El CELS denuncia que "El gobierno busca disciplinar y atemorizar"
Por Daniel Giarone
Acasi un año y medio de haber asumido la Presidencia de la Nación, Javier Milei ha dado muestras inequívocas de estar encabezando lo que considera un cambio de paradigma. Si bien su programa económico se mantiene dentro de los parámetros de los programas de ajuste ortodoxos, con el Estado como gendarme, en el terreno político-cultural sus iniciativas avanzan sobre preceptos hasta ahora indiscutibles, incluso para la democracia liberal.
La pluralidad de voces entre periodistas y medios de comunicación, el derecho a la protesta de trabajadores activos o jubilados, la diversidad ideológica, cultural y sexual y también la libertad de opinión de actores, economistas o militantes políticos, son impugnadas cada día con mayor virulencia, colocadas del lado "del mal" en la batalla cultural que la administración libertaria declara estar dispuesta a llevar adelante hasta las últimas consecuencias.
En este contexto se produjo la filtración del Programa de Inteligencia Nacional elaborado por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que habilitaría, de acuerdo con quienes tuvieron acceso al documento, a realizar tareas de espionaje interno sobre quienes cuestionen al Presidente, como así también a monitorear a "grupos sociales vulnerables", todo ello en abierta contradicción con la Ley de Inteligencia Nacional y con el acuerdo tácito que los distintos sectores políticos suscribieron desde el retorno de la democracia.
"El gobierno plantea esto como un objetivo de gestión, atacar a todos aquellos que quieran contradecir sus políticas. Ahí hay notas autoritarias. Esto genera mucha preocupación y requiere que las instituciones reaccionen con fuerza, y que también intervenga el Poder Judicial", dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Va con Firma.
Bajo sospecha
La filtración tomó estado público el fin de semana pasado, cuando los aspectos más controvertidos del Plan fueron difundidos por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación de Buenos Aires. Después de publicada la nota, Mon denunció haber recibido amenazas y varios intentos de hackear tanto su WhatsApp como su correo electrónico y la cuenta que posee en la red social X.
Según el periodista, que accedió a una copia del documento, el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE define como sujeto de interés a quienes "manipulen a la opinión pública" durante procesos electorales, propaguen la "desinformación", "erosionen" la confianza en los funcionarios públicos que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación o comprometan el plan económico.
"La filtración que permitió conocer parte del Plan de Inteligencia Nacional, que es secreto y al que por lo tanto no pudimos tener acceso directo, permitió conocer que el gobierno tiene como hipótesis, ante la alteración del orden, y sobre todo de su gobernabilidad, a todos aquellos que puedan erosionar la confianza en la política económica o manipular a la opinión pública. Es decir, a todos aquellos que puedan plantear públicamente disidencias o críticas", asegura Litvachky.
Esto pone a la iniciativa frente a frente con la Ley de Inteligencia. "En la medida que aparece como hipótesis de conflicto y, por lo tanto, que puede poner en riesgo intereses estratégicos de la Nación, permite que la SIDE haga inteligencia interna. Esto está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional, que en su artículo cuatro establece que no se puede hacer inteligencia a partir de las creencias, opiniones o ideas de los ciudadanos", advierte.
Y agrega: "El Estado no puede utilizar su aparato de inteligencia para la persecución ni para el espionaje político, algo que estaría habilitando esta versión del Plan de Inteligencia".
Pero eso no es todo. La referente humanitaria asegura que "también se conoció una directiva secreta del director de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, que da órdenes de hacer inteligencia, informes y juntar información relacionada con la conflictividad que puede surgir de lo que llama ‘grupos vulnerables'. Esto significa que la SIDE se pueda meter en el monitoreo, análisis y acopio de información vinculada con la conflictividad social. Y esto también es ilegal".
Saber o no saber
Frente al escándalo que provocó la filtración, el gobierno respondió que la información contenida en el Plan de Inteligencia es secreta y acusó al "90% de los periodistas" de ser "los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad".
Más allá de desmentidas y agravios, la revelación deja a la administración libertaria en una posición incómoda. Si hace público el Plan, aún sin las páginas o apartados que puedan contener información sensible, podría desenmascarar lo que considera una noticia falsa y dejar en evidencia a sus responsables. Pero nada de esto ocurrió, al menos hasta ahora.
Además, la situación actualiza una discusión que viene de lejos y que debería ponerse en debate ¿Qué se debe dar a conocer y qué no de la labor de la SIDE? ¿Qué aspectos y dimensiones de las actividades de inteligencia deberían ser públicas y cuáles no?
