El acecho de los fondos buitres sobre el capital accionario estatal argentino en YPF se transformó esta semana que cierra en el tema principal, pero al mismo tiempo abrió la oportunidad para efectuar un balance histórico sobre lo que significó y qué se obtuvo con la expropiación de Repsol. Trece años después se hace necesario preguntarse para qué y por qué si estatizó parcialmente la principal petrolera del país en tiempos kirchneristas. En paralelo, surge la necesidad de evaluar lo sucedido desde el 2012, especialmente con las consecuencias generadas en los últimos dos años sobre Chubut y Santa Cruz con el abandono de la YPF libertaria; incluyendo el proceso previo de "argentinización" con el desembarco del Grupo Petersen de los Eskenazi; el rol de las provincias petroleras en el Directorio de la compañía; y el desarrollo de Vaca Muerta financiado con 12.500 millones de dólares de subsidios estatales con la única prioridad de generación de dólares, mientras más de un 30% de la población sigue sin tener acceso al gas natural por redes y en este crudo invierno todavía se corta el gas en las casas y estaciones de servicio. La expropiación de Repsol puedo haber sido un punto de inflexión para revertir el proceso privatista de los años menemistas de los '90, pero todo apunta a un fracaso en la búsqueda del autoabastecimiento y el desarrollo industrial/productivo del país; dejando a YPF a merced de las garras de los buitres y sin desarticular la posibilidad de una nueva privatización por parte de Milei.
De la privatización a la llegada de Repsol
La estatización de YPF y sus consecuencias no puede entenderse sin el proceso previo que se inició en la década del '90 con la privatización menemista y dos procesos posteriores desencadenados en los años posteriores.
El menemismo concretó la enajenación de YPF en 1992 con el acompañamiento legislativo y destruyó la Sociedad del Estado privatizando la compañía para transformarla en una Sociedad Anónima.
Muchos sectores políticos involucrados en la actualidad con la que otrora era la mayor empresa estatal argentina, que no era deficitaria y que había servido como ariete para el endeudamiento externo durante la dictadura militar, acompañaron el avance privatista y desde sus provincias -especialmente las patagónicas- se beneficiaron con el pago de millonarias sumas en dólares por las regalías mal liquidadas que cobraron tras la privatización.
La privatización menemista no solamente fue la apertura hacia el desembarco del capital privado, sino que además se tradujo en serios problemas para sostener el autoabastecimiento energético que se fue perdiendo de manera paulatina como parte de la baja de la producción de hidrocarburos y la desinversión en materia exploratoria para sumar nuevos recursos.
El proceso privatista dejó en la calle a miles de obreros petroleros. Después que se contabilizaran 50.555 trabajadores en YPF durante el año 1975, cuando arrancó el proceso privatista había 36.935 integrantes de la planta de personal. En 1994, dos años después de transformar a YPF en Sociedad Anónima, habían quedado en la compañía solo 10.103 empleados.
Seis años después desembarcó en Argentina la petrolera española Repsol y en 1999 adquirió la mayoría de las acciones del YPF para hacerse más fuerte en el contexto internacional.
El desempeño de la petrolera ibérica al frente de YPF, como la principal productora en Argentina, tuvo claramente dos facetas en materia productiva en su impacto a nivel nacional. Por un lado, la extracción de crudo nacional fue decreciendo de manera constante arrancando en los 309 millones de barriles anuales en el '98 y bajando a los 236,4 millones en el 2008; arrojando un decrecimiento del 23,5% que significó la pérdida de 72 millones de barriles, a pesar que el precio del WTI se cuadruplicó pasando de los 11,9 dólares en el '98 a los 47,2 dólares en el 2008.
Por el otro, asoma el panorama de la producción gasífera nacional que transitó una senda opuesta aumentado de los niveles de extracción de los 230,7 millones de BEP (Barriles Equivalentes de Petróleo) en 1998 a los 301,9 millones de BEP en el 2008; luego de alcanzar un pico de 311,8 millones en el 2004.
El saldo conjunto de la producción de petróleo y gas arrojó en ese período de diez años un saldo levemente negativo del 0,2% que significaron 1,4 millones menos de BEP en un país que cada vez demandaba mayor cantidad de gas como parte del proceso de desarrollo industrial y del consumo interno tras el período de crecimiento a tasas chinas.
