En el medio, se dieron a conocer más detalles de los hechos cometidos contra una estudiante.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chubut que fue planteada en la acusación señala que el abogado "incurrió en una tentativa de abuso sexual simple cometido mediante abuso coactivo sustentado [en] la posición que le daba (...) su calidad de vicedecano y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tendría como víctima a una alumna de dicha casa de estudios".
El propio Ferrari acudió al juez Guido Otranto para que el trámite salga de la justicia provincial y pase al fuero federal, petición que fue aceptada por el fiscal Santiago Roldán.
Por su parte, el juez Otranto entendió que "hay un aspecto importante para destacar y robustecer la apreciación de que el caso involucra intereses federales; en concreto, el correcto funcionamiento de una universidad nacional. La evidencia analizada en la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal provincial da cuenta de que este hecho en particular no sería un caso aislado; sería la reiteración de una modalidad de acceder sexualmente a alumnas que vendría sucediendo hace varios años y que incluso habría provocado que algunas hayan decidido abandonar los estudios o continuar su carrera en otras instituciones".
Pacto patriarcal
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre junio y julio de 2021, mientras Ferrari se desempeñaba como docente en la materia Introducción al Derecho. La víctima tenía 18 años y al momento de los hechos estaba finalizando la cursada.
La acusación sostiene que Ferrari intentó mantener contacto sexual con la estudiante aprovechando "la relación de poder existente, por su posición en la universidad, tanto como profesor, como en su rol de vicedecano, ejerciendo un abuso coactivo en ese contexto", a través de acercamientos en redes sociales y mensajes de WhatsApp.
Según la información recabada por el MPF, Ferrari respondía las historias de la joven con emoticones de "carita con ojos de corazones, de 100 y fueguitos". Mediante mensajes de WhatsApp, le preguntaba si quería viajar con él y le hablaba de sus viajes al exterior.
Entre sus invitaciones se incluyó una fiesta de ingresantes "para pocos", una salida en Trelew, un encuentro en el bar esquelense "El Argentino" y un departamento alquilado para que ella -que vivía en Trevelin- no tuviera que volver.
"Las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual, intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol generando un abuso intimidatorio", señala la acusación.
Fiscalía consideró que "el acto no se concretó por la negativa de ella, quien pese a su miedo e incertidumbre sobre cómo continuaría su vida académica luego de eso, no accedió a tales propuestas".
El hecho fue calificado como abuso sexual en grado de tentativa y se solicitó que sea condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión.
Dos meses antes, la Fiscalía había presentado la acusación y solicitaba que Ferrari sea llevado a juicio.
La fiscal Cecilia Bagnato remarcó que a pesar de que existen testimonios de varias alumnas, la denunciante es una sola. "Ella denuncia una presunta tentativa de acoso, pero nosotros lo calificamos como tentativa de abuso sexual".
"Los elementos que se reunieron fueron diversos y los más importantes son los testimonios de profesores, otros alumnos y alumnas, que algunos sabían de la situación de ella y otras son víctimas también, aunque no han denunciado", relató Bagnato, a lo que se suman pericias psicológicas e informáticas.
La fiscal remarcó que "se hablaba de una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos": "Se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
"Más allá de ser todos adultos, el consentimiento está viciado en la medida en que hay una asimetría de poder entre quien se aprovecha de esa situación y una alumna", explicó. Se trata de una relación con distintas jerarquías entre un docente que además era autoridad de la institución educativa y las estudiantes. "Es una dinámica que ya estaba instalada en la Universidad, gravemente en perjuicio de las alumnas, y espero que no siga siendo así".
Además sostuvo que "la UNPSJB no colaboró para nada": "Hay un trámite administrativo, pero cada vez que hemos tenido que pedir algo es mucho trabajo. Esperamos casi un año para que manden un listado de alumnas, claramente se resisten a que esto se desarme, supongo yo".
En este sentido, se conoció que la denunciante pidió ayuda a una profesora y envió un mail a la Universidad relatando la situación. Sin embargo, no hubo respuesta.