Litvachky, que también es abogada, considera que ese debate es esencial para la calidad democrática pero advierte que "a partir del DNU 614 (dictado por el actual gobierno) la mayor parte del funcionamiento, regulaciones, órdenes, e incluso de la ejecución de los fondos, pasa a ser secreto, con excepción de algunas cuestiones vinculadas al presupuesto". Y concluye: "La maximización del secreto es un problema para el funcionamiento democrático".
"Se viene discutiendo hace mucho -amplía- qué cosas tienen que ser secretas y cuáles no. En una oportunidad, el Plan de Inteligencia se hizo público porque lo importante era conocer cuáles eran los lineamientos de los conflictos que Argentina tenía en su matriz política, y a partir de los cuales iba a definir estrategias de inteligencia, de producción de información, que en algunos casos y para algunas cuestiones, era necesario mantener en secreto".
Pero entonces estaba "invertida la regla" respecto a lo que sucede hoy. "Las definiciones, los lineamientos políticos vinculados a cuáles son las directivas presidenciales y de los jefes del aparato de inteligencia, deberían ser públicas, y secretas las estrategias y operaciones específicas que necesitan y deberían estar fundadas en algún tipo de secreto".
El rol de la sociedad civil parecer ser, entonces, clave para enfrentar el secretismo. Así lo cree Litvachky, para quien "es una tarea importante de las organizaciones de la sociedad civil derribar, en algunos casos, este secreto y tratar que no se maximice".
"También es una tarea del Congreso, que debería hacer públicas muchas de las cuestiones que debe controlar, y también del Poder Judicial, como cuando se pide acceso a la información o se hacen denuncias por sospechas de inteligencia ilegal. Ahí es muy importante que se pueda trabajar sobre la base de la apertura de información y de archivos".
Ahora, el Congreso
Los ojos están puestos ahora en lo que haga la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Martín Lousteau.
La Comisión sería convocada para la semana que se inicia y en esa reunión se analizaría la citación del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y de otros funcionarios del organismo. Sin embargo, nadie puede asegurar que esto vaya a ocurrir, en buena medida por la situación de la Comisión Bicameral.
Desde el CELS aseguran que "tiene un rol político muy importante" y junto con la Iniciativa para el Control de los Sistemas de Inteligencia, que el organismo integra junto al CED y a Vía Libre, pide "más atribuciones" para los legisladores "y no menos, como viene pasando".
La directora ejecutiva remarca que "la Comisión tiene atribuciones para controlar, o por lo menos para saber cuáles son las directivas generales del Plan de Inteligencia y para controlar su ejecución. Puede pedir información y analizar si se está produciendo un desvío de las definiciones constitucionales y legales que le dan marco a la actividad de inteligencia".
Sin embargo, advierte que "la Comisión también funciona bajo la lógica del secreto". "En muchos casos -asegura- no sabemos lo que está discutiendo ni cuáles son las conclusiones y consideraciones que hace. Debería, por ejemplo, interpelar a las autoridades políticas de la SIDE para que den explicaciones tanto sobre el Plan como acerca de la directiva secreta".
Sin embargo, la llave que la filtración puede tener en el Congreso choca con un debate pendiente, el de las facultades de la Bicameral. "Es algo muy importante para todo el Congreso, no solo para la Comisión, qué tiene que hacer esta, cómo tiene que amplificar sus investigaciones, controles y denuncias. Y es necesario que eso se abra a las organizaciones que venimos siguiendo este tema, para poder ejercer control ciudadano, para poder llevar la justicia lo que sea necesario judicializar y discutir cuáles otros controles institucionales y sociales son necesarios".
Para Litvachky, "durante los últimos años se fue instalando la idea de que por razones de seguridad nacional, de lucha contra el terrorismo y una larga lista de etcéteras, era más importante mantener el secreto, darle más atribuciones y ampliar el tipo de intervenciones de la agencia de inteligencia, que lo contrario".
Vigilar y castigar
La apuesta por el control de la conflictividad y por acciones de inteligencia sobre opositores políticos tiene antecedentes en democracia, que deberían servir para imaginar las consecuencias de profundizar ese tipo de prácticas.
Litvachky recuerda que "la represión en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, tuvo mucho que ver con informes de inteligencia respecto de lo que se pensaba que iba a suceder en el marco de la protesta. Y terminó con una represión feroz, con muertos y un problema de gobernabilidad para Eduardo Duhalde en ese momento".
