Quién paga el costo de los derrames: la huella de los pasivos ambientales en todo el país En zonas petroleras, los derrames de hidrocarburos son moneda corriente. Comenzaron a ganar visibilidad hace algunos años, y pareciera que cada vez ocurren con más frecuencia: en algunas localidades se han registrado varios incidentes con apenas semanas de diferencia. Las consecuencias van desde la afectación de territorios pertenecientes a comunidades originarias hasta el daño de la biodiversidad. Un incidente reciente en Punta Loyola (Santa Cruz) volvió a poner el foco en la responsabilidad de las empresas y la falta de respuestas a largo plazo. Un repaso en este Día Nacional del Petróleo.
Río Negro: un derrame histórico
Hace poco más de tres años, el 10 de diciembre de 2021, se produjo un importante derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a cinco kilómetros del río Colorado. No es el primer incidente en la zona: vecinos y comunidades ya hablaban de otras situaciones similares ligadas a los pasivos ambientales.
El derrame se produjo por una rotura de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) y provocó uno de los mayores derrames de la última década en la región norpatagónica.
La red de Oldelval cuenta con válvulas de corte separadas entre varios kilómetros, por lo que el control del derrame se vuelve especialmente complejo, ya que aun cuando la empresa haya cortado el tramo afectado pueden pasar horas hasta que el petróleo cargado en los caños deje de fluir.
Desde la cartera de Energía de Río Negro indicaron que "no recuerdan un derrame de tales dimensiones" y detallaron que el derrame se produjo en un "oleoducto de 16 pulgadas, cuya responsabilidad es de la empresa Oldelval, que conecta la estación de bombeo El Medanito con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en Neuquén".
Daniel Lezcano, werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm, habló con Agencia Tierra Viva sobre el panorama de los habitantes aledaños a la zona afectada. Más que un incidente aislado, se trata de una problemática estructural extendida en toda la Argentina. Lezcano explicó que de 625 hectáreas que posee la comunidad, 200 están afectadas con pasivos ambientales y han sido afectadas por incidentes de este tipo.
El derrame comenzó cerca de las 12 y recién a las 17 empezaron las tareas de contención. "Decían que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducción de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso", afirmó Mauro González, abogado representante de las familias afectadas.
"Estamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave (...) sería muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversión; justamente lo que venía denunciando la comunidad Qüiñe Chraüm, que está en la zona y que sus campos se están viendo afectados producto de la desinversión que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente", cuestionó Martín Alvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur).
Recién 48 horas después del derrame, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro difundió precisó el alcance de los daños: unos 1500 metros cúbicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie.
"Es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pagándolas o muy fuera de término, muy poca plata, hay que dar un cambio en la lógica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria", cerró Alvarez.
Bahía Blanca: cuatro derrames sucesivos
Hace poco más de un año, Bahía Blanca fue testigo de cuatro derrames de petróleo que acumularon más de 600 metros cúbicos. Dos de los incidentes fueron ocasionados por las actividades de la empresa alemana Oiltanking Ebytem y afectaron significativamente la Reserva Natural Provincial.
El 26 de diciembre se produjo el primer derrame, a causa de una falla técnica: un total de 400 metros cúbicos de petróleo que afectaron 40 hectáreas de la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Ocurrió en la monoboya "Punta Cigüeña" del Puero Rosales, donde opera Oiltanking Ebytem.
Organizaciones ambientales presentaron denuncias penales contra la empresa por la demora en la activación de las alertas y la aplicación de protocolos de contención, lo que provocó que el derrame se propagara rápidamente a lo largo de la red de canales de reserva, generando impactos ambientales irreversibles.
A pesar de que, tras la denuncia, las operaciones de Oiltanking Ebytem fueron suspendidas, dos semanas después volvió a estar en el ojo de la tormenta por un nuevo derrame. El 11 de enero de 2024 ocurrió un nuevo derrame en la misma monoboya, esta vez de 200 metros cúbicos. Si bien esa vez los protocolos se activaron mucho más rápido que en el primer episodio, esto no evitó que el crudo volviera a afectar la reserva natural, esta vez en marismas y cangrejales del sector denominado Canal Tres Brazas.