Sobreseimiento para Ferrari
Tras un año de investigación y avance de la causa, a principios de este mes se dio a conocer la decisión unánime del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que dictó el sobreseimiento para Ferrari, a quien lo imputaban por abuso sexual y abuso de autoridad. El fallo lo firmaron los jueces Enrique Baronetto, Alejandro Silva y Alejandro Cabral y está fechado el viernes 1º de septiembre.
Según el defensor público Raúl Tótaro, la calificación legal que realizó el Ministerio Publico Fiscal luce "forzada", ya que en sus mensajes Ferrari nunca habló de sexo y aún si lo hubiese hecho, no se concretó.
En cuanto a usar su posición de poder, "de los mensajes enviados por su defendido no se observa alarde de su cargo para amenazar a la víctima con represalias ante un rechazo, y una vez manifestada la negativa de la denunciante, las comunicaciones cesaron sin consecuencias educativas para ella".
Los jueces coincidieron en que, aunque Ferrari contactó a la joven con invitaciones "ninguno implicó un encuentro privado sino que de suceder, ocurrirían en espacios públicos tales como una fiesta de estudiantes, un bar en Esquel, el centro de otra ciudad, etcétera. No puede razonablemente hablarse de que el accionar del imputado constituya delito".
Y aún si ella hubiera aceptado, "todavía restaría ejecutar la otra parte del plan: convencerla, a través de intimidación o la amenaza de perjudicarla académicamente, de concurrir a un lugar privado para abordarla carnalmente contra su voluntad y que ese abordaje se vea frustrado por una situación ajena a Ferrari; circunstancia que no se traduce con las constancias. Jamás compartieron el mismo espacio físico".
La acusación no acreditó que el objetivo de Ferrari haya sido tener sexo con la víctima al punto de lograr acceso carnal. El tribunal concluyó que "ni siquiera lo insinuó".
"La pretensión fiscal luce cuanto menos arbitraria y antojadiza toda vez que no se advierte en Ferrari un comportamiento con relevancia jurídico-penal". El TOF consideró que la conducta de Ferrari "podrían merecer un reproche administrativo o incluso civil", pero no una sanción penal.
Crecen las políticas de género en todo el sistema universitario
"El espacio universitario, como todo espacio institucional, se encuentra cimentado sobre fuertes estructuras patriarcales. Erosionar, derribar y volver a moldear formas igualitarias no es fácil ni algo que suceda de manera rápida, pero los feminismos universitarios se han caracterizado por ser constantes e incansables en el trabajo de identificar esas estructuras y desnaturalizar las desigualdades" escriben Sandra Torlucci, Vanesa Vazquez Laba y Ana Laura Martin en el prólogo de un libro que reúne el trabajo colectivo de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE).
En la última década se profundizaron las acciones de prevención y visibilización de las violencias machistas en las universidades de todo el país, especialmente como respuesta a casos polémicos como el de Ferrari o incluso el de Bruno Sancci, ampliamente mediatizado.
Los movimientos feministas y estudiantiles buscaron crear espacios de contención para los numerosos casos de acoso, violencia y abuso que ocurren hacia adentro de los establecimientos universitarios, generalmente desoídos por las autoridades de la institución.
En 2014 se creó el primer protocolo para atender situaciones de violencia de género en las universidades en la Universidad Nacional del Comahue. En los años siguientes se aceleró la creación de este tipo de espacios hasta convertirse en una política pública consolidada en la mayoría de las casas de estudio. La cantidad de universidades que implementaron los protocolos aumentó de forma continua: del 8% en 2015 a más del 40% en 2017.
En el año 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, luego denominada RUGE, en la Universidad Nacional de San Martín, a la que se fueron sumando más de 20 universidades, facultades e institutos universitarios.
Actualmente, cerca de 60 universidades públicas de Argentina cuentan con protocolos de género. Las situaciones de violencia, sin embargo, siguen presentes, y no siempre son debidamente atendidas. Por cada denuncia que se hace pública, suelen subyacer otros relatos de víctimas que no se animan a denunciar.
