¿Quién paga el rearme global?Por Geraldina Colotti
"Si somos incapaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino (Guyana), debemos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene esta organización?". Así se expresó el número dos de la diplomacia estadounidense, Christopher Landau, participando en un Foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tuvo lugar en Antigua y Barbuda. Allí, en nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, Landau pronunció un rabioso discurso, acusando al organismo por su "incapacidad" para afrontar la "crisis" de Venezuela y la de Haití. Y también amenazó con salir de la OEA.
En aquella ocasión, tuvo lugar un dueto a distancia entre depredadores, con la golpista venezolana María Corina Machado, quien elogió desaforadamente al nuevo amo estadounidense y acusó de "traición" (¡qué moralina!) a algunos estados miembros, culpables de "haber defendido a los responsables del colapso de las instituciones democráticas de nuestro país".
Las amenazas de Trump a las instituciones internacionales, ya abundantemente sometidas a los intereses imperialistas -como se ha visto con el genocidio en Palestina y la agresión militar a Irán-, prometen pesar también en la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, el 6 y 7 de julio. Allí se reunirá el bloque de economías emergentes, del cual Rusia es uno de los fundadores, junto con Brasil, India, China y Sudáfrica, y al que ahora se han sumado los nuevos miembros Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que solo estará presente por videoconferencia; en su lugar asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Una decisión debida a la ausencia de una "postura clara" por parte del gobierno de Lula da Silva sobre la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso. Cabe recordar que fue la actitud del gobierno brasileño la que frenó la entrada de Venezuela como miembro asociado del organismo.
Ahora, en el nuevo contexto de reinicio bélico de las economías capitalistas a nivel global, ¿serán los BRICS capaces de hacer frente a los desafíos que habían prometido asumir para contrarrestar el "privilegio exorbitante" del dólar y para establecer un sistema monetario internacional más multipolar?
La intensificación de las guerras comerciales y la creciente militarización de Occidente muestran las contradicciones internas de un imperialismo que, cuarenta años después de la firma de los Acuerdos de Schengen, descarga el fracaso de su modelo capitalista sobre las espaldas de los sectores populares, y busca contener el ascenso de nuevos polos alternativos multiplicando las guerras por poder (como en Ucrania), las "sanciones económicas" y los intentos de derrocar a su favor a los gobiernos no subordinados a Estados Unidos. Para las clases trabajadoras europeas, obligadas a sufrir las decisiones de una Europa vasalla de Estados Unidos, las consecuencias económicas y políticas son devastadoras.
Los costos impuestos por la OTAN y las políticas de austeridad drenan los recursos de los servicios sociales. La inflación, a menudo alimentada por las mismas políticas monetarias y por las interrupciones de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, erosiona el poder adquisitivo. El costo de la vida está aumentando, los salarios reales se estancan o disminuyen, el desempleo sigue siendo un flagelo en muchas áreas, y la precariedad laboral es la norma. Las políticas migratorias, dictadas por las necesidades del capital, también dividen a las masas populares. Los recortes al bienestar social y la privatización de los servicios esenciales son la consecuencia directa de la necesidad de financiar el rearme y apoyar la competitividad del capital.
Esto se vio en Bruselas el 26 y 27 de junio en el último Consejo Europeo, que confirmó las decisiones tomadas por la UE en la cumbre de la OTAN que lo precedió, celebrada por primera vez en La Haya, Países Bajos. Los gobiernos europeos han decidido elevar el gasto militar al 5% del PIB en los próximos diez años. Para alcanzar el 5% del PIB, los europeos deberían gastar 510 mil millones de euros adicionales al año en defensa.
España debería gastar 65,3 mil millones más, es decir, un aumento medio de 9,32 mil millones más al año, e Italia 82,9 mil millones más, o sea, 11,84 mil millones al año. Para Francia, la cifra ascendería a 92,7 mil millones de euros adicionales, es decir, un aumento anual medio de 13,24 mil millones. Para Alemania, el esfuerzo adicional sería de 136,1 mil millones de euros, equivalentes a 19,44 mil millones más al año.
Entretanto, solo en el G7, los fondos para el desarrollo se reducirán en un 28% para 2026.
