Sin diálogo con el Gobierno y a la par de otras luchas, las universidades exigen la aprobación de un proyecto clave Esta semana que termina se llevó adelante una nueva jornada de paro los días 11 y 12 en reclamo por la recomposición salarial. En el marco de la presentación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario que busca garantizar las partidas correspondientes para el funcionamiento del sistema universitario-científico, los trabajadores exigen aumentos salariales y denuncian que desde el 2024 no hay discusiones paritarias con el Gobierno. La situación es crítica en todo el país, y en muchas universidades ya se ve el éxodo de docentes e investigadores, y debaten si iniciarán el segundo semestre.
El 28 de mayo el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) presentó en el Congreso un nuevo proyecto de presupuesto para las universidades, tras el veto presidencial del año pasado. Es por ello que el texto enfatiza que las medidas planteadas no atentan contra el equilibrio fiscal ni suponen la creación de nuevos impuestos.
Tras una reunión entre autoridades universitarias, sindicalistas docentes y no docentes, representantes de estudiantes y legisladores de Unión por la Patria, la UCR, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, se acordó el debate de un texto consensuado este miércoles 18 de junio.
Además del presentado por el CIN, hay proyectos de los diputados Danya Tavela (del sector de Evolución Radical, con acompañamiento de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica); el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria) y el Frente de Izquierda.
A pesar de las diferencias, todos los proyectos apuntan a la actualización del presupuesto universitario tomando como referencia los índices de inflación, al tiempo que reconocen el valor social de la educación superior en Argentina.
De acuerdo a las cifras aportadas en el encuentro en Diputados, el presupuesto universitario registra una caída del 22,1% en 2024 y se proyecta una reducción adicional del 29,9% en 2025, lo cual implicaría una disminución total del 45,3% en términos reales respecto a 2023.
"La universidad no tiene que ser una variable de ajuste. Las universidades públicas ayudan a achicar la desigualdad, dando a muchos jóvenes la chance de estudiar y tener un futuro mejor. Por eso tienen que haber más Becas Progresar y de mayor monto. Los estudiantes no deben elegir entre viajar, comprar apuntes o comer", expresó el presidente de Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, dijo que "en el Congreso se deben discutir los proyectos sobre financiamiento universitario para seguir defendiendo la educación y garantizar salarios dignos para los trabajadores".
Cabe recordar que el proyecto presentado el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados -con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención- y en el Senado -con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención- pero vetado rápidamente por el presidente Javier Milei al argumentar que impedirá cualquier normativa que "atente contra el equilibrio fiscal".
A pesar de que el CIN remarcó que la propuesta implicaba un costo fiscal de apenas 0,14% del PBI (equivalente a $783.595 millones), la Oficina del Presidente anunció el veto la misma semana que se llevaba a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria.
Repudio y organización estudiantil contra el ajuste libertario en las universidades públicas
Según se desprende del texto del nuevo proyecto, este no implicará la creación de nuevos impuestos que afecten el equilibrio fiscal. Sin embargo, no hay certezas sobre lo que decidirá el Presidente, quien en los últimos días adelantó que vetará el aumento reciente a jubilados, en línea con su postura del déficit cero. Mientras tanto, trabajadores y estudiantes sufren las consecuencias del ajuste que se hace cada vez más evidente.
La mitad del presupuesto
Los reclamos universitarios se producen en medio de una situación crítica que viene empeorando desde los últimos dos años a raíz de la prórroga de los presupuestos nacionales que derivaron en un complejo escenario: hoy las universidades deben funcionar con las mismas partidas del 2023, lo que ha obligado a la paralización de obras y el congelamiento de salarios y becas.
Para el 2025, el CIN había pedido un presupuesto de 7,2 billones de pesos, pero el Gobierno otorgó solo 3,3 billones, lo que representa apenas el 0,43% del PBI. La asignación de partidas para este año muestra una disminución al 0,91% del PBI respecto del año anterior, muy por debajo del mínimo necesario para garantizar el funcionamiento adecuado.
Por otro lado, los salarios se vieron profundamente afectados a partir del 2023. Desde CONADU Histórica señalaron que de noviembre de 2023 a abril del presente año, la inflación acumulada fue del 204,8%, mientras que los salarios percibieron aumentos de 90,4%, lo que deja una desfasaje de -114,4%, lo que deriva en una pérdida del poder adquisitivo del 34%.