Un informe diagnóstico del 2021 sobre la aplicación de las políticas de género elaborado por RUGE señala que tanto estudiantes como docentes y trabajadores universitarios experimentan situaciones de violencia a diario.
Cerca del 30% declara haber vivido en persona descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación a su cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género; y más del 60% ha escuchado dentro de la universidad comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades
En relación a situaciones de acoso leve, el 34,4% de los/as no docentes sufrió comentarios impropios, groseros u obscenos, silbidos, y/o gestos (en el aula, pasillo u otros espacios), mientras que en los claustros de docentes y estudiantes estas vivencias se reducen al 30,1% y 22,3%, respectivamente.
Esta tendencia se sostiene ante situaciones de acoso muy grave. Al 15,6% de los/as no docentes le pidieron favores sexuales a cambio de ser beneficiados/as en alguna instancia de su práctica laboral, y el 12,9% de los/as docentes y el 7,9% de los/as estudiantes afirma haber recibido la misma oferta.
Asimismo, un 18,8% de los/as no docentes, un 16,1% de los/as docentes y un 13,2% de los/as estudiantes fueron tocados/as, forcejeados/as y besados/as sin su consentimiento.
En comparación, mientras los/as estudiantes padecen mayormente situaciones de violencia simbólica y psicológica, el claustro no docente manifiesta los más altos valores de violencia y acoso sexual grave. Los/as docentes, por su parte, también enfrentan desaliento y descalificaciones, que se potencian en tanto les asignan más tareas dependiendo de su género.
Y si bien señalan que la aplicación de medidas de contención y asesoramiento son muy frecuentes, el panorama es radicalmente distinto para las medidas disciplinarias: son poco frecuentes en el 52,6% de las universidades y nada frecuentes en el 13,2%.
Subrayan que "es la medida que más tiempo de espera le invierte a los equipos y a los/as denunciantes: en la mayoría de los casos, favorablemente, se demoran 12 semanas en sumariar y sancionar a los/as denunciados/as. Al respecto, es dable mencionar que la naturaleza de los tiempos legales y administrativos de cada universidad es muy distinta y muchas instituciones manifiestan que implementar medidas de esta índole puede tomarles hasta 24 semanas".
Entre las áreas o actores institucionales que tienden a demorar la investigación de los casos o la aplicación de medidas, el 60,9% de las referentes de atención señala obstáculos en el área de legales y el 23,9% en las máximas autoridades y los/as decanos/as. En menor medida, también se presentan impedimentos en Consejo Superior (13%), con los/as responsables administrativos/as de las unidades académicas (10,9%) y con los/as jefes/as o coordinadores/as de áreas no docentes.
Entre estos obstáculos se destacan: dilaciones innecesarias (50%), exceso de burocratización (36,1%), abordajes no coordinados entre las distintas áreas involucradas (36,1%), falta de voluntad política (16,7%), indiferencia (11,1%), y -principalmente- en una marcada ausencia de perspectiva de género (61,1%).
La transversalización de las políticas de género en el sistema universitario ha avanzado sin cesar en la última década. En el día a día, sin embargo, se repiten los escenarios de violencia y la ausencia de marcos de escucha.
Luego de tres años de sumarios e investigaciones en la Justicia, el exprofesor y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNSPJB de Esquel, Augusto Rafael Ferrari, fue sobreseído. Se lo acusaba de abuso sexual y abuso de poder por insinuaciones a una estudiante de 18 años. La acusación había reconocido que, a pesar de tratarse de adultos, el consentimiento estaba viciado por la asimetría de poder. El caso se inscribe en un contexto de reclamos feministas y construcción de espacios de género hacia el interior de las universidades y resuenan otros similares como el de Bruno Sancci, quien fue cesanteado en 2022 por una decena de denuncias y este año intentó, sin éxito, volver a su trabajo.
