La YPF libertaria conducida por Horacio Marín entra en la etapa final de su salida en los yacimientos del norte de Santa Cruz. Ya consiguió desmalezar cerca de 2.300 empleos petroleros forzando los retiros "voluntarios" pero podrían llegar a 2.800, y además hay cerca de 800 obreros de la construcción impactados por la paralización de las obras en las áreas maduras, que además no recibieron ninguna indemnización. Son alrededor de 4.000 puestos de trabajo destruidos, aunque no deberían descartarse más expulsiones de obreros para terminar de satisfacer las exigencias empresarias a la hora de reducir a la mitad los costos de producción. A los petroleros que aceptaron los retiros "involuntarios" les prometieron desde el gremio que algunos regresarían luego que se vuelvan a concesionar las áreas de YPF, otros supuestamente podían reinsertarse en la pesca, la minería o en la construcción de las represas si se reactiva -donde fueron suspendidos 2.500 trabajadores-. En paralelo el gobierno de Javier Milei reprivatizó Yacimientos Carboníferos Río Turbio y hay otros 2.100 empleos en peligro. El gobernador Claudio Vidal quedó entrampado en su propia política que avaló en el Directorio de YPF con el Plan Andes y ahora acompaña la transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Sus alternativas son bajar regalías e impuestos para encontrar otras operadoras que agarren los yacimientos del norte santacruceño y ver si le puede sacar a YPF alrededor de 500 millones de dólares por un pasivo ambiental que la petrolera libertaria no está dispuesta a pagar.
La provincia de Santa Cruz se encuentra frente a una situación laboral sin precedentes y posiblemente solamente superada por el devastador efecto destructivo en el empleo que provocó el proceso privatizador de los años '90 cuando miles de obreros dejaron de pertenecer a las empresas estatales.
YPF termina de dar las últimas estocadas al personal vinculado a la compañía y sus contratistas en el norte santacruceño. Ya se sacó de encima alrededor de 2.300 trabajadores que se sumaron a los retiros voluntarios forzados en un proceso que concluyó con febrero, aunque en las primeras semanas de marzo podrían llegar nuevos telegramas de despidos para conseguir achicar el personal en 2.500 obreros petroleros y no se descarta que puedan terminar siendo 2.800 empleos destruidos.
A la par llegó el sacudón a los trabajadores de la UOCRA y camioneros que cumplen funciones en los yacimientos, pero el golpe fue particularmente duro sobre los obreros de la construcción que rondarían en 800 afectados y que ni siquiera pudieron hacerse de unos pesos extra con los retiros "involuntarios" ya que no tienen contratación directa y trabajan por obras.
La sumatoria final de expulsión de trabajadores en norte de Santa Cruz ronda los 4.000 en estos primeros meses del 2025 y no habría que descartar que la lista siga engrosándose.
Pérdida de empleos, silencio de la política y sindicalismo
Curiosamente luego de haberse transformado en la región petrolera más belicosa, conflictiva y anárquica de las últimas décadas en la Cuenca del Golfo San Jorge la política de limpieza laboral concretada por la YPF libertaria fue aceptada casi sin conflictividad, salvo algunos pequeños escarceos entre el sector gremial y el empresarial; pero además tiene un sabor a "venganza" por los largos años de paros, tomas y cortes de ruta.
Las fuentes consultadas aseguraron que "aceptamos el retiro voluntario porque si no nos iban a despedir sin pagarnos nada, por lo menos agarramos unos pesos y esperamos que con las nuevas operadoras podamos reingresar".
A pesar de las promesas, aquella belicosidad que puso en la conflictividad laboral en sus mayores niveles históricos durante mediados de la década del 2000 se disipó o fue encorsetada por una conducción sindical que en esta oportunidad tiene dos arietes para el control social.
Por un lado, aparece la dirigencia gremial -tanto de los convencionales como de los jerárquicos- que no está dispuesta a enfrentar la pérdida de empleo y sólo hace discursos de desplantes y actúa de manera cuanto menos complaciente con el sector empresarial. En medio de miles de desvinculaciones iniciaron un paro que rápidamente quedó desarticulado con el dictado de una conciliación obligatoria.