El 14 de febrero, pescadores denunciaron, otra vez, la presencia de crudo en agua en las cercanías de la Base Naval Puerto Belgrano. El escenario se repitió el 4 de marzo, con un nuevo derrame en este mismo lugar, lo que constituye un historial de cuatro derrames en menos de tres meses.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia Buenos Aires volvió a infraccionar y suspendió preventivamente la operación de Oiltanking, al tiempo que solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación revise la operatividad de la empresa, que fue intimada a implementar con suma celeridad el Plan de Remediación del patrimonio natural afectado por los derrames.
Representantes locales del Sitio RHRAP/WHSRN (Red Hemisférica de Reservas para aves playeras) junto a técnicos del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, confirmaron en los días posteriores la afectación de hábitats valiosos para las aves playeras y otros organismos marinos. Dos canales principales, el Embudo y el Laborde, además de las aguas adyacentes, fueron impactados por el petróleo que fue retenido en las marismas de pastos marinos en 3 y 4 km de extensión.
Comodoro Rivadavia: vivir entre cigüeñas
Como toda zona petrolera, Comodoro también tiene su propio historial de derrames. Este año, a finales de junio, vecinos del barrio Malvinas Argentinas denunciaron un derrame en una zona residencial, una problemática frecuente en el barrio. Si bien YPF fue sancionada por el Gobierno provincial por la falta de obras de mantenimiento y prevención, la situación se extiende mucho más allá de un derrame ocasional.
Por la ruptura de la línea de conducción de un pozo en el yacimiento Bella Vista, se afectaron unos 600 metros lineales, y los vecinos hicieron hincapié en la necesidad de soluciones permanentes y obras de prevención.
La subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad reconoció que el plan de contingencia de YPF no era el adecuado.
Mediante la Disposición 011/2024, la Subsecretaría de Regulación y Control de la cartera ambiental provincial multó a YPF por el perjuicio ambiental provocado por los 14 metros cúbicos derramados en plena zona residencial.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan José Rivera, dijo que si bien la empresa cumplió con el protocolo de denuncia y dio inicio a las tareas de reparación de manera inmediata, "no la exime de otras responsabilidades, tales como no haber terminado obras de direccionamiento, estabilización y mantenimiento de los taludes y cárcavas que estaban previstas desde 2019 para minimizar los riesgos en situaciones de estas características".
En la sanción a YPF se tomó en cuenta la "afectación del ecosistema tanto del suelo, flora y fauna nativa e introducida; perjuicios a los vecinos del área y perjuicios posteriores, ocasionados en el proceso de saneamiento que produjo desmonte con mayor afectaciones al ecosistema".
Por ello se estableció "una multa a la firma YPF SA equivalente al monto de 224.000 litros de gasoil grado tres, calculados conforme a la cotización en la pizarra de ventas del Automóvil Club Argentino en la ciudad de Comodoro Rivadavia del día hábil inmediato anterior a la aplicación de la multa".
El pasivo ambiental de la industria es palpable en algunos barrios de Comodoro. Además de los derrames que frecuentemente afectan las zonas residenciales, actualmente existen cerca de 4 mil pozos petroleros abandonados, y no todos cuentan con los radios de seguridad contemplados por ley.
Santa Cruz: CGC en la mira
El 18 de septiembre, el tema volvió a estar en agenda tras un derrame en Punta Loyola (Santa Cruz), sumándose a otro incidente ocurrido a principios de mes. Según información del Ministerio Público Fiscal, se produjo durante la carga del buque Fourni en el muelle Arturo Illia, a raíz de una falla en la bomba del tanque de sumidero que generó una mancha de hidrocarburo aproximadamente 50 metros de largo por 2 de ancho, que fue arrastrada hacia el interior de la ría por el oleaje. Pronto se conocieron detalles relativos a la falta de medidas de seguridad de la empresa responsable la Compañía General de Combustible (CGC), que previamente ha sido señalada por incidentes similares.
Pese a la gravedad del incidente, ni el Gobierno provincial ni CGC emitieron un comunicado oficial al respecto.
En el acta labrada, la Prefectura Naval (PNA) dejó asentado que la empresa de combustibles no había desplegado en tiempo las medidas de seguridad pertinentes, debido a que no contaba con un timonel disponible para operar las embarcaciones de contención.
Al conocerse estos hechos, la Fiscalía de Río Gallegos intervino, ordenando allanamientos en las oficinas de CGC y el secuestro de documentación relacionada con el incidente. En una medida cautelar, el juez Marcelo Vázquez inhabilitó las operaciones del muelle Arturo Illia hasta que se cumplan las normas de seguridad estipuladas.
