Reforma de la PFA y semiautomáticas libres: la Argentina de MileiPor Gabriela Figueroa
"El que quiera andar armado, que ande armado" decía a la prensa Patricia Bullrich hace seis años, cuando también era ministra de Seguridad de la Nación y defendía al policía de la Bonaerense Luis Chocobar, acusado de gatillo fácil tras haber asesinado por la espalda a un adolescente que le había robado a un turista. Ese cambio de paradigma que tanto añoraba Bullrich en el macrismo comenzó a cosecharse en la gestión de Javier Milei. A poco menos de un mes del vencimiento de las facultades delegadas del Congreso por la Ley Bases, el presidente publicó en cuestión de horas sendos decretos que reglamentan aspectos de la política de seguridad y cuya lectura debe hacerse a la luz de todas las medidas aprobadas en la materia durante los 18 meses de gestión de La Libertad Avanza. Desde la aprobación del protocolo antipiquetes, pasando por la creación del Comando Unificado Federal que habilita la coordinación interfuerzas dentro del territorio nacional, la unidad de prueba de polígrafo para agentes federales, la unidad de ciberpatrullaje, el regreso de la SIDE, la habilitación de armas «menos letales» en las movilizaciones como los lanzagases que hirieron a Pablo Grillo, la ley "antimafias", el proyecto que busca la baja de edad de punibilidad hasta el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). Con este último, a la luz del FBI de Estados Unidos (salvando las distancias), se anunció la creación de una «fuerza de élite» llamada DFI -Departamento Federal de Investigaciones- que tendrá potestad para realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. Si hay hambre, hay represión.
Pero al nuevo paradigma de seguridad nacional que soñaba Bullrich todavía le faltaba las armas. Y esta semana, por medio del Decreto 397/25, Javier Milei decidió avanzar con la desregulación de la adquisición y tenencia de las semiautomáticas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22 LR, en principio "para uso deportivo". Entre los beneficiarios se encuentran las asociaciones de tiro y clubes de caza.
"Todas estas medidas tienen relación directa e inequívoca con la campaña de Patricia Bullrich, fomentada por Milei, acerca de la libre tenencia de armas al estilo cowboy yankee. Lo único que eso garantiza es mayor cantidad de armas en manos de civiles, mayor violencia horizontal permanente", relata a Tiempo la abogada María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Y recuerda que existe infinidad de casos en que, accidentalmente, las personas han matado a seres queridos o a sí mismos al manipular un arma: "no olvidemos aquel militar retirado que, de vacaciones en una casa quinta, le disparó a su nieto que había llegado tarde de bailar y entonces había saltado la tapia para que no lo retaran". Con respecto a las armas semiautomáticas, expresó que se trata de armas de guerra y que por ese motivo tenían un régimen especial. "Nosotros cuestionamos en toda circunstancia la portación de las armas, pero supongamos el caso de una persona que por su actividad, oficio o profesión justifique los estándares mínimos, ahí con un arma semiautomática se requieren otros controles adicionales. Pero acá incluso las están habilitando para el tiro deportivo", exclamó.
Armas en la ciudadanía
Lo que los medios oficialistas celebraron como la "liberación del mercado legal de armas" fue acompañado de otro decreto N° 409/25, que modificó la Ley de Armas y Explosivos y le quitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) el control sobre la tenencia y portación de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. A partir de su vigencia, las autoridades de cada fuerza serán quienes autoricen a sus agentes a la tenencia y portación, y solo notificarán su decisión a la agencia. Cada miembro de las fuerzas tendrá una credencial de legítimo usuario sin fecha de expiración -mientras que para los civiles es de cinco años- salvo que su baja sea solicitada por la autoridad de cada fuerza.
Estas medidas, para Verdú, deben analizarse en consonancia con la desregulación previa de los trámites ante la Anmac: "Se trata de la promoción y defensa de la justicia por mano propia y de la violencia fascista al estilo yankee. Ese es su modelo".
El impacto de la implementación de los últimos decretos aprobados, según la especialista, podría ser el crecimiento de la posesión de armas por parte de los particulares. "Esto se hace a la luz del ejemplo de Estados Unidos en donde se dan muchos tiroteos y masacres en los colegios porque cualquier pibito de 18 años va a un supermercado y se compra un rifle a repetición, un arma automática o semiautomática", apunta.
Verdú afirma que el análisis de todo el conjunto de normas aprobadas en materia de seguridad desde el inicio de la gestión de Milei permite caracterizar a esta etapa "como un verdadero cambio de régimen con suspensión de derechos, garantías y libertades democráticas. No nos parece que pueda aplicarse otra definición, porque hasta nos queda chico aquello que decíamos durante la gestión de Macri, que era un estado de excepción no declarado. Acá te lo declaran y lo sacan por decreto con autorización del Congreso".
Buscan declarar la nulidad del decreto
El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para declarar la nulidad absoluta del reciente decreto 383/25, por el cual se aprobó un nuevo estatuto de la Policía Federal. La iniciativa consideró que el Ejecutivo utilizó la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que en ella no se delegaron facultades legislativas en materia de seguridad. La norma sería violatoria de derechos constitucionales: "el Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas".
A su vez, apuntaron que "la reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administración de la Policía Federal Argentina, sino que modifica las funciones y el sentido de su intervención".
