Un "okupa de lujo": Cómo un multimillonario británico se apropió de un lago y miles de hectáreas en la PatagoniaDesde hace años el nombre de Joe Lewis se repite en la Patagonia. El magnate británico -que se encuentra entre los hombres más ricos del mundo- está en el centro de la polémica desde hace décadas por la compra irregular de 12.000 hectáreas de Lago Escondido, un área natural protegida a la que hoy se prohíbe el paso con cercas y seguridad privada. El reclamo de las comunidades de la región impulsó un conflicto legal que se desarrolló durante 18 años, aunque la justicia rionegrina falló a favor del empresario en 2023. Ha sido repudiado por sus vínculos con figuras de la justicia y la política, y denunciado en múltiples ocasiones por su responsabilidad en ataques a manifestantes. En los últimos días su nombre volvió a resonar a raíz de los incendios forestales y de la venta de su "aeropuerto fantasma" ubicado en cercanías de Sierra Grande.
Según se reconstruye de testimonios y fallos judiciales, el magnate Joe Lewis compró 8 mil hectáreas que rodean a Lago Escondido en 1996, según se dice, por un precio irrisorio de 12 millones de dólares, una operación prohibida por la condición de extranjero de Lewis. Lo que se desprende de las investigaciones posteriores es que el empresario adquirió las tierras a través de una firma argentina que, tras la compra, le cedió la propiedad. Su tráfico de influencias le permitió, más adelante, expandirse con otras 4 mil hectáreas.
La legalidad de la compra inicial fue cuestionada en reiteradas ocasiones. En ese momento existía un veto a la extranjerización de tierras cercanas a las fronteras, por lo que debió haberse expedido la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras, y no lo hizo.
El "terreno" está a unos 40 Km del norte de El Bolsón y está atravesado por Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar, lo que lo convierte en aguas de uso público, garantizada además por la ley que lo reconoce como un bien de dominio público. Sin embargo, desde la dudosa compra de los ‘90 uno de los accesos al lago está impedido para ciudadanos y turistas.
En 2012 la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) llegó a la conclusión de que la operación en 1996 fue realizada sobre la base de mentiras y con la complicidad de funcionarios provinciales y nacionales. La venta además era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44.
Los acusados en la causa fueron Susana Beatriz Sarto (que era subdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende (como presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (que era titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joe.
La PIA denunció que los terrenos que se habían vendido en aquella operación están dentro de la "zona de seguridad de fronteras" y "sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras".
Allende fue quien se presentó a declarar la compra como presidente de HR Properties Buenos Aires SA. Sarto, responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno.
El 30 de agosto de 1996 -con la intervención de la escribana Szama- se firmó la escritura traslativa de dominio en favor de Hidden Lake SA por un total de 8.063 hectáreas, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro, a cargo de Mayer, aunque el autorizado para la compra había sido HR Properties.
Hidden Lake es la sociedad que utiliza el empresario para administrar sus negocios en Argentina. Y fue a través de ella que cuatro meses después se solicitó una nueva autorización para anexar otras 2.760 hectáreas a la estancia Lago Escondido.
A pesar de haber desentrañado la operación fraudulenta, la investigación no logró llegar a una instancia de conclusión y en 2021 la Cámara de Casación Penal confirmó que la causa había prescripto.
En estos últimos días, el nombre del magnate inglés volvió a escucharse debido a que se conoció que vendió su "aeropuerto fantasma" situado en cercanías de Sierra Grande a los Emiratos Arabes.
La justicia "tela de araña"
El conflicto judicial por la estancia Lago Escondido tiene varios episodios en los últimos 20 años. En 2005 la entonces legisladora provincial del Ari, Magdalena Odarda, presentó un amparo con el objetivo de que se garantice el libre acceso al Lago Escondido. Odarda, que fue la principal querellante de la causa, obtuvo fallos a favor en 2009, 2012 y 2013, que Lewis nunca cumplió.
Un juez de Bariloche se declaró incompetente para entender en el amparo. Planteó que era un proceso de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.
El STJ rechazó el amparo, aunque consideró que había cuestiones pendientes y ordenó que se debían finalizar los trámites administrativos en cumplimiento del Decreto Nº 578/02, que se refiere al sendero de montaña constituido mediante servidumbre.