También en el caso AMIA, donde por "las irregularidades que se cometieron en la investigación, hasta el día de hoy no podemos saber cómo fue el atentado" y "en la investigación de inteligencia ilegal a los familiares del ARA San Juan, cuando se hizo inteligencia sobre los familiares que reclamaba al gobierno de Mauricio Macri una investigación por el hundimiento del submarino".
La especialista también destaca las acciones de inteligencia ilegal sobre periodistas y activistas durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Buenos Aires en 2017 y las represalias que denunció el propio Alconada Mon después de dar a luz la filtración.
Para la activista de derechos humanos todos esos casos advierten sobre "los riesgos de permitir que la inteligencia produzca informes vinculados con la oposición política, el periodismo crítico o la conflictividad social".
"Medidas antidemocráticas"
"El Plan de Inteligencia y una directiva concreta, secreta, que orientan la inteligencia al espionaje político contra opositores, organizaciones sociales, periodistas o economistas, reafirma lo que ya veníamos denunciando, medidas antidemocráticas que tienen que ver con ataques a la prensa, recortes a la libertad de expresión, represión y criminalización de la protesta", subraya Litvachky.
La organización humanitaria contextualiza esas acciones en "una retórica que decodifica la protesta social como terrorismo e intento de golpe de Estado". También en la "persecución a las organizaciones sociales, incluso con causas judiciales, y en la acción de verdaderas milicias digitales, con los propios funcionarios atacando cualquier tipo de crítica o disidencia".
Para la dirigente del CELS "el gobierno plantea como uno de sus objetivos de gestión atacar a todos aquellos que quieran contradecir sus políticas. Ahí hay notas autoritarias. Y cuando se observa que estas son directivas específicas para la SIDE, genera mucha preocupación y requiere que las instituciones reaccionen con fuerza, y que también intervenga el Poder Judicial".
Litvachky propone además "ampliar y visibilizar socialmente los riesgos que todo esto tiene, junto a la necesidad de que la movilización y la discusión pública tengan este tema como principal, para no dejar que haga efecto el objetivo de disciplinamiento y atemorización que evidentemente buscan estas medidas".
Será la sociedad la encargada de poner un límite. O, en nombre de la estabilidad económica y del "a mí no me toca", de mirar hacia el costado. La historia demuestra que de ninguna de los dos caminos se sale indemne.
Fuente: Va con Firma
Por Daniel Giarone
Acasi un año y medio de haber asumido la Presidencia de la Nación, Javier Milei ha dado muestras inequívocas de estar encabezando lo que considera un cambio de paradigma. Si bien su programa económico se mantiene dentro de los parámetros de los programas de ajuste ortodoxos, con el Estado como gendarme, en el terreno político-cultural sus iniciativas avanzan sobre preceptos hasta ahora indiscutibles, incluso para la democracia liberal.
La pluralidad de voces entre periodistas y medios de comunicación, el derecho a la protesta de trabajadores activos o jubilados, la diversidad ideológica, cultural y sexual y también la libertad de opinión de actores, economistas o militantes políticos, son impugnadas cada día con mayor virulencia, colocadas del lado "del mal" en la batalla cultural que la administración libertaria declara estar dispuesta a llevar adelante hasta las últimas consecuencias.
En este contexto se produjo la filtración del Programa de Inteligencia Nacional elaborado por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que habilitaría, de acuerdo con quienes tuvieron acceso al documento, a realizar tareas de espionaje interno sobre quienes cuestionen al Presidente, como así también a monitorear a "grupos sociales vulnerables", todo ello en abierta contradicción con la Ley de Inteligencia Nacional y con el acuerdo tácito que los distintos sectores políticos suscribieron desde el retorno de la democracia.
"El gobierno plantea esto como un objetivo de gestión, atacar a todos aquellos que quieran contradecir sus políticas. Ahí hay notas autoritarias. Esto genera mucha preocupación y requiere que las instituciones reaccionen con fuerza, y que también intervenga el Poder Judicial", dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Va con Firma.
Bajo sospecha
La filtración tomó estado público el fin de semana pasado, cuando los aspectos más controvertidos del Plan fueron difundidos por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación de Buenos Aires. Después de publicada la nota, Mon denunció haber recibido amenazas y varios intentos de hackear tanto su WhatsApp como su correo electrónico y la cuenta que posee en la red social X.
Según el periodista, que accedió a una copia del documento, el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE define como sujeto de interés a quienes "manipulen a la opinión pública" durante procesos electorales, propaguen la "desinformación", "erosionen" la confianza en los funcionarios públicos que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación o comprometan el plan económico.
