Patagonia

El Grupo Trappa se queda con las altas cumbres patagónicas y el manejo de la mayoría de los centros de esquí

Por Susana Lara

Siempre hay agua donde crece un arbusto de ramas oscuras que se cubre de flores en verano. Es el chapel, que da nombre a la montaña reconocida como pillañ mawiza (fuerza de valor espiritual) en un espacio del territorio ancestral mapuche en San Martín de los Andes, al pie de la cordillera. El gobierno de la provincia de Neuquén acaba de preadjudicar el centro de deportes invernales Chapelco, enclavado en el territorio tradicional de dos comunidades mapuche, al grupo argentino Trappa.

Este proceso licitario, liderado por la gestión de Rolando Figueroa, tiene un amplio alcance, con incidencia en procesos sociales muy diferentes, que van desde favorecer la concentración económica de los explotadores de centros de esquí en la Argentina hasta los mecanismos para retacear un reconocimiento real y efectivo de los derechos del pueblo mapuche a una vida digna y plena en el territorio. En el medio, los pasivos ambientales que deja como daño colateral la empresa desplazada. Y, en el horizonte, los planes del neo-estractivismo asociados al turismo.

El 2 de junio, el gobierno neuquino preadjudicó derechos de explotación y de inversión a Transporte Don Otto S.A. por 25 años sobre 1875 hectáreas y la infraestructura del complejo Chapelco, ubicado a 1250 metros sobre el nivel del mar en la base, a veinte kilómetros por ruta del centro de la pequeña ciudad. Esos mismos capitales, a través de Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA), tienen la concesión del cerro Catedral en Bariloche, el de mayor desarrollo en Sudamérica, y La Hoya en Esquel (Chubut) desde 2018. En su momento intentaron adquirir derechos sobre el cerro Perito Moreno (El Bolsón), iniciativa que no prosperó.

La gestión Figueroa terminó con 19 años de control de Nieves del Chapelco S.A., alianza de capitales encabezados por la familia Bosch de fuerte presencia en San Martín de los Andes y el parque nacional Lanín, asociados a la desarrolladora inmobiliaria EIDICO. Para ese despliegue contó con el fuerte respaldo del ex gobernador Jorge Sapag (2007-2015), quien en 2010, por decreto, prorrogó la concesión a Nieves hasta este año. Así es que el recambio de capitales permite suponer que Figueroa ejerce autonomía en su propia acumulación de alianzas económicas y financieras.

El acuerdo empresario requirió, a la vez, alcanzar acuerdos políticos básicos con las comunidades mapuche Curruhuinca y Vera, con reivindicación territorial en el lugar. Curruhuinca es, probablemente, la más numerosa de toda la provincia, con fuerte presencia familiar también en los barrios, aun cuando esa población no integre la Lof. San Martín de los Andes es un municipio intercultural reconocido por ordenanza vigente, instrumento institucional que supone un piso político mínimo para las decisiones estatales locales que afectan directamente la vida del pueblo mapuche.

La nueva concesión recibe un fuerte pasivo ambiental por talas ilegales de bosque nativo, uso de grandes volúmenes de agua pura de vertientes para la fabricación de nieve y contaminación de aguas por el deficiente tratamiento de los efluentes cloacales que producen severos daños a la salud de las familias que viven aguas abajo, a partir de unos cien metros de la base del cerro, sobre la ladera. Por infiltración, la contaminación alcanza considerables extensiones de suelo fértil del área de pastoreo, así como el espacio de las rukas (viviendas) de los parajes vecinos.

Nuevos acaparadores

La semana próxima podrían estar las condiciones legales para que el gobernador firme el decreto de adjudicación y se formalice el contrato con Transporte Don Otto S.A., estimó Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo de Neuquén e integrante de la comisión evaluadora de la licitación pública internacional. Su área será la responsable de implementar el traspaso de bienes en vistas a la apertura de la próxima temporada invernal.

Lo cierto es que a partir de ahora el grupo Trappa se consolida en el negocio de la nieve con un pie en tres provincias, sobre la cordillera de los Andes. En 2011 compró el paquete accionario de Capsa e ingresó a Catedral, donde logró una extensión de concesión en 2020 sobre 1920 hectáreas. Pelea ahora por la autorización para urbanizar 72 hectáreas contiguas a la base, a mil metros sobre el nivel del mar. En cambio, en total silencio, consiguió el 30 de abril pasado la autorización de la Administración Nacional de Parques Nacionales para utilizar 2,5 hectáreas destinadas a la ampliación de una pista de esquí (panorámica - Cóndor III) en tierras bajo jurisdicción nacional.

