El asesinato de Rafael Nahuel y un fallo con sabor a pocoPor Florencia Yanniello
Fue confirmada la condena contra los efectivos de Prefectura Naval responsables del asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en los alrededores Bariloche. La sentencia resultó favorable pero insuficiente para familiares y organismos de derechos humanos, ya que no alcanza a los funcionarios que ordenaron la represión. En paralelo -en un contexto de avasallamiento político, judicial y mediático al Pueblo Mapuche-, la comunidad atravesó su segundo juicio penal por usurpación y seis integrantes fueron condenados.
El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel tenía 22 años y recibió un disparo letal por la espalda. Y otros miembros de la comunidad fueron heridos y detenidos. En un operativo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva y comandado por la entonces, y ahora nuevamente, ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En estos años que transcurrieron, la familia y la comunidad, acompañados por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, atravesaron un largo proceso para exigir justicia por el asesinato del joven mapuche.
A casi ocho años de la represión llevada a cabo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu (ubicada en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche), la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa contra cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
La sentencia de la Cámara confirmó lo decidido por Tribunal Oral Federal de General Roca entendiendo que "los cinco uniformados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa". Se trata de Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, quienes además fueron inhabilitados para la función pública.
Si bien la Cámara no contempló el pedido de la defensa de los Albatros, que intentaba impugnar las condenas con el argumento de que estaban en cumplimiento de su deber profesional, sí dio lugar a la revisión de las penas, que en principio iban entre cuatro y cinco años, lo cual implica que las condenas podrían llegar a ser menores. El fallo de Cámara fue firmado por Carlos Alberto Mahiques, Carlos Javier Carbajo, Daniel Antonio Petrone y Lucía del Pilar Raposeiras.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, querellante en la causa, difundieron un comunicado en el cual aprecian el fallo condenatorio de la Cámara Federal, ya que "desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Colhuan y Gonzalo Coña".
La APDH advirtió que la sentencia "no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal". Enfatizaron el caso de Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad al momento del hecho y también ocupa esa función en la actualidad.
"Desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales, sino también quien las ordena", denunció la APDH.
María Nahuel, tía de Rafael e integrante de la comunidad expresó: "No estoy conforme. Hasta que yo no vea presos a los cinco Albatros, o al que disparó por lo menos, no voy a tomar esto. No me voy a alegrar hasta que finalmente se haga lo que una pidió siempre, que haya justicia por el asesinato de Rafita".
Resaltó que la responsabilidad principal del asesinato de Rafael fue de Patricia Bullrich y que la decepcionó que la sentencia no alcance a los funcionarios. "No solamente los Albatros tienen responsabilidad, sino que ellos recibieron una orden de esta señora. Por eso yo no pienso que esto sea justicia para Rafita", expresó y agregó: "Ojalá realmente los que mataron por la espalda a Rafita vayan presos de por vida, que no tengan libertad y que no puedan estar caminando por la calle, respirando este aire que hoy Rafita no puede respirar".
"Los hijos son los que nos tienen que sepultar a nosotras y no al revés"
Cuando ocurrió la represión en 2017, la comunidad estaba en pleno proceso de recuperación territorial y María Nahuel estaba en un camino de rescate de la historia familiar y acompañando a Rafael en su vínculo identitario con el Pueblo Mapuche. Su hija, Betiana Colhuan Nahuel -que en ese entonces tenía 16 años- estaba instituyéndose como machi (autoridad espiritual).
"A Rafita lo mataron por la espalda, como a un perro. Está comprobado que nosotros no teníamos armas, no fue un enfrentamiento. La sangre de Rafita está en el territorio, por eso tenemos que seguir luchando por él", denunció María Nahuel.
Y completó con palabras entrecortadas: "Y me pongo, como siempre digo, en el lugar de su mamá, porque como madres, sabemos que son los hijos los que nos tienen que sepultar a nosotras y no al revés".