En 2009, Odarda, con el patrocinio del abogado Rubén Marigo, pidió que se evaluaran otras alternativas de acceso, como el camino viejo utilizado antes de la adquisición de Hidden Lake SA que nace en el Paraje Tacuifí, un sendero más corto y menos complejo que el de montaña.
El entonces Fiscal de Estado de la provincia, Alberto Carosio, afirmó que se daba por finalizado el trámite administrativo para la inscripción registral de la servidumbre del paso del sendero de montaña y que el acceso al lago estaba garantizado. La Justicia instó al Estado provincial y a Hidden Lake a mejorar la traza y la realización de obras necesarias para garantizar el tránsito y la seguridad.
El fallo consideraba que era "necesario asegurar que el camino constituido mediante la servidumbre, así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí queden en el ámbito de la responsabilidad de Viarse, sin perjuicio además de la intervención que le corresponde al Codema y demás organismos competentes para asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad".
Los jueces Luis Lutz, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas resolvieron "tener por agotado el objeto" de la causa y fijaron un plazo de 120 días para que la empresa y el Estado cumplieran con las obras requeridas.
El 29 de marzo de 2012 el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones de Bariloche a efectos de gestionar el seguimiento y cumplimiento de la sentencia del 2009, que establecía garantizar el paso por los caminos ya existentes. Sin embargo, en 2013 se condenó al Estado provincial a realizar un nuevo camino de acceso al lago, una instancia que fue apelada en reiteradas ocasiones.
Pese a la sentencia judicial firme, ninguna de las disposiciones de la justicia fue cumplida por Lewis, y las organizaciones continuaron reclamando el acceso a Lago Escondido por el Paraje Tacuifí. La odisea legal llevó 18 años y más de 20 jueces, y nunca fue garantizado el acceso.
"Quince años, 24 jueces, derechos constitucionales vulnerados, una sentencia incumplida: el costo de pelear contra Lewis por el acceso al lago Escondido", repasaba Odarda en 2019, en diálogo con La Tinta, con la sentencia todavía vigente.
"Innumerables han sido las maniobras dilatorias, denuncias improcedentes y hostigamiento artero que los apoderados de la empresa Hidden Lake S.A, José Luis Bianco y Pablo González. Ambos letrados son responsables de dilatar indebidamente el cumplimiento de la sentencia judicial impartida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2009", señaló.
Para Odarda, "los retardos, dilaciones y artilugios legales que se han planteado en el expediente constituyen el impedimento al acceso a un derecho reconocido judicialmente y perpetúan la impunidad. Tal es así que en estos casi 15 años transcurridos de trámite judicial han tomado intervención en la causa más de 24 jueces de nuestra provincia: miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche, del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, del Juzgado de Primera Instancia del Bolsón e incluso jueces miembros de juzgados de otros fueros".
El 12 de septiembre del 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche confirmó la sentencia de 2013, y ratificó lo establecido por ese fallo que ordenaba a Lewis garantizar uno de los accesos a Lago Escondido -un camino ripio que nace en el paraje El Foyel-, además de ocuparse de la debida señalización. La nueva medida le dio un plazo de un mes para hacer transitable tanto ese camino como el sendero de montaña.
El fallo también rechazó la posibilidad de abrir un nuevo camino, tal como proponía Hidden Lake años atrás, lo que implicaba la intervención en zonas vírgenes de un parque natural. El problema es que la mansión del magnate -una construcción de 3.200 metros cubiertos- fue levantada, precisamente, arriba del camino histórico que la Justicia ordenó desbloquear. Dictó tres meses a Vialidad Provincial para hacer accesible el camino y dos meses para llevar adelante cuestiones administrativas para garantizar que no haya inconvenientes para nadie que quiera ingresar al lago por los acceso preexistentes. Ninguna medida fue acatada por Lewis.
Un nuevo capítulo
A finales del 2017, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de Lago Escondido. Esta medida anuló el fallo anterior que había declarado extinto el caso en el que estaban involucrados funcionario rionegro y el hijo del magnate por triangular la compra para que no figurara el nombre de Lewis.
Entre dictámenes y apelaciones, la causa no llegó a condenar a ninguno de los implicados ya que en 2021 fue declarada prescripta, y se consolidó -una vez más- la impunidad del magnate.
