Con caída del salario y destrucción de puestos laborales el FMI exige más ataques a los trabajadoresPor Alfonso de Villalobos
Para la clase trabajadora argentina este 1° de mayo de 2025 no puede ser una jornada de conmemoración ni autocomplacencia. La fecha que rememora las grandes luchas de sindicatos y partidos revolucionarios de fines del siglo XIX por los derechos más elementales de los trabajadores como la jornada de ocho horas o contra el trabajo infantil se da en momentos de una fuerte ofensiva de la clase capitalista contra sus ingresos, derechos y condiciones de vida.
El plan económico de Javier Milei y Luis Caputo tiene como objetivo fundamental generar un salto en calidad en el proceso de transferencia de recursos de manos de la clase laboriosa en favor del empresariado en general y el capital financiero en particular que se vienen registrando hace ya más de una década y, en perspectiva, medio siglo.
En pie de lucha
Por eso la jornada se desarrolla en el marco de un plan de lucha que, si bien por el momento no la ha definido, su continuidad parece ineludible. El miércoles 30 de abril una verdadera multitud desactivó el argumento esgrimido por la conducción de la CGT durante un tramo del 2024 que sugirió que, por abajo, la gente no estaba madura para ganar la calle. Tanto esa marcha como el contundente paro general del 10 de abril al cual los trabajadores decidieron adherir incluso teniendo la posibilidad de movilizarse en colectivo dan cuenta de un punto de inflexión y la decisión de la clase trabajadora de intentar revertir el escenario adverso que se ha creado.
La verdad del salario
Es que, lejos de lo que indica el discurso oficial, las condiciones de vida de la clase trabajadora se han agravado sensiblemente empezando por el salario y los niveles de empleo. Así lo muestran las estadísticas oficiales que publica el INDEC. Según el índice de salarios publicado el martes por el organismo estadístico, los trabajadores registrados resignaron desde la asunción de Javier Milei como presidente hasta el mes de febrero un 4,9% de su poder adquisitivo. La estadística indica que los empleados del sector público fueron los que se llevaron la peor parte en tanto, en general, resignaron en el período un 14,7% de su capacidad de compra. Ese retroceso, a la vez, resulta heterogéneo en tanto los empleados del sector público nacional agrupados en el convenio SINEP y dependientes del gobierno en forma directa, retrocedieron un 34% desde la asunción y acumulan una caída del 53% desde marzo de 2015. Los haberes de los docentes universitarios retrocedieron más del 33% bajo la gestión de Javier Milei y más del 50% en una década.
Estadística y realidad
La estadística indica que el sector privado logró recomponer a febrero sus ingresos con relación al IPC un 0,59%. Sin embargo, ese leve avance que se desvanece si se toma en cuenta la masa salarial anualizada percibida por la clase trabajadora, además, tiende a revertirse en los dos meses siguientes. Es que, el tope paritario impuesto por el gobierno y aceptado por las cúpulas sindicales, generó un retroceso en los primeros tres meses del año en los principales convenios del país. Por caso, el gremio de la Sanidad liderado por Héctor Daer perdió en sólo tres meses un 4,5% de su poder adquisitivo, Camioneros un 1,9% y los trabajadores de Estaciones de servicio un 2,3% solo para tomar como muestra los gremios privados representados por los tres líderes de la CGT. Pero el golpe atraviesa también a otros gremios como los perfumistas que perdieron un 4,3%, los textiles que resignaron en solo tres meses un 4,6% o los metalúrgicos de la UOM que retrocedieron un 3,9% en solo tres meses. Hacia adelante, según las paritarias ya firmadas, no hay indicios de recuperar lo perdido.
Las estadísticas oficiales de las que se vale el gobierno dan cuenta de un hipotético salto del salario de los trabajadores no registrados que, en febrero, habrían vuelto a recomponer sus haberes en un 7,9% contra una inflación para el período del 2,4%. Ocurre que, el dato de salario no registrado, según la propia metodología del INDEC se toma de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, por eso, arrastra un rezago de cinco meses. El dato de febrero, por ese motivo, refleja lo ocurrido en septiembre de 2024. Si se tomaran, por lo tanto, los datos disponibles que reflejan el período noviembre 2023 a septiembre 2024, la evolución del salario no registrado habría retrocedido un 1,2%, muy lejos de la supuesta mejora del 30% que reflejan las estadísticas oficiales y que, claro, arrastran el valor promedio oficial que, por ese motivo, muestra un retroceso de apenas el 0,14%.