En estos años que pasaron desde que asesinaron a su sobrino, Nahuel enfrentó como parte de la comunidad un segundo episodio de represión y desalojo en octubre de 2022, caracterizada -al igual que la primera- por una extrema violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
En ese mega operativo fue detenida su hija Betiana y otras seis mujeres mapuches, de las cuales, cuatro estuvieron ocho meses detenidas junto a sus hijos. La comunidad atravesó, además, un proceso de estigmatización y deslegitimación, impulsado desde distintos ámbitos del poder económico, político y judicial de la región, expresado en los llamados "foros" de Consenso Bariloche y Consenso Patagonia y reproducido por los medios de comunicación hegemónicos.
También en estos años, la Lafken Winkul Mapu enfrentó dos juicios, donde los querellantes fueron la Administración de Parques Nacionales (APN) y denunciantes particulares. En el último, que se desarrolló entre febrero y junio de este año, seis integrantes de la comunidad fueron declarados culpables por el delito de usurpación, con condenas que fueron de un año a dos años y cuatro meses, todas con prisión en suspenso.
"Si tuviéramos que hablar de una reparación, sería que el Estado devuelva el territorio, y el rewe (espacio ceremonial) de la machi y que dejen que la comunidad esté ahí, por todo esto que pasamos y que seguimos pasando después. Ese territorio es donde asesinaron a Rafita y donde muchas veces fuimos hostigados. Ojalá alguna vez el Pueblo Mapuche tuviera justicia", concluyó María Nahuel.
La sentencia del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel llega en un contexto de múltiples casos de comunidades mapuches judicializadas en Río Negro, Chubut y Neuquén, y de numerosos intentos de desalojo. Como señalaron desde el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Gemas), equipo de antropología social que ha realizado peritajes en juicios por desalojos a comunidades indígenas, "las denuncias penales por usurpación son la principal herramienta que utilizan tanto el Estado como los privados para perseguir y judicializar los conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas". Agregaron que la mayoría de estos procesos judiciales desconocen las legislaciones existentes en relación al derecho indígena, priorizan el derecho a la propiedad privada por sobre otros derechos constitucionales y tratados internacionales que Argentina ha ratificado.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Por Florencia Yanniello
Fue confirmada la condena contra los efectivos de Prefectura Naval responsables del asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en los alrededores Bariloche. La sentencia resultó favorable pero insuficiente para familiares y organismos de derechos humanos, ya que no alcanza a los funcionarios que ordenaron la represión. En paralelo -en un contexto de avasallamiento político, judicial y mediático al Pueblo Mapuche-, la comunidad atravesó su segundo juicio penal por usurpación y seis integrantes fueron condenados.
El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel tenía 22 años y recibió un disparo letal por la espalda. Y otros miembros de la comunidad fueron heridos y detenidos. En un operativo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva y comandado por la entonces, y ahora nuevamente, ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En estos años que transcurrieron, la familia y la comunidad, acompañados por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, atravesaron un largo proceso para exigir justicia por el asesinato del joven mapuche.
A casi ocho años de la represión llevada a cabo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu (ubicada en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche), la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa contra cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
La sentencia de la Cámara confirmó lo decidido por Tribunal Oral Federal de General Roca entendiendo que "los cinco uniformados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa". Se trata de Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, quienes además fueron inhabilitados para la función pública.
Si bien la Cámara no contempló el pedido de la defensa de los Albatros, que intentaba impugnar las condenas con el argumento de que estaban en cumplimiento de su deber profesional, sí dio lugar a la revisión de las penas, que en principio iban entre cuatro y cinco años, lo cual implica que las condenas podrían llegar a ser menores. El fallo de Cámara fue firmado por Carlos Alberto Mahiques, Carlos Javier Carbajo, Daniel Antonio Petrone y Lucía del Pilar Raposeiras.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, querellante en la causa, difundieron un comunicado en el cual aprecian el fallo condenatorio de la Cámara Federal, ya que "desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros, que le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Colhuan y Gonzalo Coña".
La APDH advirtió que la sentencia "no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal". Enfatizaron el caso de Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad al momento del hecho y también ocupa esa función en la actualidad.
"Desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales, sino también quien las ordena", denunció la APDH.