Se debe pagar a la Alianza para protegerse del "enemigo externo", es decir, de Rusia. Esta es la conclusión de los países de la UE. "Una tontería", la ha calificado Putin, precisando que Moscú está calculando sus gastos militares solo en base a lo que necesita para completar la "operación especial en Ucrania", y no tiene ningún plan de agresión contra los países europeos y la OTAN.
De hecho, inventarse una amenaza rusa sirve para silenciar que fue la OTAN quien rompió los acuerdos, al querer expandirse hacia el este, ya que, desde 1991 hasta hoy, ha pasado de 16 a 32 miembros, y se ha acercado a "ladrar a las puertas de Rusia", como dijo en su momento el difunto Papa Bergoglio.
Sirve para ocultar que, durante veinte años, Moscú fue un socio económico de gran relevancia para Europa, abasteciéndola con gas ruso y permitiendo la fortuna de muchas empresas europeas, que han aceptado ir a la quiebra para arrodillarse ante el sistema de la OTAN.
No se trata de decisiones individuales, sino de tendencias "necesarias" para el modelo dominante, que busca salir de la crisis sistémica imponiendo la economía de guerra. La OTAN, surgida como instrumento anticomunista durante la Guerra Fría, es el principal brazo militar del imperialismo estadounidense. Su expansión hacia el este y la retórica agresiva contra la Federación Rusa y China sirven para mantener la subordinación militar y económica de Europa a los intereses de Washington.
"Nosotros planeamos reducir el gasto militar, ellos aumentarlo", ha declarado ahora Putin, centrando el nudo de toda la cuestión.
Los gobiernos de la UE han aceptado la imposición de Trump, con la única excepción de España. Aunque ha firmado la declaración de compromiso final, que no habla de "todos" los miembros de la Alianza, sino de "aliados", el primer ministro español, Pedro Sánchez (que no es un campeón del socialismo, pero debe responder a sus problemas internos), ha motivado así la decisión: "Es incompatible con nuestro modelo de estado del bienestar".
Casi una blasfemia, considerando que el estado del bienestar (el welfare state) ha sido sacrificado hace tiempo en el altar del "warfare state" y del aumento exponencial de las ganancias para las industrias bélicas. Italia comenzó primero, tras la derrota del ciclo de luchas de los años setenta del siglo pasado, que la habían convertido en uno de los países más avanzados al respecto, desmantelando derechos laborales, pensiones, sanidad y educación pública.
Y ahora, el impresentable presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado recortes adicionales al gasto público de casi 5 mil millones de euros antes de fin de año. La asistencia sanitaria sufrirá recortes por 1,7 mil millones de euros para cumplir con los estándares presupuestarios establecidos por la Unión Europea: cuya prioridad es, precisamente, el gasto militar y no el público. "El saneamiento de nuestras finanzas públicas es una condición indispensable para nuestra soberanía económica", ha afirmado el ministro de Economía francés, Eric Lombard.
Cuál sea su concepto de "soberanía" y qué intereses defienda lo indican los datos económicos. En diez años, el 1% más rico de la población global ha aumentado su riqueza en 33,9 billones de dólares, más de veinte veces lo necesario para eliminar la pobreza extrema en el mundo. Solo los milmillonarios han ganado 6,5 billones, equivalente al 14,6% de todo el PIB global. Una acumulación sin precedentes que coincide con el crecimiento de la miseria para miles de millones de personas. Hoy, más de 3,7 mil millones de individuos sobreviven con menos de 8,30 dólares al día.
Frente a un sistema en el que los beneficios aumentan y el papel de los Estados en el sistema público disminuye como exige la "libertad" de los capitales, la tributación progresiva no es una opción ideológica, sino una necesidad estructural. No gravar a los milmillonarios tiene un coste altísimo. En algunos países, como el Reino Unido, la tasa efectiva pagada por los milmillonarios ronda el 0,3% de su riqueza, menos de lo que aporta en proporción un enfermero.
Los diez milmillonarios italianos más ricos (con un patrimonio estimado en 155 mil millones de euros) poseen más de la mitad de la riqueza de 30 millones de ciudadanos. El sistema tributario italiano es progresivo solo en apariencia. Quien gana más de 500.000 euros al año paga proporcionalmente menos impuestos que un ejecutivo de empresa con 60.000 euros: porque el trabajo se grava hasta el 43%, mientras que las rentas de capital (es decir, aquellas de las que viven los ricos) tienen un impuesto fijo del 26% o menos.
