Semana de lucha universitaria federal para que se apruebe la Ley de Financiamiento y ponerle freno a la motosierra En medio de la crisis y con un reclamo vigente por el aumento presupuestario, la comunidad universitaria afronta una nueva semana de lucha, con un paro de 48 horas y una movilización este jueves para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento. Además del ajuste que se profundiza sobre las casas de estudio, reclaman la falta de diálogo con el Gobierno nacional, que se niega a abrir la discusión paritaria.
"Los días 26 y 27 de junio se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas, en reclamo de la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria", precisó la CONADU.
Además, se exige que el Congreso trate la Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) el pasado 28 de mayo.
"Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", concluye la CONADU en su comunicado.
No es la primera medida de fuerza: el último paro se llevó a cabo el 11 y 12 de junio, y desde principios del cuatrimestre el sector universitario encabeza acciones de visibilización y denuncia frente a la crisis presupuestaria.
Desde el gremio informaron que de diciembre del 2023 hasta abril del 2025 los salarios docentes registran una caída del 114%, y desde el año pasado el Gobierno nacional no garantiza la discusión paritaria. Además, apuntan contra el congelamiento de becas y el desfinanciamiento de las actividades científicas.
La crisis que se profundiza
En declaraciones a Informativo FARCO, el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, advirtió la profundización de la crisis, "primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo".
En este sentido, aseguró que "es necesario volver a estar en la calle", y remarcó la necesidad de que el Congreso sancione la Ley de Financiamiento: "Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de quórum, no se pudo tratar la ley, así estamos reclamando que finalmente se trate la ley, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla".
Este escenario, sin embargo, hace que para muchos sea difícil sostener el trabajo docente. De Feo señaló que "muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando".
No son casos aislados: en muchas instituciones universitarias se han producido renuncias y pedidos de licencia sin goces de sueldo. Otros directamente se van al exterior. El éxodo de docentes e investigadores es cada vez más visible frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. "El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes", concluye De Feo.
Distintas universidades como la UNL, UNR, UNCo, UNSJ y UBA señalaron el número creciente de renuncias ante la falta de recomposición salarial.
Según precisó Federico Gayoso, secretario General de la COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), "actualmente un docente que recién se inicia con una carga de 8 horas de trabajo diarias cobra apenas un salario básico de $ 743.000. Sumando el concepto de garantía salarial, obtenido después de las marchas del año pasado, apenas llega al millón de pesos".
"Se está produciendo un éxodo docente. Hay concursos que quedan desiertos, se abren las convocatorias y no hay quienes se anoten. Los profesionales ya ven como imposible subsistir con un salario docente, antes sabían que tenían posibilidades de ganar mejor en el sector privado, pero apostaban a la universidad pública. Hoy ya no lo pueden hacer más y se producen vacíos importantes en las cátedras", asegura el secretario, y afirma que "estamos asistiendo a un verdadero vaciamiento del sistema universitario".
En la UNCo, por ejemplo, se registraron 18 renuncias de cargos regulares en mayo. A la fecha, en total las renuncias ascienden a 98, un escenario que complica el dictado de clases y la continuidad de las cátedras. En la UNL la cifra se eleva a 151, entre profesores y auxiliares.
Un panorama similar se vislumbra en la comunidad científica: el año pasado se eliminaron 3.666 empleos del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. Un informe reciente elaborado por trabajadores del Conicet y la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC muestra que más del 50% de los investigadores evalúa dejar el sistema científico nacional. La razón principal es la económica: actualmente las becas doctorales del Conicet se ubican en los $945.000, un número por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que asciende a $1.110.624.
Una nueva Ley de Financiamiento
El punto central de las acciones de lucha esta semana es el tratamiento de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que se presentó en el Congreso el pasado 28 de mayo y es fruto del trabajo conjunto de distintas organizaciones universitarias. Tras el fallido proyecto del 2024 (que fue rápidamente vetado por el Ejecutivo), la iniciativa promete dar respuesta a la cuestión presupuestaria sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional.