En 2023 el Gobierno pidió la nulidad de la compra de las tierras, a partir de una "acción judicial de lesividad" encabezada por el Ministerio del Interior.
El Gobierno nacional contra Lewis, pedirá la nulidad de la compra de tierras en Lago Escondido
La Resolución 1603 -firmada por el entonces secretario de Interior José Lepere- ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior a iniciar la acción legal para obtener la "declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad".
De esta manera, la maniobra ilegal en la compra de las hectáreas volvió a ser objeto de debate judicial tras la prescripción de la investigación del 2012.
En referencia a las disposiciones judiciales que ya se habían citado en la investigación previa, la resolución señala que la legislación argentina "declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos".
La medida fue celebrada por buena parte de la población rionegrina así como un sector menor del arco político. Juan Grabois, al conocerse la medida, expresó a través de redes sociales que "Lewis atenta contra leyes elementales de seguridad nacional que subsisten pese a la nefasta balcanización de los recursos naturales derivada del Pacto de Olivos y otras claudicaciones de políticos con vocación de colonia",
Agregó que "se trata de estándares mínimos de protección de las Zonas de Seguridad de Fronteras que implican el cumplimiento de ciertos mecanismos para la compra-venta de bienes allí ubicados" y denunció un "tráfico de influencias" por parte del empresario.
Las patotas y el reclamo por la soberanía
La comunidad regional, por su parte, viene movilizándose con más certezas que las que ha mostrado el camino judicial. En 2017 se realizó la primera Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, con una demanda sencilla: que Lewis acate lo que dictó la justicia. La convocatoria se mantuvo en el tiempo ante el desacato continuo del magnate y la inacción del arco político.
Cada febrero, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) encabeza el reclamo por la apertura del camino hacia el lago.
Este año estaba pactado que la la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la FIPCA, entre otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, llevaran a cabo la octava marcha en los primeros días de febrero. La movilización contaría con dos columnas que partirían desde distintos puntos para ingresar por cada acceso al lago.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: "Esta marcha cobra más sentido que nunca. Los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. La Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno".
"Existen antecedentes graves acerca de la violencia que ejercen las patotas a sueldo de este magnate inglés, y hay un saldo de numerosos heridos en las manifestaciones anteriores. Son el Gobierno nacional y el Gobierno provincial quienes deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes, y serán responsables por cualquier hecho que haya que lamentar. La historia nos muestra que la policía, en vez de defender a la ciudadanía y recibir órdenes de los gobiernos locales, obedece a estos extranjeros usurpadores", advirtió.
En 2022, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció agresiones y amenazas a un grupo de manifestantes que encabezaban la quinta marcha en reclamo de la soberanía.
El escenario se repitió al año siguiente, cuando el grupo que encaró el camino de montaña informó de distintas situaciones de ataque por parte de los empleados que responden a Lewis.
"Existe riesgo de vida", aseguró entonces Julio César Urien, referente de Fipca y uno de los organizadores de la movilización. "Los compañeros que están en la montaña nos dicen que empezaron a ser agredidos, les rompieron el equipamiento, estamos muy preocupados por la vida de ellos", agregó. Una postal que se repite año a año.
La marcha de este año fue suspendida a raíz de los incendios, aunque el reclamo está vigente. De hecho, según precisan vecinos de El Bolsón, la patota que atacó a un grupo de manifestantes el pasado 6 de febrero responde al empresario. Los vecinos pedían la libertad de tres brigadistas detenidos, supuestamente vinculados a los incendios.
¿Los gauchos de Lewis?: Denuncian que la "patota" responde al magnate inglés de Lago Escondido
Sin embargo, Lewis no actúa solo. En los últimos años sus relaciones con distintas figuras del ámbito político y judicial no pasaron desapercibidas. El expresidente Mauricio Macri -quien supo visitarlo junto a su familia en la mansión del lago- lo defendió en público en reiteradas ocasiones y dijo que no entendía la "sistemática búsqueda para agredirlo". Y sostuvo que gracias a él los vecinos de Lago Escondido "tiene un mejor acceso que el que tenía antes".
En julio 2016, el entonces presidente modificó la Ley de Tierras y eliminó el tope de mil hectáreas que tenían los extranjeros, lo que favoreció directamente al empresario inglés. Por si fuera poco, durante su gobierno hubo un intento de impugnar la compra de los 90', que fue rápidamente sofocada por la administración de Cambiemos.
