La semana pasada el Ministerio de Justicia anunció el cierre de más de 10 programas en materia de género, clasificándolos de "ideológicos" y aludiendo al argumento del ahorro fiscal. La decisión engrosa el proceso de desfinanciamiento de políticas de género que lleva adelante el Gobierno libertario desde su asunción, y complica el acceso de las víctimas a programas de prevención y asistencia ante situaciones de violencia. Desde el Ejecutivo justifican que este recorte permitirá un ahorro de 6.000 millones de pesos, aunque lo cierto es que la mayoría de programas afectados no contaban con presupuesto propio o ya habían sido suspendidos.
Los programas eliminados
El titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona -quien se ha referido a las políticas de género como "caprichos ideológicos-, justificó la decisión al calificar estos programas como "ideológicos, creados por el kirchnerismo" y adelantó esto permitirá al Estado un ahorro de $6.000 millones de pesos.
"El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos", agregó.
Eliminamos 13 programas ideológicos del Ministerio de Justicia, entre ellos un programa que se llamaba "MenstruAR".
Muchos eran innecesarios, otros no contaban con criterios claros de evaluación y no había control alguno de sus resultados.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) May 16, 2025
Según se agrega en el comunicado oficial del Ministerio, estos programas eran "innecesarios", y "no contaban con criterios claros de evaluación", así como tampoco con "control alguno de sus resultados". Cúneo Libarona se refirió específicamente a los siguientes programas:
. Menstruar.
. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.
. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad.
. Escuelas populares de formación en género y diversidad "Macachas y Remedios".
. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural "Sembrar Igualdad".
. Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero.
. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género.
. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad.
. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción "Igualar".
. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.
. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado "Formar Igualdad".
. Producir.
. Generar.
El informe de gestión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades señala que en los primeros cuatro años de esta cartera los distintos programas y políticas alcanzaron a 1.800.000 personas, en materia de prevención, capacitación o fortalecimiento de los espacios de género municipales y provinciales.
Cada uno abogaba por distintas problemáticas que afectan a mujeres y diversidades de todo el país, en muchos casos situaciones que hasta la fecha no habían sido reconocidas ni atendidas a nivel institucional.
Además de los programas ya mencionados, desde la asunción de Javier Milei se recortaron y suspendieron diversos proyectos que apuntaban al fortalecimiento de la igualdad en distintas áreas. Para los colectivos feministas, el ajuste más preocupante es el que se produjo sobre programas directamente vinculados con la prevención y asistencia de las violencias machistas, como el Acompañar y la Línea 144.
El Programa de Escuelas Populares de Formación en Géneros y Diversidad "Macachas y Remedios" tenía por objetivo brindar apoyo económico y acompañamiento técnico a proyectos de formación en género y diversidad desarrollados por organizaciones sociales, culturales y entidades de todo el país. Durante la gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, se financiaron 143 escuelas populares en 21 provincias, incluida Chubut, donde se financiaron dos proyectos de este tipo.
El Programa Generar buscaba robustecer las áreas de género y diversidad de los gobiernos locales y provinciales mediante el apoyo económico, la capacitación y asistencia técnica. En total, 17 provincias y 185 municipios fueron asistidos para la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad. En Chubut se financió un total de 10 proyectos para áreas provinciales y municipales de género por un total de $6.340.389.
Los programas Igualar y Producir apuntaban al mercado de trabajo y la producción. El primero buscaba reducir la desigualdad en el mundo del empleo para mujeres y población LGBTI+, considerando que históricamente han sido los grupos con mayores tasas de informalidad y menores tasas de empleo, además de representar el sector con menores ingresos. El segundo estaba dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos encabezados por organizaciones comunitarias de mujeres y LGBTI+ que hayan atravesado situaciones de violencia. En Chubut, este último brindó asistencia técnica y financiamiento a 5 proyectos de este tipo.
En la misma línea, el Programa Formar Igualdad buscaba la capacitación en perspectiva de género y diversidad del sector privado para impulsar la igualdad en el mercado de trabajo.
Por su parte, los programas Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad y el de Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad tenían como objetivo incluir la participación de la ciudadanía en la prevención de la violencia de género y la concientización sobre las desigualdades.
En cuanto a las promotoras y promotores territoriales, trabajaban por la prevención y el abordaje de las violencias a nivel comunitario. Este último estuvo presente en Chubut, y en 2023, en el marco de la acción "Conectadas por la Democracia", el Ministerio le entregó 149 tablets a promotoras territoriales de la provincia.
Por su parte, el Programa Sembrar Igualdad planteaba el desarrollo de mujeres y LGBTI+ en contextos de ruralidad, a partir de asistencia e intervenciones destinadas a facilitar el acceso a recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura.
Otro de los programas afectados es el Menstruar, una política integral destinada a fortalecer programas de gestión menstrual. Las acciones iban desde entrega de copas menstruales a municipios de todo el país hasta capacitaciones de Educación Sexual Comunitaria.