María Nahuel, tía de Rafael e integrante de la comunidad expresó: "No estoy conforme. Hasta que yo no vea presos a los cinco Albatros, o al que disparó por lo menos, no voy a tomar esto. No me voy a alegrar hasta que finalmente se haga lo que una pidió siempre, que haya justicia por el asesinato de Rafita".
Resaltó que la responsabilidad principal del asesinato de Rafael fue de Patricia Bullrich y que la decepcionó que la sentencia no alcance a los funcionarios. "No solamente los Albatros tienen responsabilidad, sino que ellos recibieron una orden de esta señora. Por eso yo no pienso que esto sea justicia para Rafita", expresó y agregó: "Ojalá realmente los que mataron por la espalda a Rafita vayan presos de por vida, que no tengan libertad y que no puedan estar caminando por la calle, respirando este aire que hoy Rafita no puede respirar".
"Los hijos son los que nos tienen que sepultar a nosotras y no al revés"
Cuando ocurrió la represión en 2017, la comunidad estaba en pleno proceso de recuperación territorial y María Nahuel estaba en un camino de rescate de la historia familiar y acompañando a Rafael en su vínculo identitario con el Pueblo Mapuche. Su hija, Betiana Colhuan Nahuel -que en ese entonces tenía 16 años- estaba instituyéndose como machi (autoridad espiritual).
"A Rafita lo mataron por la espalda, como a un perro. Está comprobado que nosotros no teníamos armas, no fue un enfrentamiento. La sangre de Rafita está en el territorio, por eso tenemos que seguir luchando por él", denunció María Nahuel.
Y completó con palabras entrecortadas: "Y me pongo, como siempre digo, en el lugar de su mamá, porque como madres, sabemos que son los hijos los que nos tienen que sepultar a nosotras y no al revés".
En estos años que pasaron desde que asesinaron a su sobrino, Nahuel enfrentó como parte de la comunidad un segundo episodio de represión y desalojo en octubre de 2022, caracterizada -al igual que la primera- por una extrema violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
En ese mega operativo fue detenida su hija Betiana y otras seis mujeres mapuches, de las cuales, cuatro estuvieron ocho meses detenidas junto a sus hijos. La comunidad atravesó, además, un proceso de estigmatización y deslegitimación, impulsado desde distintos ámbitos del poder económico, político y judicial de la región, expresado en los llamados "foros" de Consenso Bariloche y Consenso Patagonia y reproducido por los medios de comunicación hegemónicos.
También en estos años, la Lafken Winkul Mapu enfrentó dos juicios, donde los querellantes fueron la Administración de Parques Nacionales (APN) y denunciantes particulares. En el último, que se desarrolló entre febrero y junio de este año, seis integrantes de la comunidad fueron declarados culpables por el delito de usurpación, con condenas que fueron de un año a dos años y cuatro meses, todas con prisión en suspenso.
"Si tuviéramos que hablar de una reparación, sería que el Estado devuelva el territorio, y el rewe (espacio ceremonial) de la machi y que dejen que la comunidad esté ahí, por todo esto que pasamos y que seguimos pasando después. Ese territorio es donde asesinaron a Rafita y donde muchas veces fuimos hostigados. Ojalá alguna vez el Pueblo Mapuche tuviera justicia", concluyó María Nahuel.
La sentencia del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel llega en un contexto de múltiples casos de comunidades mapuches judicializadas en Río Negro, Chubut y Neuquén, y de numerosos intentos de desalojo. Como señalaron desde el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Gemas), equipo de antropología social que ha realizado peritajes en juicios por desalojos a comunidades indígenas, "las denuncias penales por usurpación son la principal herramienta que utilizan tanto el Estado como los privados para perseguir y judicializar los conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas". Agregaron que la mayoría de estos procesos judiciales desconocen las legislaciones existentes en relación al derecho indígena, priorizan el derecho a la propiedad privada por sobre otros derechos constitucionales y tratados internacionales que Argentina ha ratificado.
Fuente: Agencia Tierra Viva