En dos décadas pasó de ser una pyme familiar del transporte urbano de provincia al pulpo concentrador del transporte de media y larga distancia en buena parte del país. También incursiona en el transporte aéreo, por lo que puede articularse con el interés de Neuquén en reforzar el aeroparque de San Martín de los Andes.

El grupo se presentó con la firma Transporte Don Otto y ofreció garantías de financiamiento a través de su controlante Transporte Integrado América S.A. (Triamsa) por algo menos de 20 millones de dólares, según consta en el acta de la preadjudicación del 2 de junio pasado. Todo el año pasado circuló el rumor sobre las posibilidades del grupo Trappa ante el vencimiento de la concesión. Por fuera de esta concesión, también se juega el destino de 140 hectáreas que la gestión Jorge Sapag vendió a Nieves a valor fiscal, para la ejecución de un proyecto inmobiliario de mediana y alta densidad ubicado junto al área de Chapelco. Esa operatoria de compra-venta no se habría finalizado y es parte de la tensión entre los accionistas de Nieves y la gestión Figueroa.

Territorio tradicional

La gente mapuche siempre cuidó las nacientes de agua por eso nunca se asentaron en forma permanente en sus inmediaciones de la cumbre. Solamente accedían para las ceremonias y las tierras de buenas pasturas para los animales. Con el proceso de repoblamiento de sociedad criolla, la privatización de tierras y el control estatal, las comunidades Vera y Curruhuinca quedaron asentadas al norte y noroeste del complejo invernal Chapelco, reivindicándolo como parte del territorio ancestral comunitario. Las tensiones y reclamos por el derecho al territorio y la contaminación de Nieves del Chapelco tuvo dos momentos históricos, 1998 y 2002, movilizaciones amplias que seguramente se entraman con las nuevas generaciones.

En enero de este año, el gobierno firmó un acta acuerdo con las autoridades de la comunidad Vera en el marco de la licitación pública por el cerro. Vera creará un Inarrumen (observatorio ambiental), integrará la mesa de seguimiento permanente por el impacto medioambiental del complejo, podrá habilitar un espacio de estacionamiento en tierras bajo su control y permitirá la ampliación del ya existente a los privados, entre otros puntos.

En cambio, con Curruhuinca fue más trabajoso el proceso y culminó hace pocos días. En este caso, se firmaron dos convenios: uno directamente vinculado con la explotación del cerro, otro con un pliego de demandas sociales ante el Estado neuquino, que no son responsabilidad de la empresa concesionaria, según explicó en detalle Virginia Colipán, kona (autoridad territorial) de Payla Menuco, paraje rural ubicado inmediatamente aguas abajo del complejo invernal y parte del territorio de Curruhuinca.

Nació y vive en la ladera con su familia. Tiene 38 años, estudia profesorado en biología y trabaja en el equipo pedagógico intercultural del nivel medio. Recreó en su relato los matorrales de chapel, con su flores amarillas serpenteando entre los hilitos de agua que brotan generosos en la altura. Esa agua es la que enferma suelos y personas cuando pasan por la infraestructura del complejo invernal, que le alcanzan dos meses de actividad para producir daño.

El verano del 2024 quedará en la memoria por la enfermedad masiva que afectó a Payla, transmitida por las aguas contaminadas, lo que quedó documentado por las autoridades y profesionales sanitarias. La planta de tratamiento de líquidos cloacales no sería adecuada técnicamente para operar pocos meses al año; además, no está techada, por lo que desborda en invierno con la nieve y la lluvia, escurriendo hacia las rukas.

"Somos unas doscientas familias. Al menos trescientas cincuenta personas que vivimos hasta la cota mil, a unos cien o doscientos metros ladera abajo del complejo", explicó Virginia. Hace pocas semanas, la Fiscalía de Delitos Ambientales fue a corroborar otra denuncia por vertido de líquidos cloacales, la que no pudo comprobarse y se archivó, informó Maximiliano Breide Obeid, fiscal que lleva el caso.

