El plan de ajuste fiscal de Milei dejó a la salud pública argentina en crisisPor Daniel Cassola
La salud pública en Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A un año y medio del inicio del gobierno de Javier Milei, las consecuencias de su ambicioso plan de ajuste fiscal empiezan a sentirse con fuerza en la vida cotidiana de miles de personas que dependen del sistema público para sobrevivir.
Los efectos no son abstractos ni futuros: ya se observan en hospitales desbordados, tratamientos interrumpidos y una creciente sensación de abandono por parte del Estado. Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de recortes presupuestarios sin precedentes, bajo la premisa de contener la inflación, alcanzar el equilibrio fiscal y eliminar lo que considera "gasto público improductivo".
Entre los sectores más golpeados por esta política está el de la Salud, cuyo presupuesto se redujo un 48% en términos reales, según consigna un artículo de la agencia de noticia AP. El resultado es una erosión acelerada de programas esenciales, recursos humanos y acceso a medicamentos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Uno de los cambios más drásticos fue la eliminación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que proveía medicamentos costosos para enfermedades graves como el cáncer. Desde su cierre, miles de pacientes oncológicos han quedado sin cobertura. En respuesta, han surgido redes informales, como grupos clandestinos en Facebook donde familiares de pacientes fallecidos donan medicación sobrante.
A la vez, se desmantelaron agencias y programas clave, como el Instituto Nacional del Cáncer, lo que derivó en la suspensión de campañas de prevención para cáncer de mama y cuello uterino. También se congelaron los fondos para la inmunización, afectando el acceso a vacunas en un contexto de reemergencia de enfermedades controladas. El país, que había logrado erradicar el sarampión por más de dos décadas, registró recientemente un aumento sostenido de casos.
Recortes de personal
Los recortes de personal han sido masivos. Más de 2.000 empleados del Ministerio de Salud fueron despedidos, lo que impactó directamente en la capacidad operativa del sistema. Areas como la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis han perdido hasta el 76% de su presupuesto y el 40% de su personal. Esto ha provocado demoras en los diagnósticos, interrupciones en tratamientos y escasez de insumos como condones, pruebas rápidas y medicamentos antirretrovirales.
Las estadísticas reflejan el deterioro: los casos de VIH aumentaron un 20% en el último año y los de sífilis un 50%. También creció un 25% la incidencia de tuberculosis. La falta de seguimiento epidemiológico, consecuencia directa del achicamiento del Estado, pone en riesgo no solo a los pacientes, sino a toda la población.
En paralelo, los costos de la salud privada se dispararon. La desregulación del sector provocó aumentos del 250% en medicamentos recetados y del 118% en los planes de salud privados. Esto llevó a que muchos argentinos renunciaran a sus seguros, incrementando la presión sobre los hospitales públicos. En el primer trimestre de 2025, estos centros registraron una suba del 20 al 30% en la demanda de atención.
El modelo estadounidense
El colapso es evidente en hospitales como el Rodolfo Rossi de La Plata o el Garrahan, especializado en pediatría. Las filas interminables, la escasez de medicamentos y la falta de personal son ahora parte del paisaje cotidiano. En el Garrahan, 200 profesionales han abandonado sus puestos desde diciembre y no han sido reemplazados. La sobrecarga llevó a residentes a realizar huelgas en reclamo de salarios que, ajustados por inflación, se redujeron a la mitad.
El enfoque del Gobierno nacional ha sido acercar el sistema argentino al modelo de Estados Unidos, promoviendo una lógica de salud como servicio privado más que como derecho. Durante una visita del secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr., el ministro Mario Lugones anunció una revisión del sistema nacional de salud para alinearlo con el movimiento "Make America Healthy Again".
Sin embargo, hay expertos que advierten que estas transformaciones, lejos de resolver problemas estructurales, agravan la inequidad y dejan expuestas a las personas en situación de vulnerabilidad.
La situación es especialmente grave para los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos costosos. Una demanda judicial sostiene que más de 60 personas con cáncer han fallecido por la suspensión de DADSE y que más de 1.500 siguen sin recibir su medicación.
En nombre del equilibrio fiscal, Argentina está sacrificando uno de sus pilares históricos: el acceso universal y gratuito a la salud. La pregunta que queda en el aire es si el país podrá encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la garantía de derechos fundamentales, antes de que el costo humano se vuelva irreversible.