Pero estos datos, además, surgen de comparar la evolución de las recientes paritarias con el Índice de Precios al Consumidor que, a su vez, sufre cuestionamientos por la negativa del gobierno de actualizar sus ponderaciones con el propósito de desestimar el impacto de los aumentos tarifarios sobre los bolsillos de los trabajadores. Si se actualizara metodológicamente ese indicador, la inflación acumulada en 2024 hubiera sido de casi 20 puntos porcentuales más. Los trabajadores que no tienen por qué saber de estadística, se dan cuenta cada mes que sus salarios alcanzan para comprar cada vez menos como lo demuestran los datos de consumo masivo que siguen mostrando guarismos negativos comparados, incluso, con períodos de contracción.
El salario mínimo, que depende directamente de las decisiones oficiales, arrastra una caída del 27% comparado con la evolución de la canasta básica total y del 33% con relación a la evolución del IPC oficial desde la asunción del gobierno. La caída, sin embargo, no empezó con este gobierno. Desde enero de 2017 el salario mínimo vital y móvil resignó un 58,9% de su poder adquisitivo. Hoy en apenas $297 mil, debería incrementarse hasta los $ 722 mil para volver al nivel de hace apenas siete años.
Maquina de destruir empleos
Pero la clase trabajadora no solo pagó el ajuste "por precio" sino también "por cantidades". Es que, las políticas económicas contractivas y aperturistas, según estadísticas oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-ARCA), llevaron al sector privado a destruir 124 mil puestos de trabajo registrados que se suman a los 49.500 puestos de trabajo destruidos en términos netos en el sector público y los 21 mil puestos destruidos en casas particulares. La peor parte se la llevaron los monotributistas sociales que se contrajeron en 375 mil para redundar en una caída de más de medio millón de trabajadores que percibían algún tipo de aporte a la seguridad social.
La combinación entre la caída del salario y destrucción de puestos de trabajo se verifica en una regresiva distribución funcional del ingreso. Esto es la apropiación sobre el producto que realizan las distintas clases sociales y que, durante 2024 mostró una tendencia decreciente en la participación de la remuneración al trabajo asalariado que cayó al 44,1% con relación al 45,5% registrada en 2023. Visto en perspectiva, el retroceso de la participación de los salarios en el PBI en los últimos ocho años se derrumbó en 8,4 puntos porcentuales cayendo desde el 52,5% registrado en 2017.
Un futuro de choques
Pero este deterioro, para las apetencias patronales, es incluso insuficiente. El staff report del FMI, a la hora de fundamentar sus recomendaciones para alcanzar un nuevo acuerdo alerta sobre la apreciación del salario en dólares en la Argentina. Por eso, recomienda profundizar la política de paritarias a la baja y, más de fondo, avanzar en las reformas estructurales en referencia a la legislación previsional, tributaria y laboral.
El objetivo del gobierno es avanzar todavía más sobre los ingresos de los jubilados, blanco principal del ajuste libertario, y en el grado de explotación de la fuerza de trabajo imponiendo mediante una reforma laboral que espera su tratamiento en el congreso la vulneración de la jornada laboral, su adaptación a criterios de productividad y la destrucción del sistema de indemnizaciones.
La reforma tributaria que preparan, además, apunta a una desgravación de la actividad empresaria que, a su turno, implicará un desfinanciamiento de la educación, la salud y la obra pública que, más allá del impacto sobre los trabajadores de esos sectores, implican un nuevo ajuste sobre el denominado salario indirecto de la clase trabajadores, esto es, los servicios que reciben los trabajadores de parte del estado y que, en caso de no percibirlos, deben financiar con sus ingresos incrementando todavía más la tasa de explotación en la Argentina.
La capacidad del gobierno de avanzar todavía más sobre las condiciones de vida dependerá de la capacidad de los trabajadores y, sobre todo, de la voluntad de sus conducciones sindicales para enfrentarlas y poner un freno.