Actualmente, más del 60% de los trabajadores docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. En abril, por ejemplo, el docente con el cargo más alto (titular con dedicación exclusiva de 40 horas semanales) percibió un mínimo de $1.310.592, apenas superando la línea de pobreza, ubicada en $1.110.063. Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva de 20 horas semanales cobró un mínimo de $439.016.
https://www.instagram.com/p/DJ1yB5kRmzF/?hl=es&img_index=5
En este escenario, el nuevo proyecto plantea garantizar las partidas para el presupuesto general de funcionamiento, el bienestar estudiantil y los salarios docentes. Establece el aumento de los valores de las becas (que permanecen congeladas desde el 2023), así como el fortalecimiento de becas estratégicas para asegurar la permanencia y continuidad de los sectores más desfavorecidos del estudiantado.
Además, establece que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
Exodo de investigadores y docentes
En algunas universidades, las autoridades expresaron preocupación por las renuncias de docentes a raíz de la falta de recomposición salarial. El rector de la UNL (Universidad Nacional del Litoral), Enrique Mammarella, remarcó la gravedad de la cuestión presupuestaria y dijo que en Santa Fe la situación es "crítica".
"Cuando uno pierde esa masa crítica y además no hay ningún incentivo para que nadie arranque la carrera, el maltrato o destrato permanente en redes, el bajo nivel salarial, en cinco, seis, siete años vamos a encontrar una universidad nacional prácticamente devastada", aseguró en declaraciones públicas.
En la UNR (Universidad Nacional de Rosario) el panorama es similar. Según detalló el secretario general de la Coad, "actualmente un docente que recién se inicia con una carga de 8 horas de trabajo diarias cobra apenas un salario básico de $ 743.000. Sumando el concepto de garantía salarial, obtenido después de las marchas del año pasado, apenas llega al millón de pesos".
"Se está produciendo un éxodo docente. Hay concursos que quedan desiertos, se abren las convocatorias y no hay quienes se anoten. Los profesionales ya ven como imposible subsistir con un salario docente, antes sabían que tenían posibilidades de ganar mejor en el sector privado, pero apostaban a la universidad pública. Hoy ya no lo pueden hacer más y se producen vacíos importantes en las cátedras", asegura el secretario, y afirma que "estamos asistiendo a un verdadero vaciamiento del sistema universitario".
La rectora de la UNCo (Universidad del Comahue), Beatriz Gentile, expresó que en mayo renunciaron 18 docentes a cargos regulares. "El desfinanciamiento por goteo del Gobierno nacional a las universidades nacionales impacta en las renuncias", advirtió, en diálogo con el Diario Río Negro. Desde el año pasado se registran 98 renuncias a cargos regulares, y remarcan que es apenas la punta del iceberg, ya que la situación se profundiza en el caso de los cargos interinos, quienes tienen condiciones de trabajo más precarias.
A esta problemática se suman la UNSJ y la UBA, que también evidencian un alto número de renuncias. La crisis, sin embargo, ha impactado de distintas maneras en todas las casas de estudio. Y en mayor o menor medida, todas sufrieron la caída de la inversión en investigación, bienestar estudiantil e infraestructura universitaria.
El panorama de los investigadores es un capítulo aparte: el año pasado se eliminaron 3.666 empleos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se recortaron becas de investigación y unos 250 científicos de doctorado y posdoctorado quedaron fuera del CONICET luego de que el Gobierno decidiera no renovar sus contratos.
La lucha que se viene
La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, denunció la falta de respuestas del Gobierno nacional y subrayó la necesidad de avanzar con la ley de financiamiento universitario. "Hoy se complica hasta organizar salidas de campo. Muchas becas ya han sido recortadas, y así es muy difícil sostener el funcionamiento de la universidad pública", expresó.
El segundo cuatrimestre debería comenzar en agosto, tras el receso invernal. Sin embargo, Botto anticipó que algunas facultades de la UNPSJB están debatiendo si podrán continuar con las actividades: "Se está discutiendo si se empiezan las clases, si se toman exámenes, porque es muy complicado continuar en estas condiciones".
Mientras tanto, la comunidad universitaria le da continuidad a las distintas acciones de lucha. Los gremios debatirán en los próximos días la adhesión a otra medida de fuerza la semana del 23 al 27 de junio, a la par de la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria.