La Fiscalía destacó "la grave falencia de seguridad que significa no tener personal disponible para la contención (falta de tripulación para botes de rápida respuesta en el lugar)" y agregó que son "extremos que claramente pueden generar un nuevo incidente ambiental".
Tres meses antes, el 27 de junio, ya se había producido otro derrame en el yacimiento El Huemul, también perteneciente a CGC. En total, se derramaron unos 180 metros cúbicos de hidrocarburo, afectando una superficie de 11 mil metros cuadrados.
Si bien se envió un equipo de trabajo de manera inmediata, que contó con dos cuadrillas para el laboreo manual y un camión de vacío para recuperar fluidos, el informe de prensa de la Secretaría de Ambiente dio cuenta de que "la dificultad del saneamiento radicó en las inclemencias del tiempo y su efecto sobre el terreno, ya que se encontraba inestable e imposibilitaba el acceso de flota pesada al lugar".
Camusu Aike: el reclamo de los Pueblos Originarios
No es la primera vez que CGC está en la mira por su responsabilidad ambiental. En mayo del 2022 la Comunidad Camusu Aiken de Río Gallegos denunció a la empresa por un derrame en su territorio con consecuencias profundas en la flora y la fauna. El incidente es apenas una fracción de los reclamos que sostiene la comunidad, que no fue consultada por la instalación de campamentos de explotación en sus territorios ancestrales y es la que paga cotidianamente el precio de los pasivos ambientales.
La comunidad está ubicada en cercanías del paraje La Esperanza; allí viven entre treinta y cuarenta familias tehuelches.
Una de las autoridades de la comunidad, Myrta Pocón, fue quien realizó la denuncia pública del derrame.
"Esto pasó en el territorio de Camusu Aike, que queda a 180 kilómetros de Río Gallegos, a 25 kilómetros del paraje La Esperanza y por la zona de Boleadoras. Afectó a unos 200 o 300 metros y una laguna natural, donde van los caballos, guanacos y otros animalitos que se acercan a beber agua. Ocurrió el domingo 15 de mayo pasado, lo descubrió una sobrina mía que sale a recorrer el campo, para buscar sus caballos y notó que había movimientos extraños de las petroleras, ya que los domingos no suelen trabajar", relató.
Pocón cuenta que tras el incidente comenzaron a llegar las topadoras, retroexcavadoras, camiones y camionetas con ingenieros, "todos trabajando allí para chupar el petróleo que estaba en la laguna y seguramente tenían la intención de tapar con tierra encima".
Según el testimonio de la mujer, esta sería una estrategia frecuentada por la empresa para ocultar hechos de este tipo: "Como todos estos años, en Camusu Aike nosotros veíamos tremendas montañas de tierra y no supimos por qué aparecían. Ahora entendemos las causas, y es por los manchones de petróleo son tapados con tierra. Por suerte, esta vez los descubrimos".
"En Camusu Aike, siempre hicieron lo que quisieron y el Gobierno o las empresas decían que no podíamos reclamar porque no teníamos los documentos de nuestras tierras. Hoy sí contamos con personería jurídica, con los títulos comunitarios y hacemos esta denuncia pública, para que se terminen los atropellos a nosotros y a los pueblos originarios. Quizás, estas empresas no se enteran que están operando en territorios que tienen leyes específicas y derechos", agregó.
La referente de la comunidad dijo además que desde la empresa les ofrecieron dinero y un alquiler por el espacio afectado, a modo de indemnización: "Nosotros decimos que no queremos dinero. Hace varios años que estamos luchando para tener gas natural, viviendas y por agua corriente. Es algo tan urgente, que cualquier comunidad necesita, pero las empresas petroleras están en contacto con los gobiernos y no nos ayudan en nada e incluso nos ignoran".
"Fue grave lo que pasó, lo intentaron esconder y a nosotros como comunidad de pueblos originarios nos viven chicaneando, pisoteando y pasando por encima. Las empresas petroleras hacen este tipo de cosas en el campo y nadie se hace cargo", cerró.
En general, todos los casos tienen como común denominador la falta de medidas preventivas y la afectación de la biodiversidad, en ocasiones con daños irreversibles. Muchos ocurren en territorios ancestrales pertenecientes a comunidades originarias, y son sus miembros los principales activistas en defensa del ambiente. Los hechos mencionados son apenas algunos de los más visibles en los últimos años, pero son parte de una extensa cronología signada por la falta de control.
