Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, fue condenado por la Justicia a retractarse públicamente y realizar capacitaciones de género, tras una publicación que realizó en redes sociales el año pasado donde se veía a una bandera LGBTQ+ prendida fuego. Aunque adelantó que no piensa cumplir con lo dictaminado por la Justicia, el fallo sienta un precedente al ponerle un freno a los discursos de odio que, lejos de ser inocentes, tienen profundos efectos en la sociedad. "Queríamos que este fallo sea ejemplar, que de hecho lo es, no es para el señor referente de La Libertad de Avanza, es para toda la comunidad, para que existan, que sepan que están estos límites y que se encuentran con la Justicia cuando ejercen estos mensajes de odio", señaló la directora de Políticas de Género de Río Gallegos, Viviana Caballero, en entrevista con El Extremo Sur.
En medio de la masificación de discursos violentos contra mujeres y diversidades, en noviembre del año pasado el referente de La Libertad Avanza y director Ejecutivo de PAMI en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, publicó en sus redes sociales una imagen de una bandera del colectivo LGBTI+ prendiéndose fuego, con la leyenda: "En Argentina solo la celeste y blanca". La publicación generó repudios rápidamente, y fue borrada.
Sin embargo, al día siguiente volvió a realizar una publicación en Instagram en la que expresaba: "Para que quede claro. Soy pro vida, anti agenda 2030, anti ideología de género y anti zurdos. Quiero desarrollo económico conjuntamente con los valores morales que defiendo. Viva la libertad carajo!!!".
En diálogo con Radio Con Vos, argumentó que él no prendió fuego la bandera sino que publicó una foto de Internet. Al ser interpelado por el periodista, dijo: "Yo soy una persona de tez oscura y he sufrido muchísimo bullying, conozco lo que es la violencia, acá no estoy hablando sobre las personas que tengan un gusto sexual diferente al mío, respeto el proyecto de vida de cualquier persona; lo que sí estoy en contra es que se impulsen políticas e ideologías que vienen a atentar contra la identidad nacional y los valores que uno tiene".
"Yo puedo ser libre de tener mis valores y expresar lo que pienso libremente. No entiendo el grado de agresión que he recibido este día", agregó, ignorando la normativa en materia de derechos.
Pocos días después un grupo de manifestantes se concentró en la plaza El Gaucho en Río Gallegos, a metros de la delegación de PAMI, y marcharon al grito de "¡Señor, señora, no sea indiferente, matan a las travestis en la cara de la gente!".
Denuncia y sentencia
Frente a la gravedad del hecho, que constituye un discurso de odio, la directora de Políticas de Género de Río Gallegos, Viviana Caballero, y el jefe del Departamento de Diversidad, Rodrigo Ordóñez, formalizaron la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia. Allí presentaron un escrito en el que solicitan un pedido de disculpas público de Guzmán, que se le ordene asistir al taller de masculinidades que brinda el municipio y que asista a la capacitación de la Ley Micaela del Poder Judicial.
El fallo, fechado el 7 de mayo, está firmado por el juez Marcelo Bersanelli. Allí se ponen de manifiesto las leyes nacionales y tratados internacionales que exigen el respeto a las identidades y limitan las expresiones cuando estas son de carácter violento y afectan la integridad de colectivos.
El juez alega que la responsabilidad y violencia es aún mayor considerando que Guzmán ocupa una función pública y además es referente de un partido político. En este sentido, el fallo cita la Ley nacional 25.188 de Etica en el ejercicio de la Función Pública, que establece deberes y pautas de comportamiento ético de los funcionarios públicos, así como el Código de Etica de la Función Pública Decreto N° 41/99, de aplicación a los funcionarios públicos nacionales.
En el escrito se remarca que a 5 años de la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, es "inadmisible que funcionarios actúen de esa manera, por lo que no puede interpretarse el accionar del demandado como ‘sin intención'".
El fallo concluye que el Guzmán incurre en violación de la normativa vigente en materia de género y mediante sus acciones fomenta el odio y rechazo hacia el colectivo LGBTQI+.