En mayo del 2022 comenzaron a aparecer denuncias contra dos docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSB Sede Esquel por acoso y abuso sexual. Se trata de Augusto Rafael Ferrari -quien además era exdecano- y Lorenzo Fidel González, quienes rápidamente fueron separados de sus cargos en tanto avanzara la investigación.
El decano de la Facultad, Gustavo Fleitas, indicó que la institución tomó intervención urgente y aclaró que "le damos entidad a la denuncia y valoramos a quienes tienen la valentía de hacerlo", aunque sostuvo que le sorprendió una de las denuncias porque "nunca habíamos recibido una denuncia contra este profesor".
Esta situación, sin embargo, fue un punto de inflexión para los movimientos feministas y estudiantiles que desde hace años reclaman por la prevención de la violencia machista en las universidades. En dicha oportunidad, Fleitas adelantó la voluntad de la institución de crear una Comisión de Género para contener y prevenir estas situaciones.
Ante la violencia, organización feminista y estudiantil
Frente a este panorama, docentes de la Sede Esquel se autoconvocaron para crear una Red de acompañamiento a estudiantes que hayan sufrido hechos de violencia en el establecimiento.
"Expresamos nuestro repudio ante cualquier situación de acoso o discriminación a causa de género, orientación sexual, identidad de género que tenga lugar en el ámbito de nuestra Universidad", remarcan en un comunicado.
"Las abajo firmantes somos profesoras de la Sede Esquel de la UNPSJB de diversas Facultades, que vemos con enojo y tristeza los hechos denunciados y manifestamos públicamente nuestra intención de trabajar en pos de una sociedad y una Universidad más justa, segura, plural e igualitaria, libre de todo tipo violencias", agregan.
Y señalan que "la gravedad de los hechos publicados en los medios de comunicación, dan cuenta que el trabajo por una educación universitaria con perspectiva de género es urgente. La situación de desigualdad aún se evidencia en la vida académica, en actividades compuestas solo por hombres, como así también la conformación de cuerpos docentes, y el acceso a cargos de jerarquía o autoridades, lo que no es más que un reflejo de una realidad que intentamos modificar".
"Consideramos necesario que las y los estudiantes puedan contar con acompañamiento, asesoramiento, contención y resguardo ante situaciones de violencia de género", subrayan.
Creación del protocolo
Poco tiempo más tarde, en septiembre, la recientemente creada Red de Profesoras por la Erradicación de las Violencias de la UNPSJB sede Esquel informó que Ferrari y González fueron suspendidos tras ser denunciados por abuso dentro del ámbito de estudio y trabajo.
Destacaron la resolución y sostuvieron que ello les permitiría a las denunciantes "estudiar en un ambiente seguro". "Se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación; además reafirmar que las denuncias no son en vano", agregaron. Los docentes quedaron separados de sus cargos hasta la culminación del sumario abierto en la Universidad.
"Tras habernos reunido como red; las docentes informamos a la comunidad universitaria y al público en general del estado de situación y acciones de esta red, para el tratamiento de la situación generada por la denuncia de acoso dentro del ámbito de estudio y trabajo de todes", expresaron mediante un comunicado.
En este marco, subrayaron la necesidad de que "las víctimas denunciantes tengan la certeza que pueden estudiar en un ambiente seguro" y adelantaron que "se están llevando a cabo los procesos institucionales correspondientes para que se defina esta situación".
Además, dieron a conocer avances de la construcción del Protocolo y Programa para prevenir, detectar, intervenir y erradicar violencias por razones de género en el ámbito de la Universidad.
Según anunciaron, de acuerdo al mencionado Programa, se avanzó en:
*Designar a las personas que integrarán en cada sede las comisiones de dicho programa.
*Aprobar el Plan progresivo de fortalecimiento para prevenir, detectar, intervenir y erradicar, violencias por razones de género en la comunidad universitaria.
*Designar a los equipos de acompañamiento en la temática de género, que recepcionarán denuncias por motivos sexistas, brindarán contención y acompañamiento y derivaran las situaciones a los canales institucionales. En la sede Esquel son María Florencia Santos, Karina Gutiérrez y Patricia Rupallan.