En zonas petroleras, los derrames de hidrocarburos son moneda corriente. Comenzaron a ganar visibilidad hace algunos años, y pareciera que cada vez ocurren con más frecuencia: en algunas localidades se han registrado varios incidentes con apenas semanas de diferencia. Las consecuencias van desde la afectación de territorios pertenecientes a comunidades originarias hasta el daño de la biodiversidad. Un incidente reciente en Punta Loyola (Santa Cruz) volvió a poner el foco en la responsabilidad de las empresas y la falta de respuestas a largo plazo. Un repaso en este Día Nacional del Petróleo.
Río Negro: un derrame histórico
Hace poco más de tres años, el 10 de diciembre de 2021, se produjo un importante derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a cinco kilómetros del río Colorado. No es el primer incidente en la zona: vecinos y comunidades ya hablaban de otras situaciones similares ligadas a los pasivos ambientales.
El derrame se produjo por una rotura de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) y provocó uno de los mayores derrames de la última década en la región norpatagónica.
La red de Oldelval cuenta con válvulas de corte separadas entre varios kilómetros, por lo que el control del derrame se vuelve especialmente complejo, ya que aun cuando la empresa haya cortado el tramo afectado pueden pasar horas hasta que el petróleo cargado en los caños deje de fluir.
Desde la cartera de Energía de Río Negro indicaron que "no recuerdan un derrame de tales dimensiones" y detallaron que el derrame se produjo en un "oleoducto de 16 pulgadas, cuya responsabilidad es de la empresa Oldelval, que conecta la estación de bombeo El Medanito con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en Neuquén".
Daniel Lezcano, werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm, habló con Agencia Tierra Viva sobre el panorama de los habitantes aledaños a la zona afectada. Más que un incidente aislado, se trata de una problemática estructural extendida en toda la Argentina. Lezcano explicó que de 625 hectáreas que posee la comunidad, 200 están afectadas con pasivos ambientales y han sido afectadas por incidentes de este tipo.
El derrame comenzó cerca de las 12 y recién a las 17 empezaron las tareas de contención. "Decían que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducción de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso", afirmó Mauro González, abogado representante de las familias afectadas.
"Estamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave (...) sería muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversión; justamente lo que venía denunciando la comunidad Qüiñe Chraüm, que está en la zona y que sus campos se están viendo afectados producto de la desinversión que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente", cuestionó Martín Alvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur).
Recién 48 horas después del derrame, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro difundió precisó el alcance de los daños: unos 1500 metros cúbicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie.
"Es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pagándolas o muy fuera de término, muy poca plata, hay que dar un cambio en la lógica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria", cerró Alvarez.
Bahía Blanca: cuatro derrames sucesivos
Hace poco más de un año, Bahía Blanca fue testigo de cuatro derrames de petróleo que acumularon más de 600 metros cúbicos. Dos de los incidentes fueron ocasionados por las actividades de la empresa alemana Oiltanking Ebytem y afectaron significativamente la Reserva Natural Provincial.
El 26 de diciembre se produjo el primer derrame, a causa de una falla técnica: un total de 400 metros cúbicos de petróleo que afectaron 40 hectáreas de la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Ocurrió en la monoboya "Punta Cigüeña" del Puero Rosales, donde opera Oiltanking Ebytem.
Organizaciones ambientales presentaron denuncias penales contra la empresa por la demora en la activación de las alertas y la aplicación de protocolos de contención, lo que provocó que el derrame se propagara rápidamente a lo largo de la red de canales de reserva, generando impactos ambientales irreversibles.
A pesar de que, tras la denuncia, las operaciones de Oiltanking Ebytem fueron suspendidas, dos semanas después volvió a estar en el ojo de la tormenta por un nuevo derrame. El 11 de enero de 2024 ocurrió un nuevo derrame en la misma monoboya, esta vez de 200 metros cúbicos. Si bien esa vez los protocolos se activaron mucho más rápido que en el primer episodio, esto no evitó que el crudo volviera a afectar la reserva natural, esta vez en marismas y cangrejales del sector denominado Canal Tres Brazas.