Esta semana que termina se llevó adelante una nueva jornada de paro los días 11 y 12 en reclamo por la recomposición salarial. En el marco de la presentación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario que busca garantizar las partidas correspondientes para el funcionamiento del sistema universitario-científico, los trabajadores exigen aumentos salariales y denuncian que desde el 2024 no hay discusiones paritarias con el Gobierno. La situación es crítica en todo el país, y en muchas universidades ya se ve el éxodo de docentes e investigadores, y debaten si iniciarán el segundo semestre.
El 28 de mayo el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) presentó en el Congreso un nuevo proyecto de presupuesto para las universidades, tras el veto presidencial del año pasado. Es por ello que el texto enfatiza que las medidas planteadas no atentan contra el equilibrio fiscal ni suponen la creación de nuevos impuestos.
Tras una reunión entre autoridades universitarias, sindicalistas docentes y no docentes, representantes de estudiantes y legisladores de Unión por la Patria, la UCR, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, se acordó el debate de un texto consensuado este miércoles 18 de junio.
Además del presentado por el CIN, hay proyectos de los diputados Danya Tavela (del sector de Evolución Radical, con acompañamiento de Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica); el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria) y el Frente de Izquierda.
A pesar de las diferencias, todos los proyectos apuntan a la actualización del presupuesto universitario tomando como referencia los índices de inflación, al tiempo que reconocen el valor social de la educación superior en Argentina.
De acuerdo a las cifras aportadas en el encuentro en Diputados, el presupuesto universitario registra una caída del 22,1% en 2024 y se proyecta una reducción adicional del 29,9% en 2025, lo cual implicaría una disminución total del 45,3% en términos reales respecto a 2023.
"La universidad no tiene que ser una variable de ajuste. Las universidades públicas ayudan a achicar la desigualdad, dando a muchos jóvenes la chance de estudiar y tener un futuro mejor. Por eso tienen que haber más Becas Progresar y de mayor monto. Los estudiantes no deben elegir entre viajar, comprar apuntes o comer", expresó el presidente de Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, dijo que "en el Congreso se deben discutir los proyectos sobre financiamiento universitario para seguir defendiendo la educación y garantizar salarios dignos para los trabajadores".
Cabe recordar que el proyecto presentado el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados -con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención- y en el Senado -con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención- pero vetado rápidamente por el presidente Javier Milei al argumentar que impedirá cualquier normativa que "atente contra el equilibrio fiscal".
A pesar de que el CIN remarcó que la propuesta implicaba un costo fiscal de apenas 0,14% del PBI (equivalente a $783.595 millones), la Oficina del Presidente anunció el veto la misma semana que se llevaba a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria.
Repudio y organización estudiantil contra el ajuste libertario en las universidades públicas
Según se desprende del texto del nuevo proyecto, este no implicará la creación de nuevos impuestos que afecten el equilibrio fiscal. Sin embargo, no hay certezas sobre lo que decidirá el Presidente, quien en los últimos días adelantó que vetará el aumento reciente a jubilados, en línea con su postura del déficit cero. Mientras tanto, trabajadores y estudiantes sufren las consecuencias del ajuste que se hace cada vez más evidente.
La mitad del presupuesto
Los reclamos universitarios se producen en medio de una situación crítica que viene empeorando desde los últimos dos años a raíz de la prórroga de los presupuestos nacionales que derivaron en un complejo escenario: hoy las universidades deben funcionar con las mismas partidas del 2023, lo que ha obligado a la paralización de obras y el congelamiento de salarios y becas.
Para el 2025, el CIN había pedido un presupuesto de 7,2 billones de pesos, pero el Gobierno otorgó solo 3,3 billones, lo que representa apenas el 0,43% del PBI. La asignación de partidas para este año muestra una disminución al 0,91% del PBI respecto del año anterior, muy por debajo del mínimo necesario para garantizar el funcionamiento adecuado.
Por otro lado, los salarios se vieron profundamente afectados a partir del 2023. Desde CONADU Histórica señalaron que de noviembre de 2023 a abril del presente año, la inflación acumulada fue del 204,8%, mientras que los salarios percibieron aumentos de 90,4%, lo que deja una desfasaje de -114,4%, lo que deriva en una pérdida del poder adquisitivo del 34%.