En esta línea, informaron que se estaban llevando a cabo acciones de difusión de información útil como vías de contacto para denuncias, avances del protocolo y tareas de prevención.
Un nuevo capítulo en la causa
A pedido del propio imputado, Augusto Ferrari, y tras casi dos años de investigación, en noviembre de 2023 se planteó el cambio de competencia de la Justicia. De esta forma, el caso pasó al fuero federal; el argumento es su condición de funcionario público de la UNPSJB.
El exvicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas fue imputado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa. En el medio, se dieron a conocer más detalles de los hechos cometidos contra una estudiante.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chubut que fue planteada en la acusación señala que el abogado "incurrió en una tentativa de abuso sexual simple cometido mediante abuso coactivo sustentado [en] la posición que le daba (...) su calidad de vicedecano y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tendría como víctima a una alumna de dicha casa de estudios".
El propio Ferrari acudió al juez Guido Otranto para que el trámite salga de la justicia provincial y pase al fuero federal, petición que fue aceptada por el fiscal Santiago Roldán.
Por su parte, el juez Otranto entendió que "hay un aspecto importante para destacar y robustecer la apreciación de que el caso involucra intereses federales; en concreto, el correcto funcionamiento de una universidad nacional. La evidencia analizada en la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal provincial da cuenta de que este hecho en particular no sería un caso aislado; sería la reiteración de una modalidad de acceder sexualmente a alumnas que vendría sucediendo hace varios años y que incluso habría provocado que algunas hayan decidido abandonar los estudios o continuar su carrera en otras instituciones".
Pacto patriarcal
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre junio y julio de 2021, mientras Ferrari se desempeñaba como docente en la materia Introducción al Derecho. La víctima tenía 18 años y al momento de los hechos estaba finalizando la cursada.
La acusación sostiene que Ferrari intentó mantener contacto sexual con la estudiante aprovechando "la relación de poder existente, por su posición en la universidad, tanto como profesor, como en su rol de vicedecano, ejerciendo un abuso coactivo en ese contexto", a través de acercamientos en redes sociales y mensajes de WhatsApp.
Según la información recabada por el MPF, Ferrari respondía las historias de la joven con emoticones de "carita con ojos de corazones, de 100 y fueguitos". Mediante mensajes de WhatsApp, le preguntaba si quería viajar con él y le hablaba de sus viajes al exterior.
Entre sus invitaciones se incluyó una fiesta de ingresantes "para pocos", una salida en Trelew, un encuentro en el bar esquelense "El Argentino" y un departamento alquilado para que ella -que vivía en Trevelin- no tuviera que volver.
"Las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual, intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol generando un abuso intimidatorio", señala la acusación.
Fiscalía consideró que "el acto no se concretó por la negativa de ella, quien pese a su miedo e incertidumbre sobre cómo continuaría su vida académica luego de eso, no accedió a tales propuestas".
El hecho fue calificado como abuso sexual en grado de tentativa y se solicitó que sea condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión.
Dos meses antes, la Fiscalía había presentado la acusación y solicitaba que Ferrari sea llevado a juicio.
La fiscal Cecilia Bagnato remarcó que a pesar de que existen testimonios de varias alumnas, la denunciante es una sola. "Ella denuncia una presunta tentativa de acoso, pero nosotros lo calificamos como tentativa de abuso sexual".
"Los elementos que se reunieron fueron diversos y los más importantes son los testimonios de profesores, otros alumnos y alumnas, que algunos sabían de la situación de ella y otras son víctimas también, aunque no han denunciado", relató Bagnato, a lo que se suman pericias psicológicas e informáticas.
La fiscal remarcó que "se hablaba de una dinámica hacia todas las alumnas, en especial del primer año, e incluso alumnos": "Se hacían fiestas de ingresantes con las estudiantes y profesores. No solo se menciona a Ferrari sino también a otras personas, estaba instalado un pacto patriarcal".