Entre otras cosas, la ley propone destinar partidas para la obra pública universitaria (paralizada desde 2023), aumentar los valores de las becas y ampliarlas a los sectores más desfavorecidos, garantizar la recomposición salarial de acuerdo a la variación de la inflación y asegurar una inversión mínima en presupuesto universitario que para el 2031 pueda alcanzar el 1,5% del PBI.
"Esta iniciativa cuenta con respaldo técnico y financiero y el consenso de toda la comunidad universitaria. Ahora, es responsabilidad de lxs legisladorxs sancionar la Ley de Financiamiento Universitario que obligue al Gobierno de Milei a garantizar recursos suficientes para paliar la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa la universidad pública", señalaron desde el gremio Feduba.
"Buscamos un millón de firmas para llevar al Congreso de la Nación, para pedirle a los diputadas y diputados que nos representan en la Cámara baja que el próximo 2 de julio, que está citada una sesión especial en el Congreso, den quórum para que se pueda emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen el proyecto y en agosto podamos tener una ley de financiamiento aprobada que resuelva el problema de las universidades públicas", declaró, por otro lado, el rector de la UNR, Franco Bartolacci.
En los días previos a la presentación del proyecto, también se debatía la moratoria y la reforma jubilatoria. En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró: "Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar". Desde el CIN remarcaron que la ley no plantea la creación de impuestos ni atenta contra el equilibrio fiscal, en la búsqueda de evitar el veto presidencial que frenó el proyecto del año pasado. Sin embargo, no hay certezas de que el Gobierno de Milei le dé continuidad, sobre todo considerando la falta de respuestas y los reiterados ataques que protagonizó contra la comunidad científico-universitaria.
Actualmente las universidades funcionan con la mitad del presupuesto requerido (3,6 billones de pesos frente a 7,2 que habían exigido para este año), lo que ya está generando serias complicaciones. Si no se aprueba la ley, el segundo cuatrimestre será crítico. Es por ello que bajo la consigna "¡Prendete a defender la universidad pública!" y con diversas convocatorias en todo el país para sumarse a actos, marchas y actividades, el sector universitario se movilizará una vez más en una amplia jornada federal para seguir exigiendo la inversión en educación superior.
En medio de la crisis y con un reclamo vigente por el aumento presupuestario, la comunidad universitaria afronta una nueva semana de lucha, con un paro de 48 horas y una movilización este jueves para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento. Además del ajuste que se profundiza sobre las casas de estudio, reclaman la falta de diálogo con el Gobierno nacional, que se niega a abrir la discusión paritaria.
"Los días 26 y 27 de junio se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas, en reclamo de la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria", precisó la CONADU.
Además, se exige que el Congreso trate la Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) el pasado 28 de mayo.
"Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad", concluye la CONADU en su comunicado.
No es la primera medida de fuerza: el último paro se llevó a cabo el 11 y 12 de junio, y desde principios del cuatrimestre el sector universitario encabeza acciones de visibilización y denuncia frente a la crisis presupuestaria.
Desde el gremio informaron que de diciembre del 2023 hasta abril del 2025 los salarios docentes registran una caída del 114%, y desde el año pasado el Gobierno nacional no garantiza la discusión paritaria. Además, apuntan contra el congelamiento de becas y el desfinanciamiento de las actividades científicas.
La crisis que se profundiza
En declaraciones a Informativo FARCO, el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, advirtió la profundización de la crisis, "primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo".
En este sentido, aseguró que "es necesario volver a estar en la calle", y remarcó la necesidad de que el Congreso sancione la Ley de Financiamiento: "Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de quórum, no se pudo tratar la ley, así estamos reclamando que finalmente se trate la ley, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla".
Este escenario, sin embargo, hace que para muchos sea difícil sostener el trabajo docente. De Feo señaló que "muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando".
No son casos aislados: en muchas instituciones universitarias se han producido renuncias y pedidos de licencia sin goces de sueldo. Otros directamente se van al exterior. El éxodo de docentes e investigadores es cada vez más visible frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. "El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes", concluye De Feo.
Distintas universidades como la UNL, UNR, UNCo, UNSJ y UBA señalaron el número creciente de renuncias ante la falta de recomposición salarial.