Si Italia adoptara una tasa mínima del 2%, el rendimiento estimado sería de 8 mil millones de euros anuales. Subiendo al 3%, se alcanzarían los 15 mil millones. Fondos que podrían destinarse a sanidad, educación y transición ecológica. En cambio, Italia se encuentra entre los principales exportadores mundiales de armas. Entre 2020 y 2024, representó el 4,8% del mercado global, con un aumento del 138%.
Solo en 2024, exportó más de 5,6 mil millones de dólares. España, en el mismo periodo, se detuvo en poco más de 800 millones. Leonardo, líder de la industria bélica, ha visto crecer su valor en bolsa más de un 380% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Leonardo está participada en un 30% por el Ministerio de Economía; el resto está controlado por fondos especulativos internacionales: BlackRock, Vanguard, Norges Bank, Orbis, Capital Research. Los "fondos buitres" que se sientan en los consejos de las agencias de rating, que deciden el destino financiero de los países, que apuestan por las materias primas y tienen interés en la reconstrucción de países destruidos por las guerras o por el default (como pasó en Argentina enl 2001), y que deciden sobre la fiabilidad o no de un Estado, fuera de todo control "democrático".
Y, mientras tanto, los países del G7 han bloqueado el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales norteamericanas, decidido en 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Frente a este escenario, Brasil, España, Alemania y Sudáfrica han promovido en el G20 la propuesta de un impuesto mínimo global del 2% sobre los patrimonios superiores a mil millones de dólares, capaz de generar 250 mil millones de dólares cada año. El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni no se ha adherido, manteniendo en cambio un régimen fiscal ventajoso para atraer a extranjeros ricos, como la tasa fija de 200.000 euros anuales introducida en 2017 y confirmada en 2024.
Ahora, Europa espera la decisión de Trump sobre los aranceles, que pesarán aún más sobre el nivel de vida de las clases populares. El ultimátum vence el 9 de julio.
Fuente: Resumen Latinoamericano
Por Geraldina Colotti
"Si somos incapaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino (Guyana), debemos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene esta organización?". Así se expresó el número dos de la diplomacia estadounidense, Christopher Landau, participando en un Foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tuvo lugar en Antigua y Barbuda. Allí, en nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, Landau pronunció un rabioso discurso, acusando al organismo por su "incapacidad" para afrontar la "crisis" de Venezuela y la de Haití. Y también amenazó con salir de la OEA.
En aquella ocasión, tuvo lugar un dueto a distancia entre depredadores, con la golpista venezolana María Corina Machado, quien elogió desaforadamente al nuevo amo estadounidense y acusó de "traición" (¡qué moralina!) a algunos estados miembros, culpables de "haber defendido a los responsables del colapso de las instituciones democráticas de nuestro país".
Las amenazas de Trump a las instituciones internacionales, ya abundantemente sometidas a los intereses imperialistas -como se ha visto con el genocidio en Palestina y la agresión militar a Irán-, prometen pesar también en la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, el 6 y 7 de julio. Allí se reunirá el bloque de economías emergentes, del cual Rusia es uno de los fundadores, junto con Brasil, India, China y Sudáfrica, y al que ahora se han sumado los nuevos miembros Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que solo estará presente por videoconferencia; en su lugar asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Una decisión debida a la ausencia de una "postura clara" por parte del gobierno de Lula da Silva sobre la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso. Cabe recordar que fue la actitud del gobierno brasileño la que frenó la entrada de Venezuela como miembro asociado del organismo.
Ahora, en el nuevo contexto de reinicio bélico de las economías capitalistas a nivel global, ¿serán los BRICS capaces de hacer frente a los desafíos que habían prometido asumir para contrarrestar el "privilegio exorbitante" del dólar y para establecer un sistema monetario internacional más multipolar?
