Simbolismos y consecuencias de la "Operación Roca"Por Silvina Ramírez
Días pasados se comunicó desde el Ministerio de Defensa de la Nación el despliegue de efectivos militares en la frontera norte del país, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico. Los militares se desplazarían a ciudades fronterizas de las provincias de Salta, Formosa, Corrientes, y prácticamente concretarían la injerencia militar en asuntos internos del país, materia que está expresamente prohibida por las leyes de Defensa nacional y seguridad interior.
Se decidió, asimismo, mantener en secreto las instrucciones dirigidas a las tropas y los fundamentos de esa decisión. Tampoco se detallan alcances, límites de su ejercicio, por lo cual la decisión no es sólo contraria a la ley, sino que abre las puertas a la discrecionalidad y a la arbitrariedad en el ejercicio de la fuerza. Lo único que parece claro es que se amplía irrazonablemente la capacidad de persecución penal. Se habilita al ejército a detener en zonas rurales, con el peligro que ello implica para la población que habita esas regiones.
Si a todo ello se le suma la alta presencia de comunidades indígenas en los lugares en donde se realiza el despliegue militar, se advierte las potenciales consecuencias para comunidades que han sido históricamente o abandonadas o perseguidas por el Estado. La militarización no representa una buena noticia ni augura una mejora cierta en su calidad de vida.
El nombre atribuido a esta operación no es casualidad. Se alude a Roca, y ello entraña un simbolismo insoslayable para los pueblos indígenas. Aquel que representa la campaña al desierto, el despojo de las comunidades indígenas, su aniquilamiento, es el nombre elegido para una decisión gubernamental asociada a tareas de inteligencia, cuyos destinatarios también pueden ser miembros de comunidades indígenas, que corre -una vez más- los límites de las funciones del ejército, y que suscita desconfianza y temor.
Pero tampoco es sólo una cuestión de simbolismo. Las consecuencias prácticas de esta decisión son difíciles de predecir. Lo que sí parece incuestionable es que se amplía el aparato represivo -otra vez, con el argumento de la expansión del narcotráfico- sin transparentar sus objetivos, sin identificar quién/es quedarán sujetos a estas acciones, dejando expuestas a una población que ha sido permanentemente hostigada.
La operación Roca preocupa y con razón. La reacción de diferentes organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales da cuenta del peligro potencial que significa en una historia del país en donde siempre preocupa el rol de las fuerzas armadas. Adoptar una medida de este tipo es consistente con una lógica del gobierno que elige la amenaza, el amedrentamiento, la nula participación y debate, como herramientas para llevar adelante su gestión.
Las comunidades indígenas y la población en general quedan aún más expuestas, y su relación con el Estado y con el gobierno sigue tensionándose con decisiones inconsultas que antes que pacificar, generan un clima enrarecido que no contribuye a consolidar espacios de armonía y convivencia. Este tipo de operaciones militares demuestra la opacidad de un gobierno que encontró en las políticas de mano dura su mejor herramienta. Urge desenmascarar este tipo de acciones, denunciarlas, y seguir generando canales en donde visibilizarlas.
Fuente: InfoTerritorial
Por Silvina Ramírez
Días pasados se comunicó desde el Ministerio de Defensa de la Nación el despliegue de efectivos militares en la frontera norte del país, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico. Los militares se desplazarían a ciudades fronterizas de las provincias de Salta, Formosa, Corrientes, y prácticamente concretarían la injerencia militar en asuntos internos del país, materia que está expresamente prohibida por las leyes de Defensa nacional y seguridad interior.
Se decidió, asimismo, mantener en secreto las instrucciones dirigidas a las tropas y los fundamentos de esa decisión. Tampoco se detallan alcances, límites de su ejercicio, por lo cual la decisión no es sólo contraria a la ley, sino que abre las puertas a la discrecionalidad y a la arbitrariedad en el ejercicio de la fuerza. Lo único que parece claro es que se amplía irrazonablemente la capacidad de persecución penal. Se habilita al ejército a detener en zonas rurales, con el peligro que ello implica para la población que habita esas regiones.
Si a todo ello se le suma la alta presencia de comunidades indígenas en los lugares en donde se realiza el despliegue militar, se advierte las potenciales consecuencias para comunidades que han sido históricamente o abandonadas o perseguidas por el Estado. La militarización no representa una buena noticia ni augura una mejora cierta en su calidad de vida.
El nombre atribuido a esta operación no es casualidad. Se alude a Roca, y ello entraña un simbolismo insoslayable para los pueblos indígenas. Aquel que representa la campaña al desierto, el despojo de las comunidades indígenas, su aniquilamiento, es el nombre elegido para una decisión gubernamental asociada a tareas de inteligencia, cuyos destinatarios también pueden ser miembros de comunidades indígenas, que corre -una vez más- los límites de las funciones del ejército, y que suscita desconfianza y temor.
Pero tampoco es sólo una cuestión de simbolismo. Las consecuencias prácticas de esta decisión son difíciles de predecir. Lo que sí parece incuestionable es que se amplía el aparato represivo -otra vez, con el argumento de la expansión del narcotráfico- sin transparentar sus objetivos, sin identificar quién/es quedarán sujetos a estas acciones, dejando expuestas a una población que ha sido permanentemente hostigada.
La operación Roca preocupa y con razón. La reacción de diferentes organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales da cuenta del peligro potencial que significa en una historia del país en donde siempre preocupa el rol de las fuerzas armadas. Adoptar una medida de este tipo es consistente con una lógica del gobierno que elige la amenaza, el amedrentamiento, la nula participación y debate, como herramientas para llevar adelante su gestión.
Las comunidades indígenas y la población en general quedan aún más expuestas, y su relación con el Estado y con el gobierno sigue tensionándose con decisiones inconsultas que antes que pacificar, generan un clima enrarecido que no contribuye a consolidar espacios de armonía y convivencia. Este tipo de operaciones militares demuestra la opacidad de un gobierno que encontró en las políticas de mano dura su mejor herramienta. Urge desenmascarar este tipo de acciones, denunciarlas, y seguir generando canales en donde visibilizarlas.
Fuente: InfoTerritorial
