El escándalo por los aumentos de "gastos reservados" y privilegios en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se fue acentuando sobre finales de la semana hasta llegar al pedido de juicio político contra el presidente (Javier Raidan) y la denuncia penal contra el máximo organismo judicial de la provincia, en una cuasi inédita unidad entre jueces y trabajadores judiciales. Los "supremos" no dieron marcha atrás con la medida, mantuvieron silencio sobre lo sucedido y quien preside el STJ no recibió a los sectores que lo cuestionan. El gobernador Ignacio Torres sostuvo sus críticas por los aumentos y agregó que a su entender se desató una "interna judicial", lo que generó un cruce con la organización que representa a los jueces por la quita de los fueros.
La escalada del conflicto con los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) alcanzó uno de sus puntos más elevados sobre el final de esta semana cuando frente a la falta de retroceso de los ministros con el aumento de sus salarios entre 30 y un 60% la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial de Chubut junto al Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut le pidieron el juicio político Javier Raidan, presidente del organismo, y anunciaron que denunciarán penalmente a la totalidad de los miembros del máximo órgano judicial de la provincia.
Los cuestionamientos al STJ desembocaron en una arista política donde el gobernador Ignacio Torres criticó las subas de los ministros integrantes, pero a la vez interpretó la existencia de una "interna judicial" y apuntó contra los jueces por no acompañar su propuesta para quitar fueros a los políticos, sindicalistas y a los propios integrantes del Poder Judicial.
En medio de las discusiones y por la presión que se generó, el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, decidió dar marcha atrás para su propio cargo con los aumentos que había determinado el STJ y retrotrajo el ítem de "erogaciones propias de la investidura" al 10% que regía anteriormente a los cambios introducidos este año.
Tras las denuncias que se efectuaron la semana pasada contra los "beneficios" que se otorgaron los miembros del STJ, sobre el final de la semana que se cierra la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut concretó una asamblea para tomar nuevas posturas sobre la cuestión.
En el encuentro, donde participaron alrededor de 80 miembros, definieron por votación mayoritaria iniciar una demanda penal a los seis integrantes del STJ (Javier Raidan, Camila Banfi, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone) y en paralelo impulsar un juicio político contra el presidente (Raidan) del organismo.
En un comunicado público informaron que "en función de la gravedad de los hechos que venimos denunciando públicamente que dan cuenta de violaciones a la Ley de Etica Pública, de la Ley Orgánica de la Magistratura, del derecho a la Información Pública, del Código Civil y Comercial, del Código Penal, de las constituciones nacional y provincial, tratados internacionales sobre derechos humanos y contra la corrupción, la asamblea realizada en el día de ayer (miércoles) resolvió por amplia mayoría iniciar acciones civiles para obtener la información que se nos ha denegado, reclamar los ajustes salariales adeudados, denunciar penalmente a los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia y pedir el Juicio Político de su Presidente".
Luego argumentaron que "se decidió repudiar la decisión del presidente del STJ de desvincular de sus funciones a Gustavo Weinger y Darío Roberts, por supuestas críticas en comunicaciones privadas mediante WhatsApp a su persona y al señor gobernador Lic. Ignacio Torres. Por último, hacer saber al Consejo de la Magistratura nuestra preocupación por la designación del jurista Daniel Obligado, impuesto por el Dr. Javier Raidan para evaluar a quienes pretenden ocupar el cargo de camarista penal en Puerto Madryn, por carecer de cualidades académicas, jurídicas y éticas para tan importante misión".
Sumatoria del sindicato judicial
A las pocas horas se concretó una definición en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Chubut (SiTraJuCh) para delinear los pasos a seguir tras las reuniones frustradas con el STJ, la ausencia de Raidan en los encuentros que se habían convocado, y la intervención de la Secretaría de Trabajo que dictó la conciliación obligatoria por el paro que se estaba concretando, la que fue rechazada por la organización sindical.