"Más allá de ser todos adultos, el consentimiento está viciado en la medida en que hay una asimetría de poder entre quien se aprovecha de esa situación y una alumna", explicó. Se trata de una relación con distintas jerarquías entre un docente que además era autoridad de la institución educativa y las estudiantes. "Es una dinámica que ya estaba instalada en la Universidad, gravemente en perjuicio de las alumnas, y espero que no siga siendo así".
Además sostuvo que "la UNPSJB no colaboró para nada": "Hay un trámite administrativo, pero cada vez que hemos tenido que pedir algo es mucho trabajo. Esperamos casi un año para que manden un listado de alumnas, claramente se resisten a que esto se desarme, supongo yo".
En este sentido, se conoció que la denunciante pidió ayuda a una profesora y envió un mail a la Universidad relatando la situación. Sin embargo, no hubo respuesta.
Sobreseimiento para Ferrari
Tras un año de investigación y avance de la causa, a principios de este mes se dio a conocer la decisión unánime del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que dictó el sobreseimiento para Ferrari, a quien lo imputaban por abuso sexual y abuso de autoridad. El fallo lo firmaron los jueces Enrique Baronetto, Alejandro Silva y Alejandro Cabral y está fechado el viernes 1º de septiembre.
Según el defensor público Raúl Tótaro, la calificación legal que realizó el Ministerio Publico Fiscal luce "forzada", ya que en sus mensajes Ferrari nunca habló de sexo y aún si lo hubiese hecho, no se concretó.
En cuanto a usar su posición de poder, "de los mensajes enviados por su defendido no se observa alarde de su cargo para amenazar a la víctima con represalias ante un rechazo, y una vez manifestada la negativa de la denunciante, las comunicaciones cesaron sin consecuencias educativas para ella".
Los jueces coincidieron en que, aunque Ferrari contactó a la joven con invitaciones "ninguno implicó un encuentro privado sino que de suceder, ocurrirían en espacios públicos tales como una fiesta de estudiantes, un bar en Esquel, el centro de otra ciudad, etcétera. No puede razonablemente hablarse de que el accionar del imputado constituya delito".
Y aún si ella hubiera aceptado, "todavía restaría ejecutar la otra parte del plan: convencerla, a través de intimidación o la amenaza de perjudicarla académicamente, de concurrir a un lugar privado para abordarla carnalmente contra su voluntad y que ese abordaje se vea frustrado por una situación ajena a Ferrari; circunstancia que no se traduce con las constancias. Jamás compartieron el mismo espacio físico".
La acusación no acreditó que el objetivo de Ferrari haya sido tener sexo con la víctima al punto de lograr acceso carnal. El tribunal concluyó que "ni siquiera lo insinuó".
"La pretensión fiscal luce cuanto menos arbitraria y antojadiza toda vez que no se advierte en Ferrari un comportamiento con relevancia jurídico-penal". El TOF consideró que la conducta de Ferrari "podrían merecer un reproche administrativo o incluso civil", pero no una sanción penal.
Crecen las políticas de género en todo el sistema universitario
"El espacio universitario, como todo espacio institucional, se encuentra cimentado sobre fuertes estructuras patriarcales. Erosionar, derribar y volver a moldear formas igualitarias no es fácil ni algo que suceda de manera rápida, pero los feminismos universitarios se han caracterizado por ser constantes e incansables en el trabajo de identificar esas estructuras y desnaturalizar las desigualdades" escriben Sandra Torlucci, Vanesa Vazquez Laba y Ana Laura Martin en el prólogo de un libro que reúne el trabajo colectivo de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE).
En la última década se profundizaron las acciones de prevención y visibilización de las violencias machistas en las universidades de todo el país, especialmente como respuesta a casos polémicos como el de Ferrari o incluso el de Bruno Sancci, ampliamente mediatizado.
Los movimientos feministas y estudiantiles buscaron crear espacios de contención para los numerosos casos de acoso, violencia y abuso que ocurren hacia adentro de los establecimientos universitarios, generalmente desoídos por las autoridades de la institución.