A ellos también se acoplaron las conducciones de la UOCRA y Camioneros que no rompieron la línea de aceptación pacífica de las reducciones de personal.
Otro obrero comentó que "desde el sindicato nos dijeron que si no podemos volver al petróleo nos van a ayudar a conseguir laburo en la minería o en la pesca; a los que son de la UOCRA les dijeron que iban a poder entrar a las obras de las represas apenas se vuelvan a poner en marcha".
Por el otro, asoma la arista política que encabeza el gobernador Claudio Vidal -ex dirigente petrolero- que hace lo imposible para que no haya desbordes mientras YPF está de salida y hace el trabajo sucio de eliminar miles de obreros para que se reduzcan en un 50% los costos de producción.
Vidal jugó con YPF y se quedó con miles de desocupados
El gobernador Vidal, que llegó a Río Gallegos de la mano del partido SER que fundó desde el sindicato petrolero, quedó entrampado en la estrategia de salida que diseñó Horacio Marín para que YPF abandone con el Plan Andes la mayoría de los campos maduros del país.
Montado en su rol de anti kirchnerista que había logrado destronar a la dinastía en tierras santacruceñas se sumó a la ola libertaria de cambios profundos en la petrolera con mayoría accionaria estatal.
Todo comenzó con el desembarco de Marín, ex CEO de Tecpetrol, como presidente de YPF y la aplicación del Plan 4x4 para desinvertir en el resto del país y focalizarse en los convencionales neuquinos que se buscan exportar al mundo.
En 2012 cuando en tiempos de Cristina Kirchner las provincias se sumaron a la nacionalización de YPF le quitaron las concesiones a Repsol y tras la expropiación recibieron de Nación proporcionales cupos accionarios y representaciones en el directorio de la compañía.
Santa Cruz engrosó el grupo de provincias con integrantes titulares en el directorio, junto a Neuquén, Chubut y Mendoza; mientras que Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Formosa y Jujuy cuentan con un quinto director que es rotativo entre dichas provincias. En tanto que el Estado nacional se quedó con el control de seis sillas en el Directorio de la empresa con sede en la coqueta torre de Puerto Madero.
El 29 de febrero del 2024 los integrantes del máximo órgano de YPF aprobaron por 10 votos a favor y solo uno en contra el plan de desinversión, siendo el único voto disonante de Gerardo Canseco -vinculado a la provincia de Santa Fe y al Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH)-.
El representante de Santa Cruz en el Directorio de YPF acompañó la propuesta de Marín e indudablemente contó con el visto bueno del propio gobernador Vidal, quien al principio apoyó fervorosamente el proceso de abandono de las áreas maduras, quizás ilusionado con recibir fondos frescos por los pasivos ambientales.
En abril el panorama ya se le había complicado a Vidal porque no se trataba solamente de la salida de YPF, sino que junto a ese proceso se venía la desvinculación de miles de obreros para bajar los costos de producción y además la compañía le adelantó que no pensaba hacerse cargo del pago por el pasivo ambiental generado en décadas de explotación de los yacimientos maduros.
El gobernador santacruceño sostuvo que "suele suceder que muchas veces llegan a un lugar y se olvidan de los compromisos y de la sociedad que permitió que ellos lleguen a esos puestos", y agregó que "hoy la situación de YPF es compleja".
Si aclarar cuáles son esos "compromisos" incumplidos, Vidal señaló que "no hay que tenerle miedo a que se vaya YPF, todo lo contrario. Los que tienen que tener miedo son los que obtenían réditos particulares pero los laburantes, los que concurrían a cumplir la función todos los días, tienen que saber que si una espalda inversora se va, tenemos otras diez interesadas en venir".