Fuente: Tiempo Argentino
Por Alfonso de Villalobos
Para la clase trabajadora argentina este 1° de mayo de 2025 no puede ser una jornada de conmemoración ni autocomplacencia. La fecha que rememora las grandes luchas de sindicatos y partidos revolucionarios de fines del siglo XIX por los derechos más elementales de los trabajadores como la jornada de ocho horas o contra el trabajo infantil se da en momentos de una fuerte ofensiva de la clase capitalista contra sus ingresos, derechos y condiciones de vida.
El plan económico de Javier Milei y Luis Caputo tiene como objetivo fundamental generar un salto en calidad en el proceso de transferencia de recursos de manos de la clase laboriosa en favor del empresariado en general y el capital financiero en particular que se vienen registrando hace ya más de una década y, en perspectiva, medio siglo.
En pie de lucha
Por eso la jornada se desarrolla en el marco de un plan de lucha que, si bien por el momento no la ha definido, su continuidad parece ineludible. El miércoles 30 de abril una verdadera multitud desactivó el argumento esgrimido por la conducción de la CGT durante un tramo del 2024 que sugirió que, por abajo, la gente no estaba madura para ganar la calle. Tanto esa marcha como el contundente paro general del 10 de abril al cual los trabajadores decidieron adherir incluso teniendo la posibilidad de movilizarse en colectivo dan cuenta de un punto de inflexión y la decisión de la clase trabajadora de intentar revertir el escenario adverso que se ha creado.
La verdad del salario
Es que, lejos de lo que indica el discurso oficial, las condiciones de vida de la clase trabajadora se han agravado sensiblemente empezando por el salario y los niveles de empleo. Así lo muestran las estadísticas oficiales que publica el INDEC. Según el índice de salarios publicado el martes por el organismo estadístico, los trabajadores registrados resignaron desde la asunción de Javier Milei como presidente hasta el mes de febrero un 4,9% de su poder adquisitivo. La estadística indica que los empleados del sector público fueron los que se llevaron la peor parte en tanto, en general, resignaron en el período un 14,7% de su capacidad de compra. Ese retroceso, a la vez, resulta heterogéneo en tanto los empleados del sector público nacional agrupados en el convenio SINEP y dependientes del gobierno en forma directa, retrocedieron un 34% desde la asunción y acumulan una caída del 53% desde marzo de 2015. Los haberes de los docentes universitarios retrocedieron más del 33% bajo la gestión de Javier Milei y más del 50% en una década.
Estadística y realidad
La estadística indica que el sector privado logró recomponer a febrero sus ingresos con relación al IPC un 0,59%. Sin embargo, ese leve avance que se desvanece si se toma en cuenta la masa salarial anualizada percibida por la clase trabajadora, además, tiende a revertirse en los dos meses siguientes. Es que, el tope paritario impuesto por el gobierno y aceptado por las cúpulas sindicales, generó un retroceso en los primeros tres meses del año en los principales convenios del país. Por caso, el gremio de la Sanidad liderado por Héctor Daer perdió en sólo tres meses un 4,5% de su poder adquisitivo, Camioneros un 1,9% y los trabajadores de Estaciones de servicio un 2,3% solo para tomar como muestra los gremios privados representados por los tres líderes de la CGT. Pero el golpe atraviesa también a otros gremios como los perfumistas que perdieron un 4,3%, los textiles que resignaron en solo tres meses un 4,6% o los metalúrgicos de la UOM que retrocedieron un 3,9% en solo tres meses. Hacia adelante, según las paritarias ya firmadas, no hay indicios de recuperar lo perdido.
Las estadísticas oficiales de las que se vale el gobierno dan cuenta de un hipotético salto del salario de los trabajadores no registrados que, en febrero, habrían vuelto a recomponer sus haberes en un 7,9% contra una inflación para el período del 2,4%. Ocurre que, el dato de salario no registrado, según la propia metodología del INDEC se toma de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, por eso, arrastra un rezago de cinco meses. El dato de febrero, por ese motivo, refleja lo ocurrido en septiembre de 2024. Si se tomaran, por lo tanto, los datos disponibles que reflejan el período noviembre 2023 a septiembre 2024, la evolución del salario no registrado habría retrocedido un 1,2%, muy lejos de la supuesta mejora del 30% que reflejan las estadísticas oficiales y que, claro, arrastran el valor promedio oficial que, por ese motivo, muestra un retroceso de apenas el 0,14%.