La intensificación de las guerras comerciales y la creciente militarización de Occidente muestran las contradicciones internas de un imperialismo que, cuarenta años después de la firma de los Acuerdos de Schengen, descarga el fracaso de su modelo capitalista sobre las espaldas de los sectores populares, y busca contener el ascenso de nuevos polos alternativos multiplicando las guerras por poder (como en Ucrania), las "sanciones económicas" y los intentos de derrocar a su favor a los gobiernos no subordinados a Estados Unidos. Para las clases trabajadoras europeas, obligadas a sufrir las decisiones de una Europa vasalla de Estados Unidos, las consecuencias económicas y políticas son devastadoras.
Los costos impuestos por la OTAN y las políticas de austeridad drenan los recursos de los servicios sociales. La inflación, a menudo alimentada por las mismas políticas monetarias y por las interrupciones de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, erosiona el poder adquisitivo. El costo de la vida está aumentando, los salarios reales se estancan o disminuyen, el desempleo sigue siendo un flagelo en muchas áreas, y la precariedad laboral es la norma. Las políticas migratorias, dictadas por las necesidades del capital, también dividen a las masas populares. Los recortes al bienestar social y la privatización de los servicios esenciales son la consecuencia directa de la necesidad de financiar el rearme y apoyar la competitividad del capital.
Esto se vio en Bruselas el 26 y 27 de junio en el último Consejo Europeo, que confirmó las decisiones tomadas por la UE en la cumbre de la OTAN que lo precedió, celebrada por primera vez en La Haya, Países Bajos. Los gobiernos europeos han decidido elevar el gasto militar al 5% del PIB en los próximos diez años. Para alcanzar el 5% del PIB, los europeos deberían gastar 510 mil millones de euros adicionales al año en defensa.
España debería gastar 65,3 mil millones más, es decir, un aumento medio de 9,32 mil millones más al año, e Italia 82,9 mil millones más, o sea, 11,84 mil millones al año. Para Francia, la cifra ascendería a 92,7 mil millones de euros adicionales, es decir, un aumento anual medio de 13,24 mil millones. Para Alemania, el esfuerzo adicional sería de 136,1 mil millones de euros, equivalentes a 19,44 mil millones más al año.
Entretanto, solo en el G7, los fondos para el desarrollo se reducirán en un 28% para 2026.
Se debe pagar a la Alianza para protegerse del "enemigo externo", es decir, de Rusia. Esta es la conclusión de los países de la UE. "Una tontería", la ha calificado Putin, precisando que Moscú está calculando sus gastos militares solo en base a lo que necesita para completar la "operación especial en Ucrania", y no tiene ningún plan de agresión contra los países europeos y la OTAN.
De hecho, inventarse una amenaza rusa sirve para silenciar que fue la OTAN quien rompió los acuerdos, al querer expandirse hacia el este, ya que, desde 1991 hasta hoy, ha pasado de 16 a 32 miembros, y se ha acercado a "ladrar a las puertas de Rusia", como dijo en su momento el difunto Papa Bergoglio.
Sirve para ocultar que, durante veinte años, Moscú fue un socio económico de gran relevancia para Europa, abasteciéndola con gas ruso y permitiendo la fortuna de muchas empresas europeas, que han aceptado ir a la quiebra para arrodillarse ante el sistema de la OTAN.
No se trata de decisiones individuales, sino de tendencias "necesarias" para el modelo dominante, que busca salir de la crisis sistémica imponiendo la economía de guerra. La OTAN, surgida como instrumento anticomunista durante la Guerra Fría, es el principal brazo militar del imperialismo estadounidense. Su expansión hacia el este y la retórica agresiva contra la Federación Rusa y China sirven para mantener la subordinación militar y económica de Europa a los intereses de Washington.
"Nosotros planeamos reducir el gasto militar, ellos aumentarlo", ha declarado ahora Putin, centrando el nudo de toda la cuestión.
Los gobiernos de la UE han aceptado la imposición de Trump, con la única excepción de España. Aunque ha firmado la declaración de compromiso final, que no habla de "todos" los miembros de la Alianza, sino de "aliados", el primer ministro español, Pedro Sánchez (que no es un campeón del socialismo, pero debe responder a sus problemas internos), ha motivado así la decisión: "Es incompatible con nuestro modelo de estado del bienestar".