En primer lugar, el Juzgado le ordena que dentro del plazo de 72 horas de notificado se retracte públicamente en medios gráficos de la ciudad y en redes sociales bajo su titularidad (Facebook, Instagram, TikTok, etc.), donde deberá ofrecer disculpas a la comunidad LGBTIQ+ y a la sociedad en general por daños reales o potenciales que su publicación pudiera haber causado.
El segundo punto le prohíbe efectuar en el futuro publicaciones que ultrajen la representación simbólica de la comunidad LGBTIQ+ cuando tengan contenido discriminatorio, ofensivo o de odio, ya sea de forma expresa o simbólica.
El tercer punto le ordena, también en un plazo de 72 horas, que elimine otra publicación realizada en Facebook el 17 de diciembre de 2024 bajo el link: https://www.facebook.com/share/p/14U7Rg9gxt/
Además, la sentencia dispone que Guzmán concurra a los "Dispositivos para varones" dictados por la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz.
Discursos de odio y retroceso en derechos
En diálogo con El Extremo Sur, Viviana Caballero reflexionó sobre el peso de los discursos de odio y el retroceso en materia de derechos.
Respecto a sus primeras impresiones frente a la publicación del funcionario nacional, relata que "comenzó a viralizarse rápidamente entre distintos grupos de conversación de integrantes de la comunidad de LGBTIQ+; además, funcionarios y funcionarias que trabajamos políticas de género integramos esos grupos y empezaron a mostrarnos con asombro que se había hecho no solamente una publicación de una bandera LGBTIQ+ en llamas, sino que además acompañaba eso con un texto que si lo leías rápidamente parecía un mensaje patriótico, pero que cuando lo leías con atención y asociabas el texto con la imagen, te dabas cuenta que era un profundo mensaje de odio que no era nuevo porque se venían instalando otros mensajes, otras acciones a nivel nacional como a nivel provincial que nos mostraba que empezaba a haber retroceso en las políticas de género, pero que no tenían que ver con el odio en sí mismo".
"Eso nos alertó y la primera respuesta es 'algo tenemos que hacer'. Y así comenzamos a organizarnos. La respuesta de la Dirección de Políticas de Género en esto es clara porque nosotros y nosotras no buscábamos aleccionar ni tampoco modificar los parámetros morales o culturales de una persona, sino que la intención de la institución tenía que ver con diferenciar lo que es una elección, un comentario, una opinión de lo que tiene que ver con el discurso de odio", remarca.
"Te puede gustar más o menos la comunidad LGTBIQ+, podes criticar algunos parámetros morales, dependiendo de la fe que tengas, de cómo te has educado, pero a lo que no estás habilitado es a incentivar que desaparezcan, que no estén más, que los maten, que los prendan fuego, que prendan fuego sus símbolos, que los inhabiliten políticamente", señala Caballero.
De hecho, el fallo cita dos normativas nacionales que reconocen los discursos de odio: Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios, y la Ley de Identidad de Género 26.743. Además, cita tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta.
Los efectos del odio
El fallo ordena que Guzmán pida disculpas públicamente por el discurso de odio y realice una serie de talleres en materia de Diversidad y Genero como el el "Dispositivos para Varones", que dicta la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz.
Respecto al fallo, Caballero indica que "justamente viene a marcar esto que el Estado de Derecho no ha desaparecido e independientemente de la fuerza de difusión que tengan algunos espacios políticos, como lo hace La Libertad Avanza actualmente; en la calle, en la realidad, son otras las modalidades, las formas de comunicarnos, de vincularnos, de convivir y esto es lo que tenemos que defender".
La directora subraya los efectos de estos discursos, que perduran mucho más allá de las redes sociales: "Quienes trabajamos en instituciones, quienes elaboran noticias, quienes difunden comentarios, somos todos los que tenemos que defender ese Estado de Derecho, porque los discursos de odio no se quedan en el habla o en lo que se escribe, sino que después, cuando esto empieza a ser frecuente, cuando habilita que la gente hable de la diversidad a través del odio, de los cuerpos, de las elecciones, de la forma de ser, hay pibes y pibas que están definiendo su identidad y que esto los pone en duda respecto de sus transiciones".