Fuente: www.curarconopinion.com
Por Daniel Cassola
La salud pública en Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A un año y medio del inicio del gobierno de Javier Milei, las consecuencias de su ambicioso plan de ajuste fiscal empiezan a sentirse con fuerza en la vida cotidiana de miles de personas que dependen del sistema público para sobrevivir.
Los efectos no son abstractos ni futuros: ya se observan en hospitales desbordados, tratamientos interrumpidos y una creciente sensación de abandono por parte del Estado. Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de recortes presupuestarios sin precedentes, bajo la premisa de contener la inflación, alcanzar el equilibrio fiscal y eliminar lo que considera "gasto público improductivo".
Entre los sectores más golpeados por esta política está el de la Salud, cuyo presupuesto se redujo un 48% en términos reales, según consigna un artículo de la agencia de noticia AP. El resultado es una erosión acelerada de programas esenciales, recursos humanos y acceso a medicamentos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Uno de los cambios más drásticos fue la eliminación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que proveía medicamentos costosos para enfermedades graves como el cáncer. Desde su cierre, miles de pacientes oncológicos han quedado sin cobertura. En respuesta, han surgido redes informales, como grupos clandestinos en Facebook donde familiares de pacientes fallecidos donan medicación sobrante.
A la vez, se desmantelaron agencias y programas clave, como el Instituto Nacional del Cáncer, lo que derivó en la suspensión de campañas de prevención para cáncer de mama y cuello uterino. También se congelaron los fondos para la inmunización, afectando el acceso a vacunas en un contexto de reemergencia de enfermedades controladas. El país, que había logrado erradicar el sarampión por más de dos décadas, registró recientemente un aumento sostenido de casos.
Recortes de personal
Los recortes de personal han sido masivos. Más de 2.000 empleados del Ministerio de Salud fueron despedidos, lo que impactó directamente en la capacidad operativa del sistema. Areas como la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis han perdido hasta el 76% de su presupuesto y el 40% de su personal. Esto ha provocado demoras en los diagnósticos, interrupciones en tratamientos y escasez de insumos como condones, pruebas rápidas y medicamentos antirretrovirales.
Las estadísticas reflejan el deterioro: los casos de VIH aumentaron un 20% en el último año y los de sífilis un 50%. También creció un 25% la incidencia de tuberculosis. La falta de seguimiento epidemiológico, consecuencia directa del achicamiento del Estado, pone en riesgo no solo a los pacientes, sino a toda la población.
En paralelo, los costos de la salud privada se dispararon. La desregulación del sector provocó aumentos del 250% en medicamentos recetados y del 118% en los planes de salud privados. Esto llevó a que muchos argentinos renunciaran a sus seguros, incrementando la presión sobre los hospitales públicos. En el primer trimestre de 2025, estos centros registraron una suba del 20 al 30% en la demanda de atención.
El modelo estadounidense
El colapso es evidente en hospitales como el Rodolfo Rossi de La Plata o el Garrahan, especializado en pediatría. Las filas interminables, la escasez de medicamentos y la falta de personal son ahora parte del paisaje cotidiano. En el Garrahan, 200 profesionales han abandonado sus puestos desde diciembre y no han sido reemplazados. La sobrecarga llevó a residentes a realizar huelgas en reclamo de salarios que, ajustados por inflación, se redujeron a la mitad.
El enfoque del Gobierno nacional ha sido acercar el sistema argentino al modelo de Estados Unidos, promoviendo una lógica de salud como servicio privado más que como derecho. Durante una visita del secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr., el ministro Mario Lugones anunció una revisión del sistema nacional de salud para alinearlo con el movimiento "Make America Healthy Again".
Sin embargo, hay expertos que advierten que estas transformaciones, lejos de resolver problemas estructurales, agravan la inequidad y dejan expuestas a las personas en situación de vulnerabilidad.
La situación es especialmente grave para los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos costosos. Una demanda judicial sostiene que más de 60 personas con cáncer han fallecido por la suspensión de DADSE y que más de 1.500 siguen sin recibir su medicación.
En nombre del equilibrio fiscal, Argentina está sacrificando uno de sus pilares históricos: el acceso universal y gratuito a la salud. La pregunta que queda en el aire es si el país podrá encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la garantía de derechos fundamentales, antes de que el costo humano se vuelva irreversible.
Fuente: www.curarconopinion.com
