Ruta 40 a la deriva: tras la pelea por el abandono de Nación, ahora Chubut financiará la reparación de la importante vía de comunicación Tras casi dos años de reclamos y denuncias contra el Gobierno nacional, el pasado martes el gobernador del Chubut firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo por el cual la Provincia se encargará de financiar la reparación de la Ruta 40, fondos que luego Chubut descontará de la deuda exigida por la Nación. Cierra así un período de tensión y de enfrentamientos por los trabajos dejados de lado por Vialidad Nacional que desembocaron en que la trama de las vías nacionales estén en calamitoso estado. Historias del abandono de Nación, el vaciamiento del organismo vial y el constante peligro que deben enfrentar quienes transitan por las detonadas rutas nacionales en Chubut.
Después de la paralización de la obra pública en todo el país y el inicio del plan de privatización de las rutas nacionales, la deteriorada Ruta 40 quedó a la deriva. Desde hace años los conductores exigen el arreglo de tramos críticos que implican un riesgo para la vida. Los caminos alternativos, por otro lado, se vuelven intransitables ante las inclemencias climáticas. La retirada del Estado nacional provocó tensiones con los gobernadores patagónicos, quienes se aliaron para unificar la demanda. En Chubut, Ignacio Torres encabezó un reclamo judicial e insistió con la posibilidad de que la provincia se haga cargo, lo cual se logró días pasados tras un acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación.
Ruta "dinamitada por cráteres"
De acuerdo a un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021, sólo el 31% de la red vial nacional está en buen estado, mientras que el 27,6% se encuentra en estado regular y el 40,7% en mal estado. Es decir que en Argentina el 70% de las rutas nacionales tienen algún tipo de deterioro.
En Patagonia, las más complicadas son la ruta 3 y 40, con tramos prácticamente destruidos. En la Ruta 40, el tramo Facundo-Los Tamariscos está plagado de pozos de ambas manos que obligan a los conductores a tener especial cuidado. Existe un camino alternativo de ripio por el cual los automovilistas suelen optar, pero se vuelve intransitable con las lluvias.
El asfalto de la Ruta 40 está "dinamitado por cráteres". Así lo describió el año pasado el fotógrafo Gustavo Salazar, que suele transportar mercadería entre Río Mayo y Comodoro Rivadavia.
El conductor detalló el estado del camino de ripio, por el kilómetro 1459, tras intensas lluvias y nevadas. El tramo inundado provocó que varios camiones, micros y vehículos quedaran varados. "Si vas por arriba estás horas esquivando pozos y si elegís ir por abajo te encontrás con una semejante laguna", describió.
"Esto confirma que la política está divorciada de la realidad; cuando no conocés el interior ni tenés idea y sólo lo visitás en avión o helicóptero, estás lejos de la necesidad de la gente", expresó Salazar. Y expresó que en la zona se encontró con "solidariad para poder auxiliarse entre sí ya que Vialidad Nacional brilla por su ausencia y van después del problema como siempre".
En 2023 hubo un intento de licitar la pavimentación del tramo de 42 kilómetros. Participaron tres empresas que cotizaron la obra entre 3.450 millones de pesos y 5.108 millones de pesos. Sin embargo, la licitación fue declarada desierta ya que el presupuesto oficial era de 1.820 millones.
Cinco meses más tarde, el 13 de noviembre, se hizo un nuevo llamado a licitación, con un presupuesto elevado a 3.100 millones. La apertura de sobres estaba prevista para el 27 de diciembre. En el medio, fue electo Javier Milei, quien anunció entre sus primeras medidas la suspensión total de la obra pública, por lo que la última licitación no llegó a ser finalizada.
El Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo contemplaba algunas obras para la Patagonia, pero las más urgentes quedaron afuera. Para la Ruta 40, por ejemplo, figuraba una asignación de $3.840 millones, aunque no estaba destinada al tramo más crítico.