Según precisó Federico Gayoso, secretario General de la COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), "actualmente un docente que recién se inicia con una carga de 8 horas de trabajo diarias cobra apenas un salario básico de $ 743.000. Sumando el concepto de garantía salarial, obtenido después de las marchas del año pasado, apenas llega al millón de pesos".
"Se está produciendo un éxodo docente. Hay concursos que quedan desiertos, se abren las convocatorias y no hay quienes se anoten. Los profesionales ya ven como imposible subsistir con un salario docente, antes sabían que tenían posibilidades de ganar mejor en el sector privado, pero apostaban a la universidad pública. Hoy ya no lo pueden hacer más y se producen vacíos importantes en las cátedras", asegura el secretario, y afirma que "estamos asistiendo a un verdadero vaciamiento del sistema universitario".
En la UNCo, por ejemplo, se registraron 18 renuncias de cargos regulares en mayo. A la fecha, en total las renuncias ascienden a 98, un escenario que complica el dictado de clases y la continuidad de las cátedras. En la UNL la cifra se eleva a 151, entre profesores y auxiliares.
Un panorama similar se vislumbra en la comunidad científica: el año pasado se eliminaron 3.666 empleos del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. Un informe reciente elaborado por trabajadores del Conicet y la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC muestra que más del 50% de los investigadores evalúa dejar el sistema científico nacional. La razón principal es la económica: actualmente las becas doctorales del Conicet se ubican en los $945.000, un número por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que asciende a $1.110.624.
Una nueva Ley de Financiamiento
El punto central de las acciones de lucha esta semana es el tratamiento de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que se presentó en el Congreso el pasado 28 de mayo y es fruto del trabajo conjunto de distintas organizaciones universitarias. Tras el fallido proyecto del 2024 (que fue rápidamente vetado por el Ejecutivo), la iniciativa promete dar respuesta a la cuestión presupuestaria sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado nacional.
Entre otras cosas, la ley propone destinar partidas para la obra pública universitaria (paralizada desde 2023), aumentar los valores de las becas y ampliarlas a los sectores más desfavorecidos, garantizar la recomposición salarial de acuerdo a la variación de la inflación y asegurar una inversión mínima en presupuesto universitario que para el 2031 pueda alcanzar el 1,5% del PBI.
"Esta iniciativa cuenta con respaldo técnico y financiero y el consenso de toda la comunidad universitaria. Ahora, es responsabilidad de lxs legisladorxs sancionar la Ley de Financiamiento Universitario que obligue al Gobierno de Milei a garantizar recursos suficientes para paliar la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa la universidad pública", señalaron desde el gremio Feduba.
"Buscamos un millón de firmas para llevar al Congreso de la Nación, para pedirle a los diputadas y diputados que nos representan en la Cámara baja que el próximo 2 de julio, que está citada una sesión especial en el Congreso, den quórum para que se pueda emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen el proyecto y en agosto podamos tener una ley de financiamiento aprobada que resuelva el problema de las universidades públicas", declaró, por otro lado, el rector de la UNR, Franco Bartolacci.
En los días previos a la presentación del proyecto, también se debatía la moratoria y la reforma jubilatoria. En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró: "Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar". Desde el CIN remarcaron que la ley no plantea la creación de impuestos ni atenta contra el equilibrio fiscal, en la búsqueda de evitar el veto presidencial que frenó el proyecto del año pasado. Sin embargo, no hay certezas de que el Gobierno de Milei le dé continuidad, sobre todo considerando la falta de respuestas y los reiterados ataques que protagonizó contra la comunidad científico-universitaria.
Actualmente las universidades funcionan con la mitad del presupuesto requerido (3,6 billones de pesos frente a 7,2 que habían exigido para este año), lo que ya está generando serias complicaciones. Si no se aprueba la ley, el segundo cuatrimestre será crítico. Es por ello que bajo la consigna "¡Prendete a defender la universidad pública!" y con diversas convocatorias en todo el país para sumarse a actos, marchas y actividades, el sector universitario se movilizará una vez más en una amplia jornada federal para seguir exigiendo la inversión en educación superior.