Fuente: Tiempo Argentino
Por Gabriela Figueroa
"El que quiera andar armado, que ande armado" decía a la prensa Patricia Bullrich hace seis años, cuando también era ministra de Seguridad de la Nación y defendía al policía de la Bonaerense Luis Chocobar, acusado de gatillo fácil tras haber asesinado por la espalda a un adolescente que le había robado a un turista. Ese cambio de paradigma que tanto añoraba Bullrich en el macrismo comenzó a cosecharse en la gestión de Javier Milei. A poco menos de un mes del vencimiento de las facultades delegadas del Congreso por la Ley Bases, el presidente publicó en cuestión de horas sendos decretos que reglamentan aspectos de la política de seguridad y cuya lectura debe hacerse a la luz de todas las medidas aprobadas en la materia durante los 18 meses de gestión de La Libertad Avanza. Desde la aprobación del protocolo antipiquetes, pasando por la creación del Comando Unificado Federal que habilita la coordinación interfuerzas dentro del territorio nacional, la unidad de prueba de polígrafo para agentes federales, la unidad de ciberpatrullaje, el regreso de la SIDE, la habilitación de armas «menos letales» en las movilizaciones como los lanzagases que hirieron a Pablo Grillo, la ley "antimafias", el proyecto que busca la baja de edad de punibilidad hasta el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). Con este último, a la luz del FBI de Estados Unidos (salvando las distancias), se anunció la creación de una «fuerza de élite» llamada DFI -Departamento Federal de Investigaciones- que tendrá potestad para realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. Si hay hambre, hay represión.
Pero al nuevo paradigma de seguridad nacional que soñaba Bullrich todavía le faltaba las armas. Y esta semana, por medio del Decreto 397/25, Javier Milei decidió avanzar con la desregulación de la adquisición y tenencia de las semiautomáticas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22 LR, en principio "para uso deportivo". Entre los beneficiarios se encuentran las asociaciones de tiro y clubes de caza.
"Todas estas medidas tienen relación directa e inequívoca con la campaña de Patricia Bullrich, fomentada por Milei, acerca de la libre tenencia de armas al estilo cowboy yankee. Lo único que eso garantiza es mayor cantidad de armas en manos de civiles, mayor violencia horizontal permanente", relata a Tiempo la abogada María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Y recuerda que existe infinidad de casos en que, accidentalmente, las personas han matado a seres queridos o a sí mismos al manipular un arma: "no olvidemos aquel militar retirado que, de vacaciones en una casa quinta, le disparó a su nieto que había llegado tarde de bailar y entonces había saltado la tapia para que no lo retaran". Con respecto a las armas semiautomáticas, expresó que se trata de armas de guerra y que por ese motivo tenían un régimen especial. "Nosotros cuestionamos en toda circunstancia la portación de las armas, pero supongamos el caso de una persona que por su actividad, oficio o profesión justifique los estándares mínimos, ahí con un arma semiautomática se requieren otros controles adicionales. Pero acá incluso las están habilitando para el tiro deportivo", exclamó.
Armas en la ciudadanía
Lo que los medios oficialistas celebraron como la "liberación del mercado legal de armas" fue acompañado de otro decreto N° 409/25, que modificó la Ley de Armas y Explosivos y le quitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) el control sobre la tenencia y portación de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. A partir de su vigencia, las autoridades de cada fuerza serán quienes autoricen a sus agentes a la tenencia y portación, y solo notificarán su decisión a la agencia. Cada miembro de las fuerzas tendrá una credencial de legítimo usuario sin fecha de expiración -mientras que para los civiles es de cinco años- salvo que su baja sea solicitada por la autoridad de cada fuerza.
Estas medidas, para Verdú, deben analizarse en consonancia con la desregulación previa de los trámites ante la Anmac: "Se trata de la promoción y defensa de la justicia por mano propia y de la violencia fascista al estilo yankee. Ese es su modelo".
El impacto de la implementación de los últimos decretos aprobados, según la especialista, podría ser el crecimiento de la posesión de armas por parte de los particulares. "Esto se hace a la luz del ejemplo de Estados Unidos en donde se dan muchos tiroteos y masacres en los colegios porque cualquier pibito de 18 años va a un supermercado y se compra un rifle a repetición, un arma automática o semiautomática", apunta.
Verdú afirma que el análisis de todo el conjunto de normas aprobadas en materia de seguridad desde el inicio de la gestión de Milei permite caracterizar a esta etapa "como un verdadero cambio de régimen con suspensión de derechos, garantías y libertades democráticas. No nos parece que pueda aplicarse otra definición, porque hasta nos queda chico aquello que decíamos durante la gestión de Macri, que era un estado de excepción no declarado. Acá te lo declaran y lo sacan por decreto con autorización del Congreso".
Buscan declarar la nulidad del decreto
El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para declarar la nulidad absoluta del reciente decreto 383/25, por el cual se aprobó un nuevo estatuto de la Policía Federal. La iniciativa consideró que el Ejecutivo utilizó la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que en ella no se delegaron facultades legislativas en materia de seguridad. La norma sería violatoria de derechos constitucionales: "el Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas".
A su vez, apuntaron que "la reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administración de la Policía Federal Argentina, sino que modifica las funciones y el sentido de su intervención".
Fuente: Tiempo Argentino