No es el único: una larga lista de políticos, jueces y empresarios componen su red de influencias. Los manifestantes que cada año reclaman por la soberanía del lago sostienen que la expansión impune del inglés no es posible sin una sólida connivencia del poder económico y judicial.
Así se comprobó en el escándalo del viaje de los jueces a Lago Escondido, en lo que hoy se conoce como el caso Los Huemules. A raíz de una filtración de chats, salió a la luz un viaje secreto que realizó una comitiva a la mansión de Lago Escondido. Entre los visitantes, se encontraban jueces, funcionarios porteños y empresarios.
El escándalo de los chats y el viaje de los jueces a Lago Escondido suma papelones de la Justicia
Consolidar la impunidad
En contra de todos los fallos previos, el 2 de septiembre de 2023, el STJ rionegrino le dio la razón a Lewis. Revocó las sentencias que ordenaban a la provincia garantizar llegar al lago por la traza corta y determinó que el público solo podrá acceder al Lago Escondido a través del sendero de montaña de 33 kilómetros. Anuló las decisiones anteriores, respondiendo a recursos de casación presentados por la Fiscalía de Estado y Hidden Lake SA.
Los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y la jueza Cecilia Criado, admitieron parcialmente los recursos de casación presentados por la Fiscalía y por Hidden Lake SA, tras 18 meses de laberinto judicial.
Además, el STJ ordenó a la Fiscalía de Río Negro acreditar ante el Juez de ejecución, en un plazo de 60 días hábiles, el cumplimiento de las obligaciones restantes en relación con el señalamiento y las normas de seguridad en el camino de montaña.
Luego de casi dos décadas, ninguna de las dos causas clave logró avanzar, ni la que investiga la compra irregular de las tierras ni la que dictamina el acceso al lago. No son los únicos reveses judiciales del magnate británico: en 2023 fue denunciado en Estados Unidos por varias causas de tráfico de información privilegiada, por lo que podría cumplir hasta 20 años de prisión y pagar una multa millonaria. En el medio, también se lo investiga por el caso Los Huemules, con una decena de imputados. Hasta el momento, la impunidad parece tener más peso.
Desde hace años el nombre de Joe Lewis se repite en la Patagonia. El magnate británico -que se encuentra entre los hombres más ricos del mundo- está en el centro de la polémica desde hace décadas por la compra irregular de 12.000 hectáreas de Lago Escondido, un área natural protegida a la que hoy se prohíbe el paso con cercas y seguridad privada. El reclamo de las comunidades de la región impulsó un conflicto legal que se desarrolló durante 18 años, aunque la justicia rionegrina falló a favor del empresario en 2023. Ha sido repudiado por sus vínculos con figuras de la justicia y la política, y denunciado en múltiples ocasiones por su responsabilidad en ataques a manifestantes. En los últimos días su nombre volvió a resonar a raíz de los incendios forestales y de la venta de su "aeropuerto fantasma" ubicado en cercanías de Sierra Grande.
Según se reconstruye de testimonios y fallos judiciales, el magnate Joe Lewis compró 8 mil hectáreas que rodean a Lago Escondido en 1996, según se dice, por un precio irrisorio de 12 millones de dólares, una operación prohibida por la condición de extranjero de Lewis. Lo que se desprende de las investigaciones posteriores es que el empresario adquirió las tierras a través de una firma argentina que, tras la compra, le cedió la propiedad. Su tráfico de influencias le permitió, más adelante, expandirse con otras 4 mil hectáreas.
La legalidad de la compra inicial fue cuestionada en reiteradas ocasiones. En ese momento existía un veto a la extranjerización de tierras cercanas a las fronteras, por lo que debió haberse expedido la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras, y no lo hizo.
El "terreno" está a unos 40 Km del norte de El Bolsón y está atravesado por Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar, lo que lo convierte en aguas de uso público, garantizada además por la ley que lo reconoce como un bien de dominio público. Sin embargo, desde la dudosa compra de los ‘90 uno de los accesos al lago está impedido para ciudadanos y turistas.
En 2012 la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) llegó a la conclusión de que la operación en 1996 fue realizada sobre la base de mentiras y con la complicidad de funcionarios provinciales y nacionales. La venta además era contraria a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44.