"Y hay hombres trans, mujeres trans, diversidad y disidencias que están buscando laburo en este momento y que la difusión de los mensajes de odio son un problema para ellos a la hora de incorporarse al mercado laboral, porque se construye una falsa idea de que la diversidad es un grupo poblacional que siempre tiene necesidades o que está buscando cómo beneficiarse del estado cuando en realidad muchos y muchas de las personas diversas contribuimos con el estado, pagamos impuestos, algunos son docentes, investigadores, científicos, están vinculados a actividades solidarias, son funcionarios, agentes de la salud, agentes sociales. Entonces, es una farsa decir que esta población es la que está de alguna manera destruyendo la moralidad del país o de la provincia", agrega.
Los datos del Observatorio de Crímenes de Odio muestran un aumento sostenido de estos episodios en los últimos años: el año pasado se produjeron 140 crímenes de odio contra personas del colectivo LGBTQ+, y el 48% constituyen delitos a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural o suicidios.
Uno de los casos más resonados fue el de las lesbianas de Barracas, que fallecieron luego de que un vecino lanzara una bomba molotov a la vivienda. A principios de febrero, se registraron tres ataques a lesbianas en apenas 13 días. Organizaciones LGBTQ+ advierten por un aumento de las violencias a la luz del desfinanciamiento de políticas de género y diversidad y los discursos de odio encabezados por el mismo presidente Javier Milei.
La preocupación creció a partir de las declaraciones del jefe de Estado en el Foro de Davos en enero, donde calificó al feminismo y la diversidad como parte de una "epidemia woke" que debe ser extirpada como un "cáncer".
Visibilizar y resistir
Consultada sobre el aumento de discursos de odio, especialmente perpetrados por funcionarios públicos, Caballero señala que "es la cortina de humo que les sirve a ellos como acto político inmediato, porque cuando no se pueden gestionar políticas reales se instalan agendas ficticias, como la falsa ideología de género que en realidad tiene que ver con los derechos humanos y la perspectiva de género y de diversidades. Nos vinieron a mentir, diciendo que eliminando estas políticas de promociones de derechos, la economía iba a cambiar rotundamente".
"En algunos lugares nos dijeron de dolarizar, en otros lados nos hablaron de sueldos de petroleros. Lo hicieron, eliminaron las políticas de género, pero esa realidad económica no le llegó ni al heterosexual ni a la persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ+", cuestiona.
Por otro lado, advierte que mientras usan estas "falsas agendas" en contra de la diversidad y la perspectiva de género, omiten decir que "son estos espacios los que acompañan a las mujeres y a las diversidades cuando viven situaciones de violencia, son estas direcciones de políticas de género las que trabajan para que no existan femicidios, para erradicar la violencia en las calles, la desigualdad".
La publicación de Guzmán se agrava por su condición de funcionario público, lo que implica que ignora la normativa vigente en materia de género y diversidad. Caballero señala que estas leyes "siguen vigentes en el país y en Santa Cruz en particular la ley de reparación histórica para personas trans es una ley ejemplar en materia de derechos humanos y de reconocimiento a la comunidad LGBTIQ+. Y eso está vigente".
"Entonces, primero que no debemos pensar en la inocencia, en el acto inocente de quien subió esa imagen y ese falso texto patriótico, sino que tenía una intención de justamente esa agenda de contarnos otra cosa para no decir la verdad", indica.
Y resalta la importancia de la formación que establece el fallo judicial precisamente porque "es un funcionario público que está a cargo de un sector que brinda atención social, tiene contacto con personas, debería conducir equipos, debería conducir políticas públicas, entonces tremenda ignorancia respecto a la perspectiva de género, los alcances de las leyes nacionales y provinciales, no se le puede permitir".