De ahí en adelante el mandatario provincial comenzó a disputar con Marín un pago compensatorio por el pasivo ambiental, pero en ningún momento se expresó públicamente en contra de las desvinculaciones de miles de trabajadores.
Es que tanto para YPF como las próximas concesionarias que se hagan cargo de los yacimientos maduros es de vital importancia reducir los costos de producción con el achicamiento del personal vinculado a la explotación petrolera.
La Gerencia de Marín fijó como plazo máximo el 28 de febrero para avanzar con las desvinculaciones indemnizadas, la mayoría de ellas con un sueldo extra por trabajador como imán que dio por resultado 2.300 retiros "voluntarios", y ahora se especula que en marzo habrá directamente varios centenares de despidos para llegar al "número buscado" para "hacer funcionar" los yacimientos.
YPF sellará en breve el proceso de salida de Santa Cruz y luego de muchas ideas y vueltas sobre qué sucedería con las áreas maduras, todo parece indicar que finalmente se las devolverá al Estado provincial y Formicruz, para que luego se inicie un nuevo proceso de concesión con otras operadoras.
CGC (Compañía General de Combustibles) del Grupo Eurnekian, Clear de Cristóbal López, PECOM del Grupo Pérez Companc y algunas otras compañías menores (Ingeniería ALPA, ROCH y Crown Point) se inscriben en la lista de posibles beneficiarias de las concesiones que volverá a ofertar Vidal, pero por ahora no se oficializó la entrega a ninguna de ellas y no está claro cuál será el mecanismo ni las condiciones a poner por el Estado provincial.
Vidal consiguió el jueves que la Legislatura apruebe la Emergencia Hidrocarburífera que lo habilita a reducir el pago de regalías, impuestos y otorgar incentivos fiscales a los nuevos concesionarios que se hagan cargo de los yacimientos que abandona YPF.
Pasivo ambiental en disputa
Aunque no se conoce a ciencia cierta cuáles fueron los "compromisos" incumplidos que reclama Vidal y cuál fue su estrategia en la desinversión de YPF, lo cierto es que el pasivo ambiental fue una prenda de negociación permanente en la búsqueda de hacerse de varios centenares de millones de dólares para afrontar el ajuste nacional, la recesión económica y la multiplicidad de empleos perdidos desde su llegada al gobierno santacruceño.
Se desconoce la real dimensión del pasivo ambiental provocado por YPF desde el descubrimiento de crudo efectuado en Cañadón Seco durante 1944. Se trata de casi 80 años de explotación petrolera que se fue extendiendo por todo el flanco norte santacruceño y que generó innumerables pozos, locaciones, baterías y derrames.
Cuando el gobernador Daniel Peralta encabezó en 2012 la quita de las concesiones a Repsol en YPF comenzó la danza de cifras por el pasivo ambiental y el propio mandatario aseguró que rondaría por encima de los 3.500 millones de dólares.
Peralta indicó que los años de explotación petrolera en Santa Cruz "dejaron mucho daño, especialmente, en el flanco norte de la Provincia. Más de 3.500 millones de dólares nos dio el pasivo a nosotros y estamos dispuestos a discutirlo".
La afirmación de Peralta hace 13 años fue en base a una supuesta valuación de los efectos de la actividad petrolera, pero el informe oficial nunca se dio a conocer públicamente.
Pero el reclamo por el pasivo ambiental no estuvo siempre en disputa como sucede en la actualidad. Así sucedió cuando la operadora OXY salió en el 2010 de los yacimientos del norte santacruceño y se los vendió a la china SINOPEC por un valor que se estableció en los 2.450 millones de dólares. El valor del pasivo ambiental rondaba en aquellos años en una suma cercana a los 700 millones de dólares.
Luego la concesión de SINOPEC fue adquirida en 2021 por CGC por un monto que habría rondado apenas los 200 millones de dólares y el pasivo ambiental se habría reducido a tan sólo 110 millones. Así lo reflejó OPI Santa Cruz en noviembre del año pasado.
