Neuquén busca restringir el acceso a eventos para deudores alimentarios: radiografía de un derecho vulnerado en todo el paísUn proyecto presentado recientemente en la ciudad patagónica pone el foco sobre una problemática extendida en toda la Argentina: más de la mitad de las madres no reciben la cuota alimentaria, y muchas de quienes sí la reciben lo hacen de manera irregular. La "cuota alimentaria" supone mucho más que los alimentos, e implica reconocer las desigualdades estructurales entre varones y mujeres a la hora de distribuir las tareas de cuidado. En el debate subyacen otras problemáticas de fondo: la pobreza de los hogares monomarentales, la vulneración de los derechos de las infancias y los múltiples obstáculos que enfrentan las madres para acceder a la Justicia.
El diputado provincial Francisco Lepore (Avanzar), en alianza con otros espacios, presentó recientemente en la Legislatura neuquina un proyecto de ley para prohibir el acceso a espectáculos públicos, eventos deportivos y culturales, fiestas populares y actividades de entretenimiento masivo, a toda persona inscripta en los registros de deudores alimentarios morosos y de violencia familiar y de género.
La restricción alcanzará a todos los eventos de carácter pago que superen los mil asistentes, y los organizadores que no cumplan podrán ser sancionados con una multa equivalente a un porcentaje de la recaudación total.
El proyecto también prevé la implementación de sistemas de verificación para cruzar la información de los asistentes con registros oficiales, utilizando herramientas tecnológicas provistas por el Estado provincial.
"La negativa de alimentos es una forma de violencia económica que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes, quienes dependen de estos recursos para su desarrollo integral. Asimismo, la violencia familiar y de género constituye una grave violación de los derechos humanos que debe ser combatida con medidas contundentes en el ámbito local", expresaron los diputados en los fundamentos de la ley. Y subraya que la cuota alimentaria "no se concibe sólo como una carga legal, sino como una manifestación tangible del deber de cuidado".
La iniciativa, que tomó estado parlamentario, se discutirá en tres comisiones: Desarrollo Humano, Asuntos Constitucionales y Hacienda.
La medida no es la única en el país, otras provincias han avanzado en la aprobación de proyectos similares para reforzar el derecho a la alimentación y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
"Si tenés 480.000 pesos para pagar una platea San Martín o Belgrano media es una inmoralidad no pasar alimentos a tus hijos. Esta ley, que aprobamos en la Legislatura en diciembre, es un acto de Justicia", escribió el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) en el marco de los partidos de las eliminatorias sudamericanas a principios de año. De Gaiso se refirió a la normativa aprobada en 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece limitaciones en el acceso a actividades recreativas para quienes incumplen con la cuota alimentaria.
Cabe remarcar que el incumplimiento de la cuota alimentaria está contemplado como un acto de violencia de género económica y patrimonial, según la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, aunque el registro como deudor alimentario y las limitaciones que ello supone dependen de cada provincia.
Madres solas y pobreza infantil
En todo el país la falta de pago de la cuota afecta a un millón de hogares encabezados únicamente por mujeres (monomarentales), y a más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a datos del 2024 recogidos por UNICEF, más de la mitad de las madres que viven en Argentina no reciben la cuota alimentaria (56%) cuando el padre no habita en la vivienda y esa proporción asciende (68%) si se toman en cuenta a quienes no la reciben de manera regular.
Entre quienes no perciben la cuota, seis de cada 10 indica que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa y, entre las que sí, un 24% afirma que no es suficiente para cubrir los gastos de las niñas y los niños.
Por otro lado, dos de cada tres hogares monomarentales no perciben alimentos en tiempo y forma, y en los últimos años el ingreso promedio de estos hogares fue casi 20% más bajo que en los demás. En 2023 la pobreza infantil en los hogares monomarentales fue del 58,6% (versus 46,9% en hogares nucleares) y la indigencia infantil fue del 21,7% (versus 11,3% en hogares nucleares).