A pesar de las demandas de los gobiernos provinciales, el Estado nacional negó cualquier responsabilidad respecto al estado de las rutas. En una conferencia de prensa a finales del año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que existiera algún plan de recuperación o mejoramiento y afirmó: "No tenemos esa prioridad", agregando que el tema no requiere "atención de ningún tipo de preocupación, ni nada que tengamos que ver".
Al abandono de las rutas le siguió la privatización. Tal y como había adelantado, el Gobierno nacional oficializó la venta de las rutas nacionales el 15 de enero, mediante el Decreto 28/2025 que da inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones, y contempla la licitación de varias rutas nacionales de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
De esta manera, busca relegar el mantenimiento de las rutas al sector privado, que mediante licitaciones podrá invertir el capital en la operación y mantenimiento de las trazas.
El plan de privatización implica más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas de la denominada "Ruta del Mercosur". Se estableció un plazo de un año para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas de la Red Vial Nacional.
La demanda contra Nación
Ante el freno a la obra pública, en mayo del año pasado, el gobernador chubutense encaró una demanda judicial contra el Gobierno nacional por el abandono de las rutas nacionales. Junto a la Fiscalía de Estado, denunció a Nación con el objetivo de que la Justicia Federal ordene a Vialidad Nacional la reparación de la Ruta 40, entre el tramo que va desde el límite de Chubut con Santa Cruz hasta el límite de Chubut con Río Negro.
El planteo se centró en la omisión del organismo respecto al mantenimiento de la ruta, lo cual configura responsabilidad estatal de acuerdo a la Ley 26.944. Paralelamente, se solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordenen de forma urgente los trabajos necesarios como la señalización del tramo de la Ruta 40, la realización de caminos alternativos y el relleno de baches. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto.
"Las rutas que son nacionales y que el Gobierno nacional decidió frenar la obra pública cuando tan necesaria es", expresó el gobernador Igancio Torres unos meses más adelante, cuando anunció que el recurso judicial se presentaría en la Corte Suprema.
"Vamos a presentar una demanda para que el Gobierno nacional se haga cargo de la rutas 40 y 25, que son obras que decidió deliberadamente suspender y lamentablemente nos costó varias vidas", advirtió.
Y recordó que "en su momento presentamos un recurso con algunos intendentes y no avanzó. Por eso queremos hacer un recurso ante la Corte para sentar precedentes que cuando las rutas no se mantienen, hay responsabilidad solidaria de quien tiene la responsabilidad de mantenerlas, que es Vialidad Nacional. No hablamos de un desvío sino de vidas que están corriendo peligro", cerró.
Distintos bloques políticos y organizaciones patagónicas se sumaron a la demanda de mantenimiento urgente de los tramos más críticos de las principales rutas de la región.
A principios de año, el bloque patagónico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó un diagnóstico sobre la situación actual de las rutas 3 y 40 y los detalles del plan vial provincial.
"Ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con las otras provincias de la Argentina y con los países vecinos", afirmó la entidad.
"El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales", aseguró.
Y advirtió que "ante la inminente privatización de las rutas nacionales, la mayoría de las que atraviesan la Patagonia, no son rentables como negocio", por lo que consideró "necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país".
En este escenario, Torres denunció que el Gobierno nacional continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos a pesar de no destinar esos fondos a la asignación específica -establecida por ley- del mantenimiento de las rutas nacionales.
"O se eliminan esos impuestos o se descentralizan y nos dan las facultades a las provincias. Ahora, 'hacete cargo provincia' sin darnos la partida que le cobrás a los contribuyentes de las provincias para que las rutas estén en condiciones no solo es injusto, sino ineficiente", expresó en diálogo con A24.
La contraofensiva del Gobierno fue -con la Resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía mediante- ordenar a las estaciones de servicio que informen con calcomanías pegadas en sus surtidores sobre las tasas municipales aplicadas al precio de los combustibles.