El valor de los yacimientos adquiridos por la petrolera del Grupo Eurnekian había caído al 10% de lo que había pagado la petrolera china y en paralelo se contrajo el monto del costo ambiental. El paso de manos entre empresas liquidó no solamente el precio de los yacimientos, sino también lo necesario para remediar el pasivo ambiental.
Remediación a cambio de regalías, producción y empleos
Con la salida de YPF la situación parece estar en una dimensión similar, aunque la gerencia libertaria parece no estar dispuesta a pagar absolutamente nada por el pasivo ambiental; tal como sucedió con los otros yacimientos maduros que vendió en las demás provincias que conformaron el Plan Andes.
Cuando parecía que CGC se iba a quedar con todas las áreas que está abandonando YPF el tema ambiental se puso sobre la mesa y trabó las negociaciones. Eurnekian sabe que Vidal quiere hacerse de fondos por el pasivo ambiental y fue por eso que le propuso a YPF hacerse cargo de ese costo a cambio de obtener participación en el capital accionario que la petrolera que lidera Marín tiene en Vaca Muerta.
Ese intento fracasó y CGC comenzó a dar marcha atrás en lo que parecía un simple trámite para quedarse con las concesiones en el norte de YPF en Santa Cruz, para luego compartir los yacimientos con Clear, PECOM y las demás operadoras del listado.
Ahora Vidal se encuentra con que YPF le rebolea los yacimientos por la cabeza, no hay compromiso de pago por el pasivo ambiental y las nuevas operadoras tampoco se quieren hacer cargo de los costos de la remediación.
¿Accionará judicialmente el gobernador santacruceño contra YPF por el pasivo ambiental? ¿Dejará de lado el costo de la remediación para poder encontrar rápidamente nuevos capitales que se hagan cargo de las áreas abandonadas por Marín? ¿Con la Ley de Emergencia Hidrocarburífera en marcha canjeará el gobernador pasivo ambiental para frenar el drenaje de producción, regalías y empleos en el flanco norte provincial?
Preguntas que por ahora no tienen respuestas, pero algunas pueden inferirse.
¿Reclamo por U$S 500 millones?
La actual administración de Vidal parece no tener dimensionado el monto del pasivo ambiental y tampoco apuntaría a reclamar esos 3.500 millones de dólares anunciados por Peralta, pero en base a una cláusula de la concesión firmada con YPF en el 2012 podría reclamarle unos cuantos millones de dólares por el tema.
La Ley 3295/12 que le dio el marco al acta acuerdo que firmó Santa Cruz con YPF después de la expropiación de Repsol, el Decreto 2296/12 estableció en su artículo 7 los alcances de la remediación ambiental en los yacimientos administrados por la compañía.
"Las Partes acuerdan definir y priorizar en forma conjunta un plan de remediación de pasivos ambientales que contemple: a) criterios técnicos razonables (balance ambiental, tratamiento in situ, RBCA, etc.); b) la extensión de las tareas de remediación a la vigencia del plazo de las Concesiones; y c) el direccionamiento de las inversiones a tareas efectivas que garanticen la mejora de la situación ambiental en el ámbito provincial. Dicho plan contendrá una erogación máxima estimada anual para los próximos cinco (5) años de Veinte millones de Dólares Estadounidenses (US$ 20.000.000) y estará focalizado en la remediación de los sitios prioritarios con afectaciones de suelos y aguas subterráneas", estableció el ítem en cuestión.
En esos 20 millones de dólares anuales parece estar una de las llaves con la que gestión quiere negociar con YPF y buscar que la petrolera se haga cargo del pago de esa suma anual por un lapso de 25 años en que fueron reconcesionadas las áreas.
Las fuentes consultadas indicaron que la suma podría ascender a los 500 millones de dólares y que para la realidad por la que atraviesa la gestión de Vidal significarían un bálsamo de fondos frescos para afrontar la crisis de ingresos y empleos en la provincia.