"La filtración que permitió conocer parte del Plan de Inteligencia Nacional, que es secreto y al que por lo tanto no pudimos tener acceso directo, permitió conocer que el gobierno tiene como hipótesis, ante la alteración del orden, y sobre todo de su gobernabilidad, a todos aquellos que puedan erosionar la confianza en la política económica o manipular a la opinión pública. Es decir, a todos aquellos que puedan plantear públicamente disidencias o críticas", asegura Litvachky.
Esto pone a la iniciativa frente a frente con la Ley de Inteligencia. "En la medida que aparece como hipótesis de conflicto y, por lo tanto, que puede poner en riesgo intereses estratégicos de la Nación, permite que la SIDE haga inteligencia interna. Esto está prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional, que en su artículo cuatro establece que no se puede hacer inteligencia a partir de las creencias, opiniones o ideas de los ciudadanos", advierte.
Y agrega: "El Estado no puede utilizar su aparato de inteligencia para la persecución ni para el espionaje político, algo que estaría habilitando esta versión del Plan de Inteligencia".
Pero eso no es todo. La referente humanitaria asegura que "también se conoció una directiva secreta del director de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, que da órdenes de hacer inteligencia, informes y juntar información relacionada con la conflictividad que puede surgir de lo que llama ‘grupos vulnerables'. Esto significa que la SIDE se pueda meter en el monitoreo, análisis y acopio de información vinculada con la conflictividad social. Y esto también es ilegal".
Saber o no saber
Frente al escándalo que provocó la filtración, el gobierno respondió que la información contenida en el Plan de Inteligencia es secreta y acusó al "90% de los periodistas" de ser "los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad".
Más allá de desmentidas y agravios, la revelación deja a la administración libertaria en una posición incómoda. Si hace público el Plan, aún sin las páginas o apartados que puedan contener información sensible, podría desenmascarar lo que considera una noticia falsa y dejar en evidencia a sus responsables. Pero nada de esto ocurrió, al menos hasta ahora.
Además, la situación actualiza una discusión que viene de lejos y que debería ponerse en debate ¿Qué se debe dar a conocer y qué no de la labor de la SIDE? ¿Qué aspectos y dimensiones de las actividades de inteligencia deberían ser públicas y cuáles no?
Litvachky, que también es abogada, considera que ese debate es esencial para la calidad democrática pero advierte que "a partir del DNU 614 (dictado por el actual gobierno) la mayor parte del funcionamiento, regulaciones, órdenes, e incluso de la ejecución de los fondos, pasa a ser secreto, con excepción de algunas cuestiones vinculadas al presupuesto". Y concluye: "La maximización del secreto es un problema para el funcionamiento democrático".
"Se viene discutiendo hace mucho -amplía- qué cosas tienen que ser secretas y cuáles no. En una oportunidad, el Plan de Inteligencia se hizo público porque lo importante era conocer cuáles eran los lineamientos de los conflictos que Argentina tenía en su matriz política, y a partir de los cuales iba a definir estrategias de inteligencia, de producción de información, que en algunos casos y para algunas cuestiones, era necesario mantener en secreto".
Pero entonces estaba "invertida la regla" respecto a lo que sucede hoy. "Las definiciones, los lineamientos políticos vinculados a cuáles son las directivas presidenciales y de los jefes del aparato de inteligencia, deberían ser públicas, y secretas las estrategias y operaciones específicas que necesitan y deberían estar fundadas en algún tipo de secreto".
El rol de la sociedad civil parecer ser, entonces, clave para enfrentar el secretismo. Así lo cree Litvachky, para quien "es una tarea importante de las organizaciones de la sociedad civil derribar, en algunos casos, este secreto y tratar que no se maximice".
"También es una tarea del Congreso, que debería hacer públicas muchas de las cuestiones que debe controlar, y también del Poder Judicial, como cuando se pide acceso a la información o se hacen denuncias por sospechas de inteligencia ilegal. Ahí es muy importante que se pueda trabajar sobre la base de la apertura de información y de archivos".
Ahora, el Congreso
Los ojos están puestos ahora en lo que haga la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Martín Lousteau.
La Comisión sería convocada para la semana que se inicia y en esa reunión se analizaría la citación del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y de otros funcionarios del organismo. Sin embargo, nadie puede asegurar que esto vaya a ocurrir, en buena medida por la situación de la Comisión Bicameral.
Desde el CELS aseguran que "tiene un rol político muy importante" y junto con la Iniciativa para el Control de los Sistemas de Inteligencia, que el organismo integra junto al CED y a Vía Libre, pide "más atribuciones" para los legisladores "y no menos, como viene pasando".