El 14 de febrero, pescadores denunciaron, otra vez, la presencia de crudo en agua en las cercanías de la Base Naval Puerto Belgrano. El escenario se repitió el 4 de marzo, con un nuevo derrame en este mismo lugar, lo que constituye un historial de cuatro derrames en menos de tres meses.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia Buenos Aires volvió a infraccionar y suspendió preventivamente la operación de Oiltanking, al tiempo que solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación revise la operatividad de la empresa, que fue intimada a implementar con suma celeridad el Plan de Remediación del patrimonio natural afectado por los derrames.
Representantes locales del Sitio RHRAP/WHSRN (Red Hemisférica de Reservas para aves playeras) junto a técnicos del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, confirmaron en los días posteriores la afectación de hábitats valiosos para las aves playeras y otros organismos marinos. Dos canales principales, el Embudo y el Laborde, además de las aguas adyacentes, fueron impactados por el petróleo que fue retenido en las marismas de pastos marinos en 3 y 4 km de extensión.
Comodoro Rivadavia: vivir entre cigüeñas
Como toda zona petrolera, Comodoro también tiene su propio historial de derrames. Este año, a finales de junio, vecinos del barrio Malvinas Argentinas denunciaron un derrame en una zona residencial, una problemática frecuente en el barrio. Si bien YPF fue sancionada por el Gobierno provincial por la falta de obras de mantenimiento y prevención, la situación se extiende mucho más allá de un derrame ocasional.
Por la ruptura de la línea de conducción de un pozo en el yacimiento Bella Vista, se afectaron unos 600 metros lineales, y los vecinos hicieron hincapié en la necesidad de soluciones permanentes y obras de prevención.
La subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad reconoció que el plan de contingencia de YPF no era el adecuado.
Mediante la Disposición 011/2024, la Subsecretaría de Regulación y Control de la cartera ambiental provincial multó a YPF por el perjuicio ambiental provocado por los 14 metros cúbicos derramados en plena zona residencial.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan José Rivera, dijo que si bien la empresa cumplió con el protocolo de denuncia y dio inicio a las tareas de reparación de manera inmediata, "no la exime de otras responsabilidades, tales como no haber terminado obras de direccionamiento, estabilización y mantenimiento de los taludes y cárcavas que estaban previstas desde 2019 para minimizar los riesgos en situaciones de estas características".
En la sanción a YPF se tomó en cuenta la "afectación del ecosistema tanto del suelo, flora y fauna nativa e introducida; perjuicios a los vecinos del área y perjuicios posteriores, ocasionados en el proceso de saneamiento que produjo desmonte con mayor afectaciones al ecosistema".
Por ello se estableció "una multa a la firma YPF SA equivalente al monto de 224.000 litros de gasoil grado tres, calculados conforme a la cotización en la pizarra de ventas del Automóvil Club Argentino en la ciudad de Comodoro Rivadavia del día hábil inmediato anterior a la aplicación de la multa".
El pasivo ambiental de la industria es palpable en algunos barrios de Comodoro. Además de los derrames que frecuentemente afectan las zonas residenciales, actualmente existen cerca de 4 mil pozos petroleros abandonados, y no todos cuentan con los radios de seguridad contemplados por ley.
Santa Cruz: CGC en la mira
El 18 de septiembre, el tema volvió a estar en agenda tras un derrame en Punta Loyola (Santa Cruz), sumándose a otro incidente ocurrido a principios de mes. Según información del Ministerio Público Fiscal, se produjo durante la carga del buque Fourni en el muelle Arturo Illia, a raíz de una falla en la bomba del tanque de sumidero que generó una mancha de hidrocarburo aproximadamente 50 metros de largo por 2 de ancho, que fue arrastrada hacia el interior de la ría por el oleaje. Pronto se conocieron detalles relativos a la falta de medidas de seguridad de la empresa responsable la Compañía General de Combustible (CGC), que previamente ha sido señalada por incidentes similares.
Pese a la gravedad del incidente, ni el Gobierno provincial ni CGC emitieron un comunicado oficial al respecto.
En el acta labrada, la Prefectura Naval (PNA) dejó asentado que la empresa de combustibles no había desplegado en tiempo las medidas de seguridad pertinentes, debido a que no contaba con un timonel disponible para operar las embarcaciones de contención.
Al conocerse estos hechos, la Fiscalía de Río Gallegos intervino, ordenando allanamientos en las oficinas de CGC y el secuestro de documentación relacionada con el incidente. En una medida cautelar, el juez Marcelo Vázquez inhabilitó las operaciones del muelle Arturo Illia hasta que se cumplan las normas de seguridad estipuladas.