"El pillañ mawuiza es un sistema de vida, es una unidad territorial de la que formamos parte y hace a nuestra identidad. Hace cuarenta años se instaló el centro que empezó como algo recreativo popular. Nuestros abuelos mantenían muy limpias y cuidadas las vertientes. Hicieron canales para las huertas". Virginia era una niñita cuando en 2002 empezaron a adquirir enfermedades a través del agua contaminada. "Una jueza cerró el cerro por un día y confirmó la contaminación por los baños del complejo. Se formó una mesa de diálogo y diez puntos que debía cumplir el gobierno y la empresa. No se respetó. Por eso aprendimos que las mesas deben ser vinculantes", cuestión que discutieron en esta oportunidad, aclaró. Del conflicto de principios del milenio, la provincia realizó la red de agua potable para Payla Menuco que administra y gestiona una cooperativa local, pero no tiene el mantenimiento y funcionamiento adecuado, agregó. "El sistema es precario, están rotos dos filtros, no atiende el crecimiento poblacional". El año pasado llegaron a estar veinte días sin agua, solamente provistos por bidones. En enero del año pasado, las autoridades sanitarias constataron un foco de contaminación en la escuela de nivel primario del paraje que afectó a 90 niñxs.

Además, Virginia cuenta: "Todos los veranos sufrimos la falta de agua. La tala del bosque nativo también influye en la falta de retención de humedad". Hasta chatarra acumulada en las nacientes constató la gente mapuche en una recorrida de la que participaron concejales de la ciudad.

De todos modos, la necesidad de reparación del daño ambiental, no oculta la demanda histórica por el derecho al territorio, que sigue, gane quien gane las licitaciones y las elecciones gubernamentales.

Daño colateral

A fines del año pasado, personas no identificadas todavía talaron ilegalmente una superficie importante del bosque de lenga dentro de la superficie en concesión a Nieves de Chapelco S.A.: una franja de unos diez metros de ancho por 700 de largo, en zig-zag, en cuyo descenso llega justo hasta el límite de la fracción de 140 hectáreas que Sapag vendió a precio vil a la misma empresa. Por esa tala se iniciaron dos acciones administrativas y dos judiciales, según pudimos reconstruir para esta nota con los testimonios de David Beroíza, guarda ambiental a cargo de la dirección operativa de Fauna de la provincia con asiento en San Martín de los Andes, y el fiscal Breide Obeid. A partir de la denuncia de un vecino, Bosques de la provincia constató la tala en una zona protegida por ley y ya dispuso una multa de 500 millones de pesos para Nieves del Chapelco, responsable de la tierra donde se realizó esa infracción. Y, por su parte, Fauna inició un legajo administrativo por destrucción de hábitat de fauna silvestre en violación a la ley provincial 2539, que todavía no emitió su dictamen.

Beroíza inspeccionó el lugar y constató ejemplares de la tala de coihues achaparrados en la altura (protectores de cuenca hídrica), varios ejemplares centenarios y otros renovables. Estaban en el lugar, marcados con aerosol, tanto los caídos como otros que se salvaron. La tala destruyó todo el micromundo de los insectos, nidificaciones de aves nativas y resguardos de monito del monte. Roedores y mamíferos habrán huido. Es área del pudú pudú, del puma y del gato montés.

El suelo quedó erosionado, y su recomposición le llevará su tiempo a la naturaleza y requerirá que cesen las intervenciones.

Por su parte, la Justicia local interviene en dos direcciones: en determinar las responsabilidades penales del autor/es y responsables de la tala no autorizada; y en determinar la remediación del daño, precisó Breide Obei. "La tala fue ilegal", pero falta determinar responsables materiales porque, en caso de ser una nueva pista de esquí, no se condice con el diseño del complejo Chapelco sino, más bien, a la medida de los propietarios del predio vecino, el famoso de 140 hectáreas vendido a precio vil. En ese sentido, el fiscal dijo estar esperando unos informes de Tierras en este momento.

En tanto, sigue vigente una medida de no innovar sobre el lugar dañado y, aunque no tiene colocadas fajas de clausura, nadie puede intervenir allí.

Esta es la primera vez que Nieves paga un costo por violaciones a la legislación vigente. No pasó en 2013, cuando desmontó un área de lenga para crear los obstáculos del área de snowboard y en varios puntos junto a corrientes de agua, incluso en la cota de 1500 metros sobre el nivel del mar . Las inspecciones documentadas no alcanzaron en aquellas oportunidades. Ahora, tal vez, se aplica aquello de hacer leña del árbol caído.

Fuente: El cohete a la Luna