En diálogo con La Opinión Austral, Guzmán confirmó que no piensa cumplir la sentencia y que no pedirá disculpas por redes sociales. "No voy a pedir disculpas sobre algo que pienso; no pienso renunciar a mis ideas; no hay poder en el mundo que me pueda hacer cambiar, ni judicial, ni político, que pueda transformar mis ideas y valores morales que se transmitieron a través de mi fe, mi educación y mi familia", aseguró.
Para Caballero "esto nos muestra que hay una falta de respeto hacia la Justicia en el marco de las noticias que vamos conociendo de denuncias de corrupción, dentro de los organismos que conduce La Libertad Avanza. Esto es un diagnóstico para los que estamos viendo cuáles son las maneras de conducirse, desde lo político, desde lo jurídico".
Y dice que si bien no es fácil medir los mensajes de odio en redes sociales "porque no sabemos cuántos son bots o trolls", en la calle sí quedó de manifiesto la capacidad de organización de la comunidad LGBTQ+, que ante la publicación de Guzmán se presentó rápidamente frente al PAMI para encabezar un repudio.
"Entonces, lo que vemos es que nosotros, nosotras y nosotrxs que formamos parte de la comunidad, sabemos qué hacer cuando vemos mensajes de odio o acciones de odio y que es visibilizarlo y resistir", afirma Caballero. "Esa es nuestra manera de responder, y haciendo uso de todas las herramientas que ya conquistamos a través de las distintas luchas".
El rol de las áreas de género locales
La acción encabezada por la Dirección de Políticas de Género municipal no es menor en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de género y eliminación o pase a subsecretaría de los espacios de género en algunas provincias.
Caballero hace referencia a la decisión reciente del Gobierno nacional de eliminar 13 programas de género: "Desde 2024, por lo menos el municipio de Río Gallego no recibe los fondos que están destinados a acompañar a mujeres y a diversidades. O sea que estos trece programas que de Nación se retiraron y discontinuaron en una de las políticas de género en Santa Cruz desde el 2024 ya no los veíamos".
"Es un diagnóstico que hace quienes desde lo local están trabajando en políticas de género, en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades hace que tengamos que armar una nueva ingeniería local para responder estas necesidades, que además se profundizaron por el contexto económico por el cual nos están haciendo transpirar a todos los argentinos. Las políticas públicas del 2023, en el 2025 desde lo social, no aplican porque la necesidad es completamente diferente", agrega.
En este contexto, el espacio de género local refuerza su agenda de género, de cara al Ni Una Menos, con su Encuentro Anual de Feminismo, el Foro Trinchera, que se realizará en Río Gallegos por segundo año consecutivo.
La directora señala que en este escenario es importante ponerle un freno a los discursos de odio: "Esa es la intención cuando pensamos en denunciarlo en la Justicia, a veces creemos que las acciones de repudio, de manifestaciones, no son suficientes frente a la gravedad de los hechos que ocurren".
Aunque Guzmán no cumpla con lo dictaminado por el juez, el fallo es ejemplar para poner de manifiesto los límites de los discursos de odio, que están reconocidos en las leyes argentinas y están lejos de constituir meras opiniones o discursos inocentes: "Queríamos que este fallo sea ejemplar, que de hecho lo es, no es para el señor referente de la Libertad de Avanza, es para toda la comunidad, para que existan, que sepan que están estos límites y que se encuentran con la justicia cuando ejercen estos mensajes de odio".
"Independientemente de lo que siga diciendo el referente de La Libertad de Avanza, acá hay un fallo que dice que lo que está haciendo no corresponde, que daña a la sociedad, a la comunidad, que debe pedir disculpas, que debe capacitarse, debe repararlo y que si no lo hace habrá medidas progresivas de quien impulsaremos las denuncias y la manera, la forma y los lugares donde hay que hacerla, pero que además le pedimos la colaboración a la comunidad, a los medios de comunicación para que monitoreemos estos discursos de odio y no lo naturalicemos", advierte.
"Entonces, es una responsabilidad de la comunidad también no naturalizar el odio como forma de convivencia", concluye Caballero.