Los acusados en la causa fueron Susana Beatriz Sarto (que era subdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende (como presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (que era titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joe.
La PIA denunció que los terrenos que se habían vendido en aquella operación están dentro de la "zona de seguridad de fronteras" y "sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras".
Allende fue quien se presentó a declarar la compra como presidente de HR Properties Buenos Aires SA. Sarto, responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno.
El 30 de agosto de 1996 -con la intervención de la escribana Szama- se firmó la escritura traslativa de dominio en favor de Hidden Lake SA por un total de 8.063 hectáreas, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro, a cargo de Mayer, aunque el autorizado para la compra había sido HR Properties.
Hidden Lake es la sociedad que utiliza el empresario para administrar sus negocios en Argentina. Y fue a través de ella que cuatro meses después se solicitó una nueva autorización para anexar otras 2.760 hectáreas a la estancia Lago Escondido.
A pesar de haber desentrañado la operación fraudulenta, la investigación no logró llegar a una instancia de conclusión y en 2021 la Cámara de Casación Penal confirmó que la causa había prescripto.
En estos últimos días, el nombre del magnate inglés volvió a escucharse debido a que se conoció que vendió su "aeropuerto fantasma" situado en cercanías de Sierra Grande a los Emiratos Arabes.
La justicia "tela de araña"
El conflicto judicial por la estancia Lago Escondido tiene varios episodios en los últimos 20 años. En 2005 la entonces legisladora provincial del Ari, Magdalena Odarda, presentó un amparo con el objetivo de que se garantice el libre acceso al Lago Escondido. Odarda, que fue la principal querellante de la causa, obtuvo fallos a favor en 2009, 2012 y 2013, que Lewis nunca cumplió.
Un juez de Bariloche se declaró incompetente para entender en el amparo. Planteó que era un proceso de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.
El STJ rechazó el amparo, aunque consideró que había cuestiones pendientes y ordenó que se debían finalizar los trámites administrativos en cumplimiento del Decreto Nº 578/02, que se refiere al sendero de montaña constituido mediante servidumbre.
En 2009, Odarda, con el patrocinio del abogado Rubén Marigo, pidió que se evaluaran otras alternativas de acceso, como el camino viejo utilizado antes de la adquisición de Hidden Lake SA que nace en el Paraje Tacuifí, un sendero más corto y menos complejo que el de montaña.
El entonces Fiscal de Estado de la provincia, Alberto Carosio, afirmó que se daba por finalizado el trámite administrativo para la inscripción registral de la servidumbre del paso del sendero de montaña y que el acceso al lago estaba garantizado. La Justicia instó al Estado provincial y a Hidden Lake a mejorar la traza y la realización de obras necesarias para garantizar el tránsito y la seguridad.
El fallo consideraba que era "necesario asegurar que el camino constituido mediante la servidumbre, así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí queden en el ámbito de la responsabilidad de Viarse, sin perjuicio además de la intervención que le corresponde al Codema y demás organismos competentes para asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad".
Los jueces Luis Lutz, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas resolvieron "tener por agotado el objeto" de la causa y fijaron un plazo de 120 días para que la empresa y el Estado cumplieran con las obras requeridas.
El 29 de marzo de 2012 el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones de Bariloche a efectos de gestionar el seguimiento y cumplimiento de la sentencia del 2009, que establecía garantizar el paso por los caminos ya existentes. Sin embargo, en 2013 se condenó al Estado provincial a realizar un nuevo camino de acceso al lago, una instancia que fue apelada en reiteradas ocasiones.
Pese a la sentencia judicial firme, ninguna de las disposiciones de la justicia fue cumplida por Lewis, y las organizaciones continuaron reclamando el acceso a Lago Escondido por el Paraje Tacuifí. La odisea legal llevó 18 años y más de 20 jueces, y nunca fue garantizado el acceso.
"Quince años, 24 jueces, derechos constitucionales vulnerados, una sentencia incumplida: el costo de pelear contra Lewis por el acceso al lago Escondido", repasaba Odarda en 2019, en diálogo con La Tinta, con la sentencia todavía vigente.
"Innumerables han sido las maniobras dilatorias, denuncias improcedentes y hostigamiento artero que los apoderados de la empresa Hidden Lake S.A, José Luis Bianco y Pablo González. Ambos letrados son responsables de dilatar indebidamente el cumplimiento de la sentencia judicial impartida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2009", señaló.
