Milei quiere modificar la Ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación mineraEl Gobierno nacional avanza con un proyecto que busca reducir las zonas protegidas para habilitar la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, la liberación de residuos químicos y la construcción de infraestructura no vinculada a la ciencia. Según confirmó TN, la medida también transferiría a las provincias mayores atribuciones para definir áreas de explotación.
Frente a las críticas de organizaciones ambientalistas, el oficialismo aseguró que mantendrá exigencias de informes de impacto ambiental y las restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Sin embargo, la modificación apunta a flexibilizar la ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, cuya reforma ya había sido intentada sin éxito en la Ley de Bases.
En reuniones entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y equipos técnicos de la Casa Rosada, se confirmó que el objetivo es "promover inversiones extranjeras". "Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley", denunció Nicole Becker, presidenta de Jóvenes por el Clima Argentina.
Riesgos ambientales y advertencias internacionales
Las zonas periglaciares -suelos congelados clave en la reserva de agua dulce- quedarían expuestas a la actividad industrial. Becker alertó que Argentina posee más de 16.000 glaciares, todos en retroceso: "El Perito Moreno perdió 1,92 km² en siete años, equivalente a 320 canchas de fútbol. Sin glaciares, colapsa el suministro de agua y la regulación climática".En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, que obliga a estudios de impacto y crea un Inventario Nacional. No obstante, el Gobierno insiste en cambios, pese a que la ONU ya había tachado de "regresivo" un intento similar, advirtiendo que pondría en riesgo "las garantías de un entorno seguro para defensores ambientales".
Mientras el oficialismo argumenta que las provincias deben tener más injerencia, la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental marca un debate que podría reavivar conflictos con el sector científico y ecologista.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto que busca reducir las zonas protegidas para habilitar la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, la liberación de residuos químicos y la construcción de infraestructura no vinculada a la ciencia. Según confirmó TN, la medida también transferiría a las provincias mayores atribuciones para definir áreas de explotación.
Frente a las críticas de organizaciones ambientalistas, el oficialismo aseguró que mantendrá exigencias de informes de impacto ambiental y las restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Sin embargo, la modificación apunta a flexibilizar la ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, cuya reforma ya había sido intentada sin éxito en la Ley de Bases.
En reuniones entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y equipos técnicos de la Casa Rosada, se confirmó que el objetivo es "promover inversiones extranjeras". "Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley", denunció Nicole Becker, presidenta de Jóvenes por el Clima Argentina.
Riesgos ambientales y advertencias internacionales
Las zonas periglaciares -suelos congelados clave en la reserva de agua dulce- quedarían expuestas a la actividad industrial. Becker alertó que Argentina posee más de 16.000 glaciares, todos en retroceso: "El Perito Moreno perdió 1,92 km² en siete años, equivalente a 320 canchas de fútbol. Sin glaciares, colapsa el suministro de agua y la regulación climática".En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, que obliga a estudios de impacto y crea un Inventario Nacional. No obstante, el Gobierno insiste en cambios, pese a que la ONU ya había tachado de "regresivo" un intento similar, advirtiendo que pondría en riesgo "las garantías de un entorno seguro para defensores ambientales".
Mientras el oficialismo argumenta que las provincias deben tener más injerencia, la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental marca un debate que podría reavivar conflictos con el sector científico y ecologista.