En 2014 se creó el primer protocolo para atender situaciones de violencia de género en las universidades en la Universidad Nacional del Comahue. En los años siguientes se aceleró la creación de este tipo de espacios hasta convertirse en una política pública consolidada en la mayoría de las casas de estudio. La cantidad de universidades que implementaron los protocolos aumentó de forma continua: del 8% en 2015 a más del 40% en 2017.
En el año 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, luego denominada RUGE, en la Universidad Nacional de San Martín, a la que se fueron sumando más de 20 universidades, facultades e institutos universitarios.
Actualmente, cerca de 60 universidades públicas de Argentina cuentan con protocolos de género. Las situaciones de violencia, sin embargo, siguen presentes, y no siempre son debidamente atendidas. Por cada denuncia que se hace pública, suelen subyacer otros relatos de víctimas que no se animan a denunciar.
Un informe diagnóstico del 2021 sobre la aplicación de las políticas de género elaborado por RUGE señala que tanto estudiantes como docentes y trabajadores universitarios experimentan situaciones de violencia a diario.
Cerca del 30% declara haber vivido en persona descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación a su cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género; y más del 60% ha escuchado dentro de la universidad comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades
En relación a situaciones de acoso leve, el 34,4% de los/as no docentes sufrió comentarios impropios, groseros u obscenos, silbidos, y/o gestos (en el aula, pasillo u otros espacios), mientras que en los claustros de docentes y estudiantes estas vivencias se reducen al 30,1% y 22,3%, respectivamente.
Esta tendencia se sostiene ante situaciones de acoso muy grave. Al 15,6% de los/as no docentes le pidieron favores sexuales a cambio de ser beneficiados/as en alguna instancia de su práctica laboral, y el 12,9% de los/as docentes y el 7,9% de los/as estudiantes afirma haber recibido la misma oferta.
Asimismo, un 18,8% de los/as no docentes, un 16,1% de los/as docentes y un 13,2% de los/as estudiantes fueron tocados/as, forcejeados/as y besados/as sin su consentimiento.
En comparación, mientras los/as estudiantes padecen mayormente situaciones de violencia simbólica y psicológica, el claustro no docente manifiesta los más altos valores de violencia y acoso sexual grave. Los/as docentes, por su parte, también enfrentan desaliento y descalificaciones, que se potencian en tanto les asignan más tareas dependiendo de su género.
Y si bien señalan que la aplicación de medidas de contención y asesoramiento son muy frecuentes, el panorama es radicalmente distinto para las medidas disciplinarias: son poco frecuentes en el 52,6% de las universidades y nada frecuentes en el 13,2%.
Subrayan que "es la medida que más tiempo de espera le invierte a los equipos y a los/as denunciantes: en la mayoría de los casos, favorablemente, se demoran 12 semanas en sumariar y sancionar a los/as denunciados/as. Al respecto, es dable mencionar que la naturaleza de los tiempos legales y administrativos de cada universidad es muy distinta y muchas instituciones manifiestan que implementar medidas de esta índole puede tomarles hasta 24 semanas".
Entre las áreas o actores institucionales que tienden a demorar la investigación de los casos o la aplicación de medidas, el 60,9% de las referentes de atención señala obstáculos en el área de legales y el 23,9% en las máximas autoridades y los/as decanos/as. En menor medida, también se presentan impedimentos en Consejo Superior (13%), con los/as responsables administrativos/as de las unidades académicas (10,9%) y con los/as jefes/as o coordinadores/as de áreas no docentes.
Entre estos obstáculos se destacan: dilaciones innecesarias (50%), exceso de burocratización (36,1%), abordajes no coordinados entre las distintas áreas involucradas (36,1%), falta de voluntad política (16,7%), indiferencia (11,1%), y -principalmente- en una marcada ausencia de perspectiva de género (61,1%).
La transversalización de las políticas de género en el sistema universitario ha avanzado sin cesar en la última década. En el día a día, sin embargo, se repiten los escenarios de violencia y la ausencia de marcos de escucha.