Entre los motivos por los cuales los padres no pagan la cuota, el principal es la falta o la mala relación con la madre y/o con los niños y niñas (61%). La falta de trabajo o insuficiencia de gasto representa apenas el 24% de los casos.
Los altos índices de incumplimientos se combinan con un escenario de fuerte feminización de la pobreza: según un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del 2023, el 85% de las familias monoparentales están a cargo de una mujer. De este total, el 68,3% vive bajo la línea de pobreza, y 23,6% son indigentes.
Para sistematizar estos datos y garantizar el cumplimento, en los últimos 25 años se impulsó la creación de registros de deudores alimentarios. Las condiciones para ser considerado como tal y las restricciones que esto acarrea dependen de cada provincia. En general, la anotación en el registro debe ser ordenada por un juez.
El primer Registro de Deudores Alimentarios morosos de Argentina fue creado en 1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los 2000 en adelante otras provincias avanzaron en la creación de registros. Chubut lo hizo en 2010, mediante la Ley 4.616, que fue modificada a lo largo de los años.
En la actualidad, el Registro de Alimentantes Morosos de Chubut registra a toda persona que no haya cumplido con sus obligaciones sanitarias establecidas por sentencia judicial firme. Se considera "alimentante moroso" a quien adeude, total o parcialmente, dos cuotas consecutivas o tres alternadas.
Estar registrado como alimentante moroso en Chubut implica restricciones a diversas actividades relacionadas a la adjudicación de viviendas y terrenos o la inscripción en trámites de titularidad relativos a los organismos del Estado Provincial.
Cifras que no reflejan la realidad
Aunque las medidas que restringen el acceso a eventos o el monitoreo a través de registros permiten mayor control y cumplimiento de las obligaciones, no soluciona el problema de fondo ligado al difícil acceso de las mujeres a la justicia y la desigual distribución de tareas de crianza.
"El registro es la última instancia. Hay que mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, que son quienes sufren en mayor medida esta problemática, y no solo concentrarse en los registros de deudores", expresó Sabrina Catarabia, coordinadora del Informe sobre el Incumplimiento de la Obligación Alimentaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a datos correspondientes a agosto del 2024, en Argentina hay cerca de 11 mil deudores alimentarios registrados. El mayor número se concentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2900), Mendoza (1536), Salta (1264) y provincia de Buenos Aires (1023). En la Patagonia, la cifra más alta se registra en Río Negro (1008), seguida de Neuquén (439), Santa Cruz (19) y Chubut (4).
Sin embargo, especialistas afirman que los números podrían no reflejar la realidad de cientos de mujeres y niños. "La inmensa mayoría de los que no pagan no están en los registros ni se les llega a hacer juicio", advierte Cartabia.
Para subsanar la deuda estructural de la cuota alimentaria de niños, niñas y adolescentes, en 2023 el INDEC lanzó el Índice de Crianza, una herramienta que mide el costo económico de crianza, que incluye tanto bienes y servicios (alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y otros bienes) así como el costo del cuidado (considerando el valor económico del tiempo dedicado al cuidado).
El último informe del INDEC muestra que el valor mensual del índice para cada uno de los tramos de edad, correspondiente a mayo de 2025 es de $410.587 para los menores de un año, de $487.908 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $410.302 para los de 4 a 5 años y de $516.113 para los de 6 a 12 años. La cuota estipulada por la justicia suele quedar por debajo de ese valor mensual.
De acuerdo a un diagnóstico elaborado por Fundar, el Indice "muestra resultados preliminares prometedores, en tanto reduce los tiempos de decisión judicial y aumenta los montos. No obstante, aún son pocos casos y requiere de mayor impulso". A la fecha son apenas una decena de fallos y sentencias que lo han incorporado.
Por otro lado, la excesiva burocratización de los procesos judiciales tiende a actuar como obstáculo para garantizar este derecho, ya que la determinación del monto y la sanción en caso de incumplimiento dependen enteramente del Poder Judicial.