Crisis mundial del 2007 y la irrupción del fracking en Estados Unidos
En el año 2007 estalló una nueva crisis mundial con el derrumbe de las hipotecas subprime que se desató en Estados Unidos e impactó de lleno en la economía de capitalista global. En ese marco el precio internacional del crudo se disparó a los 133 dólares el WTI ese año y luego bajó a la banda de los 50 dólares, pero a partir de la segunda mitad del 2009 comenzó una nueva carrera alcista que terminó desembocando en oscilación entre los 80 y los 100 dólares desde el 2010 y hasta el 2014.
Con los precios del crudo por las nubes Estados Unidos aprovecha en tiempos de Barak Obama para impulsar el desarrollo del fracking en los campos texanos que solamente eran rentables con cotización altísimas del barril.
Estados Unidos venía de transitar su peor momento histórico en materia de producción de crudo, convirtiéndose cada vez más en un país dependiente de las importaciones y aprovecha la ventana histórica para romper esa tendencia del petróleo importado.
Apuntando con mucha decisión a los hidrocarburos no convencionales logró un repunte histórico para alcanzar los niveles productivos del inicio de los años '90 y a partir del 2017 Estados Unidos se transforma en el principal productor mundial de petróleo, disminuyendo considerablemente su dependencia del crudo de importación.
Ese proceso impactó de lleno en Argentina y especialmente en el gobierno kirchnerista que veía las enormes reservas hidrocarburíferas de Vaca Muerta como una alternativa a ser explotadas para encaminarse hacia un proceso similar al estadounidense que posibilitara aminorar la dependencia del gas importado y al mismo tiempo hacerse de los dólares que necesitaba la economía vernácula.
Pero no solamente el gobierno de kirchnerista vio la oportunidad con el fracking neuquino, la española Repsol entendió que ahí había un gran negocio como controlante de YPF y los reservorios existentes en Vaca Muerta.
Intento desesperado con la "argentinización"
A partir de los años 2006 y 2007 Argentina comenzó a incrementar paulatinamente y de manera constante el consumo de energía como parte del proceso de recuperación económica, el crecimiento a tasas chinas luego de la crisis 2001 y 2002, alcanzando en el año 2008 el pico de consumo energético de esa década.
Luego se produciría una desaceleración en el 2009, para retomar la senda creciente a partir del 2010 y hasta el 2013; pero el año 2008 marca un punto de inflexión en la demanda energética nacional y dispara un proceso de cuello de botella en el consumo del país.
Mientras tanto Repsol, que se manejaba en YPF como cualquier otra petrolera privada y sin planificar su accionar en base al desarrollo de la Nación, se frotaba las manos por las oportunidades que se presentaban en Argentina con Vaca Muerta.
Fue allí que la administración kirchnerista avanzó, de manera no tan encubierta, con el desembarco de un grupo empresario nacional en el capital accionario de YPF para de alguna manera poder incidir en las decisiones empresarias.
El denominado proceso de "argentinización" irrumpió con el Grupo Petersen de la familia Eskenazi en la mayor petrolera nacional, metiéndose como caballo de Troya y socio local en el comando de YPF de la mano del kirchnerismo.
Los Eskenazi no tenían casi ninguna experiencia en el mundo petrolero y el grupo venía de los rubros de la construcción y las finanzas. La relación de Eskenazi con la familia Kirchner se había iniciado a mediados de los ‘90, cuando el grupo se alzó con el control del Banco de Santa Cruz, a cambio de un poco más de 10 millones de dólares, que en ese momento enfrentaba una delicada situación financiera. Su ingreso al mundo financiero se había concretado unos años antes, cuando en 1995 compró el Banco de San Juan.
Según publicó La Nación, Eskenazi solía decir que "Kirchner nos respeta porque sabe que le agarramos un banco que estaba hecho puré y hoy da dinero". La buena relación con la administración kirchnerista de Santa Cruz le abrió las puertas al Grupo Petersen a otros negocios y rápidamente se convirtió en uno de los mayores contratistas de la obra pública en la provincia.