Actualmente, más del 60% de los trabajadores docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. En abril, por ejemplo, el docente con el cargo más alto (titular con dedicación exclusiva de 40 horas semanales) percibió un mínimo de $1.310.592, apenas superando la línea de pobreza, ubicada en $1.110.063. Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva de 20 horas semanales cobró un mínimo de $439.016.
https://www.instagram.com/p/DJ1yB5kRmzF/?hl=es&img_index=5
En este escenario, el nuevo proyecto plantea garantizar las partidas para el presupuesto general de funcionamiento, el bienestar estudiantil y los salarios docentes. Establece el aumento de los valores de las becas (que permanecen congeladas desde el 2023), así como el fortalecimiento de becas estratégicas para asegurar la permanencia y continuidad de los sectores más desfavorecidos del estudiantado.
Además, establece que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
Exodo de investigadores y docentes
En algunas universidades, las autoridades expresaron preocupación por las renuncias de docentes a raíz de la falta de recomposición salarial. El rector de la UNL (Universidad Nacional del Litoral), Enrique Mammarella, remarcó la gravedad de la cuestión presupuestaria y dijo que en Santa Fe la situación es "crítica".
"Cuando uno pierde esa masa crítica y además no hay ningún incentivo para que nadie arranque la carrera, el maltrato o destrato permanente en redes, el bajo nivel salarial, en cinco, seis, siete años vamos a encontrar una universidad nacional prácticamente devastada", aseguró en declaraciones públicas.
En la UNR (Universidad Nacional de Rosario) el panorama es similar. Según detalló el secretario general de la Coad, "actualmente un docente que recién se inicia con una carga de 8 horas de trabajo diarias cobra apenas un salario básico de $ 743.000. Sumando el concepto de garantía salarial, obtenido después de las marchas del año pasado, apenas llega al millón de pesos".
"Se está produciendo un éxodo docente. Hay concursos que quedan desiertos, se abren las convocatorias y no hay quienes se anoten. Los profesionales ya ven como imposible subsistir con un salario docente, antes sabían que tenían posibilidades de ganar mejor en el sector privado, pero apostaban a la universidad pública. Hoy ya no lo pueden hacer más y se producen vacíos importantes en las cátedras", asegura el secretario, y afirma que "estamos asistiendo a un verdadero vaciamiento del sistema universitario".
La rectora de la UNCo (Universidad del Comahue), Beatriz Gentile, expresó que en mayo renunciaron 18 docentes a cargos regulares. "El desfinanciamiento por goteo del Gobierno nacional a las universidades nacionales impacta en las renuncias", advirtió, en diálogo con el Diario Río Negro. Desde el año pasado se registran 98 renuncias a cargos regulares, y remarcan que es apenas la punta del iceberg, ya que la situación se profundiza en el caso de los cargos interinos, quienes tienen condiciones de trabajo más precarias.
A esta problemática se suman la UNSJ y la UBA, que también evidencian un alto número de renuncias. La crisis, sin embargo, ha impactado de distintas maneras en todas las casas de estudio. Y en mayor o menor medida, todas sufrieron la caída de la inversión en investigación, bienestar estudiantil e infraestructura universitaria.
El panorama de los investigadores es un capítulo aparte: el año pasado se eliminaron 3.666 empleos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se recortaron becas de investigación y unos 250 científicos de doctorado y posdoctorado quedaron fuera del CONICET luego de que el Gobierno decidiera no renovar sus contratos.
La lucha que se viene
La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, denunció la falta de respuestas del Gobierno nacional y subrayó la necesidad de avanzar con la ley de financiamiento universitario. "Hoy se complica hasta organizar salidas de campo. Muchas becas ya han sido recortadas, y así es muy difícil sostener el funcionamiento de la universidad pública", expresó.
El segundo cuatrimestre debería comenzar en agosto, tras el receso invernal. Sin embargo, Botto anticipó que algunas facultades de la UNPSJB están debatiendo si podrán continuar con las actividades: "Se está discutiendo si se empiezan las clases, si se toman exámenes, porque es muy complicado continuar en estas condiciones".
Mientras tanto, la comunidad universitaria le da continuidad a las distintas acciones de lucha. Los gremios debatirán en los próximos días la adhesión a otra medida de fuerza la semana del 23 al 27 de junio, a la par de la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria.