"Dilaciones, burocratización, falta de información, falta de Patrocinio Jurídico para las progenitoras
afectadas, Códigos Procesales arcaicos, falta de perspectiva de género y niñez, no implementación efectiva de las sanciones por incumplimiento, inexistencia de registros de deudores operativamente eficaces; son algunas de las fallas recurrentes que se encuentran en los circuitos de estas situaciones", se subraya en un Informe del 2023 sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Y en este sentido remarcan que el gran problema de las mujeres es el acceso a la justicia, "con procesos que no pueden pagar y demoras que hacen muy difícil sostener un juicio". En segundo lugar, destacan la ejecución del pago, porque lo más difícil es que haya cumplimiento aun cuando hay sentencia.
"Por esa razón se han implementado en todo el país desde finales de la década del ‘90 los registros de deudores alimentarios que se aplican cuando ya ha finalizado el juicio pero no se cumple con la sentencia y no hay pago. Sin embargo esta herramienta ha demostrado ser ineficaz para lograr su cometido", advierte el informe.
La investigación elaborada por el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires llega a conclusiones similares al registrar "infinidad de casos individuales de frustración y falta de acceso a derechos para mujeres, niñas, niños y adolescentes pero, en realidad, es el síntoma de una situación a nivel estructural que funciona injustamente en nuestra comunidad: la forma en la que se distribuyen y (no) se valoran las tareas de cuidado".
El informe muestra que más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Y dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. La proporción de mujeres que indican no percibir la cuota alimentaria parece no tener correspondencia con las cifras de deudores alimentarios, en ocasiones muy bajas en relación a la cantidad de habitantes, tal como es el caso de la provincia de Buenos Aires.
Especialistas y organizaciones ensayan respuestas para afianzar el cumplimiento de un derecho de niños, niñas y adolescentes, con propuestas como unificar los registros, ampliar el acceso a la justicia, expandir el uso del Indice de Crianza, crear canastas provinciales y sistematizar las estadísticas.
Propuestas como la recientemente presentada en Neuquén buscan poner el foco en una realidad común y muchas veces naturalizada que atenta contra los derechos de millones de niños y niñas.
Un proyecto presentado recientemente en la ciudad patagónica pone el foco sobre una problemática extendida en toda la Argentina: más de la mitad de las madres no reciben la cuota alimentaria, y muchas de quienes sí la reciben lo hacen de manera irregular. La "cuota alimentaria" supone mucho más que los alimentos, e implica reconocer las desigualdades estructurales entre varones y mujeres a la hora de distribuir las tareas de cuidado. En el debate subyacen otras problemáticas de fondo: la pobreza de los hogares monomarentales, la vulneración de los derechos de las infancias y los múltiples obstáculos que enfrentan las madres para acceder a la Justicia.
El diputado provincial Francisco Lepore (Avanzar), en alianza con otros espacios, presentó recientemente en la Legislatura neuquina un proyecto de ley para prohibir el acceso a espectáculos públicos, eventos deportivos y culturales, fiestas populares y actividades de entretenimiento masivo, a toda persona inscripta en los registros de deudores alimentarios morosos y de violencia familiar y de género.
La restricción alcanzará a todos los eventos de carácter pago que superen los mil asistentes, y los organizadores que no cumplan podrán ser sancionados con una multa equivalente a un porcentaje de la recaudación total.
El proyecto también prevé la implementación de sistemas de verificación para cruzar la información de los asistentes con registros oficiales, utilizando herramientas tecnológicas provistas por el Estado provincial.
"La negativa de alimentos es una forma de violencia económica que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes, quienes dependen de estos recursos para su desarrollo integral. Asimismo, la violencia familiar y de género constituye una grave violación de los derechos humanos que debe ser combatida con medidas contundentes en el ámbito local", expresaron los diputados en los fundamentos de la ley. Y subraya que la cuota alimentaria "no se concibe sólo como una carga legal, sino como una manifestación tangible del deber de cuidado".
La iniciativa, que tomó estado parlamentario, se discutirá en tres comisiones: Desarrollo Humano, Asuntos Constitucionales y Hacienda.