Aunque históricamente invisibilizado, la falta de acceso a productos menstruales es una problemática extendida. Un estudio de UNFPA del 2021 acuñó el término "pobreza menstrual" para dar cuenta de este fenómeno y su impacto en las actividades sociales, laborales y recreativas de quienes no cuentan con recursos para gestionar su ciclo.
De acuerdo a los datos del Ministerio de las Mujeres en relación a la percepción de insumos de gestión menstrual, de un total de 1168 encuestadas en 19 provincias, el 60% considera que estos productos son muy caros y el 43% señaló que se vio en la necesidad de modificar sus hábitos en el uso de estos productos por dificultades económicas.
En 2023, en el marco de este programa, el Ministerio realizó encuentros en Rawson y Dolavon, donde se llevaron adelante los talleres "ESI Comunitaria con perspectiva de género y diversidad" y "Acceso a gestión menstrual como derecho", y se entregaron 500 copas menstruales para que distribuyan las promotoras territoriales de la provincia.
El resto de los programas, como el de Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género y Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género tenían como objetivo garantizar el acceso a la justicia y la protección a víctimas de violencia.
De la articulación nacional al ajuste
El proceso de institucionalización de las políticas de género permitió, entre otras cosas, la articulación entre municipios y provincias con la cartera nacional, lo que permitió a cada región contar con mejores recursos para la prevención y abordaje de las violencias, así como el fortalecimiento de las políticas de género.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades puso en marcha en 2020 la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país, subrayando la necesidad de articular y abordar integralmente las situaciones de violencia entre Nación, provincia y municipios y en red con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
En total se proyectaron 30 centros, de los cuales 4 fueron inaugurados durante la gestión del Ministerio, en Santa Rosa (La Pampa), Río Grande (Tierra del Fuego), Quilmes y Morón (Provincia de Buenos Aires). Mientras que 13 se encontraban en construcción al momento de finalizar la gestión, y en su mayoría no han sido continuados.
Es el caso del Centro de Comodoro Rivadavia, ubicado en el Kilómetro 3, la obra inició en 2022, con fecha de finalización para el 2024. Sin embargo, a la fecha está paralizada. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, se ejecutó un 59% del presupuesto proyectado y la obra registra un avance del 44%. Sin embargo, no hay información sobre su continuidad.
Los colectivos feministas de Chubut encabezan su propia demanda en cuanto a la infraestructura para la prevención y abordaje de las violencias. Las casas refugio, sobrepasadas por la demanda, se revelan insuficientes frente a los múltiples casos de violencia.
En 2024, a partir de los reclamos de los colectivos de mujeres y diversidades de la provincia, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) presentó un pedido de informe para conocer en detalle la situación de las casas refugio en Chubut.
En diálogo con este medio, la diputada del FIT-U, Omayra Rocha, subrayó como problemáticas centrales la precarización de los trabajadores, falta de recursos y movilidad. En algunas localidades las casas refugio concentran la demanda de los parajes aledaños. Además, hay espacios en la provincia que no cuentan con asistencia legal ni tratamiento psicológico. "Ahí hay una demanda, una necesidad urgente. Esto nos cobra la vida. Hablamos de todos los derechos que son sistemáticamente vulnerados", señaló Rocha.
Por otro lado, y ante el crecimiento demográfico, muchas ciudades no logran abastecer la demanda. Y no todas cumplen con los requisitos y resguardos establecidos por ley. La diputada sostuvo que esto tiene que ver, centralmente, con el presupuesto que se le otorga.
A la par de este reclamo, los colectivos feministas exigen desde hace años el cumplimiento de la Ley provincial l 1526 de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, una normativa que prevé y exige cuestiones relativas a la prevención, la capacitación, el acompañamiento económico de las víctimas y la construcción de casas refugio, a la cual no se destina el presupuesto previsto: el 0,01% del presupuesto total del Ejecutivo.
Aunque el escenario de desfinanciamiento no es nuevo, se agrava frente a la eliminación de programas de género y la demonización de las políticas de este tipo en la Administración Nacional, que pasaron de ser un eje transversal del trabajo ministerial a un "capricho ideológico" candidato al ajuste.
Desde la asunción de Milei, el descenso de espacios de género municipales y provinciales es cada vez más marcado. El cierre del Ministerio impactó en las provincias de distintas formas: además del recorte de presupuestos y programas con alcance nacional, buena parte de las secretarías y direcciones de género regionales fueron rebajadas de rango o directamente eliminadas.
Hasta el año pasado, además del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, 5 de las 23 provincias contaban con espacios de género de rango ministerial. A excepción de la provincia de Buenos Aires, todos fueron degradados a secretarías o subsecretarías.
En Neuquén se mantuvo como Ministerio pero adosó otras áreas. En Santa Fe y Córdoba, el área de género pasó a ser secretaría, mientras que en Chubut quedó como subsecretaría.
Otras provincias mantuvieron los espacios de género como secretarías (Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa), subsecretarías (Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Misiones), direcciones (Santiago del Estero, Catamarca, San juan y Mendoza) y concejos (Jujuy y Corrientes).