Y además de continuar cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin dirigir los fondos para el mantenimiento de las rutas, el Ejecutivo incrementó su valor en diciembre, impactando directamente en el precio de los combustibles. En el proyecto de Presupuesto 2025, que si bien no fue consensuado y en su lugar se prorrogó el proyecto del 2023, figuraba un aumento de este impuesto que pasaba del 0,38% al 0,73% del PBI.
Vaciamiento de Vialidad y abandono
Sin respuestas del Gobierno nacional, la situación se agravó frente al vaciamiento de distintos organismos estatales, entre ellos Vialidad Nacional, uno de los más perjudicados.
En abril, luego de meses de incertidumbre, el secretario general de Vialidad Nacional de Chubut, Ariel Barrionuevo, confirmó el abandono definitivo de la Ruta 40.
"Sólo van a retomar algunas obras en rutas que pueden ser concesionadas, en grandes centros urbanos, pero no es el caso de las rutas que tenemos en Chubut", advirtió Barrionuevo en declaraciones radiales. Y detalló las obras provinciales que fueron suspendidas definitivamente, como la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, el mantenimiento de algunos tramos de la Ruta 25 (entre Las Plumas y Paso de Indios) y del tramo Facundo-Tamariscos.
"Hoy todo lo que tiene que ver con obras en Chubut estaría dando de baja. Se invita a las empresas encargadas a retirarse. Esto genera una gran preocupación porque son rutas muy transitadas y fundamentales para la conectividad de nuestra provincia", agregó.
Precisó que son los trabajadores quienes sostienen los trabajos de mantenimiento: "Estamos trabajando prácticamente como podemos; faltan materiales asfálticos, sal para el invierno y hasta los viáticos para los trabajadores".
"Si no hay mantenimiento, las rutas se vuelven peligrosas y los accidentes aumentan considerablemente. Es fundamental que todos entendamos que sin inversión en infraestructura vial no hay seguridad para nadie", cerró.
Debate por los camiones chilenos
Recientemente el tema volvió a estar en el centro del debate después de que Torres anunciara que enviaría un proyecto a la Legislatura de Chubut para cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros, sobre todo chilenos, que utilizan la ruta de manera cotidiana.
"La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas -aclaró mediante un comunicado-, por eso decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción; y vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos".
La respuesta de Chile no tardó en llegar: los camioneros de la Utramag (Unión de Transportistas de la región de Magallanes) dijeron que "no están dispuestos a pagar una tasa más" para circular por rutas argentinas, y la CNDC (Confederación Nacional de Dueños de Camiones) apeló al Acuerdo de Transporte Nacional Terrestre (ATIT) del Mercosur que garantiza la libre circulación de camiones "sin aplicación de peajes ni trabas unilaterales".
Días más tarde, Torres insistió con la propuesta pero aclaró que la tasa sería para aquellos camiones que circulen con sobrepeso.
"Algunos quieren polemizar lo absurdo. Por ejemplo, la decisión de la provincia de Chubut de hacerse cargo de la construcción en la Ruta 40 y pesar a los camiones que tienen sobrepeso y cobrarles una multa. Es absurdo", expresó, en el medio de un acto de entrega de viviendas en Trelew.
"Quienes nos amenacen del lado de Chile con cortar el paso, no solamente no tiene razón, sino que es ilegal", agregó, en referencia al comunicado de la Utramag que habló de impedirles a los camiones argentinos hacer el cruce entre Tierra del Fuego y el territorio continental como represalia.
Chubut se hace cargo de las rutas
A principios de junio, el gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitar de manera oficial que las obras de mantenimiento de las rutas sean incorporadas al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno nacional, y ejecutadas con fondos provinciales. Cabe recordar que Chubut se convirtió meses atrás en la primera provincia en adherir al "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas", mecanismo mediante el cual firmó un acuerdo de compensación de deudas con Nación.