La medida no es la única en el país, otras provincias han avanzado en la aprobación de proyectos similares para reforzar el derecho a la alimentación y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
"Si tenés 480.000 pesos para pagar una platea San Martín o Belgrano media es una inmoralidad no pasar alimentos a tus hijos. Esta ley, que aprobamos en la Legislatura en diciembre, es un acto de Justicia", escribió el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) en el marco de los partidos de las eliminatorias sudamericanas a principios de año. De Gaiso se refirió a la normativa aprobada en 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece limitaciones en el acceso a actividades recreativas para quienes incumplen con la cuota alimentaria.
Cabe remarcar que el incumplimiento de la cuota alimentaria está contemplado como un acto de violencia de género económica y patrimonial, según la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, aunque el registro como deudor alimentario y las limitaciones que ello supone dependen de cada provincia.
Madres solas y pobreza infantil
En todo el país la falta de pago de la cuota afecta a un millón de hogares encabezados únicamente por mujeres (monomarentales), y a más de 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a datos del 2024 recogidos por UNICEF, más de la mitad de las madres que viven en Argentina no reciben la cuota alimentaria (56%) cuando el padre no habita en la vivienda y esa proporción asciende (68%) si se toman en cuenta a quienes no la reciben de manera regular.
Entre quienes no perciben la cuota, seis de cada 10 indica que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa y, entre las que sí, un 24% afirma que no es suficiente para cubrir los gastos de las niñas y los niños.
Por otro lado, dos de cada tres hogares monomarentales no perciben alimentos en tiempo y forma, y en los últimos años el ingreso promedio de estos hogares fue casi 20% más bajo que en los demás. En 2023 la pobreza infantil en los hogares monomarentales fue del 58,6% (versus 46,9% en hogares nucleares) y la indigencia infantil fue del 21,7% (versus 11,3% en hogares nucleares).
Entre los motivos por los cuales los padres no pagan la cuota, el principal es la falta o la mala relación con la madre y/o con los niños y niñas (61%). La falta de trabajo o insuficiencia de gasto representa apenas el 24% de los casos.
Los altos índices de incumplimientos se combinan con un escenario de fuerte feminización de la pobreza: según un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del 2023, el 85% de las familias monoparentales están a cargo de una mujer. De este total, el 68,3% vive bajo la línea de pobreza, y 23,6% son indigentes.
Para sistematizar estos datos y garantizar el cumplimento, en los últimos 25 años se impulsó la creación de registros de deudores alimentarios. Las condiciones para ser considerado como tal y las restricciones que esto acarrea dependen de cada provincia. En general, la anotación en el registro debe ser ordenada por un juez.
El primer Registro de Deudores Alimentarios morosos de Argentina fue creado en 1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los 2000 en adelante otras provincias avanzaron en la creación de registros. Chubut lo hizo en 2010, mediante la Ley 4.616, que fue modificada a lo largo de los años.
En la actualidad, el Registro de Alimentantes Morosos de Chubut registra a toda persona que no haya cumplido con sus obligaciones sanitarias establecidas por sentencia judicial firme. Se considera "alimentante moroso" a quien adeude, total o parcialmente, dos cuotas consecutivas o tres alternadas.
Estar registrado como alimentante moroso en Chubut implica restricciones a diversas actividades relacionadas a la adjudicación de viviendas y terrenos o la inscripción en trámites de titularidad relativos a los organismos del Estado Provincial.
Cifras que no reflejan la realidad
Aunque las medidas que restringen el acceso a eventos o el monitoreo a través de registros permiten mayor control y cumplimiento de las obligaciones, no soluciona el problema de fondo ligado al difícil acceso de las mujeres a la justicia y la desigual distribución de tareas de crianza.