Para Odarda, "los retardos, dilaciones y artilugios legales que se han planteado en el expediente constituyen el impedimento al acceso a un derecho reconocido judicialmente y perpetúan la impunidad. Tal es así que en estos casi 15 años transcurridos de trámite judicial han tomado intervención en la causa más de 24 jueces de nuestra provincia: miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche, del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, del Juzgado de Primera Instancia del Bolsón e incluso jueces miembros de juzgados de otros fueros".
El 12 de septiembre del 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche confirmó la sentencia de 2013, y ratificó lo establecido por ese fallo que ordenaba a Lewis garantizar uno de los accesos a Lago Escondido -un camino ripio que nace en el paraje El Foyel-, además de ocuparse de la debida señalización. La nueva medida le dio un plazo de un mes para hacer transitable tanto ese camino como el sendero de montaña.
El fallo también rechazó la posibilidad de abrir un nuevo camino, tal como proponía Hidden Lake años atrás, lo que implicaba la intervención en zonas vírgenes de un parque natural. El problema es que la mansión del magnate -una construcción de 3.200 metros cubiertos- fue levantada, precisamente, arriba del camino histórico que la Justicia ordenó desbloquear. Dictó tres meses a Vialidad Provincial para hacer accesible el camino y dos meses para llevar adelante cuestiones administrativas para garantizar que no haya inconvenientes para nadie que quiera ingresar al lago por los acceso preexistentes. Ninguna medida fue acatada por Lewis.
Un nuevo capítulo
A finales del 2017, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de Lago Escondido. Esta medida anuló el fallo anterior que había declarado extinto el caso en el que estaban involucrados funcionario rionegro y el hijo del magnate por triangular la compra para que no figurara el nombre de Lewis.
Entre dictámenes y apelaciones, la causa no llegó a condenar a ninguno de los implicados ya que en 2021 fue declarada prescripta, y se consolidó -una vez más- la impunidad del magnate.
En 2023 el Gobierno pidió la nulidad de la compra de las tierras, a partir de una "acción judicial de lesividad" encabezada por el Ministerio del Interior.
El Gobierno nacional contra Lewis, pedirá la nulidad de la compra de tierras en Lago Escondido
La Resolución 1603 -firmada por el entonces secretario de Interior José Lepere- ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior a iniciar la acción legal para obtener la "declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad".
De esta manera, la maniobra ilegal en la compra de las hectáreas volvió a ser objeto de debate judicial tras la prescripción de la investigación del 2012.
En referencia a las disposiciones judiciales que ya se habían citado en la investigación previa, la resolución señala que la legislación argentina "declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos".
La medida fue celebrada por buena parte de la población rionegrina así como un sector menor del arco político. Juan Grabois, al conocerse la medida, expresó a través de redes sociales que "Lewis atenta contra leyes elementales de seguridad nacional que subsisten pese a la nefasta balcanización de los recursos naturales derivada del Pacto de Olivos y otras claudicaciones de políticos con vocación de colonia",
Agregó que "se trata de estándares mínimos de protección de las Zonas de Seguridad de Fronteras que implican el cumplimiento de ciertos mecanismos para la compra-venta de bienes allí ubicados" y denunció un "tráfico de influencias" por parte del empresario.
Las patotas y el reclamo por la soberanía
La comunidad regional, por su parte, viene movilizándose con más certezas que las que ha mostrado el camino judicial. En 2017 se realizó la primera Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, con una demanda sencilla: que Lewis acate lo que dictó la justicia. La convocatoria se mantuvo en el tiempo ante el desacato continuo del magnate y la inacción del arco político.
Cada febrero, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) encabeza el reclamo por la apertura del camino hacia el lago.
Este año estaba pactado que la la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la FIPCA, entre otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, llevaran a cabo la octava marcha en los primeros días de febrero. La movilización contaría con dos columnas que partirían desde distintos puntos para ingresar por cada acceso al lago.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: "Esta marcha cobra más sentido que nunca. Los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. La Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno".
