El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hizo pié en el conflicto territorial mapuche a través de su estudio jurídico particular. Su despacho patrocina a un inversionista de Mendoza que reclama la propiedad de una tierra rural que compró en 2022 a Pedro Laurentino Duarte, ex militar y ex juez federal condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén. La tierra es parte del espacio de veranada tradicionalmente ocupado por la lof Tuwvn Kupalmeo Maliqueo junto a la desembocadura del río Litrán, a 14 kilómetros del área urbana de Villa Pehuenia, el mismo lote que la Justicia civil ya le reconoció a esta misma comunidad en 2012 por un fallo que está firme.
Cecilia Maliqueo, lonko de la comunidad, será investigada como presunta usurpadora en forma parcial de un lote de 829 hectáreas mientras puede continuar ocupándolo, determinó Carolina González, jueza de Garantías de Zapala. La querella impulsada por Maximiliano Orpianessi y Cristian Cúneo Libarona en representación de Diego Ozollo, del fideicomiso Alpataco SA, apeló e insistirán en el desalojo judicial del espacio.
La defensa de Maliqueo no pudo acreditar que la tierra que reclama Ozollo es la misma que la Justicia civil ya reconoció a la comunidad, aseguró la jueza al hacer lugar a la formulación de cargos de la Fiscalía y la querella. En la audiencia pública el fiscal Marcelo Jofré identificó catastralmente el lote; no hizo lo propio la defensa. La jueza hizo varias preguntas para tratar de establecer el lugar, pero sin planos ni mapas a la vista, la información dispersa sobre fracciones y lotes no contribuyó a despejar las dudas.
Hizo hincapié en que se debe garantizar un proceso intercultural, una declaración de principios que jamás antes había escuchado de una funcionaria judicial en los años que llevo cubriendo casos de conflictos territoriales.
La zona en conflicto es de altísimo valor medioambiental y belleza paisajística. El río Litrán nace de varios arroyos en la Cordillera de los Andes, en el paraje Paso del Arco, y desciende hasta desembocar en el lago Aluminé. Lo eligen para la pesca con mosca. En Paso del Arco, la familia Maliqueo engorda el ganado menor desde siempre, debiendo afrontar el avance de las forestaciones con especies exóticas que hicieron tanto la Provincia con Corfone como el propio Duarte.
La audiencia pública
Este martes 10 de junio se hizo la audiencia pública de formulación de cargos. La jueza le preguntó a la imputada si es integrante de un pueblo originario, detalle de reconocimiento identitario que en general los operadores judiciales invisibilizan y hasta rechazan, ya que los cargos son individuales, no en representación colectiva. Enmarcó el legajo en los reconocimientos a la preexistencia de los pueblos originarios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y los Pactos Internacionales.
"Da risa cuando dicen que los mapuches se vuelvan a Chile, cuando durante el Virreynato del Río de La Plata no existía ni Chile ni Argentina", explicó en tono coloquial. Fue gráfica cuando le replicó toda su argumentación al supuesto damnificado y le puso en duda la supuesta legitimidad de los títulos de propiedad que otorgó el Estado cuando se formó y controló este espacio: "¿¡acaso no había nadie acá desde los dinosaurios?!".
El fiscal Marcelo Jofré fue escueto, apegado a los hechos, sin adjetivaciones sobre el pueblo mapuche. Aseguró que la lonko junto a otras personas usurparon parcialmente el lote, destruyendo bienes y perpetrando amenazas en febrero de este año. Aseguró que el propietario de la tierra ejerce la posesión del lugar. Aclaró que el caso fue llevado a mediación, instancia que fracasó. En abril de 2022, por escritura pública Pedro Laurentino Duarte le transfirió derechos de propiedad sobre la parcela de 829 hectáreas ubicadas sobre rutas provinciales 12 y 13. Es decir, el ex militar se desprendió de parte de su patrimonio poco antes que se iniciara en octubre de 2023 el juicio oral y público por su intervención como juez federal de Neuquén que no actuó en la protección de la vida de 23 personas.
Pablo Méndez, de la Defensoría Oficial, representa a Maliqueo. Recordó que se trata del espacio de unas 40 familias reorganizadas como lof desde 2006, que continúan la ocupación tradicional del espacio durante el verano con la práctica de la transhumancia, entre Paso del Arco / Litrán (en la Cordillera) y paraje Santo Domingo (a 4 kilómetros de Zapala, en el centro). Esos dos espacios están sostenidos por la memoria colectiva y lazos familiares, para la vida comunitaria basada en la ganadería de ovinos y caprinos, en el ciclo veranada e invernada. Zapala, sede de la circunscripción judicial donde se tramita este legajo, es epicentro de ese ciclo de vida que está protegido por una ley propia en Neuquén. La propiedad privada y los alambrados rompieron esa circulación en Río Negro; en Mendoza se mantiene con muchas dificultades.