Tras la reunión de la Comisión Directiva publicaron un comunicado donde sostuvieron que "expresamos nuestro acompañamiento al proceso político al presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Javier Raidan, el cual entendemos como parte del camino de reclamo y lucha sostenida por las y los trabajadores judiciales de la provincia. Más allá de las instancias institucionales que se continúan construyendo con otras organizaciones del sector consideramos fundamental pronunciarnos públicamente, en consonancia con las expresiones que ya se vienen dando en distintos puntos de la provincia".
En ese marco, agregaron que "este posible avance no es ajeno a la persistencia de quienes venimos denunciando con claridad la necesidad de transformaciones profundas en el Poder Judicial. En este contexto reafirmamos la importancia de garantizar transparencia en cada etapa del proceso y respeto por la institucionalidad, como pilares esenciales para fortalecer la confianza de la sociedad. Continuamos trabajando para una justicia democrática, transparente y de cara al pueblo".
Los trabajadores jubilados judiciales buscan el mecanismo para sumarse a las acciones judiciales para derrumbar los aumentos y los demás "beneficios" que se dieron los ministros del STJ.
Una "interna"
El gobernador Ignacio Torres manifestó la semana pasada que "no vamos a tolerar más privilegios" aludiendo a los aumentos en el STJ y agregó que "no puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial".
El mandatario provincial sentenció que "es una vergüenza que mientras millones de argentinos hacen sacrificios, algunos se siguen sirviendo del Estado como si fuera propio".
Y, sobre finales esta semana, ratificó su rechazo a los aumentos del STJ y frente al pedido de juicio político indicó que "es una interna judicial".
Ampliando su visión sobre el particular sostuvo que "no creo en los privilegios de un poder sobre otro, y desde el Poder Ejecutivo todos avalamos a que el pueblo chubutense decida por sí o por no a la eliminación de los fueros, más allá de la polémica de las camionetas que obviamente repudiamos e hicimos público".
Torres profundizó sobre el tema de los fueros y señaló que "me pregunto a qué le tiene miedo la Asociación de Magistrados. ¿Por qué están tan preocupados? ¿Porque se eliminen los fueros? Que el pueblo chubutense no pueda votar. Eso sí es preocupante".
Cruces por los fueros
Las expresiones del mandatario desataron una respuesta desde la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial, que en la figura de la juez Carina Estefanía manifestó que "la eliminación de los fueros que pretende el gobernador y la Legislatura debe estar dirigida solamente a la dirigencia política, nosotros no somos quienes para decir que los funcionarios públicos deben tener fuero; lo que sí decimos es que si con ello se busca combatir la corrupción, los fueros de los jueces tienen otro sentido que es el de proteger a quienes tienen que juzgar los casos de corrupción en diversos poderes del Estado. Se nos ha criticado mucho esto de no queremos que se nos eliminen los fueros, los jueces no cometemos delitos y si alguien comete un delito nunca está en juego que se usen los fueros para evitar el proceso penal".
Jueza Carolina Estefanía, ex presidenta de la Asociación de Magistrados de Chubut.
La integrante del organismo que representa a los jueces chubutenses agregó en declaraciones radiales que "no podemos participar de la campaña para la quita de los fueros a los magistrados y ahí tenemos que defender los fueros de los magistrados porque no podemos participar de la campaña del sí o el no que se va a iniciar si esto se somete a la voluntad popular, es a través de la Justicia y por eso iniciamos la acción judicial. Nuestros reclamos no tienen que ver una interna judicial, ni tampoco con la intención de que el pueblo no opine, sino que son reclamos absolutamente legítimos".
Credibilidad y ética de la Justicia
Estefanía le apuntó a Raidan y todos los ministros que obtuvieron los "privilegios" indicando que "siempre propuse que este tema del Superior Tribunal de Justicia lo viéramos a través de la lupa de la ética pública porque se trata de fondos públicos que paga toda la ciudadanía y por eso tenemos que ser muy cuidadosos como funcionarios públicos con el uso de los mismos, además que rige el principio de austeridad republicana. Inclusive para quienes estamos en la Justicia el concepto de ética es más refinado; la ética judicial nos obliga a ser un ejemplo porque si no es difícil tener autoridad si nos manejamos por fuera de la ley".