Casi una blasfemia, considerando que el estado del bienestar (el welfare state) ha sido sacrificado hace tiempo en el altar del "warfare state" y del aumento exponencial de las ganancias para las industrias bélicas. Italia comenzó primero, tras la derrota del ciclo de luchas de los años setenta del siglo pasado, que la habían convertido en uno de los países más avanzados al respecto, desmantelando derechos laborales, pensiones, sanidad y educación pública.
Y ahora, el impresentable presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado recortes adicionales al gasto público de casi 5 mil millones de euros antes de fin de año. La asistencia sanitaria sufrirá recortes por 1,7 mil millones de euros para cumplir con los estándares presupuestarios establecidos por la Unión Europea: cuya prioridad es, precisamente, el gasto militar y no el público. "El saneamiento de nuestras finanzas públicas es una condición indispensable para nuestra soberanía económica", ha afirmado el ministro de Economía francés, Eric Lombard.
Cuál sea su concepto de "soberanía" y qué intereses defienda lo indican los datos económicos. En diez años, el 1% más rico de la población global ha aumentado su riqueza en 33,9 billones de dólares, más de veinte veces lo necesario para eliminar la pobreza extrema en el mundo. Solo los milmillonarios han ganado 6,5 billones, equivalente al 14,6% de todo el PIB global. Una acumulación sin precedentes que coincide con el crecimiento de la miseria para miles de millones de personas. Hoy, más de 3,7 mil millones de individuos sobreviven con menos de 8,30 dólares al día.
Frente a un sistema en el que los beneficios aumentan y el papel de los Estados en el sistema público disminuye como exige la "libertad" de los capitales, la tributación progresiva no es una opción ideológica, sino una necesidad estructural. No gravar a los milmillonarios tiene un coste altísimo. En algunos países, como el Reino Unido, la tasa efectiva pagada por los milmillonarios ronda el 0,3% de su riqueza, menos de lo que aporta en proporción un enfermero.
Los diez milmillonarios italianos más ricos (con un patrimonio estimado en 155 mil millones de euros) poseen más de la mitad de la riqueza de 30 millones de ciudadanos. El sistema tributario italiano es progresivo solo en apariencia. Quien gana más de 500.000 euros al año paga proporcionalmente menos impuestos que un ejecutivo de empresa con 60.000 euros: porque el trabajo se grava hasta el 43%, mientras que las rentas de capital (es decir, aquellas de las que viven los ricos) tienen un impuesto fijo del 26% o menos.
Si Italia adoptara una tasa mínima del 2%, el rendimiento estimado sería de 8 mil millones de euros anuales. Subiendo al 3%, se alcanzarían los 15 mil millones. Fondos que podrían destinarse a sanidad, educación y transición ecológica. En cambio, Italia se encuentra entre los principales exportadores mundiales de armas. Entre 2020 y 2024, representó el 4,8% del mercado global, con un aumento del 138%.
Solo en 2024, exportó más de 5,6 mil millones de dólares. España, en el mismo periodo, se detuvo en poco más de 800 millones. Leonardo, líder de la industria bélica, ha visto crecer su valor en bolsa más de un 380% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Leonardo está participada en un 30% por el Ministerio de Economía; el resto está controlado por fondos especulativos internacionales: BlackRock, Vanguard, Norges Bank, Orbis, Capital Research. Los "fondos buitres" que se sientan en los consejos de las agencias de rating, que deciden el destino financiero de los países, que apuestan por las materias primas y tienen interés en la reconstrucción de países destruidos por las guerras o por el default (como pasó en Argentina enl 2001), y que deciden sobre la fiabilidad o no de un Estado, fuera de todo control "democrático".
Y, mientras tanto, los países del G7 han bloqueado el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales norteamericanas, decidido en 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Frente a este escenario, Brasil, España, Alemania y Sudáfrica han promovido en el G20 la propuesta de un impuesto mínimo global del 2% sobre los patrimonios superiores a mil millones de dólares, capaz de generar 250 mil millones de dólares cada año. El gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni no se ha adherido, manteniendo en cambio un régimen fiscal ventajoso para atraer a extranjeros ricos, como la tasa fija de 200.000 euros anuales introducida en 2017 y confirmada en 2024.
Ahora, Europa espera la decisión de Trump sobre los aranceles, que pesarán aún más sobre el nivel de vida de las clases populares. El ultimátum vence el 9 de julio.
Fuente: Resumen Latinoamericano