La Fiscalía destacó "la grave falencia de seguridad que significa no tener personal disponible para la contención (falta de tripulación para botes de rápida respuesta en el lugar)" y agregó que son "extremos que claramente pueden generar un nuevo incidente ambiental".
Tres meses antes, el 27 de junio, ya se había producido otro derrame en el yacimiento El Huemul, también perteneciente a CGC. En total, se derramaron unos 180 metros cúbicos de hidrocarburo, afectando una superficie de 11 mil metros cuadrados.
Si bien se envió un equipo de trabajo de manera inmediata, que contó con dos cuadrillas para el laboreo manual y un camión de vacío para recuperar fluidos, el informe de prensa de la Secretaría de Ambiente dio cuenta de que "la dificultad del saneamiento radicó en las inclemencias del tiempo y su efecto sobre el terreno, ya que se encontraba inestable e imposibilitaba el acceso de flota pesada al lugar".
Camusu Aike: el reclamo de los Pueblos Originarios
No es la primera vez que CGC está en la mira por su responsabilidad ambiental. En mayo del 2022 la Comunidad Camusu Aiken de Río Gallegos denunció a la empresa por un derrame en su territorio con consecuencias profundas en la flora y la fauna. El incidente es apenas una fracción de los reclamos que sostiene la comunidad, que no fue consultada por la instalación de campamentos de explotación en sus territorios ancestrales y es la que paga cotidianamente el precio de los pasivos ambientales.
La comunidad está ubicada en cercanías del paraje La Esperanza; allí viven entre treinta y cuarenta familias tehuelches.
Una de las autoridades de la comunidad, Myrta Pocón, fue quien realizó la denuncia pública del derrame.
"Esto pasó en el territorio de Camusu Aike, que queda a 180 kilómetros de Río Gallegos, a 25 kilómetros del paraje La Esperanza y por la zona de Boleadoras. Afectó a unos 200 o 300 metros y una laguna natural, donde van los caballos, guanacos y otros animalitos que se acercan a beber agua. Ocurrió el domingo 15 de mayo pasado, lo descubrió una sobrina mía que sale a recorrer el campo, para buscar sus caballos y notó que había movimientos extraños de las petroleras, ya que los domingos no suelen trabajar", relató.
Pocón cuenta que tras el incidente comenzaron a llegar las topadoras, retroexcavadoras, camiones y camionetas con ingenieros, "todos trabajando allí para chupar el petróleo que estaba en la laguna y seguramente tenían la intención de tapar con tierra encima".
Según el testimonio de la mujer, esta sería una estrategia frecuentada por la empresa para ocultar hechos de este tipo: "Como todos estos años, en Camusu Aike nosotros veíamos tremendas montañas de tierra y no supimos por qué aparecían. Ahora entendemos las causas, y es por los manchones de petróleo son tapados con tierra. Por suerte, esta vez los descubrimos".
"En Camusu Aike, siempre hicieron lo que quisieron y el Gobierno o las empresas decían que no podíamos reclamar porque no teníamos los documentos de nuestras tierras. Hoy sí contamos con personería jurídica, con los títulos comunitarios y hacemos esta denuncia pública, para que se terminen los atropellos a nosotros y a los pueblos originarios. Quizás, estas empresas no se enteran que están operando en territorios que tienen leyes específicas y derechos", agregó.
La referente de la comunidad dijo además que desde la empresa les ofrecieron dinero y un alquiler por el espacio afectado, a modo de indemnización: "Nosotros decimos que no queremos dinero. Hace varios años que estamos luchando para tener gas natural, viviendas y por agua corriente. Es algo tan urgente, que cualquier comunidad necesita, pero las empresas petroleras están en contacto con los gobiernos y no nos ayudan en nada e incluso nos ignoran".
"Fue grave lo que pasó, lo intentaron esconder y a nosotros como comunidad de pueblos originarios nos viven chicaneando, pisoteando y pasando por encima. Las empresas petroleras hacen este tipo de cosas en el campo y nadie se hace cargo", cerró.
En general, todos los casos tienen como común denominador la falta de medidas preventivas y la afectación de la biodiversidad, en ocasiones con daños irreversibles. Muchos ocurren en territorios ancestrales pertenecientes a comunidades originarias, y son sus miembros los principales activistas en defensa del ambiente. Los hechos mencionados son apenas algunos de los más visibles en los últimos años, pero son parte de una extensa cronología signada por la falta de control.