"El registro es la última instancia. Hay que mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, que son quienes sufren en mayor medida esta problemática, y no solo concentrarse en los registros de deudores", expresó Sabrina Catarabia, coordinadora del Informe sobre el Incumplimiento de la Obligación Alimentaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a datos correspondientes a agosto del 2024, en Argentina hay cerca de 11 mil deudores alimentarios registrados. El mayor número se concentra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2900), Mendoza (1536), Salta (1264) y provincia de Buenos Aires (1023). En la Patagonia, la cifra más alta se registra en Río Negro (1008), seguida de Neuquén (439), Santa Cruz (19) y Chubut (4).
Sin embargo, especialistas afirman que los números podrían no reflejar la realidad de cientos de mujeres y niños. "La inmensa mayoría de los que no pagan no están en los registros ni se les llega a hacer juicio", advierte Cartabia.
Para subsanar la deuda estructural de la cuota alimentaria de niños, niñas y adolescentes, en 2023 el INDEC lanzó el Índice de Crianza, una herramienta que mide el costo económico de crianza, que incluye tanto bienes y servicios (alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y otros bienes) así como el costo del cuidado (considerando el valor económico del tiempo dedicado al cuidado).
El último informe del INDEC muestra que el valor mensual del índice para cada uno de los tramos de edad, correspondiente a mayo de 2025 es de $410.587 para los menores de un año, de $487.908 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $410.302 para los de 4 a 5 años y de $516.113 para los de 6 a 12 años. La cuota estipulada por la justicia suele quedar por debajo de ese valor mensual.
De acuerdo a un diagnóstico elaborado por Fundar, el Indice "muestra resultados preliminares prometedores, en tanto reduce los tiempos de decisión judicial y aumenta los montos. No obstante, aún son pocos casos y requiere de mayor impulso". A la fecha son apenas una decena de fallos y sentencias que lo han incorporado.
Por otro lado, la excesiva burocratización de los procesos judiciales tiende a actuar como obstáculo para garantizar este derecho, ya que la determinación del monto y la sanción en caso de incumplimiento dependen enteramente del Poder Judicial.
"Dilaciones, burocratización, falta de información, falta de Patrocinio Jurídico para las progenitoras
afectadas, Códigos Procesales arcaicos, falta de perspectiva de género y niñez, no implementación efectiva de las sanciones por incumplimiento, inexistencia de registros de deudores operativamente eficaces; son algunas de las fallas recurrentes que se encuentran en los circuitos de estas situaciones", se subraya en un Informe del 2023 sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Y en este sentido remarcan que el gran problema de las mujeres es el acceso a la justicia, "con procesos que no pueden pagar y demoras que hacen muy difícil sostener un juicio". En segundo lugar, destacan la ejecución del pago, porque lo más difícil es que haya cumplimiento aun cuando hay sentencia.
"Por esa razón se han implementado en todo el país desde finales de la década del ‘90 los registros de deudores alimentarios que se aplican cuando ya ha finalizado el juicio pero no se cumple con la sentencia y no hay pago. Sin embargo esta herramienta ha demostrado ser ineficaz para lograr su cometido", advierte el informe.
La investigación elaborada por el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires llega a conclusiones similares al registrar "infinidad de casos individuales de frustración y falta de acceso a derechos para mujeres, niñas, niños y adolescentes pero, en realidad, es el síntoma de una situación a nivel estructural que funciona injustamente en nuestra comunidad: la forma en la que se distribuyen y (no) se valoran las tareas de cuidado".
El informe muestra que más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Y dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. La proporción de mujeres que indican no percibir la cuota alimentaria parece no tener correspondencia con las cifras de deudores alimentarios, en ocasiones muy bajas en relación a la cantidad de habitantes, tal como es el caso de la provincia de Buenos Aires.
Especialistas y organizaciones ensayan respuestas para afianzar el cumplimiento de un derecho de niños, niñas y adolescentes, con propuestas como unificar los registros, ampliar el acceso a la justicia, expandir el uso del Indice de Crianza, crear canastas provinciales y sistematizar las estadísticas.
Propuestas como la recientemente presentada en Neuquén buscan poner el foco en una realidad común y muchas veces naturalizada que atenta contra los derechos de millones de niños y niñas.