El mandatario provincial expresó que este paso "nos permitirá desendeudarnos haciendo obras públicas prioritarias para la provincia". De esta forma, la ejecución de los trabajos serán concretados con fondos íntegramente provinciales y luego descontados de la deuda correspondiente al Fondo Fiduciario.
Tras casi dos años de reclamos al Ejecutivo, el pasado martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación, de la que participaron Ignacio Torres, el ministro Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Allí rubricaron el acuerdo por el cual se trasladarán las obras de reparación de la Ruta 40 a la provincia de Chubut.
"Hemos podido incorporar una de las mayores deudas pendientes con nuestra provincia, que es la obra de la Ruta Nacional 40 por la cual transitan día a día miles de ciudadanos y turistas de todo el país y del mundo", señaló Torres, y agregó: "vamos a hacernos cargo de esa obra, como lo hemos hecho con la Doble Trocha Puerto Madryn-Trelew, y representando un beneficio para todos los chubutenses y para todos los que transiten por el territorio provincial".
De esta forma, confirmó que la provincia se hará cargo con fondos propios de los tramos más complicados de la ruta, "que desde hace muchísimo tiempo representa un riesgo para miles de familias".
La obra que llevará adelante la Provincia abarca el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 40 y los empalmes con las rutas nacionales 26 y 23; el trayecto desde el kilómetro 1.636,03 hasta el 1.762,52 de la 40; y el tramo entre el kilómetro 0 y el 39,16 de la Ruta Nacional 259.
El acuerdo también comprende la obra de conservación de la ruta Nacional 25, en el tramo que une Las Plumas con Paso de Indios.
Después de casi dos años de tensiones entre el Gobierno de Milei y los mandatarios patagónicos, en un contexto de brutal ajuste, parece haberse encontrado un camino para un reclamo de larga data: son numerosos los testimonios de conductores que relatan el riesgo de transitar el tramo más complicado de la Ruta 40. Las consecuencias no sólo impactan en el aumento de siniestros viales, sino en la conectividad comercial y turística de la región.
Tras casi dos años de reclamos y denuncias contra el Gobierno nacional, el pasado martes el gobernador del Chubut firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo por el cual la Provincia se encargará de financiar la reparación de la Ruta 40, fondos que luego Chubut descontará de la deuda exigida por la Nación. Cierra así un período de tensión y de enfrentamientos por los trabajos dejados de lado por Vialidad Nacional que desembocaron en que la trama de las vías nacionales estén en calamitoso estado. Historias del abandono de Nación, el vaciamiento del organismo vial y el constante peligro que deben enfrentar quienes transitan por las detonadas rutas nacionales en Chubut.
Después de la paralización de la obra pública en todo el país y el inicio del plan de privatización de las rutas nacionales, la deteriorada Ruta 40 quedó a la deriva. Desde hace años los conductores exigen el arreglo de tramos críticos que implican un riesgo para la vida. Los caminos alternativos, por otro lado, se vuelven intransitables ante las inclemencias climáticas. La retirada del Estado nacional provocó tensiones con los gobernadores patagónicos, quienes se aliaron para unificar la demanda. En Chubut, Ignacio Torres encabezó un reclamo judicial e insistió con la posibilidad de que la provincia se haga cargo, lo cual se logró días pasados tras un acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación.
Ruta "dinamitada por cráteres"
De acuerdo a un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021, sólo el 31% de la red vial nacional está en buen estado, mientras que el 27,6% se encuentra en estado regular y el 40,7% en mal estado. Es decir que en Argentina el 70% de las rutas nacionales tienen algún tipo de deterioro.
En Patagonia, las más complicadas son la ruta 3 y 40, con tramos prácticamente destruidos. En la Ruta 40, el tramo Facundo-Los Tamariscos está plagado de pozos de ambas manos que obligan a los conductores a tener especial cuidado. Existe un camino alternativo de ripio por el cual los automovilistas suelen optar, pero se vuelve intransitable con las lluvias.