El secretario de Ambiente, Sebastián Georgion, manifestó en marzo del año pasado que "en ese entonces se hizo un relevamiento donde se cuantificaron los pasivos, 8 de 10 áreas que tenía YPF, pero hay una característica de este inventario que indica que no se llegó a relevar el 100% de las situaciones ambientales. Entonces, se estudió una sola parte de la misma y quedó el compromiso de la empresa de avanzar en la actualización de datos y el acuerdo de 20 millones anuales no era para remediar sino para completar el análisis".
El funcionario se refería al pasivo ambiental anunciado por Peralta en el 2012 y a los 20 millones establecidos en el decreto antes mencionado.
Luego resaltó que "nosotros tenemos que plantear que YPF incumplió. Esa es la postura que tenemos nosotros desde lo ambiental y vamos a intimar a la operadora a que haga la presentación que corresponde", y agregó que "tenemos que entender cuál es el contexto en que estamos parados y ver qué es lo mejor para la Provincia. Tenemos que hablar de los intereses de Santa Cruz y, a partir de ahí, hay que darle profundidad técnica al reclamo y quitarle todo tinte que tenga que ver con la intencionalidad de uno solo".
Crisis de empleo privado en Santa Cruz
Sin contabilizar los empleos destruidos en el sector petrolero santacruceño en este arranque del 2025 los niveles de puestos de trabajo ya habían retrocedido a mediados del 2024 a los niveles del año 2006.
En el segundo trimestre del 2015 se había alcanzado el pico de empleo en la provincia con 1.606 trabajadores en extracción y perforación, a los que se sumaban los 9.524 puestos de trabajo vinculados a la parte de servicios de producción durante el primer trimestre del 2015.
Los últimos datos oficiales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social revelaron que en segundo trimestre del 2024 se contabilizaban 1.508 empleos en la extracción y perforación y otros 6.886 en los servicios. La merma del segundo rubro fue del 25% en poco más de diez años.
Con las nuevas desvinculaciones que rondarían entre los 2.500 y los 2.800 obreros del sector, la retracción respecto de mediados del año pasado ascendería a entre el 29 y el 33%; pero si las cifras llegan a los 4.000 trabajadores se alcanzaría la mencionada reducción del 50% del personal vinculado a la extracción petrolera.
Los otros tres principales rubros de generación de empleo privado productivo en la provincia son la minería, la pesca y la construcción. A ese panorama en materia del empleo en Santa Cruz se suman las situaciones traumáticas, particularmente en el sector de la construcción.
Allí también se observaron mermas de empleo y especialmente en el ámbito de la construcción donde la pérdida de puestos de trabajo fue del 48% en el 2024 decreciendo en 2.596 empleos por la paralización de la obra de las represas y el parate en la obra pública en general.
Los trabajadores de la UOCRA vinculados a las represas se encuentran cobrando el 80% de sus salarios en base a un acuerdo que tuvo que aceptar Vidal cuando se profundizaba el conflicto sindical y el acuerdo se extenderá hasta que se retomen las obras; de allí la premura del gobernador porque se autorice el reinicio de las obras hidroeléctricas.
En el rubro de la minería el pico de empleo se obtuvo en el tercer trimestre del 2021, pero hasta la mitad del 2024 la retracción fue del 13% con 689 empleos menos.
Mientras que en la pesca las oscilaciones son una constante como consecuencia de las propias características de la actividad, aunque allí también se detectó un achicamiento del 18% (-848 empleos) respecto del punto más elevado que se había concretado en el segundo trimestre del 2014.
Como si fuera poco, hay preocupación por el empleo en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que cuenta con 2.100 empleados, a partir de la nueva privatización que inició el gobierno de Javier Milei para transformarla nuevamente en una Sociedad Anónima; situación que ya fracasó en tiempos del menemismo.
El panorama laboral privado es más que complejo en Santa Cruz y no parece sencillo que se cumplan las promesas de reinserción en el petróleo o en otros rubros laborales para los miles de trabajadores que aceptaron los retiros "involuntarios" y se están gastando lo que recibieron de indemnización.
