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Asesinato de Rafael Nahuel: La Justicia confirmó la condena por "homicidio doloso agravado" para los prefectos de Bullrich

La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa contra cinco miembros de la Agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina por la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, confirmando lo decidido con anterioridad por el Tribunal Oral Federal de General Roca, "entendiendo que los uniformados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa", según informaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entidad querellante que también ha acompañado legalmente, desde la regional barilochense, a los padres del fallecido.

Así, desde la APDH explicaron: "El fallo de Casación ordena ahora al Tribunal de General Roca que gradúe las penas que deben purgar los homicidas Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, quienes además fueron inhabilitados para la función pública". Cabe recordar que, en el juicio de 2023, se fijaron condenas de entre cuatro años y medio y cinco para los prefectos. Resta saber, entonces, si habrá o no variantes al respecto.

El abogado Rubén Marigo, referente de la regional Bariloche de la APDH, hizo hincapié en que "ahora lo más importante, en el contexto político y judicial actual, es que se sigue considerando que es un delito doloso".

De esa manera, en la entidad de derechos humanos remarcaron que el fallo "desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formularon Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña, y que estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich". Aunque advirtieron: "La sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente".

Más allá de eso, desde la APDH instaron a "promover, desde la sociedad civil, políticas públicas de seguridad democrática que alienten la formación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, como único reaseguro de una convivencia social en paz y libertad". 

La APDH sentó postura sobre la sentencia definitiva contra el Grupo Albatros

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en la causa, también ha acompañado en todo momento a los padres de Rafael Nahuel, aprecia el fallo condenatorio de la Cámara Federal que desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña, y que estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich.

Al mismo tiempo, la APDH advierte que la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.

Como corolario de lo señalado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a la vez que continuará en su tarea en defensa de los derechos humanos, exigiendo justicia, insta a promover desde la sociedad civil, políticas públicas de seguridad democrática que alienten la formación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos de todas las personas, como único reaseguro de una convivencia social en paz y libertad.

Con información de El Cordillerano y Resumen Latinoamericano