Sin ningún tipo de relacionamiento con el mundo de los hidrocarburos y sin fondos en mano para comprar las acciones de YPF consiguió durante el 2008 quedarse en una primera fase con el 14,9% de las acciones de la compañía controlada por Repsol.
Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, del Grupo Petersen.
Según consta en El Informe Mosconi elaborado en el año 2012 y que lleva las firmas de Julio de Vido y Axel Kicillof "en 2008 Repsol vende las redes de estaciones de servicio que tenía en Ecuador y Brasil, así como la participación en la refinería Manguinhos, que se encuentra en este último país. En este mismo año también vende el 14,9% de su participada YPF al Grupo Petersen por USD 2.235 millones. Esta operación fue financiada principalmente por préstamos bancarios (Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP e Itau) y del propio Repsol. La participación de este grupo en YPF continuó creciendo más adelante, a través de dos operaciones posteriores. Hacia finales de ese mismo año se produjo la segunda compra, por el 0,56% de las acciones de YPF y, finalmente, en mayo de 2011 adquirieron un 10% adicional, por un monto de 1.304 millones de dólares. Al igual que en el caso de la primera operación, esta compra estuvo financiada por préstamos bancarios y por Repsol".
Los Eskenazi dependían casi exclusivamente el pago de dividendos que efectuara Repsol a sus accionistas en YPF para de esa manera poder cancelar los vencimientos de los multimillonarios créditos bancarios que habían pedido para meterse en la petrolera.
Todo marchaba viento en popa para el Grupo Petersen y para la propia Repsol. La primera obtenía los fondos para pagar sus préstamos y sostenerse en el control del 25% de YPF, mientras que la petrolera española aprovechaba esos dividendos para expandirse en el resto del mundo. Mientras desinvertían en Argentina, ganaban las dos partes, pero perdía el país en materia de inversiones, explotación de hidrocarburos imponiéndose en modelo depredatorio de los recursos naturales.
El Informe Mosconi elaborado por el propio kirchnerismo es lapidario con lo sucedido, aunque evita la crítica por el desembarco de los Eskenazi, y sostuvo que "en el gráfico se observa cómo la remisión de utilidades se intensificó a partir del año 2008, dado que entre los años 2008-2011 se pagaron dividendos similares a los abonados a lo largo de los 10 años anteriores, 1997-2007. A su vez, se debe resaltar que el Grupo Repsol en su conjunto a nivel mundial distribuyó dividendos por US$ 13.370 millones en el período 1999-2011, es decir, una suma prácticamente equivalente a lo girado desde la filial argentina. ‘En otras palabras, la expansión del grupo a nivel internacional se basó fundamentalmente en la política depredatorias llevada adelante en Argentina por Repsol, y la contracara del agudo proceso de desinversión y vaciamiento de la principal firma de nuestro país'. Como se explicó en el primer apartado, Repsol comenzó siendo una empresa del área de downstream (refinación, venta y distribución) y en muy pocos años se expandió internacionalmente".
Crisis energética, estatización del 2012 y motivos de fondo
Hasta el 2010 se mantuvo el saldo positivo de la balanza comercial energética con mayores exportaciones de crudo, gas y otros combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica por sobre las importaciones, pero al año siguiente se comenzó a romper el equilibrio apareció el primer signo de agotamiento del esquema productivo de hidrocarburos.
La balanza comercial del 2011 arrojó un déficit comercial energético de 1.566 millones de dólares que se fue multiplicando exponencialmente para saltar a los 3.194 millones de dólares en el 2012, trepar a los 4.761 millones en el 2013 y alcanzar el pico deficitario del 2013 con un saldo negativo de 5.040 millones de pesos en el 2014.
El esquema energético argentino estallaba por los aires en el arranque de la década del 2011 con un país depredado en materia de hidrocarburos, con una balanza comercial energética que comenzaba a ser muy deficitaria y un proyecto de "argentinización" que había fracasado.
Le llevó casi cuatro años al kirchnerismo darse cuenta que estaba perdido y que no había muchas opciones para frenar la impronta de Repsol en YPF, la que además se preparaba a "lotear" Vaca Muerta cuando Estados Unidos comenzaba el desarrollo del fracking.