El asfalto de la Ruta 40 está "dinamitado por cráteres". Así lo describió el año pasado el fotógrafo Gustavo Salazar, que suele transportar mercadería entre Río Mayo y Comodoro Rivadavia.
El conductor detalló el estado del camino de ripio, por el kilómetro 1459, tras intensas lluvias y nevadas. El tramo inundado provocó que varios camiones, micros y vehículos quedaran varados. "Si vas por arriba estás horas esquivando pozos y si elegís ir por abajo te encontrás con una semejante laguna", describió.
"Esto confirma que la política está divorciada de la realidad; cuando no conocés el interior ni tenés idea y sólo lo visitás en avión o helicóptero, estás lejos de la necesidad de la gente", expresó Salazar. Y expresó que en la zona se encontró con "solidariad para poder auxiliarse entre sí ya que Vialidad Nacional brilla por su ausencia y van después del problema como siempre".
En 2023 hubo un intento de licitar la pavimentación del tramo de 42 kilómetros. Participaron tres empresas que cotizaron la obra entre 3.450 millones de pesos y 5.108 millones de pesos. Sin embargo, la licitación fue declarada desierta ya que el presupuesto oficial era de 1.820 millones.
Cinco meses más tarde, el 13 de noviembre, se hizo un nuevo llamado a licitación, con un presupuesto elevado a 3.100 millones. La apertura de sobres estaba prevista para el 27 de diciembre. En el medio, fue electo Javier Milei, quien anunció entre sus primeras medidas la suspensión total de la obra pública, por lo que la última licitación no llegó a ser finalizada.
El Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo contemplaba algunas obras para la Patagonia, pero las más urgentes quedaron afuera. Para la Ruta 40, por ejemplo, figuraba una asignación de $3.840 millones, aunque no estaba destinada al tramo más crítico.
A pesar de las demandas de los gobiernos provinciales, el Estado nacional negó cualquier responsabilidad respecto al estado de las rutas. En una conferencia de prensa a finales del año pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que existiera algún plan de recuperación o mejoramiento y afirmó: "No tenemos esa prioridad", agregando que el tema no requiere "atención de ningún tipo de preocupación, ni nada que tengamos que ver".
Al abandono de las rutas le siguió la privatización. Tal y como había adelantado, el Gobierno nacional oficializó la venta de las rutas nacionales el 15 de enero, mediante el Decreto 28/2025 que da inicio a la primera etapa del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones, y contempla la licitación de varias rutas nacionales de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
De esta manera, busca relegar el mantenimiento de las rutas al sector privado, que mediante licitaciones podrá invertir el capital en la operación y mantenimiento de las trazas.
El plan de privatización implica más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas de la denominada "Ruta del Mercosur". Se estableció un plazo de un año para llevar a cabo el proceso que implica la licitación de ocho tramos y rutas de la Red Vial Nacional.
La demanda contra Nación
Ante el freno a la obra pública, en mayo del año pasado, el gobernador chubutense encaró una demanda judicial contra el Gobierno nacional por el abandono de las rutas nacionales. Junto a la Fiscalía de Estado, denunció a Nación con el objetivo de que la Justicia Federal ordene a Vialidad Nacional la reparación de la Ruta 40, entre el tramo que va desde el límite de Chubut con Santa Cruz hasta el límite de Chubut con Río Negro.
El planteo se centró en la omisión del organismo respecto al mantenimiento de la ruta, lo cual configura responsabilidad estatal de acuerdo a la Ley 26.944. Paralelamente, se solicitó el dictado de una medida cautelar para que se ordenen de forma urgente los trabajos necesarios como la señalización del tramo de la Ruta 40, la realización de caminos alternativos y el relleno de baches. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto.
"Las rutas que son nacionales y que el Gobierno nacional decidió frenar la obra pública cuando tan necesaria es", expresó el gobernador Igancio Torres unos meses más adelante, cuando anunció que el recurso judicial se presentaría en la Corte Suprema.