Los abuelos de Cecilia conservaron las autorizaciones de arreo desde la década del '60, precisó el defensor.
Argumentó que Argentina fue condenada por un Tribunal internacional por no escriturar ni proteger jurídicamente las tierras de los pueblos originarios. Ese mismo reproche le cabe al Estado neuquino, que demoró los relevamientos territoriales dispuestos por la ley de emergencia en 2006, cuyas prórrogas quedaron derogadas por decreto el año pasado. "La Provincia está obligada a reconocer. No es un conflicto penal, sino un conflicto territorial. Con sentencias firmes, no puede haber despojo donde hay reconocimiento en un caso que llegó al Superior Tribunal de Justicia", expresó insistiendo en el juicio Civil por el que Duarte, el anterior propietario, pretendió desalojar a esta misma comunidad del mismo predio (Duarte, Pedro c/ Claleo, Silvia y Otros S/Interdicto. Juzgado Civil de Zapala, sentencia del 9 de noviembre de 2012).
Meritocracia
Diego Ozollo es ingeniero agrónomo, presidente de la Cámara Empresaria de Agroquímicos y Afines de Mendoza. Integra varias sociedades anónimas y es proveedor de servicios en provincias del noroeste. Claudio Avruj, presidente del INAI, se reunió con él en abril de este año (https://www.facebook.com/100058085770476/posts/1062025412410308/?_rdr), comprometiéndose a ocuparse del caso. La participación de Cristian Cúneo Libarona en la querella tal vez sea parte de ese compromiso.
Hizo uso de la palabra como presunta víctima del caso durante la audiencia. Desplegó su historia de vida. Contó que trabajó en la construcción, pintor de obra, carpintero; pagó sus estudios universitarios trabajando como jardinero y preceptor de escuela. Según sus palabras, una trayectoria de "superación personal" que le permitió acumular ganancias y comprar tierras en Villa Pehuenia. Aseguró que compró de buena fé sin siquiera mencionar al represor Duarte. Dijo, además, que está de acuerdo con un mundo pluricultural, aunque alertó ante la posibilidad de los presuntos usurpadores puedan enterrar "vasijas coloniales" en el predio en conflicto para argumentar derechos ancestrales. Hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que no identificó, pero que según su interpretación protege la propiedad privada.
La jueza se extendió en responderle a Ozollo. Primero manifestó su preocupación por la estrategia de la criminalización. Después le explicó la falsedad de invitar a la comunidad a estudiar para después poder comprar tierras, como él dice que hizo. "Es injusto. Da cuenta del desconocimiento de la realidad del pueblo mapuche, arrasado por el Ejército de un Estado. El Estado llegó después (que el pueblo mapuche), lo dice la Constitución (al reconocer la preexistencia de los Pueblos Originarios en Argentina). Tenemos una Constitución que nos advierte". Aunque la respuesta era al actor de la demanda, González aprovechó la audiencia pública para recordar los presupuestos mínimos en que ella misma debe realizar su labor como Jueza de Garantías en una provincia donde gran parte de su población local es originaria y todo su jurisdicción territorio tradicional mapuche.
En tono calmo y firme, recordó que se aplican las Reglas de Brasilia para la población vulnerable y que las políticas de Estado "se encargaron de apartar (al pueblo mapuche) hasta casi aniquilar sus costumbres; las escuelas exigían hablar el castellano, negando el mapuzudungun". Añadió que la imposición de la lengua por parte del Estado implicó un desmantelamiento de la cultura.
"La deuda histórica existe", aseguró al desestimar la propuesta de "por qué no se compran un terrenito" que hizo Ozollo. "La desigualdad existe. No creo en el voluntarismo. Hay estructuras que impiden el crecimiento económico". Además, recordó el derecho a vivir de acuerdo a su cultura. "No tienen por qué ir a la Universidad para comprarse una tierra, no tienen por qué darle a la tierra el valor que le da nuestra cultura occidental". Añadió: "el lugar lo tienen" pero hay barreras administrativas y legales para hacer efectivo el reconocimiento estatal. Se preguntó después: "¿alguien pudo llegar y pensar que no existía nadie?", cuestionando la hipótesis de la tierra desierta.
Aunque dio por formulados los cargos contra la lonko, González recordó "no olvidar la perspectiva intercultural del proceso, no desconocer la preexistencia del pueblo mapuche".