Todos esos factores se conjugaron a la hora de avanzar hacia lo que terminó siendo el proceso de estatización parcial de YPF con la expropiación de las acciones de Repsol en la compañía, por la que la empresa española cobró 5.000 millones de dólares de indemnización; pero dos protagonistas principales de aquella arremetida nacional revelaron que la preocupación por la posibilidad de perder el control sobre Vaca Muerta fue esencial; un argumento que hasta el momento era sospechado, pero no se había admitido públicamente.
El propio gobernador bonaerense Axel Kicillof (ex viceministro de Economía al momento de la expropiación) expresó en su conferencia de prensa de esta semana que "Repsol qué hace teniendo Vaca Muerta, nada, absolutamente nada. Nos estábamos quedando sin reservas y producción de hidrocarburos y Repsol decide en realidad poner en venta Vaca Muerta en pedacitos e inicia exposiciones internacionales para ver quién podía invertir en Vaca Muerta. Repsol no sólo venía destruyendo la compañía, sino que venía limitando la posibilidad de comenzar con los recursos no convencionales de Vaca Muerta".
En esa misma dirección, Emmanuel Alvarez Agis (viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015, y subsecretario de Programación Macroeconómica entre 2011 y 2013, y actual titular de PxQ Consultora) señaló un día antes conceptos que fueron en el mismo sentido y revelaron una de las motivaciones centrales de la gestión kirchnerista para evitar que Repsol venda Vaca Muerta.
Agis reveló que "en esas discusiones que tuvimos con Repsol (antes de la expropiación) terminamos con Brufau casi confesando que ellos no estaban para producir en Vaca Muerta, sino que estaban buscando vender Vaca Muerta y tenían dos o tres ofertas en firme para venderla; de hecho en el equipo económico que me tocó integrar era ‘che la estatización era la última opción', veamos si podemos encontrar alguna opción mediante mecanismos de mercado con la empresa; la verdad es que no se pudo y tuvimos que terminar en esa opción".
Ahí parece estar la clave de la decisión tomada por el kirchnerismo con la expropiación del 2012, evitar que Repsol vendiese Vaca Muerta y de esa manera avanzar hacia la mejora de la producción de hidrocarburo, pero esencialmente conseguir los dólares -a través de exportaciones- para hacer frente al permanente faltante de billetes verdes que tiene la economía argentina en un marco de evitar devaluaciones que igualmente llegarían unos pocos años más tarde.
Si bien no estaba mal pretender recuperar la producción de petróleo y gas con la sumatoria de los no convencionales, lo que queda muy en claro era que el kirchnerismo no se propuso el 100% de YPF para contar una empresa de bandera que posibilitara manejar el mercado de los hidrocarburos en el país y así romper con la lógica privatista obteniendo el tan necesario autoabastecimiento energético; además, y como si fuera poco, dejó al Grupo Petersen con las acciones que tenía en la compañía.
El rol de Chubut y Santa Cruz en la expropiación
Las provincias de Chubut y Santa Cruz jugaron el rol más importante en lo que fue el proceso de expropiación de Repsol, primero presionando a la compañía española para que incremente la producción y las inversiones de YPF y luego se transformaron en el principal ariete político de la reversión de las áreas que desembocaría en la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de Expropiación.
Con los gobernadores Martín Buzzi desde Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz al frente del proceso contra Repsol se realizó un acto en el puesto Ramón Santos, con más de 15 mil asistentes. Allí Buzzi enfatizó que "si se van antes de los 90 días previstos en el decreto, nos hacemos cargo al día siguiente. Interesados en estas áreas hay montones, pero hoy la acción la tiene el Estado".
Sin la decisión política de Chubut y Santa Cruz, junto al acompañamiento del resto de las provincias productoras de hidrocarburos y la casi totalidad de arco político nacional, no hubiera habido estatización parcial de YPF.
Inclusive las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) cuentan con un director que se sienta en la mesa principal de YPF a la hora de tomar las decisiones más importantes de la compañía, aunque con el paso del tiempo se fue licuando con el accionar de la YPF libertaria y Chubut está a punto de perder su silla en el Directorio si la petrolera se retira definitivamente de la provincia.