"Vamos a presentar una demanda para que el Gobierno nacional se haga cargo de la rutas 40 y 25, que son obras que decidió deliberadamente suspender y lamentablemente nos costó varias vidas", advirtió.
Y recordó que "en su momento presentamos un recurso con algunos intendentes y no avanzó. Por eso queremos hacer un recurso ante la Corte para sentar precedentes que cuando las rutas no se mantienen, hay responsabilidad solidaria de quien tiene la responsabilidad de mantenerlas, que es Vialidad Nacional. No hablamos de un desvío sino de vidas que están corriendo peligro", cerró.
Distintos bloques políticos y organizaciones patagónicas se sumaron a la demanda de mantenimiento urgente de los tramos más críticos de las principales rutas de la región.
A principios de año, el bloque patagónico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó un diagnóstico sobre la situación actual de las rutas 3 y 40 y los detalles del plan vial provincial.
"Ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con las otras provincias de la Argentina y con los países vecinos", afirmó la entidad.
"El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales", aseguró.
Y advirtió que "ante la inminente privatización de las rutas nacionales, la mayoría de las que atraviesan la Patagonia, no son rentables como negocio", por lo que consideró "necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país".
En este escenario, Torres denunció que el Gobierno nacional continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos a pesar de no destinar esos fondos a la asignación específica -establecida por ley- del mantenimiento de las rutas nacionales.
"O se eliminan esos impuestos o se descentralizan y nos dan las facultades a las provincias. Ahora, 'hacete cargo provincia' sin darnos la partida que le cobrás a los contribuyentes de las provincias para que las rutas estén en condiciones no solo es injusto, sino ineficiente", expresó en diálogo con A24.
La contraofensiva del Gobierno fue -con la Resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía mediante- ordenar a las estaciones de servicio que informen con calcomanías pegadas en sus surtidores sobre las tasas municipales aplicadas al precio de los combustibles.
Y además de continuar cobrando el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin dirigir los fondos para el mantenimiento de las rutas, el Ejecutivo incrementó su valor en diciembre, impactando directamente en el precio de los combustibles. En el proyecto de Presupuesto 2025, que si bien no fue consensuado y en su lugar se prorrogó el proyecto del 2023, figuraba un aumento de este impuesto que pasaba del 0,38% al 0,73% del PBI.
Vaciamiento de Vialidad y abandono
Sin respuestas del Gobierno nacional, la situación se agravó frente al vaciamiento de distintos organismos estatales, entre ellos Vialidad Nacional, uno de los más perjudicados.
En abril, luego de meses de incertidumbre, el secretario general de Vialidad Nacional de Chubut, Ariel Barrionuevo, confirmó el abandono definitivo de la Ruta 40.
"Sólo van a retomar algunas obras en rutas que pueden ser concesionadas, en grandes centros urbanos, pero no es el caso de las rutas que tenemos en Chubut", advirtió Barrionuevo en declaraciones radiales. Y detalló las obras provinciales que fueron suspendidas definitivamente, como la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, el mantenimiento de algunos tramos de la Ruta 25 (entre Las Plumas y Paso de Indios) y del tramo Facundo-Tamariscos.
"Hoy todo lo que tiene que ver con obras en Chubut estaría dando de baja. Se invita a las empresas encargadas a retirarse. Esto genera una gran preocupación porque son rutas muy transitadas y fundamentales para la conectividad de nuestra provincia", agregó.
Precisó que son los trabajadores quienes sostienen los trabajos de mantenimiento: "Estamos trabajando prácticamente como podemos; faltan materiales asfálticos, sal para el invierno y hasta los viáticos para los trabajadores".
"Si no hay mantenimiento, las rutas se vuelven peligrosas y los accidentes aumentan considerablemente. Es fundamental que todos entendamos que sin inversión en infraestructura vial no hay seguridad para nadie", cerró.