Pero estos datos, además, surgen de comparar la evolución de las recientes paritarias con el Índice de Precios al Consumidor que, a su vez, sufre cuestionamientos por la negativa del gobierno de actualizar sus ponderaciones con el propósito de desestimar el impacto de los aumentos tarifarios sobre los bolsillos de los trabajadores. Si se actualizara metodológicamente ese indicador, la inflación acumulada en 2024 hubiera sido de casi 20 puntos porcentuales más. Los trabajadores que no tienen por qué saber de estadística, se dan cuenta cada mes que sus salarios alcanzan para comprar cada vez menos como lo demuestran los datos de consumo masivo que siguen mostrando guarismos negativos comparados, incluso, con períodos de contracción.
El salario mínimo, que depende directamente de las decisiones oficiales, arrastra una caída del 27% comparado con la evolución de la canasta básica total y del 33% con relación a la evolución del IPC oficial desde la asunción del gobierno. La caída, sin embargo, no empezó con este gobierno. Desde enero de 2017 el salario mínimo vital y móvil resignó un 58,9% de su poder adquisitivo. Hoy en apenas $297 mil, debería incrementarse hasta los $ 722 mil para volver al nivel de hace apenas siete años.
Maquina de destruir empleos
Pero la clase trabajadora no solo pagó el ajuste "por precio" sino también "por cantidades". Es que, las políticas económicas contractivas y aperturistas, según estadísticas oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-ARCA), llevaron al sector privado a destruir 124 mil puestos de trabajo registrados que se suman a los 49.500 puestos de trabajo destruidos en términos netos en el sector público y los 21 mil puestos destruidos en casas particulares. La peor parte se la llevaron los monotributistas sociales que se contrajeron en 375 mil para redundar en una caída de más de medio millón de trabajadores que percibían algún tipo de aporte a la seguridad social.
La combinación entre la caída del salario y destrucción de puestos de trabajo se verifica en una regresiva distribución funcional del ingreso. Esto es la apropiación sobre el producto que realizan las distintas clases sociales y que, durante 2024 mostró una tendencia decreciente en la participación de la remuneración al trabajo asalariado que cayó al 44,1% con relación al 45,5% registrada en 2023. Visto en perspectiva, el retroceso de la participación de los salarios en el PBI en los últimos ocho años se derrumbó en 8,4 puntos porcentuales cayendo desde el 52,5% registrado en 2017.
Un futuro de choques
Pero este deterioro, para las apetencias patronales, es incluso insuficiente. El staff report del FMI, a la hora de fundamentar sus recomendaciones para alcanzar un nuevo acuerdo alerta sobre la apreciación del salario en dólares en la Argentina. Por eso, recomienda profundizar la política de paritarias a la baja y, más de fondo, avanzar en las reformas estructurales en referencia a la legislación previsional, tributaria y laboral.
El objetivo del gobierno es avanzar todavía más sobre los ingresos de los jubilados, blanco principal del ajuste libertario, y en el grado de explotación de la fuerza de trabajo imponiendo mediante una reforma laboral que espera su tratamiento en el congreso la vulneración de la jornada laboral, su adaptación a criterios de productividad y la destrucción del sistema de indemnizaciones.
La reforma tributaria que preparan, además, apunta a una desgravación de la actividad empresaria que, a su turno, implicará un desfinanciamiento de la educación, la salud y la obra pública que, más allá del impacto sobre los trabajadores de esos sectores, implican un nuevo ajuste sobre el denominado salario indirecto de la clase trabajadores, esto es, los servicios que reciben los trabajadores de parte del estado y que, en caso de no percibirlos, deben financiar con sus ingresos incrementando todavía más la tasa de explotación en la Argentina.
La capacidad del gobierno de avanzar todavía más sobre las condiciones de vida dependerá de la capacidad de los trabajadores y, sobre todo, de la voluntad de sus conducciones sindicales para enfrentarlas y poner un freno.
Fuente: Tiempo Argentino