Los gobernadores Martín Buzzi de Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz en el acto de Ramón Santos.
YPF en manos libertarias y sus consecuencias letales para la CGSJ
La expropiación y estatización parcial del kirchnerismo se hizo a las apuradas y con los objetivos de aumentar la producción y evitar que Repsol venda Vaca Muerta a otras petroleras privadas, pero la desesperación no incluyó mecanismos para evitar lo que viene sucediendo desde hace dos años con la YPF libertaria y que perjudica principalmente a las dos provincias que jugaron un rol principal para sacar a la petrolera española.
Párrafo aparte amerita el rol de los directores representantes de estas provincias y todas las demás de la OFEPHI que votaron el Plan Andes que habilitó en febrero del 2024 el abandono de las áreas maduras del país para así focalizarse exclusivamente en los no convencionales de Vaca Muerta.
Esa decisión dejó trabajadores petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge sin trabajo, contabilizándose alrededor de 5.000 obreros que mayoritariamente aceptaron el retiro voluntario o que fueron directamente despedidos.
Al mismo tiempo la situación petrolera de Chubut y Santa Cruz ha profundizado su crisis productiva con constantes caídas en los niveles de extracción y un panorama que difícilmente vaya a alcanzar los niveles de actividad que había en los años anteriores.
La YPF parcialmente estatizada no generó los anticuerpos para combatir estas políticas libertarias que la actual conducción de Horacio Marín (ex CEO de Tecpetrol del Grupo Techint) viene concretando en la petrolera.
Las sillas de las provincias en el Directorio de YPF no solamente no fueron suficiente, sino que además convalidaron el avance de la salida de los campos maduros que supieron hacer grande a YPF a lo largo de 100 años.
Además, no existe otro mecanismo como el control obrero y de organizaciones sociales independientes de la compañía para evitar que se siga destruyendo el empleo y no se busque el bien común del país en materia energética donde aún el 30% de los hogares argentinos no tiene acceso al gas natural por redes.
Vaca Muerta subsidiada por el Estado
En ese marco de desesperación por Vaca Muerta, el kirchnerismo inició en el 2012 una política de desarrollo a cualquier precio de la explotación no convencional. Subsidió a YPF y al resto de las petroleras para que se vuelquen al fracking y firmó con la estadounidense Chevron un acuerdo secreto para adquirir el conocimiento necesario que le posibilite contar con la tecnología ya utilizado en las cuencas de Estados Unidos.
En Vaca Muerta no hubo grieta política con el paso de los diferentes gobiernos y desde el 2012 hasta el 2014 el Estado nacional subsidió con 12.500 millones de dólares el desarrollo del fracking neuquino.
El kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina Fernández entregó subsidios a las petroleras en Vaca Muerta por 3.812 millones de dólares; el macrismo hizo lo propio con otros 5.604 millones de dólares y en la gestión de Alberto Fernández se destinaron 2.674 millones de dólares para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales.
A esos 12.499 millones de dólares se le deben sumar los fondos estatales con que se desarrolló infraestructura como la del gasoducto ex Néstor Kirchner o la que se destinó a rutas y capacidad de transporte en la provincia de Neuquén.
Resulta interesante observar qué tan importante fue el beneficio de Vaca Muerta para la producción de hidrocarburos del país, porque a 13 años del inicio del proceso la extracción de crudo total del país creció -según los datos de la Secretaría de Energía de Nación- un 28,4% y la de gas el 15,2%.
Cuanto menos parece poco beneficioso después de haber destinado subsidios millonarios en dólares y haber desinvertido en el resto de las cuencas maduras que hasta el 2024 sufrieron una declinación productiva mucho más fuerte que natural y acumularon una caída del 43,1% en la extracción de crudo y del 54,8% en el gas.
En resumidas cuentas, lo que se observa con el supuesto boom récord de Vaca Muerta es esencialmente una migración de inversiones que antes estaban en otras cuencas del país y que ahora se concentraron en la Neuquina por la alta rentabilidad que ofrecen los pozos no convencionales y por los subsidios estatales.
Párrafo aparte ameritan de decenas de obreros petroleros muertos en la concreción del fracking que demanda una altísima productividad y multiplicidad de tareas que pone en riesgo la vida de los trabajadores.