Debate por los camiones chilenos
Recientemente el tema volvió a estar en el centro del debate después de que Torres anunciara que enviaría un proyecto a la Legislatura de Chubut para cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros, sobre todo chilenos, que utilizan la ruta de manera cotidiana.
"La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas -aclaró mediante un comunicado-, por eso decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción; y vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos".
La respuesta de Chile no tardó en llegar: los camioneros de la Utramag (Unión de Transportistas de la región de Magallanes) dijeron que "no están dispuestos a pagar una tasa más" para circular por rutas argentinas, y la CNDC (Confederación Nacional de Dueños de Camiones) apeló al Acuerdo de Transporte Nacional Terrestre (ATIT) del Mercosur que garantiza la libre circulación de camiones "sin aplicación de peajes ni trabas unilaterales".
Días más tarde, Torres insistió con la propuesta pero aclaró que la tasa sería para aquellos camiones que circulen con sobrepeso.
"Algunos quieren polemizar lo absurdo. Por ejemplo, la decisión de la provincia de Chubut de hacerse cargo de la construcción en la Ruta 40 y pesar a los camiones que tienen sobrepeso y cobrarles una multa. Es absurdo", expresó, en el medio de un acto de entrega de viviendas en Trelew.
"Quienes nos amenacen del lado de Chile con cortar el paso, no solamente no tiene razón, sino que es ilegal", agregó, en referencia al comunicado de la Utramag que habló de impedirles a los camiones argentinos hacer el cruce entre Tierra del Fuego y el territorio continental como represalia.
Chubut se hace cargo de las rutas
A principios de junio, el gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitar de manera oficial que las obras de mantenimiento de las rutas sean incorporadas al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno nacional, y ejecutadas con fondos provinciales. Cabe recordar que Chubut se convirtió meses atrás en la primera provincia en adherir al "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas", mecanismo mediante el cual firmó un acuerdo de compensación de deudas con Nación.
El mandatario provincial expresó que este paso "nos permitirá desendeudarnos haciendo obras públicas prioritarias para la provincia". De esta forma, la ejecución de los trabajos serán concretados con fondos íntegramente provinciales y luego descontados de la deuda correspondiente al Fondo Fiduciario.
Tras casi dos años de reclamos al Ejecutivo, el pasado martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación, de la que participaron Ignacio Torres, el ministro Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Allí rubricaron el acuerdo por el cual se trasladarán las obras de reparación de la Ruta 40 a la provincia de Chubut.
"Hemos podido incorporar una de las mayores deudas pendientes con nuestra provincia, que es la obra de la Ruta Nacional 40 por la cual transitan día a día miles de ciudadanos y turistas de todo el país y del mundo", señaló Torres, y agregó: "vamos a hacernos cargo de esa obra, como lo hemos hecho con la Doble Trocha Puerto Madryn-Trelew, y representando un beneficio para todos los chubutenses y para todos los que transiten por el territorio provincial".
De esta forma, confirmó que la provincia se hará cargo con fondos propios de los tramos más complicados de la ruta, "que desde hace muchísimo tiempo representa un riesgo para miles de familias".
La obra que llevará adelante la Provincia abarca el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 40 y los empalmes con las rutas nacionales 26 y 23; el trayecto desde el kilómetro 1.636,03 hasta el 1.762,52 de la 40; y el tramo entre el kilómetro 0 y el 39,16 de la Ruta Nacional 259.
El acuerdo también comprende la obra de conservación de la ruta Nacional 25, en el tramo que une Las Plumas con Paso de Indios.
Después de casi dos años de tensiones entre el Gobierno de Milei y los mandatarios patagónicos, en un contexto de brutal ajuste, parece haberse encontrado un camino para un reclamo de larga data: son numerosos los testimonios de conductores que relatan el riesgo de transitar el tramo más complicado de la Ruta 40. Las consecuencias no sólo impactan en el aumento de siniestros viales, sino en la conectividad comercial y turística de la región.