La directora ejecutiva remarca que "la Comisión tiene atribuciones para controlar, o por lo menos para saber cuáles son las directivas generales del Plan de Inteligencia y para controlar su ejecución. Puede pedir información y analizar si se está produciendo un desvío de las definiciones constitucionales y legales que le dan marco a la actividad de inteligencia".
Sin embargo, advierte que "la Comisión también funciona bajo la lógica del secreto". "En muchos casos -asegura- no sabemos lo que está discutiendo ni cuáles son las conclusiones y consideraciones que hace. Debería, por ejemplo, interpelar a las autoridades políticas de la SIDE para que den explicaciones tanto sobre el Plan como acerca de la directiva secreta".
Sin embargo, la llave que la filtración puede tener en el Congreso choca con un debate pendiente, el de las facultades de la Bicameral. "Es algo muy importante para todo el Congreso, no solo para la Comisión, qué tiene que hacer esta, cómo tiene que amplificar sus investigaciones, controles y denuncias. Y es necesario que eso se abra a las organizaciones que venimos siguiendo este tema, para poder ejercer control ciudadano, para poder llevar la justicia lo que sea necesario judicializar y discutir cuáles otros controles institucionales y sociales son necesarios".
Para Litvachky, "durante los últimos años se fue instalando la idea de que por razones de seguridad nacional, de lucha contra el terrorismo y una larga lista de etcéteras, era más importante mantener el secreto, darle más atribuciones y ampliar el tipo de intervenciones de la agencia de inteligencia, que lo contrario".
Vigilar y castigar
La apuesta por el control de la conflictividad y por acciones de inteligencia sobre opositores políticos tiene antecedentes en democracia, que deberían servir para imaginar las consecuencias de profundizar ese tipo de prácticas.
Litvachky recuerda que "la represión en el Puente Pueyrredón, en junio de 2002, tuvo mucho que ver con informes de inteligencia respecto de lo que se pensaba que iba a suceder en el marco de la protesta. Y terminó con una represión feroz, con muertos y un problema de gobernabilidad para Eduardo Duhalde en ese momento".
También en el caso AMIA, donde por "las irregularidades que se cometieron en la investigación, hasta el día de hoy no podemos saber cómo fue el atentado" y "en la investigación de inteligencia ilegal a los familiares del ARA San Juan, cuando se hizo inteligencia sobre los familiares que reclamaba al gobierno de Mauricio Macri una investigación por el hundimiento del submarino".
La especialista también destaca las acciones de inteligencia ilegal sobre periodistas y activistas durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Buenos Aires en 2017 y las represalias que denunció el propio Alconada Mon después de dar a luz la filtración.
Para la activista de derechos humanos todos esos casos advierten sobre "los riesgos de permitir que la inteligencia produzca informes vinculados con la oposición política, el periodismo crítico o la conflictividad social".
"Medidas antidemocráticas"
"El Plan de Inteligencia y una directiva concreta, secreta, que orientan la inteligencia al espionaje político contra opositores, organizaciones sociales, periodistas o economistas, reafirma lo que ya veníamos denunciando, medidas antidemocráticas que tienen que ver con ataques a la prensa, recortes a la libertad de expresión, represión y criminalización de la protesta", subraya Litvachky.
La organización humanitaria contextualiza esas acciones en "una retórica que decodifica la protesta social como terrorismo e intento de golpe de Estado". También en la "persecución a las organizaciones sociales, incluso con causas judiciales, y en la acción de verdaderas milicias digitales, con los propios funcionarios atacando cualquier tipo de crítica o disidencia".
Para la dirigente del CELS "el gobierno plantea como uno de sus objetivos de gestión atacar a todos aquellos que quieran contradecir sus políticas. Ahí hay notas autoritarias. Y cuando se observa que estas son directivas específicas para la SIDE, genera mucha preocupación y requiere que las instituciones reaccionen con fuerza, y que también intervenga el Poder Judicial".
Litvachky propone además "ampliar y visibilizar socialmente los riesgos que todo esto tiene, junto a la necesidad de que la movilización y la discusión pública tengan este tema como principal, para no dejar que haga efecto el objetivo de disciplinamiento y atemorización que evidentemente buscan estas medidas".
Será la sociedad la encargada de poner un límite. O, en nombre de la estabilidad económica y del "a mí no me toca", de mirar hacia el costado. La historia demuestra que de ninguna de los dos caminos se sale indemne.
Fuente: Va con Firma