"Existen antecedentes graves acerca de la violencia que ejercen las patotas a sueldo de este magnate inglés, y hay un saldo de numerosos heridos en las manifestaciones anteriores. Son el Gobierno nacional y el Gobierno provincial quienes deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes, y serán responsables por cualquier hecho que haya que lamentar. La historia nos muestra que la policía, en vez de defender a la ciudadanía y recibir órdenes de los gobiernos locales, obedece a estos extranjeros usurpadores", advirtió.
En 2022, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció agresiones y amenazas a un grupo de manifestantes que encabezaban la quinta marcha en reclamo de la soberanía.
El escenario se repitió al año siguiente, cuando el grupo que encaró el camino de montaña informó de distintas situaciones de ataque por parte de los empleados que responden a Lewis.
"Existe riesgo de vida", aseguró entonces Julio César Urien, referente de Fipca y uno de los organizadores de la movilización. "Los compañeros que están en la montaña nos dicen que empezaron a ser agredidos, les rompieron el equipamiento, estamos muy preocupados por la vida de ellos", agregó. Una postal que se repite año a año.
La marcha de este año fue suspendida a raíz de los incendios, aunque el reclamo está vigente. De hecho, según precisan vecinos de El Bolsón, la patota que atacó a un grupo de manifestantes el pasado 6 de febrero responde al empresario. Los vecinos pedían la libertad de tres brigadistas detenidos, supuestamente vinculados a los incendios.
¿Los gauchos de Lewis?: Denuncian que la "patota" responde al magnate inglés de Lago Escondido
Sin embargo, Lewis no actúa solo. En los últimos años sus relaciones con distintas figuras del ámbito político y judicial no pasaron desapercibidas. El expresidente Mauricio Macri -quien supo visitarlo junto a su familia en la mansión del lago- lo defendió en público en reiteradas ocasiones y dijo que no entendía la "sistemática búsqueda para agredirlo". Y sostuvo que gracias a él los vecinos de Lago Escondido "tiene un mejor acceso que el que tenía antes".
En julio 2016, el entonces presidente modificó la Ley de Tierras y eliminó el tope de mil hectáreas que tenían los extranjeros, lo que favoreció directamente al empresario inglés. Por si fuera poco, durante su gobierno hubo un intento de impugnar la compra de los 90', que fue rápidamente sofocada por la administración de Cambiemos.
No es el único: una larga lista de políticos, jueces y empresarios componen su red de influencias. Los manifestantes que cada año reclaman por la soberanía del lago sostienen que la expansión impune del inglés no es posible sin una sólida connivencia del poder económico y judicial.
Así se comprobó en el escándalo del viaje de los jueces a Lago Escondido, en lo que hoy se conoce como el caso Los Huemules. A raíz de una filtración de chats, salió a la luz un viaje secreto que realizó una comitiva a la mansión de Lago Escondido. Entre los visitantes, se encontraban jueces, funcionarios porteños y empresarios.
El escándalo de los chats y el viaje de los jueces a Lago Escondido suma papelones de la Justicia
Consolidar la impunidad
En contra de todos los fallos previos, el 2 de septiembre de 2023, el STJ rionegrino le dio la razón a Lewis. Revocó las sentencias que ordenaban a la provincia garantizar llegar al lago por la traza corta y determinó que el público solo podrá acceder al Lago Escondido a través del sendero de montaña de 33 kilómetros. Anuló las decisiones anteriores, respondiendo a recursos de casación presentados por la Fiscalía de Estado y Hidden Lake SA.
Los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y la jueza Cecilia Criado, admitieron parcialmente los recursos de casación presentados por la Fiscalía y por Hidden Lake SA, tras 18 meses de laberinto judicial.
Además, el STJ ordenó a la Fiscalía de Río Negro acreditar ante el Juez de ejecución, en un plazo de 60 días hábiles, el cumplimiento de las obligaciones restantes en relación con el señalamiento y las normas de seguridad en el camino de montaña.
Luego de casi dos décadas, ninguna de las dos causas clave logró avanzar, ni la que investiga la compra irregular de las tierras ni la que dictamina el acceso al lago. No son los únicos reveses judiciales del magnate británico: en 2023 fue denunciado en Estados Unidos por varias causas de tráfico de información privilegiada, por lo que podría cumplir hasta 20 años de prisión y pagar una multa millonaria. En el medio, también se lo investiga por el caso Los Huemules, con una decena de imputados. Hasta el momento, la impunidad parece tener más peso.
