La Justicia rionegrina archivó la denuncia de Odarda contra el acuerdo con la israelí MekorotEl Ministerio Público Fiscal de Río Negro resolvió ratificar el archivo de la denuncia penal contra la exgobernadora Arabela Carreras por el polémico convenio firmado en 2022 con la empresa estatal israelí Mekorot. La resolución, dictada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, consideró que no existen elementos para impulsar una investigación penal, descartando las acusaciones de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
La decisión confirma lo dispuesto previamente por la fiscal adjunta Marina Baravalle, quien había sostenido que el convenio no constituyó un acuerdo internacional ni comprometió fondos públicos, sino que fue un encargo técnico gestionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Sin embargo, la resolución generó fuertes críticas desde sectores ambientalistas y legislativos. La legisladora Magdalena Odarda, denunciante en la causa, expresó su "profunda preocupación" por lo que consideró un "blindaje judicial" en favor de la exmandataria, y advirtió que la resolución desoye principios elementales del derecho ambiental y del Acuerdo de Escazú.
"Existe un sector del Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia y el procurador Jorge Crespo, que actúa como escudo para garantizar la entrega de nuestros bienes naturales comunes a corporaciones extranjeras", afirmó Odarda. También cuestionó la falta de fiscalías ambientales en la provincia, creadas por ley en 2010 pero nunca implementadas.
Entre los puntos más criticados se encuentra la opacidad del acuerdo con Mekorot: nunca fue publicado oficialmente ni remitido a la Legislatura, a pesar de involucrar a una empresa extranjera y referirse a un recurso estratégico como el agua. Tampoco se convocaron audiencias públicas ni se consultó a universidades ni a organismos como el CONICET, el INTA o el INTI.
Odarda denunció que tampoco se garantizó el acceso a la justicia ambiental, ya que la causa fue archivada sin que se permita la apertura de un proceso formal para debatir el fondo del asunto. "La impunidad garantizada desde los estrados judiciales no es casual", concluyó.
Pese al cierre judicial, desde el bloque Vamos con Todos adelantaron que continuarán insistiendo en que se esclarezca el contenido del convenio y se respete el derecho ciudadano a participar en decisiones que involucren los recursos naturales.
Fuente: La Tecla Patagonia
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro resolvió ratificar el archivo de la denuncia penal contra la exgobernadora Arabela Carreras por el polémico convenio firmado en 2022 con la empresa estatal israelí Mekorot. La resolución, dictada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, consideró que no existen elementos para impulsar una investigación penal, descartando las acusaciones de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
La decisión confirma lo dispuesto previamente por la fiscal adjunta Marina Baravalle, quien había sostenido que el convenio no constituyó un acuerdo internacional ni comprometió fondos públicos, sino que fue un encargo técnico gestionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Sin embargo, la resolución generó fuertes críticas desde sectores ambientalistas y legislativos. La legisladora Magdalena Odarda, denunciante en la causa, expresó su "profunda preocupación" por lo que consideró un "blindaje judicial" en favor de la exmandataria, y advirtió que la resolución desoye principios elementales del derecho ambiental y del Acuerdo de Escazú.
"Existe un sector del Poder Judicial, encabezado por el Superior Tribunal de Justicia y el procurador Jorge Crespo, que actúa como escudo para garantizar la entrega de nuestros bienes naturales comunes a corporaciones extranjeras", afirmó Odarda. También cuestionó la falta de fiscalías ambientales en la provincia, creadas por ley en 2010 pero nunca implementadas.
Entre los puntos más criticados se encuentra la opacidad del acuerdo con Mekorot: nunca fue publicado oficialmente ni remitido a la Legislatura, a pesar de involucrar a una empresa extranjera y referirse a un recurso estratégico como el agua. Tampoco se convocaron audiencias públicas ni se consultó a universidades ni a organismos como el CONICET, el INTA o el INTI.
Odarda denunció que tampoco se garantizó el acceso a la justicia ambiental, ya que la causa fue archivada sin que se permita la apertura de un proceso formal para debatir el fondo del asunto. "La impunidad garantizada desde los estrados judiciales no es casual", concluyó.
Pese al cierre judicial, desde el bloque Vamos con Todos adelantaron que continuarán insistiendo en que se esclarezca el contenido del convenio y se respete el derecho ciudadano a participar en decisiones que involucren los recursos naturales.
Fuente: La Tecla Patagonia