Buitres y libertarios ganadores de la estatización
A la hora de encontrar ganadores y perdedores de este proceso que lleva casi 30 años -desde que irrumpió Repsol en YPF- asoman pocos protagonistas del primero rubro y todo un país enrolado en la columna de los que no se beneficiaron ni con la privatización, la argentinización, la expropiación, Vaca Muerta, y las actuales políticas libertarias que podrían desembocar en cualquier momento en la privatización de YPF; tal como lo dijo el presidente Javier Milei, cuando aseguró que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro.
Chubut, Santa Cruz y todas las demás provincias productoras de hidrocarburos convencionales inscriben sus nombres entre los perdedores de este largo proceso y todavía no se han visto todas las consecuencias que se podrían generar en la destrucción de empleo y la recesión de las economías de la región.
En materia productiva desde 1998 cuando Repsol compró YPF y hasta el año 2024 la producción petrolera decreció en 50 millones de barriles que significaron un retroceso del 16,3%; mientras que en la extracción de gas la suba fue del 31,6% con 73 millones de BEP (Barriles Equivalentes de Petróleo). Entre ambos rubros la producción hidrocarburífera nacional apenas creció en casi tres décadas un 4,1% sumando tan sólo 22,5 millones de BEP.
Repsol está dentro de los ganadores ya que además de haberse llevado suculentos dividendos y poder expandirse globalmente durante su estadía en YPF, cobró los 5.000 millones de indemnización y no tuvo que afrontar ningún juicio del país por el pasivo ambiental que dejó.
La familia Esquenazi se quedó una porción de los beneficiados ingresando al negocio petrolero y sin ninguna experiencia o solvencia económica para hacerlo, aunque luego de la expropiación de Repsol terminó en la quiebra de sus subsidiarias energéticas ya que por no recibir más dividendos no pudo cancelar los préstamos que había tomado. Petersen Energía Inversora y Petersen Energía entraron en concurso de acreedores y el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid subastó el derecho a litigar.
Así entró en escena el fondo buitre Burford Capital que compró esos derechos de reclamar judicialmente contra YPF y el Estado nacional. Desde abril del 2015 comenzó la demanda contra Argentina en los tribunales de Nueva York reclamando una indemnización.
En 2023 la jueza neoyorkina Loretta Preska hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina "incumplió el contrato" de YPF al reestatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas y puso fin al litigio ordenando el pago de 16.000 millones de dólares, exigiendo ahora que se concrete con la venta de las acciones que tiene el Estado nacional YPF.
Burford y los Esquenazi también entraron en el apartado de los ganadores ya que esos 16.000 millones de dólares es mucho más de lo que les hubiese correspondido al momento de la expropiación de Repsol.
El gobierno de Milei también alcanzó una porción en el rubro de los ganadores porque se encontró con una YPF revitalizada y liberalizada con la que puede llevar a cabo, bajo la comandancia de Marín, el abandono de los yacimientos maduros y dejar miles obreros sin trabajo para concentrarse en Vaca Muerta sin buscar el autoabastecimiento; a lo que se suma un pasivo ambiental centenario del que no se hará cargo, salvo el pago de algunas monedas en territorio santacruceño.
El actual gobierno encontró una balanza energética que nuevamente es superavitaria -en más de 3.400 millones de dólares- gracias al impulso subsidiado de Vaca Muerta, aunque sigue habiendo cortes de gas en varias provincias y se suspendió el suministro de GNC cuando se acumuló una semana de frío intenso; y no habría que descartar que, una vez desarrollada toda la infraestructura necesaria para exportar gas en grandes cantidades, le cuelgue a YPF en cartelito de "en venta".
En medio de lo que parece ser una guerra a favor y en contra de la estatización parcial de YPF habría que preguntarse si 13 años después el saldo es positivo o negativo; cuánto más se podría haber hecho y para qué en el marco de proceso profundo de estatización y nacionalización planificad con fines productivos, desarrollistas e industrialistas. Los datos de lo acontecido en los últimos 30 años son contundentes, hablan a las claras del fracaso y los resultados están a la vista.