La jueza expresó que "cuando una norma habilita una interpretación diferente siempre debemos optar por la norma que rige el bien común y no el bien propio. Por he sido muy crítica de la decisión del Superior Tribunal de aumentarse los sueldos y otorgarse pasajes de avión cuando no tienen alguna delegación en Buenos Aires, tampoco comprarse autos que no son imprescindibles para la función".
Estefanía, luego de adelantar que ya hay abogados elaborando la denuncia penal y el pedido de juicio político, enfatizó que "son algunos lujos que la sociedad no tiene por qué costear y menos cuando vemos todos los días la sociedad lo que está exigiendo la sociedad de los funcionarios públicos no podemos darnos estos gustos que deslegitiman tanto un poder del Estado que requiere que nuestras decisiones sean aceptadas por la sociedad".
Volviendo a referirse a la gestión del Ejecutivo, manifestó que "el Gobierno envió el proyecto de ley para declarar la emergencia económica en la provincia y si hay algo que no es conteste con una provincia que está en crisis es que haya funcionarios judiciales que se aumenten los sueldos, compren vehículos y se paguen pasajes cuando justamente están achicando el Estado y cuando sabemos que los ajusten recaen sobre los que menos ganan".
Enganche, porcentualidad y autarquía
Vale tener en cuenta una arista política que se abrió desde hace un tiempo respecto de los sueldos de los empleados judiciales y los jueces. Desde hace por lo menos un lustro, en tiempos de la gestión de Mariano Arcioni, el poder político viene pugnando por desarticular dos temas claves para los judiciales: el enganche con los aumentos que otorga la Corte Suprema por fuera de lo que suceda en la provincia, la porcentualidad de los salarios de los trabajadores con los ingresos que tienen los ministros del STJ y la instrumentación de la autarquía judicial para que el Poder Judicial cuente con un porcentaje fijo anual de presupuesto y que obtenga fondos de recaudación propia.
Aunque no se formalizó, la actual gestión buscó oportunidades de avanzar en el mismo sentido; situación que por ahora no se concretó. El ex ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, señaló en una entrevista, en julio de del año pasado, que "estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Economía fundamentalmente en la posibilidad de la ley de autarquía del Poder Judicial, que es una decisión política muy importante. Se amagó varias veces y nunca se terminó".
En ese marco agregó que "con la jura del doctor Javier Raidan, en el Superior Tribunal, esa relación institucional se va a aceptar, vamos a trabajar en una decisión política institucional, porque la autarquía, si bien es un proceso que se trabajó durante muchísimos años, tiene sus desventajas y sus desventajas".
Para Meiszner "la ventaja es que en este caso el Poder Judicial va a poder administrar su propio presupuesto sin ningún tipo de autorización o pedido al Ejecutivo; pero también, quizás la desventaja es que va a ser que los miembros superiores van a ser paritarios de ese presupuesto y no se van a poder mover de ese esquema presupuestario. Van a tener un límite, van a estar acotados".
En conferencia de prensa el ministro sostuvo que "todo ese dinero, casi en un 95%, es para pagar sueldos -haciendo referencia a la ampliación presupuestaria decidida en agosto pasado-, no está destinado a equipamiento para mejorar el servicio de justicia. Mientras yo hago malabares en las paritarias para cerrar un acuerdo austero en base a la disponibilidad, vienen estos y se aumentan el triple con los parámetros de la Corte. ¿Cómo les explico a los docentes y policías que para ellos no alcanza?".
El conflicto con los miembros del STJ por los "beneficios" escaló dentro del ámbito judicial, pero en paralelo se espació hacia otra arista generando un contrapunto por el tema de los fueros y no habría que descartar que reaparezcan las discusiones sobre el enganche, la porcentualidad y la autarquía del Poder Judicial.