Si bien esto implica el sostenimiento de algunas políticas, los presupuestos provinciales y municipales son insuficientes para dar sostener programas nacionales como el Acompañar. Este programa, por ejemplo, en Chubut tuvo un impacto en 4.891 mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género que recibieron apoyo económico y acompañamiento social.
El escenario fue de incertidumbre a principios del año pasado, al no tener certeza sobre la continuidad de estas políticas. Muchas fueron suspendidas, aunque otras, como el Acompañar, fueron reducidas en presupuesto y limitadas en su alcance.
La ex secretaria de Género de Comodoro Rivadavia, Renata Hiller, detalló el año pasado a este medio que para el momento en que se produjeron estas modificaciones, en la ciudad se brindaba acompañamiento a unas 700 personas.
En Chubut está vigente el Decreto 932, enmarcado en la Ley de Violencia de Género provincial, el cual contempla apoyo económico para las víctimas de violencia. Sin embargo, la ley ha sido cuestionada dado su incumplimiento y falta de presupuesto.
"No hay plata" para combatir la violencia machista
El ahorro fiscal es el argumento preferido del círculo libertario ante el desfinanciamiento de políticas en materia de género y derechos. La reciente decisión del Ministerio de Justicia, según precisan desde el Gobierno, permitiría un ahorro de $6.000 millones de pesos. Lo cierto es que gran parte de los programas hoy suspendidos oficialmente ya se encontraban sin efecto desde el año pasado. Además, las partidas destinadas a políticas de género son reducidas en relación al presupuesto que históricamente se ha destinado a otras áreas.
Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad del antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo a Página12 que todos los programas citados en el tuit del Ministerio de Justicia estaban sin efecto desde junio del año pasado. "Nada de lo que está ahí es noticia. Todas las acciones que hacía el Ministerio se descontinuaron o se terminaron los procesos administrativos", explicó, y dijo que para ella el ataque es más bien por la cuestión ideológica que por el presupuesto.
De acuerdo al informe "Un ajuste que agranda la brecha. ¿Qué pasa con el presupuesto para las políticas de género?" (elaborado por ACIJ y ELA en 2024), durante el año pasado la ejecución de programas y políticas de género (que estaban bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres y luego quedaron bajo el presupuesto de Capital Humano) registraron caídas que superan el 50% durante el primer bimestre. El ajuste sobre las políticas de género fue incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total.
Según el último informe de "La cocina de los cuidados", perteneciente al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "al finalizar primer año de gestión liberal libertaria, el objetivo de lograr déficit cero generó un ajuste del Estado de 4,7 puntos del PBI y se convirtió en el mayor ajuste aplicado en los últimos 30 años. Entre "licuadora" (la no actualización del presupuesto 2024) y "motosierra" (recortes deliberados), el gasto público cayó 26,9%".
En relación a las políticas de cuidado, señalan que se profundizó el ajuste: de 50 relevadas, solo quedan vigentes 5. El 90% fue recortado, desmantelado, derogado o está en riesgo.
Los análisis económicos de organizaciones de género muestran que el eslogan "no hay plata" cae frente a los datos duros. El informe sobre el proyecto de Presupuesto 2025 del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) muestra que "la desinversión en partidas para reducir las brechas de género ocurre al mismo tiempo que reformas tributarias que reducen la capacidad del Estado para financiar políticas sociales y de género".
El presupuesto para la Promoción de Economía del Conocimiento, por ejemplo, implica casi 50 veces lo destinado a la Línea 144, la Promoción Económica de Tierra del Fuego implica 77 veces el presupuesto del programa Salud Sexual y Procreación Responsable y 25 veces el de la Infraestructura Social y del Cuidado. La exención del Impuesto a las Ganancias del Poder Judicial es 4,2 veces lo destinado al programa Acompañar y 9,5 veces lo destinado al Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes. El presupuesto para la promoción de la actividad minera es 460 veces el presupuesto para el fortalecimiento de la ESI.
El único organismo de políticas de género que permaneció tras la eliminación del Ministerio de las Mujeres fue la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Sin embargo, en junio del año pasado fue disuelta. En el medio, se eliminaron programas de otros ministerios que apuntaban a la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Nacional.
Además de los programas específicos ya citados, previamente otros similares fueron desarticulados como el Acercar Derechos, la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU) y el Programa de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA).
Las cifras de violencia machista en todo el país muestran la necesidad de estos programas, pero el Gobierno invierte la ecuación y en lugar de fortalecerlos, los suspende, profundizando el retroceso en materia de género.
De acuerdo al último relevamiento del Observatorio MuMaLá, desde el 1 de enero hasta el 29 de abril de este año, se produjeron 93 femicidios. "Estos números no son solo estadísticas, son vidas truncadas, familias destruidas y un grito desesperado que el Estado se niega a escuchar", expresó Victoria Aguirre, vocera nacional del organismo, en referencia al impacto real que el desfinanciamiento tiene en la vida de las mujeres y diversidades.
